Una filial del grupo EPM está contra la espada y la pared por cuenta de un riesgoso proyecto con el que el gobierno del presidente Gustavo Petro quiere resucitar la comercialización de energía con el régimen de Nicolás Maduro.
La iniciativa tiene los nervios crispados no solo del conglomerado público antioqueño, sino del gremio energético nacional. El principal riesgo es que las duras sanciones económicas que ya ha impuesto el gobierno de Estados Unidos a las empresas del vecino país terminen extendiéndose al lado colombiano.
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A pesar de ese escenario, el Ministerio de Minas y Energía parece avanzar obstinado y a toda máquina desde enero con la controvertida iniciativa.
Para acabar de ajustar, varias investigaciones periodísticas reveladas en días recientes destaparon un entramado societario que tiene dentro de sus protagonistas a un empresario español involucrado en escándalos de corrupción en su país y que estaría trabajando con abogados cercanos al alto gobierno.
Buscando zafarse de ese complejo escenario, EL COLOMBIANO pudo confirmar que la filial de EPM que se ha negado a montarse al peligroso negocio, Cens, está revisando varias salidas, entre ellas vender su participación en una línea de transmisión indispensable para la operación.
Los detalles del negocio
Para comprender el lío hay que remontarse al 28 de enero de 2025, fecha en la que el Ministerio de Minas y Energía, entonces bajo la tutela de Andrés Camacho Morales, emitió la Resolución 40024, en la que se abrió la puerta para que se reactivara el intercambio de energía entre Colombia y Venezuela.
En dicho momento, pese a que algunos expertos consideraron que esa cartera estaría asumiendo funciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), la medida fue presentada como de carácter temporal y solo con el objetivo de “garantizar una mayor disponibilidad de energía”.
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“Se permitirá la implementación de interconexiones internacionales para niveles de tensión superiores o iguales a 110 kV, por un periodo máximo de doce (12) meses, que podrán ser prorrogables por el MME a través de circular, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución”, quedó estipulado en la norma.
Aunque décadas atrás el intercambio de energía entre ambos países fue significativo —realizándose sobre todo entre las estatales Isagen (Colombia) y Edelca (Venezuela)—, desde hace por lo menos diez años esa operación cesó y las líneas de transmisión quedaron abandonadas.
Las dos interconexiones más importantes eran Cuestecita — Cuatricentenario y Corozo —San Mateo, esta última es la que al parecer se buscaría revivir.
Luego de ese primer empujón, el Ministerio de Minas continuó adelante con la operación y el 4 de junio de 2025, ya bajo la tutela del hoy ministro Edwin Palma, allanó el camino para una convocatoria pública para materializar el proyecto.
A finales de ese mismo mes, el día 28, la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) aprobó vía resolución un proyecto presentado por una empresa identificada como Activa. Aquí es donde la historia se pone interesante.
Según reveló Blu Radio el pasado miércoles, dicha empresa Activa fue constituida apenas el pasado 13 de noviembre de 2024, con su domicilio principal en un apartamento del norte de Bogotá y un capital suscrito de tan solo $25 millones.
No obstante, el detalle más llamativo de la constitución de la firma fue que su representante legal aparecía identificado como Antonio Blasco Muñoz, un polémico empresario español involucrado en ese país en un escándalo conocido como el Caso Castellnou.
En resumidas palabras, dicho escándalo consistió en una denuncia por presuntos malos manejos del club de fútbol C.D. Castellón, en el que sus dirigentes fueron señalados de enriquecerse personalmente y desviar los fondos del club con facturas falsas, contratos inflados y presuntas operaciones financieras fraudulentas.
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Blasco Muñoz, dirigente del club, fue uno de los principales implicados y señalados de ser el cerebro de la trama, siendo uno de los que se declaró culpable en 2024 de los delitos de “falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito continuado de apropiación indebida; un delito continuado de falsedad en las cuentas anuales; administración desleal; alzamiento de bienes, y malversación de caudales públicos”, según reseñó el diario As.
A paso rápido, Activa comenzó a instar a ISA y Cens (Centrales Eléctricas del Norte de Santander, del Grupo EPM) a negociar un posible uso de la línea Corozo — San Mateo.
Esta última estructura, que tiene más de 47 kilómetros y fue construida en 1996, está inactiva desde 2014. Mientras ISA es la propietaria de la bahía de conexión, Cens comparte la propiedad de la línea con Essa y Epsa.
El atranque para Activa estaría precisamente en ISA y Cens, empresas que no están dispuestas a embarcarse en una operación que pueda acarrearles sanciones del gobierno de Estados Unidos.
Según pudo conocer EL COLOMBIANO, en el caso de Cens, el negocio se frenó desde la etapa de análisis de riesgo, cuando los protocolos Sarlaf (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo) arrojaron un alto riesgo de contagio de las sanciones de Estados Unidos.
Otro atranque para Activa, según señaló por su parte la revista Cambio, fue su imposibilidad de registrarse como prestador ante la Superintendencia de Servicios Públicos, así como en XM, empresa que opera el sistema interconectado.
En su investigación, esa revista reveló además la existencia de una segunda sociedad también creada por el empresario Blasco en noviembre de 2024, identificada como HT Industries Colombia S.A.S. E.S.P.
Esta segunda empresa abriría todavía más interrogantes que Activa, dado que habría sido apoyada por un abogado que, a su vez, integra un bufete propiedad de un miembro de la junta directiva de Ecopetrol.
“HT Industries tiene como representante legal suplente a Luis Alejandro Roa Caballero quien es líder de litigios de Moreno Servicios Legales, el bufete de abogados de Luis Ferney Moreno Castillo, actual miembro de la Junta Directiva de ISA (nombrado en febrero de 2024) y amigo personal del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien meses después de posicionarse lo nombró en el cargo”, denunció la revista, que sostuvo además que la controvertida firma HT no solo comparte edificio con el bufete sino hasta número telefónico en sus registros.
Más allá de esos presuntos vasos comunicantes, dicho entramado empresarial ha despertado preocupación por la posibilidad de que entes como la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionen a las compañías colombianas que resulten involucradas en la transacción.
Cabe recordar que por cuenta de las sanciones que se han impuesto contra el régimen venezolano, negociar con empresas sancionadas solo sería posible con un permiso de la OFAC, escenario improbable tratándose de un proyecto de esta naturaleza y más en la actual escalada de tensiones entre las administraciones de Gustavo Petro y Donald Trump.
Pese a que ha sido gracias a Cens e ISA que el negocio no ha despegado, en el Grupo EPM uno de los escenarios que generan preocupación es que el Gobierno Nacional se valga de algún mecanismo para ordenar forzadamente que las empresas que pedalean el proyecto tengan acceso a esa línea de transmisión.
Una de las posibilidades que está sobre la mesa es una imposición de servidumbres de la que se ha hecho mención en las normas que respaldan la iniciativa, que sin embargo no es del todo clara.
No obstante, al interior de Cens una de las alternativas más expeditas que se evalúan es discutir con Essa y Epsa una venta de la línea, escenario que hoy es objeto de valoraciones de riesgo y que también demandaría autorizaciones internas en las tres compañías.
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