Señales contradictorias lanza el Gobierno cuando por una parte invita al empresariado a invertir en el campo ante un eventual posconflicto, pero no da muestras claras de seguridad jurídica sobre las tierras adquiridas para el desarrollo de proyectos productivos de alto impacto social y económico en regiones que hoy renacen tras décadas de conflicto interno.
Esto se aplica para el caso del Grupo Argos, multilatina antioqueña que vio desde 2005 en los Montes de María, por invitación del mismo Gobierno, la oportunidad de desarrollar un proyecto de reforestación de 20 mil hectáreas, como forma de compensar ambientalmente y de manera voluntaria los impactos de su negocio de cemento.
Luego de aplicar un estricto protocolo legal, como insiste el conglomerado, se adquirieron 2.300 hectáreas en San Onofre (Sucre) que fueron cultivadas con teca, generando 150 empleos locales. Además, se recibió la certificación de Naciones Unidas como Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). Esto animó a invertir a la estatal Finagro y algunos fondos de pensiones que son dueños del 58 por ciento de una inversión a 20 años.
La operación se quiso replicar y Grupo Argos adquirió otras 6.600 hectáreas en El Carmen de Bolívar y Ovejas (Sucre). Al tiempo la Fundación Argos hizo inversiones por unos 25.600 millones de pesos en colegios, vías, vivienda, capacitación y un proyecto de negocios inclusivos en que 200 familias han cultivado teca, mango, tabaco y producen miel.
Pero lo que sería un próspero piloto de desarrollo económico social para los Montes de María, se vio truncado por las 42 reclamaciones de presunto despojo de 1.600 hectáreas en San Onofre, reunidas en dos procesos que hoy llevan juzgados de Sincelejo.
También otras 1.500 hectáreas en 18 predios de El Carmen de Bolívar son parte de 13 reclamaciones, y ya 10 están pendientes de decisión en tribunales especializados de restitución de tierras, luego de agotar la etapa administrativa en unidades territoriales de la Unidad Nacional de Restitución de Tierras.
El presidente de Grupo Argos, José Alberto Vélez Cadavid, aseguró a EL COLOMBIANO que las tierras fueron compradas con todo cuidado a familias de la región y empresarios que las ofrecieron voluntariamente.
“Fue una inversión con toda buena fe y pagamos lo justo, el promedio de compra en San Onofre fue de 2 millones por hectárea y de 3 millones en Carmen de Bolívar. No nos consta qué pudo haber pasado con esas tierras antes, pero tampoco se puede cometer una injusticia y que se quieran quedar con unas tierras adquiridas legalmente y con las mejoras hechas”, aclara Vélez.
Agrega que la compañía apoya la Ley de Restitución de Tierras (1448 de 2011), pero considera que en la etapa administrativa no se cuenta con todas las garantías y hay vacíos legales por resolver, pues se advirtieron irregularidades en la pretensión de reclamantes que no han sido tenidas en cuenta en la etapa administrativa.
Vélez ejemplificó el caso de Teófilo Martínez Escudero y su familia, en San Onofre. Asegura que este veterinario de Sincelejo no solo vendió sus tierras, cobró por ellas, sino que a instancias de la Ley de Restitución pretende recibirlas de vuelta con los cultivos de teca que a hoy valen varios miles de millones.
Martínez lideró la reclamación. Ahora, fue excluido del proceso y Grupo Argos lo denunció penalmente a él y su hermano ante la Fiscalía por falsa reclamación, en abril de 2014.
“Cuando llevamos el borrador de la denuncia a la Unidad de Tierras, en Bogotá, para que se haga parte de la denuncia, antes de interponerla en la Fiscalía, nos dimos cuenta que ya Martínez sabía que lo íbamos a demandar y fue excluido de la reclamación de tierras”, aseguró el vicepresidente Administrativo de Grupo Argos, Sergio Osorio, quien considera que la Ley 1448 tiene muchas falencias desde el mismo hecho que la Unidad de Tierras sea juez y parte.
Al respecto, EL COLOMBIANO consultó al director nacional de la Unidad de Tierras, Ricardo Sabogal, quien señaló que las autoridades correspondientes están para revisar la actuación de los funcionarios durante el trámite administrativo y serán los jueces de restitución quienes tengan la última palabra en este caso (ver entrevista anexa).
Con todo, Grupo Argos ha sido tildado de “terrateniente”, “despojador” y se puso en duda su reputación por un proyecto que no tiene nada que ver con sus negocios principales. Sin embargo, decidió permanecer en Montes de María y reconvertir esas tierras hacia una iniciativa privada de posconflicto.
Por eso cedió 6.600 hectáreas en El Carmen, 900 sembradas de teca desde hace cinco años, para que sean base de la intervención de la fundación Crecer en Paz. Esta fue constituida a finales de mayo y que hereda el programa de negocios inclusivos que la Fundación Argos impulsó en 22 comunidades rurales reunidas en una asociación de productores agroforestales. A ello sumará aportes de 18.000 millones de pesos durante seis años (3.000 millones anuales) para sostenimiento de los cultivos de teca y la fundación.
En total son 43.000 millones de pesos en activos que se entregan sin contraprestaciones, una donación que por su monto es de las más grandes hechas por cualquier empresa en el país (ver nota anexa).
Frente a los casos de reclamación en curso en El Carmen de Bolívar, la fundación está dispuesta a devolver la tierra en los casos que prosperen, al tiempo que se ofrecerá a tales reclamantes que sean parte de un modelo productivo colectivo que lidere Crecer en Paz, explicó Osorio.
“No vamos a tirar la toalla tan fácil, ya hemos sembrado muchas semillas de desarrollo con vías, colegios. De 2006 a la fecha hemos invertido 30.000 millones de pesos que han beneficiado a cerca de 60 mil personas de la región, es nuestro aporte al país, a la paz, y al posconflicto, si ojalá llega”, concluyó el presidente de Grupo Argos.
