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El sábado terminaron los alegatos de conclusión en el proceso por el descalabro de Factor Group, por lo que ahora los 1.572 inversionistas afectados por esa firma entre 2011 y 2012 esperan que la justicia emita un fallo.
Así lo confirmó el abogado, José Luis Giraldo, apoderado de varias de las víctimas, quien confió en que esta semana o la próxima las partes sean citadas para conocer el sentido del fallo, condenatorio o absolutorio, el cual por ser de un juez de primera instancia tiene recurso de apelación ante un tribunal.
Entre los delitos que se le atribuyen a David Wigoda y su esposa Marcela Jaramillo, cerebros del desfalco, figuran captación masiva y habitual de dineros, estafa en masa, falsedad en documento y concierto para delinquir, aunque ambos, según el abogado Giraldo, están radicados en Israel.
Otra de las involucradas en este caso, Beatriz Wigoda (hermana de David), fue favorecida en el proceso, pues el fiscal retiró la acusación en su contra en la sesión que se realizó el fin de semana.
Factor Group les proponía a los inversores reconocerles intereses de un 20 % en la compra de facturas, que terminaron siendo fincas y tierras que hasta ahora nadie ha adquirido.
El monto del desfalco está cifrado en 143.000 millones de pesos del año 2011, que indexados a una tasa de inflación en promedio de 3,95 % anual, por ocho años, superan hoy los 188.000 millones. No obstante, Giraldo reconoce que tras el largo proceso legal adelantado se recuperarán como máximo unos 43.000 millones de pesos, es decir una tercera parte.
En el inventario de Factor Group figuran nueve haciendas ganaderas en los departamentos de Cesar, Magdalena y Bolívar, que están bajo encargo en Acción Fiduciaria.
A la fecha, se está analizando la oferta de compra de uno de esos predios (finca La Isla), valorada en 2015 por unos 12.567 millones de pesos y por la que hay una propuesta, para lo cual Acción Fiduciaria ya se reunió con el posible comprador y por lo que se espera una próxima definición.
Las ofertas por los otros predios también se están evaluando, pero Giraldo sostiene que están muy lejos de los avalúos. No obstante, la fiduciaria está reuniéndose con los clientes para que reconsideren los ofrecimientos.
Otro de los activos que perteneció a Factor Group es un lote ubicado en Sabaneta, Antioquia, valorado en 21.700 millones de pesos, que fue escriturado a nombre de unos 300 inversionistas, por el que no se han presentado ofertas de compra.
Dentro de este proceso, en 2017, fue condenada a prisión Lina María Vélez Restrepo, exgerente Comercial de Factor Group, contra quien el Juzgado 13 Penal del Circuito con Función de Conocimiento, de Bogotá, sentenció como cómplice en los delitos de estafa agravada, falsedad en documento privado, captación masiva de dinero y concierto para delinquir. Una suerte similar corrió Mónica del Pilar Arbeláez Montoya, exrepresentante legal suplente de Factor Group, pero ambas ya están en libertad, tras cumplir sus condenas.
Aunque este escándalo estalló entre 2011 y 2012, las auditorías practicadas a Factor Group desde 2009 evidenciaban que la contabilidad no reflejaba la realidad del negocio.
Los reportes advertían que las utilidades de ese año incorporaba ingresos por el rendimiento de inversiones temporales, los cuales estaban concentradas en negocios con problemas.
La firma Deloitte señaló para esa época que la empresa necesitaba una capitalización por 8.000 millones de pesos, entre otras, para provisionar inversiones malas, reducir planta de personal, financiar provisiones laborales y de impuestos, y ajustar procesos internos para evitar que la situación se siguiera presentando.
Otra de las conclusiones del análisis apuntaba a “suspender en forma inmediata los gastos a favor de los socios, porque se estaría configurando una defraudación a terceros de buena fe, que creen ciertos los estados financieros”. Además, se evidenció que hubo actas de junta directiva que afirmaban que miembros estuvieron presentes en decisiones, sin estarlo.