La Fiscalía General de la Nación ordenó el embargo y secuestro de dos oficinas de la petrolera anglo-francesa Perenco en Bogotá, tras acusarla de financiar a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
La decisión, adoptada por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, incluye la suspensión del poder dispositivo sobre esos bienes.
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Los bienes fueron entregados por parte de la Fiscalía al Fondo para la Reparación de las Víctimas, para que sean utilizados para la indemnización de la población afectada por la violencia paramilitar en el departamento del Casanare.
Las oficinas se encuentran ubicadas en un edificio del centro financiero en Bogotá, y tienen un valor comercial estimado de $41.318 millones, aproximadamente US$10 millones.
Caso Perenco en la Fiscalía
Para lograr su identificación, la Fiscalía señaló que obtuvo información relevante de la estructura y control corporativo de la empresa extranjera, a través de la Red de Recuperación de Activos del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, Gafilat, de la cual Colombia hace parte.
Igualmente, la entidad destacó que fueron aplicadas técnicas de análisis criminal y recolección de elementos probatorios que acreditaron la autorización de las máximas instancias de la empresa en la financiación ilegal.
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“Se recaudó información sobre los contratos de concesión, explotación y producción de hidrocarburos de esta empresa. Con este material probatorio se solicitaron las medidas cautelares por parte de la Fiscalía, que fueron otorgadas por el Tribunal Superior de Bogotá”, destacó la Fiscalía.
Las acusaciones contra Perenco
Las acusaciones se basan en que los postulados al programa de Justicia y Paz, como Daniel Rendón Herrera, Manuel de Jesús Pirabán y Orosman Orlando Osten Blanco, del bloque Centauros de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, mencionaron en sus versiones libres que el grupo empresarial habría financiado su actuar ilegal en Casanare, mediante la entrega de dinero, combustible, alimentación y transporte.
Lo anterior lo hicieron a cambio de un servicio de seguridad que ofrecían en los pozos de extracción de crudo y que le permitió a la empresa incrementar su patrimonio en el periodo del posible vínculo ilegal con los paramilitares, entre 1997 y 2005.
Las actividades investigativas adelantadas por los fiscales del Grupo de Persecución de Bienes de la Dirección de Justicia Transicional, y el Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, contaron con el apoyo del Grupo investigativo de jurisdicciones especiales de la -Dijin, el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Ecopetrol, así como de otras autoridades judiciales.
En septiembre de 2024, en segunda instancia, un fiscal delegado ante el Tribunal de Bogotá confirmó la resolución de acusación en contra de dos exfuncionarios: Antenor Sarmiento Delgado, exgerente de distrito, y Ramiro Pinzón Suárez, exsupervisor de tierras de Perenco.
La acusación se dio por su presunta financiación al frente Héroes de San Fernando del Bloque Centauros de las AUC entre 1996 y 2006, acusados desde el 19 de diciembre de 2022 por los delitos de concierto para delinquir agravado.
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