Destapadas las cartas de la reforma a la salud, el centro de pensamiento Anif señala que “el panorama es sombrío”, no sólo porque a todas luces el proyecto de ley no es sino una mera copia de lo que venía circulando hace meses (donde no se ve un ápice de autocrítica ni de moderación) sino también, porque muestra unas ganas desesperadas de desandar los pasos que hemos recorrido y de implementar propuestas que no son novedosas, que desconocen las lecciones previas y que, simplemente, no funcionaron.
En un texto de Anwar Rodríguez Chehade, vicepresidente de Anif, se advirtió que retornar a un esquema descentralizado y fragmentado en subcuentas desconoce todo el aprendizaje del sistema en estos años. Y es que antes de la creación de la Adres, los recursos del sistema los manejaba un encargo fiduciario conocido como el Fosyga. En su momento se definieron 5 subcuentas: de compensación, de solidaridad, de promoción y prevención, de eventos catastróficos y de garantías.
“La experiencia nos muestra que la ejecución de los recursos en subcuentas era compleja, se generaban excedentes donde no se necesitaban mientras que las necesidades se ampliaban en otras subcuentas. Para solucionar esto, se hacían préstamos entre las cuentas que se contabilizaban independientemente, pero que eran una clara señal de ineficiencia”, sostiene Rodríguez.
En ese escenario señala que en la reforma estamos volviendo a generar subcuentas, seis en total, donde las principales son las de Atención Primaria Integral Resolutiva en Salud y la de Fortalecimiento de la Red Pública para la Equidad. “Solamente desde el punto de diseño institucional es un exabrupto que desconoce por qué llegamos a lo que hoy es la Adres”.
Igualmente, precisa que la figura de giro directo, incluida en el Plan Nacional de Desarrollo y sobre la cual se insiste en el proyecto de ley de la reforma, no es la solución mágica, la “bala de plata” a la que tanto se hace referencia en las discusiones de política pública. Es más, el giro directo como se está contemplando destruye la administración integral del riesgo (en salud y financiero) sobre la cual se basa el sistema de aseguramiento.
“De hecho, ya la ensayamos en Colombia y fue un rotundo fracaso. Dos ejemplos lo confirman: los recobros en el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y los regímenes especiales”, recuerda el vicepresidente de Anif.
Otro componente de la reforma es el rol de las entidades territoriales que será fundamental para desarrollar el nuevo sistema. “Hasta ahí bien, lo malo es que hoy no existe esa capacidad en los territorios”, agrega Rodríguez, quien expone como talones de Aquiles lo relacionado con el pago de lo no cubierto con los recursos de la UPC (recobros del régimen subsidiado) y la capacidad de ejecución que tienen las Entidades Territoriales (alcaldías y gobernaciones) de los recursos del componente de salud pública del Sistema General de Participaciones.
De otro lado, Rodríguez menciona que hay un tema que ha pasado totalmente desapercibido, y es el pago y reconocimiento de las licencias de maternidad y paternidad y las incapacidades por enfermedad general.
“¿Qué pasara con los más de $2 billones de recursos que hoy se destinan en el sistema para estos efectos? ¿Tiene el ministerio la capacidad de hacer gestión de esas solicitudes como lo plantea el artículo 101 del proyecto de Ley?”, indaga el vicepresidente de Anif.
