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Multan a Claro, ETB, Movistar y Tigo-Une por deficiente internet en hogares
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La decisión la toma la SIC, a pocos días de que el Superintendente de Industria y Comercio deje su cargo.
06 de septiembre de 2018
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$2.608
millones es la sanción impuesta en primera instancia contra Claro, según la SIC.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sancionó a los operadores Claro, ETB, Movistar y Tigo-Une por deficiencias en la prestación del servicio de Internet de banda ancha en hogares, con 6.666 millones de pesos.
Después de realizar mediciones técnicas, entre octubre de 2015 y marzo de 2016, en las principales ciudades del país, “se encontró que los usuarios solo disfrutaban, en algunos casos, de la mitad de la velocidad de navegación ofrecida si se conectaban a través de la red WiFi”, señaló Fabio Restrepo, director de protección de usuarios de Servicios de Comunicaciones de la superintendencia de Industria y Comercio.
La entidad ejemplificó el hecho con un usuario así: si una persona tenía contratado un plan de 20 megabytes, en realidad solo recibía esa cantidad si tomaba el internet por cable y no por el servicio inalámbrico, que solo servía a 10 megabytes.
Además, el ente regulador encontró que “que los operadores incurrían en irregularidades derivadas del hecho de no entregar la información completa a los consumidores”.
Un caso muy importante es que no solo los operadores no informaban el cambio en el servicio, sino que tampoco indicaban los lugares adecuados de instalación de los módem, los materiales de construcción o cualquier obstáculo que pudiese afectar este servicio en las viviendas.
Otro asunto tiene que ver con la información sobre el número de equipos que podían conectarse sin afectar la velocidad de manera simultánea ni tampoco el alcance de la señal de Wifi.
Sobre las sanciones
La multa más alta fue impuesta a Claro, con 2.608 millones de pesos; Tigo-Une, 1.717 millones de pesos; Movistar, 1.425 millones de pesos, y ETB, con 914,05 millones de pesos.
Por ahora, esta decisión fue en primera instancia por lo que las compañías pueden imponer recursos de reposición y apelación ante la misma Superintendencia.
Este proceso también podría irse a la jurisdicción contencioso administrativa.
Al cierre de esta edición se había enviado la solicitud a todas las compañías para que dieran respuesta sobre estos procesos y no fue posible ponerse en contacto con ellas .
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