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Tras la radicación oficial de la ponencia que fue concertada por los congresisras del Plan Nacional de Desarrollo (PND) se resaltan 129 nuevos artículos, con algunos que generan polémica en esta hoja de ruta que puntualiza los programas que pondrá en marcha el gobierno de Iván Duque durante los próximos cuatro años, el presupuesto de 1.096 billones para cumplirlo y al que Antioquia le pertenecen 96 billones.
Por ejemplo, se lanzó un paquete salvavidas para Electricaribe, el cual plantea en el artículo 290 una sobretasa, hasta el año 2022, de 4 pesos por kilovatio hora de energía eléctrica consumido para los estratos 4, 5 y 6 y usuarios industriales y comerciales en el país, con el fin de fortalecer al fondo empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Esta medida dividió al recinto porque, por un lado, se argumenta que los colombianos no pueden seguir pagando de más por cuenta de la incompetencia estatal; y, por el otro, que no se puede apagar el Caribe. “Es absurdo seguir acudiendo a más impuestos cuando las incompetencias del Gobierno Nacional hacen que Electricaribe quiebre”, dijo Katherine Miranda, senadora del Partido Verde.
En contraste, la senadora del Centro Democrático María del Rosario Guerra dijo que esto es fundamental: un apoyo para el Caribe, para que se continúe con el servicio de energía en esta zona.
“Es un esfuerzo que nos incluye a todos. Electricaribe fue intervenida desde hace dos años porque la empresa que la manejaba no cumplió con sus responsabilidades y por ello es necesario tener un nuevo operador que garantice eficiencia y calidad”, explicó la senadora.
Adicional a este, el artículo 292 plantea un impuesto del 37,9 % a prendas de vestir importadas cuando el precio declarado sea inferior o igual a 20 dólares.
Para la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), esta medida pondría en peligro la estrategia de apertura comercial del país e incentivaría el contrabando y la subfacturación. “Los grandes afectados serían los consumidores que tendrían que asumir un sobrecosto de medidas artificiales que crearían una distorsión de precios sin precedentes, con efectos inflacionarios que llegarían a la economía”, dijo el gremio en un comunicado.
El 182 es controversial pues le otorga facultades extraordinarias al presidente en el monitoreo y control de los recursos del Sistema General de Participaciones. “Ese artículo le quita la potestad de control político al Congreso y dice que estas facultades solo podrían ser revisadas por ocho congresistas”, aseguró Miranda.
Y otro se coló pues se esperaba que fuera removido del Plan y finalmente quedó incluido fue el 35, el cual plantea una suerte de fusión entre el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y Ministerio de Hacienda.
El representante a la Cámara del Polo Democrático de Antioquia, Jorge Gómez, aseguró que de aprobarse, sería entregarle la omnipotencia de gastos al Ministerio.
Además, en el artículo 311, que plantea vigencias y derogatorias quedó incluido eliminar la protección de páramos a nivel nacional, “La Ley vigenter dice que no se puede explorar ni explotar en estas zona protegidas”, agregó Miranda, así las cosas, los páramos están en riesgo.
Como anticipó EL COLOMBIANO en ediciones anteriores, los artículos que fueron suprimidos por ir en contravía de la Constitución fueron: el 27, el cual le quitaba autonomía a los entes territoriales para destinar los recursos que le corresponden por regalías, el 119, relacionado al reajuste pensional, los 146, 147 y 148, relacionados al impuesto de los licores. Adicionalmente, el 179, el cual pretendía eliminar la Ley de Cero intereses del Icetex para estratos 1, 2 y 3.
Tampoco quedó el 98, relacionado a la tercerización de la operación de juegos de suerte y azar; el 172, que buscaba el saneamiento del río Bogotá y el 181, que le otorgaba facultades extraordinarias al Presidente para el fortalecimiento de la equidad, el emprendimiento y la legalidad.
Y el 27, también fue suprimido y era sobre la responsabilidad de los órganos colegiados de administración de aprobar los proyectos de inversión que se financiarán con recursos del Sistema General de Regalías .