El 11 de noviembre, a las 8:00 a. m., Ecopetrol celebrará en Corferias (Bogotá) una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas con un único objetivo: aprobar una modificación a los estatutos sociales de la compañía.
El orden del día, publicado oficialmente por la petrolera, tiene un solo punto sustantivo, la “consideración y aprobación de la modificación a los Estatutos Sociales”.
Aunque la cita se presenta como un trámite jurídico, detrás hay una jugada política y empresarial de fondo, según fuentes cercanas a la compañía, el cambio abriría la puerta para que un trabajador de Ecopetrol ocupe un asiento en la Junta Directiva, algo que la Unión Sindical Obrera (USO) venía solicitando desde julio pasado.
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El origen de la idea de Ecopetrol es la presión sindical
El pasado 27 de julio, la USO, el sindicato más antiguo y poderoso del sector petrolero, pidió formalmente al Ministerio de Hacienda convocar una asamblea extraordinaria para reformar los estatutos de la compañía.
El objetivo de la petición es garantizar la representación permanente de los trabajadores en la Junta Directiva de Ecopetrol, algo inédito en la historia de la empresa.
El Gobierno, accionista mayoritario con el 88,49% de las acciones en circulación, acogió la solicitud.
La decisión llega justo cuando la petrolera atraviesa una coyuntura compleja, marcada por la renuncia de Mónica de Greiff a la Junta Directiva y por la polémica alrededor de la posible venta de los activos del Permian, en Texas (EE. UU.), uno de los negocios más rentables del grupo.
La sombra del Permian y el pulso político con el Gobierno Petro
El presidente Gustavo Petro ha insistido en su intención de que Ecopetrol venda su participación en la cuenca del Permian, un bloque que produce 115.000 barriles diarios —el 15% de la producción total del grupo— y que genera un margen EBITDA del 76%, muy por encima del promedio nacional.
La idea encendió las alarmas de empresarios, exdirectivos y expertos del sector. Este lunes, más de 70 exministros, expresidentes de Ecopetrol y exdirectores del Banco de la República enviaron una carta al contralor Carlos Hernán Rodríguez y al procurador Gregorio Eljach, solicitando bloquear la venta por considerarla un “posible detrimento patrimonial”.
La USO también rechazó la propuesta presidencial, advirtiendo que afectaría la sostenibilidad de la empresa y pondría en riesgo el 10% de las reservas del grupo.
En medio de esa tormenta política y empresarial, la asamblea de noviembre se convierte en un escenario crucial para definir el equilibrio de poder dentro de la petrolera estatal.
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El nuevo renglón: cómo llegaría un trabajador a la Junta
La propuesta que se votará el 11 de noviembre busca modificar los artículos 20 y 29 de los estatutos sociales para formalizar la participación de un trabajador en la Junta Directiva.
El texto que presentará la administración de Ecopetrol establece que: “Las personas trabajadoras de la compañía podrán ser integrantes de la Junta Directiva de Ecopetrol, caso en el cual atenderán y les aplicarán las responsabilidades correspondientes de los administradores”.
Además, se añadirá un parágrafo al artículo 20 con el siguiente procedimiento: “En las reuniones de la Asamblea General de Accionistas donde se elija la Junta Directiva, se incluirá en el séptimo renglón de la lista de candidatos presentada por la Nación una persona trabajadora elegida por los empleados de Ecopetrol mediante votación previa”.
El nombre de la persona elegida será remitido al Ministerio de Hacienda, que lo incluirá en la lista oficial que se somete a votación ante los accionistas.
En otras palabras, el Gobierno conservará el control del proceso, pero los trabajadores podrán tener una voz y voto en el máximo órgano de dirección de la empresa.
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Cambios en quórum y remuneración de la Junta
El proyecto también plantea ajustes técnicos a las reglas de funcionamiento del Directorio.
Se propone que: “Mientras la Junta preserve un número suficiente de integrantes para configurar el quórum mínimo, podrá continuar deliberando y decidiendo válidamente, sin perjuicio de que la Asamblea pueda convocarse para suplir vacancias o recomponer el órgano”.
Otro cambio clave está en la remuneración: “Las sesiones de los Comités de apoyo de la Junta Directiva serán remuneradas igual que las sesiones de la Junta y solo se pagarán honorarios a los integrantes de cada Comité”.
Estos ajustes buscan fortalecer la continuidad institucional y evitar bloqueos en las decisiones, en un contexto de frecuentes vacancias y renuncias.
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