En los próximos días el gobierno de Estados Unidos determinará si descertifica a Colombia en su lucha contra las drogas, que de concretarse, se remontaría a un escenario que no se ve desde 1997. La decisión no solo pondría de manifiesto que las relaciones bilaterales no atraviesan su mejor momento, sino que también tendría afectaciones como el freno de ayudas económicas por US$453 millones aproximadamente.
El plazo máximo para conocerse la decisión será el 15 de septiembre, y el problema es que la descertificación acarrea ciertos problemas en materia comercial, financiera y económica. Según la Cámara de Comercio Colombo Americana, Amcham, se podrían suspender las ayudas militares, que actualmente representan US$40,4 millones.
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“Nosotros estamos haciendo las tareas y hemos sobrepasado los indicadores. Es una decisión política también y eso le corresponde a Estados Unidos, porque nosotros defendemos la soberanía de nuestro territorio, y seguramente eso pueda causar alguna situación de tensión. Pero la certificación sí se mira desde lo que nosotros hemos hecho, desde el compromiso, y el coste social que ha tenido en vidas y en muertes de militares, pues lo justo sería mantener la certificación y esperamos que eso se mire con esa objetividad”, dijo la canciller Rosa Villavicencio.
No obstante, también podrían generarse restricciones comerciales, contempladas en la ley de asistencia exterior de EE. UU. que faculta tanto al presidente como al Congreso a considerar medidas como aranceles sobre los productos del país descertificado, o incluso se puede incluir a dicha nación dentro de la lista de “países con prácticas comerciales desleales”, entre otras medidas.
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A eso se sumarían otro tipo de restricciones, por ejemplo, que se pongan más requisitos al momento de solicitar préstamos en la banca multilateral, o inclusive, que se opongan a las solicitudes de financiación.
La presidente de Amcham. María Claudia Lacouture, dijo que en estos momentos Colombia tiene 70% de probabilidades de perder la certificación, por los bajos esfuerzos que ha hecho el gobierno en materia de lucha contra el narcotráfico. Esto conllevaría también a que se frenen programas de asistencia económica y social, que actualmente aportan US$241,7 millones, o de seguridad civil que entregan recursos por US$171 millones.
Pero, la decisión podría ser que se renueve la certificación, pero tendría varias advertencias, por ejemplo, la de fortalecer los programas de erradicación, y demostrar disminuciones significativas en las áreas sembradas.
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