La reforma tributaria es el tema del momento en el país y prueba de ello fueron las manifestaciones que se vivieron en las últimas horas mostrando la inconformidad por el golpe que tendría sobre el bolsillo de los ciudadanos, así como las críticas posturas de partidos políticos y gremios frente a varios de sus artículos.
Uno de los elementos más ambiciosos y polémicos del proyecto tiene que ver con los cambios en el pago del impuesto renta de personas naturales, en la medida que la proporción de los económicamente activos que responden por este pasaría de 4 % a 12 %, según el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla.
Esto, teniendo en cuenta que empezarían a gravarse los ingresos mensuales desde 4,1 millones de pesos en 2022; luego iniciaría en 2,9 millones desde 2023 y en 2,5 millones en 2024, con lo cual se proyecta recaudar 1,4 billones de pesos, de acuerdo con el Proyecto de Ley de Solidaridad Sostenible.
“La propuesta es que lleguemos al 12 % y reajustemos las escalas para hacerlas más equitativas. Debemos empezar a tener responsabilidades fiscales como en los países avanzados”, exaltó Carrasquilla en semanas pasadas, durante un foro de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) previo a la radicación tributaria.
En plata banca, de los 146,1 billones de pesos que el año pasado recaudó la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), 51 billones fueron por concepto de renta y 12,9 billones, específicamente, por la contribución de este último tributo por parte de personas físicas –es decir, 1,2 % del Producto Interno Bruto–.
¿Y cómo deja esta última proporción al territorio nacional frente a otros estados? Según cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), entre sus 37 países miembros el peso del pago de renta de personas naturales en Colombia (que cumplió un año en ese organismo), como porcentaje del PIB, es el más bajo.
Echando un vistazo a las cifras el 1,2 % nacional solo es similar al 1,4 % que representa esta tributación en Chile (penúltimo en la lista de la Ocde) y está por debajo de indicadores como los de México (3,4 %), Turquía y Eslovaquia (ambos con 3,7 %) y República Checa (4,4 %), por ejemplo.
¿En cuáles pesa más? Dinamarca, donde el pago del impuesto de renta de sus personas naturales equivale a 24,2 % del PIB; Islandia, país en el que el dato escala hasta 14,7 %; Nueva Zelanda, que registra un 12,8 % y Suecia con 12,2 % están a la cabeza. Además, en potencias como Alemania, Estados Unidos y Reino Unido equivale a 10,6 %, 10,1 % y 9 %, respectivamente, mientras que en el promedio de estados de la Ocde asciende a 8,3 %.
Comparación necesaria, pero...
Una de las críticas a este ejercicio de comparar las cifras locales con las de países de la Ocde, algo que el propio MinHacienda ha hecho, es que se contrasta a Colombia, que tiene una tasa de desempleo de 15,9 % y una informalidad del 49,2 % (entre otros indicadores preocupantes) con territorios desarrollados y con mayor calidad de vida.
Pero incluso, con estas condiciones, es necesario hacerlo. “Si aplicáramos lo que hacen otros miembros de la Ocde recaudaríamos el doble de impuestos. En algunos, como Dinamarca, se paga el 59 % (de renta) para los de mayores ingresos y en Francia el 45 %”, dice Orlando Villabona, profesor asociado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional.
Agrega que, en contraste, en Colombia se ha pagado máximo el 33 % o 34 %, “pero el lío es que la tasa efectiva que se les da a las personas más ricas después de todos los beneficios es de entre 1 % y 2 %. Ese es un problema muy grave”.
Así, analiza Villabona, los cambios que la tributaria postula en esta materia no serían suficientes para resolver las necesidades de fondo e incluso “triplicarían” el trabajo de la Dian, entendiendo que la estructura de esa entidad es apenas “una sexta parte” de la de los países de la Ocde y ahora tendría que monitorear que el 12 % de los ciudadanos respondan por el impuesto.
Una postura similar es la de Daniel Bulla, director del área de impuestos en BDO Colombia, firma experta en consultoría tributaria, quien plantea que “para que lo propuesto en el proyecto de ley sea exitoso será fundamental los esfuerzos que haga el Gobierno Nacional y la Dian en materia de infraestructura y tecnología”.
Su referencia tiene que ver con el artículo 109 del proyecto del Ejecutivo que autoriza a la Dian a ser la que presente la declaración de renta. “Es decir que con base en la información que reúna la entidad a través de las transacciones y movimientos financieros realizados por el declarante, se establecerían los valores a pagar y posteriormente se compartiría el documento al contribuyente para su revisión”, acota.
Bulla añade que pese a que en el texto no se contempla un canal para el envío de este reporte, lo más probable es que “se haga a través del sistema de notificación electrónica que viene utilizando la Dian desde hace ya varios años, y llegue al correo electrónico que el declarante tenga registrado en el RUT”.
Sobre el modelo, apunta que ha sido “exitoso” en territorios como Australia (donde la renta a personas naturales con corte a 2018 pesaba 11,7 % del PIB) en la medida que automatiza y agiliza los trámites fiscales, pero enfatiza en que si se busca aterrizarlo a Colombia hay que tener en cuenta que en el país “aún no existe un sistema de información tan sofisticado, y una cultura tributaria tan amplia”, lo que lleva a pensar, entre otras cosas, en los mencionados retos de capacidad para la Dian.
Posturas divididas
Aunque en el análisis de la mayoría de expertos equilibrar la cancha entre los impuestos que pagan personas naturales y empresas es necesario, el cómo hacerlo es donde hay más divisiones.
Por ejemplo, Mauricio Santamaría, presidente de la Anif, indica que la reforma que contempla el proyecto de ley del Ejecutivo sobre este punto es uno de los aspectos más importantes, toda vez que para el próximo año el recaudo por concepto de renta a personas naturales crecería 0,8 puntos porcentuales (pps), con lo que alcanzaría 2 % del PIB, en tanto que para 2023 añadiría 1,2 pps hasta 2,4 % del PIB.
“Con la ampliación gradual de la base, el Gobierno espera que al finalizar la transición se pase de aproximadamente 3,5 millones de declarantes, que corresponden a 1,6 millones de contribuyentes, a cerca de 7 millones de declarantes y 4,8 millones de contribuyentes”, reseña la Anif en un documento oficial, en línea con los cálculos difundidos por el director de la Dian, Lisandro Junco Riveira.
No obstante, desde el Congreso de la República se ha manifestado el rechazo a esta y varias propuestas del articulado, y en algunos casos a la totalidad del proyecto. Esta última, justamente, es la postura de las bancadas de Cambio Radical, el Partido de la U, el partido Liberal o la Alianza Verde.
Además, en casos como el del Centro Democrático se han socializado algunos puntos de una contrarreforma en la que no se toquen las rentas de los ciudadanos por debajo de 50 millones al año.
“No podemos votar la reforma porque va en contra de los intereses de asalariados, pensionados y de la clase media. Prácticamente hay que hacer una contrarreforma a esta propuesta que presenta el Gobierno, con otras estrategias que se tienen que hacer porque no están incluidas; son las empresas, son las entidades financieras, son los excedentes del Banco de la República (...)”, asevera Dilian Francisca Toro, presidenta del Partido de la U.
Para el investigador económico de la Universidad Sergio Arboleda, Luis Fernando Ramírez, la discusión sobre la ambiciosa propuesta con la que el Gobierno busca recaudar $23,4 billones, en promedio, entre 2022 y 2031 –monto que estaría dispuesto a bajar según el Minhacienda– debe priorizar que exista una legislación más homogénea para que la gente entienda de forma simple el universo de los tributos, que hoy “es complejo” porque existen varios impuestos que se modifican con cada reforma
La reforma tributaria es el tema del momento en el país y prueba de ello fueron las manifestaciones que se vivieron ayer mostrando la inconformidad por el golpe que tendría sobre el bolsillo de los ciudadanos, así como las críticas posturas de partidos políticos y gremios frente a varios de sus artículos.
Uno de los elementos más ambiciosos y polémicos del proyecto tiene que ver con los cambios en el pago del impuesto renta de personas naturales, en la medida que la proporción de los económicamente activos que responden por este pasaría de 4 % a 12 %, según el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.
Esto, teniendo en cuenta que empezarían a gravarse los ingresos mensuales desde 4,1 millones de pesos en 2022; luego iniciaría en 2,9 millones desde 2023 y en 2,5 millones en 2024, con lo cual se proyecta recaudar 1,4 billones de pesos, de acuerdo con el Proyecto de Ley de Solidaridad Sostenible.
“La propuesta es que lleguemos al 12 % y reajustemos las escalas para hacerlas más equitativas. Debemos empezar a tener responsabilidades fiscales como en los países avanzados”, exaltó Carrasquilla en semanas pasadas, durante un foro de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) previo a la radicación tributaria.
En plata banca, de los 146,1 billones de pesos que el año pasado recaudó la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), 51 billones fueron por concepto de renta y 12,9 billones, específicamente, por la contribución de este último tributo por parte de personas físicas –es decir, 1,2 % del Producto Interno Bruto–.
¿Y cómo deja esta última proporción al territorio nacional frente a otros estados? Según cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), entre sus 37 países miembros el peso del pago de renta de personas naturales en Colombia (que cumplió un año en ese organismo), como porcentaje del PIB, es el más bajo.
Echando un vistazo a las cifras el 1,2 % nacional solo es similar al 1,4 % que representa esta tributación en Chile (penúltimo en la lista de la Ocde) y esta por debajo de indicadores como los de México (3,4 %), Turquía y Eslovaquia (ambos con 3,7 %) y República Checa (4,4 %), por ejemplo.
¿En cuáles pesa más? Dinamarca, donde el pago del impuesto de renta de sus personas naturales equivale a 24,2 % del PIB; Islandia, país en el que el dato escala hasta 14,7 %; Nueva Zelanda, que registra un 12,8 % y Suecia con 12,2 % están a la cabeza. Además, en potencias como Alemania, Estados Unidos y Reino Unido equivale a 10,6 %, 10,1 % y 9 %, respectivamente, mientras que en el promedio de estados de la Ocde asciende a 8,3 %.
Comparación necesaria, pero...
Una de las críticas a este ejercicio de comparar las cifras locales con las de países de la Ocde, algo que el propio MinHacienda ha hecho, es que se contrasta a Colombia, que tiene una tasa de desempleo de 15,9 % y una informalidad del 49,2 % (entre otros indicadores preocupantes) con territorios desarrollados y con mayor calidad de vida.
Pero incluso con estas condiciones, es necesario hacerlo. “Si aplicáramos lo que hacen otros miembros de la Ocde recaudaríamos el doble de impuestos. En algunos, como Dinamarca, se paga el 59 % (de renta) para los de mayores ingresos y en Francia el 45 %”, comenta Orlando Villabona, profesor asociado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional.
Agrega que, en contraste, en Colombia se ha pagado máximo el 33 % o 34 %, “pero el lío es que la tasa efectiva que se le da a las personas más ricas después de todos los beneficios es de entre 1 % y 2 %. Ese es un problema muy grave”.
Así, analiza Villabona, los cambios que la tributaria postula en esta materia no serían suficientes para resolver las necesidades de fondo e incluso “triplicarían” el trabajo de la Dian, entendiendo que la estructura de esa entidad es apenas “una sexta parte” de la de los países de la Ocde y ahora tendría que monitorear que el 12 % de los ciudadanos respondan por el impuesto.
Una postura similar es la de Daniel Bulla, director del área de impuestos en BDO Colombia, firma experta en consultoría tributaria, quien plantea que “para que lo propuesto en el proyecto de ley sea exitoso será fundamental los esfuerzos que haga el Gobierno Nacional y la Dian en materia de infraestructura y tecnología”.
Su referencia tiene que ver con el artículo 109 del proyecto del Ejecutivo que autoriza a la Dian a ser la que presente la declaración de renta. “Es decir que con base en la información que reúna la entidad a través de las transacciones y movimientos financieros realizados por el declarante, se establecerían los valores a pagar y posteriormente se compartiría el documento al contribuyente para su revisión”, acota.
Bulla añade que pese a que en el texto no se contempla un canal para el envío de este reporte, lo más probable es que “se haga a través del sistema de notificación electrónica que viene utilizando la Dian desde hace ya varios años, y llegue al correo electrónico que el declarante tenga registrado en el RUT”.
Sobre el modelo, apunta que ha sido “exitoso” en territorios como Australia (donde la renta a personas naturales con corte a 2018 pesaba 11,7 % del PIB) en la medida que automatiza y agiliza los trámites fiscales, pero enfatiza en que si se busca aterrizarlo a Colombia hay que tener en cuenta que en el país “aún no existe un sistema de información tan sofisticado, y una cultura tributaria tan amplia”, lo que lleva a pensar, entre otras cosas, en los mencionados retos de capacidad para la Dian.
Posturas divididas
Aunque en el análisis de la mayoría de expertos equilibrar la cancha entre los impuestos que pagan personas naturales y empresas es necesario, el cómo hacerlo es el factor en el que hay puntos de vista divididos.
Por ejemplo, Mauricio Santamaría, presidente de la Anif, postula que la reforma que contempla el proyecto de ley del Ejecutivo sobre este punto es uno de los aspectos más importantes, toda vez que para el próximo año el recaudo por concepto de renta a personas naturales crecería 0,8 puntos porcentuales (pps), con lo que alcanzaría 2 % del PIB, en tanto que para 2023 añadiría 1,2 pps hasta 2,4 % del PIB.
“Con la ampliación gradual de la base, el Gobierno espera que al finalizar la transición se pase de aproximadamente 3,5 millones de declarantes, que corresponden a 1,6 millones de contribuyentes, a cerca de 7 millones de declarantes y 4,8 millones de contribuyentes”, reseña la Anif en un documento oficial, en línea con los cálculos difundidos por el propio director de la Dian, Lisandro Junco Riveira.
No obstante, desde el Congreso de la República se ha manifestado el rechazo a esta y varias propuestas del articulado, y en algunos casos a la totalidad del proyecto. Esta última, justamente, es la postura de las bancadas de Cambio Radical, el Partido de la U, el partido Liberal o la Alianza Verde.
Además, en casos como el del Centro Democrático se han socializado algunos puntos de una contrarreforma en la que no se toquen las rentas de los ciudadanos por debajo de 50 millones al año.
“No podemos votar la reforma porque va en contra de los intereses de asalariados, pensionados y de la clase media. Prácticamente hay que hacer una contrarreforma a esta propuesta que presenta el Gobierno, con otras estrategias que se tienen que hacer porque no están incluidas; son las empresas, son las entidades financieras, son los excedentes del Banco de la República (...)”, asevera Dilian Francisca Toro, presidenta del Partido de la U.
Para el investigador económico de la Universidad Sergio Arboleda, Luis Fernando Ramírez, en resumidas cuentas la discusión sobre la ambiciosa propuesta con la que el Gobierno busca recaudar 23,4 billones de pesos, en promedio, entre 2022 y 2031 –monto que estaría dispuesto a bajar según el Minhacienda– debe priorizar que exista una legislación más homogénea para que la gente entienda de forma simple el universo de los tributos, que hoy “es complejo” entendiendo que existen varios impuestos que se modifican con cada reforma
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millones de personas tendrían que declarar renta con la reforma (no necesariamente pagar): Dian.
$12,9
billones recaudó la Dian el año pasado por impuesto de renta a personas naturales.
$2,5
millones al mes: ingresos que se empezarían a gravar desde 2024: Minhacienda.
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