Colombia avanza hacia una transición energética que promete un sistema más limpio y competitivo, pero el reloj corre más rápido que las obras. Si el país no acelera la ejecución de proyectos y no logra asegurar inversiones por al menos 5.000 millones de dólares, podría enfrentar un déficit de energía en los próximos años, especialmente si se repiten fenómenos climáticos como El Niño, que tensionan la oferta de generación.
Así lo advirtió Alexandra Hernández, directora ejecutiva de la Asociación de Energías Renovables (SER Colombia), quien explicó que la cifra de los 5.000 millones de dólares corresponde al monto necesario para que el país cumpla sus metas de transición energética.
Además, explicó que la demanda eléctrica está creciendo dos veces más rápido que la oferta, lo que obliga al país a triplicar su capacidad instalada en energías renovables durante los próximos años.
Puede leer: Medellín lidera el boom de las startups energéticas en Colombia: concentra el 43% de esos emprendimientos
Según la dirigente gremial, el país ha avanzado, pero va a mitad de camino. “Las energías renovables hoy tienen 2.400 megavatios (MW) de capacidad ya en operación en proyectos de mediana y gran escala, y más de 1.000 MW adicionales en autogeneración y generación a pequeña escala.
¿En qué se invertirá esta plata?
Este avance ha sido posible gracias a más de 2.500 millones de dólares en inversión privada, pese a dificultades y retrasos que han afectado el desarrollo de los proyectos. Sin embargo, alcanzar las metas hacia 2030 requerirá duplicar esa inversión.
“Para atender el déficit que las cifras oficiales del Gobierno indican que puede presentarse hacia 2027 o 2028, se necesita una expansión de entre 6.000 y 7.000 MW adicionales. Esos millones de dólares se deberán invertir en energía solar, eólica, biomasa y pequeñas centrales hidroeléctricas (PCH)”, detalló la presidenta de SER Colombia.
De acuerdo con Hernández, esos recursos se destinarían principalmente a cuatro frentes críticos: acelerar la entrada en operación de los proyectos, fortalecer la red de transmisión, asegurar el cierre financiero y garantizar estabilidad jurídica y regulatoria.
“El primer reto es la lenta entrada en operación. Hoy, un proyecto de energías renovables puede tardar entre tres y siete años en ponerse en marcha, y el 70% del tiempo se va en trámites. Si logramos cumplir los tiempos normativos, podríamos reducir ese plazo a la mitad”, explicó.
Entérese: Colombia está rezagada en el negocio de las megabaterías de energía, mientras China y EE. UU. tienen el 70% del mercado
El segundo desafío está en la transmisión eléctrica, pues “hay un retraso importante en los proyectos de ampliación para conectar la nueva generación con los hogares colombianos”. Hernández advirtió que si esos proyectos no avanzan, “no será posible transportar la energía que el país necesita, especialmente cuando el consumo de los hogares está creciendo aceleradamente”.
El tercer punto está relacionado con el acceso al financiamiento y la necesidad de reactivar las subastas de contratos de energía a largo plazo, tanto las directas como las del cargo por confiabilidad. “Necesitamos acelerar la firma de contratos y revisar temas regulatorios que hoy dificultan que las energías renovables puedan participar en esas subastas”, afirmó.
Debate por la estabilidad regulatoria
En la misma línea, Katherine Simancas, directora sectorial de Energía y Gas Natural de Andesco, anotó que los cambios abruptos en las normas “generan incertidumbre normativa y, por tanto, desconfianza en los inversionistas y en la banca”.
Le interesa: Las generadoras deben invertir hasta $13 billones anuales para garantizar la energía en firme
Simancas señaló que actualmente existen resoluciones y decretos que están modificando las reglas del mercado eléctrico y aumentando el riesgo financiero de los proyectos.
“Hoy tenemos modificaciones normativas que cambian las reglas del mercado y afectan el riesgo que tienen las empresas. Por ejemplo, el rango entre el precio de bolsa y el precio de escasez se amplió, lo que implica que cuando se presenta un fenómeno de El Niño, el riesgo para el generador es muy alto. Si esa regla se mantiene, no hay certeza para participar en la subasta de cargo por confiabilidad”, explicó.
Además, mencionó que el decreto que obliga a los generadores a contratar el 95% de su energía genera nuevas dudas sobre cómo se cubrirán las diferencias de precio en el mercado. “Todo eso genera incertidumbre para los inversionistas, que deben evaluar su riesgo antes de participar en esas subastas”, afirmó.
A estos retos se suman los problemas sociales y ambientales, así como los retrasos en permisos y licencias. En el caso de la comercialización, advirtió que la nueva metodología en discusión podría reducir los ingresos de las empresas entre un 45% y un 50%.
“Los diferentes eslabones de la cadena están percibiendo riesgos altos que no permiten garantizar el aumento de la oferta ni la suficiencia financiera de los comercializadores. Si no se resuelven estos temas, la inversión no llegará y eso afectará al usuario final, con energía más costosa y menor calidad”, puntualizó la vocera de Andesco.
Vea también: Paneles solares reemplazarán subsidios de energía en estratos 1, 2 y 3 con nuevo decreto del Gobierno
Simancas también recordó que el sector invierte entre 8 y 10 billones de pesos al año, y que esas inversiones podrían superar los 15 billones en el futuro, “pero para que eso ocurra, se necesitan reglas claras y estabilidad normativa”.
Oportunidad para más crecer rápido
A pesar de los retos, Colombia tiene una oportunidad histórica para impulsar su crecimiento económico si logra garantizar una oferta energética suficiente, limpia y competitiva. Un análisis de Erco Energía proyecta que el PIB podría aumentar hasta 1,6% adicionales en la próxima década si el país avanza hacia un modelo energético más abundante y accesible.
Según el estudio, disponer de energía confiable y asequible reduciría en un 8% los costos de producción, fortalecería la inversión privada, la productividad y el empleo formal.
“Fortalecer la infraestructura eléctrica y mejorar la eficiencia del sistema no solo impulsa la productividad, sino que genera empleo, estabilidad y desarrollo sostenible para Colombia”, afirmó Santiago Parra, gerente de nuevos negocios de Erco Energía.
Más noticias: Alemania va tras el hidrógeno de Colombia: así se busca convertir al país en potencia regional
Por su parte, Juan Esteban Hincapié, cofundador de la empresa, destacó que ese potencial solo se materializará si el país atrae capital internacional. “Desarrollar un solo gigavatio solar requiere cerca de 1.000 millones de dólares. Si Colombia quiere sumar ocho gigavatios adicionales, deberá asegurar 8.000 millones solo en energía solar. Pero eso solo será posible si hay estabilidad jurídica y eficiencia en la ejecución”, precisó.
Hincapié también resaltó que Colombia es uno de los países más eficientes en intensidad energética, con 2,2 megajulios por cada dólar generado, pero esa ventaja podría desvanecerse si la infraestructura no crece al ritmo de la demanda industrial.
“El país cuenta con recursos naturales privilegiados —sol, viento, agua y talento técnico—, pero falta confianza para desplegar el capital. Tenemos todo para ser una potencia energética, solo necesitamos garantizar estabilidad y acelerar los procesos”, concluyó.
La banca, pieza clave para destrabar los proyectos
El sistema financiero colombiano también juega un papel determinante en esta transformación. Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia, aseguró que la banca está comprometida con el desarrollo de energías limpias.
Lea aquí: Colombia ya supera 3 gigas en energías renovables, pero aún está lejos de cumplir la meta del Gobierno Petro
“Estamos convencidos de que nuestro papel es apoyar los proyectos de energía renovable. Este año hemos financiado 1,9 billones de pesos en energías limpias, incluyendo un proyecto de casi 350 megavatios. Seguimos acompañando también la generación distribuida en distintas regiones”, afirmó.
Mora reconoció, sin embargo, que para que el financiamiento fluya, el país necesita proyectos bien estructurados y con menor incertidumbre normativa. “La banca está lista, pero el sector requiere reglas estables. Cuando el riesgo aumenta, el costo del crédito también lo hace, y eso termina reflejándose en mayores tarifas para los usuarios”, advirtió.
La paradoja, como señaló Simancas, es que mientras el Gobierno busca reducir tarifas, algunas medidas terminan generando el efecto contrario. “Cuando hay incertidumbre, el costo financiero aumenta, y eso se traduce en tarifas más altas o proyectos que no llegan a tiempo”, agregó.
Más información: Histórico: Colombia da luz verde para integrar energía eólica y renovables a la red eléctrica nacional
Por eso, para el sector empresarial y financiero, el papel del Estado es garantizar un marco normativo estable que dé confianza a largo plazo. Solo así será posible atraer el capital necesario para cumplir las metas de generación limpia y expandir la red eléctrica del país.
Regístrate al newsletter