La firma Odebrecht tiene el tiempo en su contra. La semana pasada el vicepresidente Germán Vargas LLeras, recordó que hasta el 11 de mayo la empresa tendrá plazo para conseguir el apalancamiento financiero para hacer el proyecto de navegabilidad del Magdalena. Pero no la tiene nada fácil después de la condena de 19 años que fue proferida en Brasil al presidente de la compañía.
En Colombia, la sala consultiva del Consejo de Estado considera que se debe aplicar inhabilidad a los contratistas que hayan sido condenados por delitos contra la administración pública, mientras tanto Odebrecht pretende demostrar que en la legislación colombiana ese argumento no es constitucional.
La compañía tiene participación en proyectos: Ruta del Sol sector 2 y el proyecto de navegabilidad del Río Magdalena.
Los documentos, que conoció el diario La República en donde la empresa consulta a juristas colombianos muestran que el concepto de la Sala de Consulta tiene equivocaciones dogmáticas, violaciones a normas rectoras de derecho penal y contradicciones.
El secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Camilo Enciso, señaló que “la interpretación del Consejo de Estado y de como se aplica en Colombia está siendo revisado por una mesa interinstitucional donde analizamos los alcances. Sin embargo, aún no se ha tomado ninguna decisión”, concluyó.
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