Terminó la espera por la radicación de la reforma tributaria 2.0. Según los anuncios del Gobierno, hoy sería presentado el proyecto de ley de Inversión Social que estima un recaudo de 15,2 billones de pesos y de acuerdo con declaraciones del presidente Iván Duque a EL COLOMBIANO, el pasado domingo, “es el programa social más grande en la historia de nuestro país”.
Aunque buena parte de la medida apelará a los aportes del sector privado, tomando como referencia que se mantendría el descuento del impuesto de industria y comercio (ICA) en 50 % y que la tarifa de renta empresarial aumentaría a 35 % –además de fuentes transitorias como la sobretasa al sector financiero y normalización tributaria–, otro eje será el aporte del Gobierno a través de la austeridad en el gasto público y la lucha contra la evasión y la elusión que significarían recursos por $1,9 billones y $2,7 billones anuales, respectivamente, es decir, un 30,2 % del proyecto.
Al describir los alcances de la austeridad, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, exaltó que habrá varias estrategias: “Limitar el crecimiento de la burocracia y sostener la capacidad adquisitiva de los trabajadores públicos; restringir los cambios en la planta de personal; optimizar deudas de pago y deudas extras y limitar los gastos en bienes y servicios” son algunas.
Estas se complementan con el recorte gradual hasta llegar a 50 % de ahorro en gasto de viáticos, papelería, publicidad, vehículos y combustibles en un periodo de 10 años; la no renovación de telefonía celular, ni planes de telefonía móvil, internet y datos en instituciones públicas; el control a los costos de arrendamiento y privilegio al teletrabajo y eventos virtuales; la racionalización en esquemas de seguridad; el control a los contratos de prestación de servicios y las facultades para suprimir, escindir o fusionar entidades.
Para Felipe Klein, economista de BNP Paribas, es probable que tras su paso por el Congreso la reforma se diluya en un 25 % o 50 % respecto a los planes iniciales del Gobierno y más allá de la austeridad, lo que el proyecto contempla a nivel general afectaría la inversión y sería “negativo para el crecimiento”, debido a que revierte los efectos de lo aprobado en la tributaria de 2019 (ver Antecedentes).
Eso sí, dijo María Claudia Lacouture, directora ejecutiva de Amcham Colombia, en esta nueva legislatura “hay que tramitar con responsabilidad y sin populismos el proyecto del Ministerio de Hacienda para garantizar recursos a la población más vulnerable, apoyar a las empresas que mantienen y crean empleo, y asegurar la financiación para estas iniciativas”, particularmente tras las decisiones tomadas por las calificadoras S&P Global Ratings y Fitch.
Eficiencia en el recaudo
Justamente, en el empleo y las empresas, dos puntos referidos por Lacouture, están las grandes claves para que el Gobierno logre cumplir con su segundo compromiso para la reforma: los $2,7 billones por concepto de lucha contra la evasión y la elusión.
Esto debido a que el gran dolor de cabeza en términos tributarios para Colombia es la alta informalidad en materia de compañías y de mercado laboral, toda vez que no permite “incorporar nuevos contribuyentes”, anotó Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo.
Pero, para el Gobierno lo primordial es la modernización de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y en ese sentido sus cartas en la tributaria serán la transformación de la factura electrónica; el Registro Único Tributario (RUT) para los evasores que no cuentan con él y la georreferenciación de inmuebles para garantizar que la venta de los mismos en el país se haga en un 100 % de su valor y no por el 85 % como pasa hoy en día, según Minhacienda.
En este tramo vale recordar que el director de la Dian, Lisandro Junco, manifestó que el recaudo por gestión de la entidad durante el primer semestre de este año logró recursos del orden de $4,7 billones, que significan un 58,9 % del cumplimiento de la meta anual, y además “entre enero y junio se han adelantado acciones de cobro dirigidas a 74.328 contribuyentes que presentaban mora en el pago de una cartera por $16,58 billones”.
Si bien la lucha de la entidad por ser más eficiente viene de tiempo atrás, Fedesarrollo postuló ayer una serie de alternativas para hacer frente a los problemas de evasión y elusión; algunas ya han sido presentadas al Gobierno y otras serán llevadas al Congreso de la República, teniendo en cuenta la apertura a los consensos de la tributaria 2.0.
Así, Mejía, director de ese centro de investigaciones económicas, subrayó que los cálculos propios basados en datos de la Dian revelan que esas dos dificultades fiscales tienen un impacto cercano al 5,4 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, principalmente en materia de impuesto de renta en compañías (3,4 %), IVA (1,3 %) e impuesto de renta en personas naturales (0,7 %).
Ahora bien, sobre las sugerencias exaltó la necesidad de que las declaraciones de renta empresariales sean públicas “así como las de las personas (naturales)” y articular a la Registraduría y a la Dian para que la primera informe sobre la depuración de fallecidos y de este modo “saber si las cédulas reportadas por los contribuyentes en sus costos y deducciones e IVA descontable corresponden a personas vivas”.
También planteó crear una “cláusula antiabuso” que impida deducir gastos personales del impuesto de renta de empresas y personas con actividades empresariales; poner un límite a las compras de alto costo mediante efectivo para disminuir el riesgo de elusión; valorar activos financieros y no financieros a su precio de mercado y no al histórico (en materia de impuesto al patrimonio) y establecer que los asesores fiscales sean judicialmente responsables por las declaraciones tributarias de sus clientes, entre varias otras alternativas.
En perspectiva del director de Fedesarrollo, lo que trae el proyecto de ley que se presentará ante el Congreso no parece suficiente y requiere un mayor esfuerzo en esta lucha, de la que insistió, afecta primordialmente por la vía de la informalidad laboral y empresarial, de modo que los cambios en la Dian deben propender por atraer nuevos contribuyentes y ampliar la base gravable.
Expectativa
Así, lo que queda es esperar por el texto final de la reforma, en la que se contemplarían unos 35 artículos, según ha adelantado el ministro de Hacienda.
“Yo estoy muy contento con el proyecto de Inversión Social porque es fruto de un gran consenso y nos permite avanzar hacia la matrícula gratis en educación pública universitaria y en instituciones técnicas y tecnológicas; segundo, porque el ingreso solidario, que es una renta básica, pueda extenderse hasta diciembre de 2022; y que podamos avanzar en el subsidio del empleo joven (...) y que el subsidio a la nómina se pueda ampliar hasta finales de este año. Esperamos que el Congreso lo vote rápidamente”, dijo recientemente el presidente Duque en su visita a Medellín.
No obstante este optimismo, desde la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) se vaticinó que “con seguridad” la nueva administración tendrá que tramitar en agosto de 2022, como una de sus prioridades, una reforma estructural que equilibre cargas entre personas naturales y jurídicas y corrija “la deficitaria focalización de los subsidios pensionales a los de altos ingresos para redirigirlos a los más vulnerables”, entre otros aspectos.
5,4 %
del PIB pesa la evasión y elusión de impuestos en Colombia: Fedesarrollo.
35
artículos tendría el nuevo proyecto de reforma tributaria: Minhacienda.
50 %
del proyecto de la reforma se podría diluir en el Congreso: BNP Paribas.
