Criticas aquí y allá se han hecho sobre el polémico decreto de emergencia económica presentado por el Gobierno de Gustavo Petro. En esta ocasión, la empresa BAT Colombia realizó un cuestionamiento profundo sobre el rigor técnico de la propuesta que contiene la iniciativa para revivir los impuestos al cigarrillos.
Según la compañía, el incremento tributario no solo impactaría a las empresas que operan dentro de la formalidad, sino que también podría fortalecer el mercado ilegal del cigarrillo, un fenómeno que ya presenta una alta penetración en el país y que representa un desafío estructural para las finanzas públicas.
En entrevista con Blu Radio, Juan Carlos Restrepo, director de asuntos externo de British American Tobacco Colombia (BAT), cuestionó esta idea del Ministerio de Hacienda. Uno de sus argumento es que los impuestos de los cigarrillo es una renta que termina en las arcas municipales y regionales, por lo que no tiene sentido proponer este gravamen en una emergencia económica que busca ingresos para el Gobierno Nacional.
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“Lo vemos terrible, además de inconexo, no tiene ningún fundamento técnico, las cifras que propone el Gobierno son desproporcionadas”, insistió.
Riesgo de mayor contrabando y menor recaudo departamental
Uno de los principales señalamientos del directivo es que un incremento de los impuestos podría disparar el contrabando, afectando directamente los ingresos de los departamentos.
La teoría de la empresa es que implementar esa norma sin un análisis técnico suficiente, terminan debilitando a quienes cumplen la regulación, mientras amplían el espacio para el comercio ilegal, donde no existen controles sanitarios ni se pagan tributos.
Desde la perspectiva fiscal, la advertencia es clara: el fortalecimiento del contrabando reduce el recaudo efectivo y compromete recursos que son clave para las entidades territoriales, especialmente en un contexto de estrechez presupuestal.
Un mercado legal reducido frente a un comercio ilegal dominante
BAT considera que el mercado formal del cigarrillo en Colombia está conformado por solo dos compañías que cumplen plenamente con sus obligaciones tributarias y regulatorias. A pesar de ello, el contrabando representa más del 36 % del consumo nacional y supera el 90 % en departamentos fronterizos como La Guajira.
Este desequilibrio, según BAT Colombia, evidencia que los aumentos desproporcionados de impuestos no eliminan el consumo, sino que lo desplazan hacia canales ilegales, donde el Estado pierde capacidad de control y supervisión.
El peso de los impuestos a los cigarrillos
Otro punto central del pronunciamiento tiene que ver con el impacto fiscal. En 2024, el impuesto al consumo del cigarrillo generó más de un billón de pesos, recursos que se transfieren directamente a los departamentos. Estas rentas representan el 13,1 % de los ingresos tributarios departamentales y pueden llegar hasta el 43 % de los ingresos propios cuando se suman licores, cerveza y tabaco.
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En este escenario, ajustes tributarios considerados desproporcionados podrían poner en riesgo la estabilidad de estas fuentes de financiación, afectando la capacidad de inversión regional en sectores como salud y educación.
Restrepo reiteró que la industria legal del cigarrillo opera bajo un marco normativo estricto, que prohíbe la promoción del consumo y exige trazabilidad, control sanitario y cumplimiento fiscal. Bajo estas condiciones, la empresa insistió en la necesidad de abrir un diálogo técnico y transparente que permita construir una política fiscal gradual, sostenible y acompañada de una estrategia efectiva contra el contrabando.
Cabe destacar que dicho decreto enfrenta múltiples demandas de los opositores del Gobierno Nacional. Entre ellos una demanda del candidato Abelardo de La Espriella, y otra de la precandidata Paloma Valencia. La Corte Constitucional tendrá la última palabra.
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