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Corte Suprema responde a Petro por choque sobre la reforma agraria: esto le contestó

La Corte Suprema defendió su fallo sobre tierras y negó bloquear la reforma agraria de Petro, mientras advirtió riesgos jurídicos en recuperación de predios.

  • El presidente Gustavo Petro cuestionó desde Boyacá el fallo de la Corte sobre las competencias de la Agencia Nacional de Tierras. FOTO COLPRENSA
    El presidente Gustavo Petro cuestionó desde Boyacá el fallo de la Corte sobre las competencias de la Agencia Nacional de Tierras. FOTO COLPRENSA
hace 1 hora
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Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no demoraron en responder los señalamientos del presidente Gustavo Petro sobre un supuesto “golpe rotundo” que el alto tribunal le habría dado a la reforma agraria que adelanta el Ejecutivo.

Hay que recordar que la controversia surgió luego de una sentencia relacionada con las competencias de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), decisión que el mandatario criticó públicamente desde Cubará, Boyacá.

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En un comunicado oficial de dos páginas, la Corte aseguró que nunca ha cuestionado que la ANT sea la entidad encargada de administrar y gestionar los terrenos baldíos del país. Sin embargo, los magistrados expresaron preocupación frente a la posibilidad de que procesos relacionados con recuperación de tierras ocupadas o apropiadas indebidamente se desarrollen sin control judicial previo.

Según explicó el tribunal, el fallo no busca frenar la reforma agraria ni bloquear decisiones del Gobierno, sino delimitar las competencias legales de la ANT para garantizar el debido proceso y la seguridad jurídica.

¿Qué decidió la Corte sobre las funciones de la ANT?

La Sala de Casación Civil concluyó que la ANT no tiene facultades administrativas para definir de manera unilateral la propiedad de predios privados sin validación de un juez.

La Corte aclaró que cualquier recuperación de tierras debe contar previamente con revisión judicial, especialmente cuando existan disputas sobre la titularidad de los predios.

Los magistrados señalaron que la intención es evitar arbitrariedades y asegurar que cualquier cambio en la propiedad rural se realice dentro de los límites establecidos por la Constitución y la ley.

En el pronunciamiento, el alto tribunal manifestó “extrañeza y preocupación” por las declaraciones del mandatario y sostuvo que las críticas del Gobierno corresponden a una interpretación equivocada de la función judicial.

La corporación recordó además que el papel de los jueces consiste en proteger la Constitución, garantizar el debido proceso y preservar la autonomía de las instituciones.

¿Qué dijo Petro sobre el fallo judicial?

La cuestión es que en una intervención pública en Cubará, Boyacá, el presidente acusó a la Corte de obstaculizar la reforma agraria mediante decisiones judiciales que, según él, limitan la redistribución efectiva de tierras.

El mandatario sostuvo que la anulación de facultades administrativas de la ANT dificulta avanzar en la entrega de predios al campesinado y perpetúa problemas históricos de desigualdad en el campo colombiano.

Añadió que sin acceso a tierras fértiles será imposible desmontar economías ilícitas y consolidar la paz en varias regiones del país.

Además, cuestionó que sectores del sistema judicial, bajo una interpretación estricta de la ley, terminen favoreciendo intereses de grandes propietarios rurales por encima de las necesidades sociales de las comunidades campesinas.

En su discurso, el jefe de Estado también hizo un llamado a la movilización popular y advirtió que el Gobierno podría explorar mecanismos legales o constitucionales para impulsar su agenda de transformación rural.

La Corte dice que busca evitar conflictos sociales

La Corte Suprema insistió en que la implementación del Acuerdo de Paz y las metas de justicia social del Gobierno no son incompatibles con el respeto a la propiedad privada ni con el cumplimiento de las normas vigentes.

Los magistrados recalcaron que la rama judicial no es enemiga de la reforma agraria y que su función consiste precisamente en garantizar que las transformaciones rurales se ejecuten de manera legítima y transparente.

El alto tribunal advirtió además que las instituciones deben actuar bajo principios de respeto mutuo y separación de poderes, evitando discursos que puedan afectar la confianza en la justicia.

Según la Corte, la revisión judicial previa busca prevenir conflictos sociales y ofrecer garantías tanto a campesinos como a propietarios rurales.

La corporación concluyó que los jueces no pueden convertirse en un “chivo expiatorio” frente a las dificultades políticas u operativas que enfrente la implementación de la reforma agraria en los territorios.

Entérese: “La Constitución se cambia por necesidad histórica, no por capricho”: Mauricio Gaona

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