Un pulso jurídico vuelve a involucrar al Gobierno y a los fondos de pensiones. Todo por cuenta del decreto que ordena el traslado masivo de aproximadamente $25 billones desde Porvenir, Protección, Colfondos y Skandia hacia Colpensiones en un plazo récord de 15 a 30 días, el cual activó una ofensiva que busca frenar lo que varios expertos consideran una intervención desproporcionada sobre el ahorro privado.
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La Fundación para el Estado de Derecho (FEDe) abandera una de las demandas contra el decreto. Mediante una comunicación enviada a los cuatro fondos de pensiones, así como a la Superintendencia Financiera, FEDe solicitó formalmente que apliquen la “excepción de inconstitucionalidad”. Este mecanismo, amparado en el artículo 4 de la Constitución Nacional, permite que una entidad se abstenga de cumplir una norma si esta contradice abiertamente la Carta Magna.
El argumento de la FEDe es que los fondos privados, al administrar un servicio público obligatorio, tienen el deber fiduciario de proteger el ahorro de sus afiliados y no pueden actuar como meros ejecutores automáticos de un decreto que vulnera el derecho de propiedad.
Según la Fundación, el traslado de estos recursos —que pertenecen a cerca de 120.000 afiliados— representa un efecto expropiatorio. La petición es clara: los fondos deben priorizar la defensa del ahorro individual por encima de la orden del Gobierno Nacional mientras la justicia decide el fondo del asunto.
Consejo de Estado estudiará demanda sobre decreto de $25 billones a Colpensiones
Mientras la presión recae sobre las administradoras, el frente judicial ya arrojó su primer resultado importante. El Consejo de Estado admitió oficialmente la primera demanda de nulidad simple contra el decreto, presentada por el ciudadano Jesús Hernando Baena. Con esta decisión, el tribunal ordena a los ministerios de Hacienda y del Trabajo allegar todos los antecedentes administrativos del proceso en un término de 30 días.
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A esta acción se suma la demanda de nulidad con solicitud de medida cautelar urgente radicada por la FEDe, y la anunciada por la senadora Paloma Valencia. La preocupación central de estos demandantes es que el Gobierno excedió su potestad reglamentaria.
La reforma pensional –hoy en estudio de la Corte Constitucional– establece que los recursos deben permanecer en las AFP hasta que el afiliado consolide efectivamente su derecho a la pensión. Sin embargo, el decreto acelera este proceso para aproximadamente 97.160 personas que aún no han cumplido los requisitos para jubilarse, forzando un giro de recursos que el Congreso nunca contempló como automático.
Los $25 billones no volverían fácil de Colpensiones a fondos
Uno de los puntos más críticos señalados por los juristas y centros de pensamiento es la irreversibilidad de la medida. Se advierte que, una vez que los $25 billones ingresen al fondo común de Colpensiones, el dinero perderá su “individualización”.
En el régimen privado, cada peso está marcado con el nombre del trabajador; en el público, entra a una bolsa general. Si el Consejo de Estado llegara a declarar ilegal el decreto en unos meses, devolver ese dinero a las cuentas individuales de los trabajadores sería una pesadilla operativa y financiera casi imposible de ejecutar.
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Andrés Velasco, presidente de Asofondos, ha subrayado que este monto equivale a más de un punto porcentual del PIB, comparándolo con la magnitud de una reforma tributaria y media.
La urgencia del Gobierno por obtener este flujo de caja en un lapso de un mes despierta sospechas sobre su uso. Anif advierte que, si estos recursos se utilizan para pagar mesadas actuales en lugar de ahorrarse, el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo nacería con un vacío de $5 billones respecto a lo proyectado, debilitando la reserva técnica para los futuros jubilados.
Incertidumbre sobre el ahorro pensional en Colombia
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