A pocas semanas del relevo presidencial, la Mesa de Paz Urbana de Medellín busca asegurar su supervivencia. En medio de cuestionamientos sobre sus resultados y llamados a desmontarla, los voceros del proceso solicitaron al gobierno electo de Abelardo de la Espriella mantener diálogo con los cabecillas de bandas criminales. El espacio, por ahora, sigue desarrollándose.
Luego de las voces de organizaciones sociales que advirtieron este miércoles el inminente fin de la Mesa de Paz Urbana de Medellín, líderes de este espacio, que es una especie de apéndice de la estrategia de Paz Total promovida por el presidente Gustavo Petro, solicitaron al nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella que la continúe.
La petición fue firmada por los representantes de las estructuras del crimen organizado, el movimiento social y delegados del Gobierno. En esto, se ponen a disposición del equipo del mandatario electo, para la realización de un empalme “en los tiempos y procedimientos que definen la ley”.
“Ratificamos nuestro compromiso con la continuidad del proceso de paz urbana. Solicitamos que este esfuerzo de paz urbana continúe, considerándolo un escenario crucial para la estabilidad de Medellín y el Valle de Aburrá, esto demostrado con logros concretos en el desescalamiento de las violencias”, expresaron los voceros del espacio.
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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que ha sido crítico de este proceso de paz con cabecillas de grupos criminales y delincuenciales de la ciudad que pagan condenas por diferentes delitos, instó hace cuatro semanas a que el nuevo gobierno que asumiera la presidencia de Colombia le pusiera fin.
“Que un próximo gobierno, que esté del lado de la ciudadanía, acabe con la alcahuetería de la Paz Total”, enfatizó.
Por su parte, la senadora Isabel Zuleta, delegada del Gobierno, afirmó que seguirá trabajando por la paz hasta el último minuto de su mandato (de Petro).
“No vamos a ceder ante la desinformación ni ante quienes apuestan por la guerra. Nuestro compromiso no es circunstancial: es un propósito de vida y un mandato constitucional", agregó.
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Entre tanto, el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro De Bedout, consideró que ”tras casi tres años de reuniones, anuncios, concesiones y promesas, el propio proceso llega a su fin dejando más preguntas que respuestas. ¿Qué pasó con los compromisos adquiridos? ¿Qué resultados concretos quedaron? ¿Quién responde por una estrategia que generó tanta expectativa en Medellín y Antioquia?”.
“La llamada Paz Urbana termina como empezó: rodeada de polémicas, privilegios para cabecillas y enormes dudas sobre sus verdaderos alcances. El país merece conocer toda la verdad”, puntualizó.
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