Para empresarios y usuarios preocupados por sus costos operativos. Descubre por qué en Antioquia se paga más por energía, agua y gas, incluso consumiendo menos y cómo esto afecta su bolsillo.
Las empresas en Antioquia están usando menos servicios públicos, pero pagando más por ellos.
Esa es la principal conclusión del informe más reciente de la firma Energy Master, que analizó más de 30.000 facturas de energía, agua y gas en ocho regiones del país.
El estudio, correspondiente al periodo entre junio de 2024 y junio de 2025, ubica al departamento como el que más gastó en luz ($7.879 millones) y acueducto ($379 millones), superando ampliamente a otras regiones con niveles de consumo similares o incluso superiores.
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Esta situación se presenta a pesar de que las compañías antioqueñas redujeron su consumo: un 4% menos en energía y un 8% menos en agua. Sin embargo, las estructuras tarifarias, los cobros fijos y la falta de contratos eficientes están limitando cualquier beneficio real de esa reducción.
“El caso del departamento es emblemático. Las empresas están haciendo la tarea: reducen su demanda, ajustan horarios e implementan tecnologías eficientes. Pero el mercado no las está premiando. Siguen pagando más y eso está poniendo en riesgo su sostenibilidad financiera”, afirmó Alejandro Ramírez, director de Energy Master y autor de la investigación.
El consumo de energía eléctrica en Antioquía bajó de 8.718.916 a 8.367.038 kilovatios-hora, pero el ahorro fue de apenas 8%, dejando a la región como el territorio con mayor gasto total en este rubro.
Le siguieron Valle del Cauca ($4.512 millones) y Atlántico ($4.117 millones) que, a pesar de tener niveles de consumo relevantes, lograron reducciones más significativas gracias a mejores condiciones tarifarias.
En acueducto la contradicción es aún más evidente. La industria en Medellín y el Valle de Aburra disminuyó su consumo de agua en 8%, pero terminó pagando 9% más, superando incluso a Cundinamarca y Bogotá, zonas del país con mayor densidad de usuarios y tarifas habitualmente más altas. En cifras, el departamento pasó de $347 millones a $379 millones, lo que evidencia un desequilibrio grave entre comportamiento y facturación.
“Hay una desconexión estructural entre consumo y gasto. En teoría, consumir menos debería traducirse en pagar menos. Pero en Antioquia, los costos fijos y la ausencia de incentivos reales están distorsionando ese principio básico”, advirtió Ramírez.
El caso del gas natural también muestra este patrón: una caída del 14% en el consumo, pero una reducción de solo 1% en el gasto. Aunque el departamento no encabeza este servicio, sigue expuesto a las mismas condiciones que afectan a todo el país: costos de transporte más altos, necesidad de importar este recurso desde el Caribe y contratos poco competitivos. En este rubro, otras regiones como Santander incluso pagaron más pese a consumir mucho menos, lo que confirma que el problema es nacional, pero con consecuencias locales específicas.
Más allá de los números, el estudio advirtió sobre el impacto creciente que estos sobrecostos están teniendo sobre la estructura financiera de las empresas, especialmente de las pequeñas y medianas (pymes). En sectores de alta demanda como manufactura, alimentos, panadería o logística, los servicios públicos ya representan entre 10% y 15% del gasto mensual fijo, según estimaciones del propio informe.
“Las tarifas poco sensibles al comportamiento real de consumo, sumadas a contratos desactualizados y poca negociación colectiva, están dejando a muchas pymes sin margen de maniobra. No se trata solo de cuánto se consume, sino de cómo se contrata y qué se paga por unidad”, explicó Ramírez.
El análisis comparativo con otras regiones evidencia estas brechas. Atlántico, por ejemplo, logró una reducción del 23% en el gasto energético con solo un 5% menos de consumo, gracias a estructuras más favorables. Cundinamarca mantuvo relativa estabilidad en agua y gas, y Bogotá ajustó su factura de agua en un 29% reduciendo un 33% su uso. Antioquia, en cambio, reduce el consumo, pero sigue liderando en gasto, sin beneficios tangibles por ser más eficiente.
La situación comienza a tener efectos visibles. Según Energy Master, el crecimiento empresarial se está frenando en algunas zonas del Valle de Aburrá, donde la suma de inflación, costos operativos y tarifas poco competitivas ha obligado a congelar planes de expansión o contratación.
“El mayor riesgo es que estos sobrecostos terminen trasladándose al consumidor final o, peor aún, frenen planes de inversión. No podemos hablar de crecimiento sostenible si el costo básico de operar sigue subiendo sin control”, comentó Ramírez.
Este contexto también afecta la atracción de inversión nacional y extranjera en el departamento. En un entorno donde los márgenes de rentabilidad son estrechos y el diferencial de tarifas entre regiones es tan marcado, la previsibilidad en los costos operativos se convierte en un factor decisivo para los nuevos negocios.
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