Intergremial Antioquia y Fenalco Antioquia solicitaron a la Gobernación de Antioquia la suspensión del cobro de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que se viene recaudando desde enero de 2025, con vigencia hasta diciembre de 2027.
A través de un comunicado conjunto, los gremios empresariales señalaron que el sector productivo del departamento enfrenta una carga tributaria cada vez más alta, a la que se suman decisiones recientes como el incremento del salario mínimo y otras medidas económicas adoptadas a nivel nacional, que está afectando los presupuestos de las empresas.
Según Intergremial y Fenalco, la tasa regional “está asfixiando al tejido empresarial”, en especial en un contexto económico complejo, y no solo impacta las finanzas de las compañías, sino que también tendría efectos negativos sobre el empleo formal, la productividad y la competitividad regional.
Incluso, advirtieron que, en escenarios extremos, algunas empresas podrían verse obligadas a cerrar.
Los gremios recordaron que desde que se conoció el proyecto de acuerdo que dio origen a la tasa, manifestaron su oposición y alertaron sobre los riesgos que esta implicaría para el sector productivo, posiciones que —aseguran— fueron expuestas tanto en debates ante la Asamblea Departamental como en distintos espacios públicos y mediáticos.
En el comunicado, Intergremial Antioquia y Fenalco instaron a la Gobernación a reconsiderar la medida y a explorar alternativas de financiación para la seguridad que no recaigan adicionalmente sobre las empresas, las cuales, afirman, ya se encuentran debilitadas por el contexto económico actual.
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Empresarios advierten crisis y piden frenar nuevos impuestos en Antioquia
Nicolás Posada López, presidente ejecutivo de Intergremial Antioquia, aseguró que las empresas ya no tienen margen para asumir nuevas cargas impositivas y calificó el contexto actual como una crisis para el sector productivo.
“Los empresarios no aguantan un impuesto más. La persecución del Gobierno Nacional a diferentes sectores de la economía, el desmedido aumento del salario mínimo y el incremento a la carga impositiva a las empresas hacen que hoy el sector empresarial se declare en crisis”, señaló Posada.
El dirigente gremial explicó que, desde Intergremial Antioquia —que agrupa a 35 gremios—, la petición a la Gobernación es pausar o dar por finalizado el impuesto a la seguridad, teniendo en cuenta que gran parte del recaudo recae sobre los empresarios. Además, hizo un llamado a abrir espacios de concertación.
“Invitamos a la Gobernación de Antioquia a hacer mesas de concertación para garantizar la seguridad que tanto necesitan los antioqueños, pero que no sean los empresarios los que la estén pagando”, agregó.
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Fenalco alerta impacto del salario mínimo y abre la puerta al diálogo
En la misma línea se pronunció María José Bernal Gaviria, directora ejecutiva de Fenalco Antioquia, quien reiteró que el sector empresarial enfrenta un escenario complejo, especialmente las micro, pequeñas y medianas empresas.
“Las empresas de este país no aguantan un impuesto más. La situación no es fácil. Este año empezamos con un aumento desmedido del salario mínimo que impacta directamente los costos, especialmente de las mipymes del departamento”, afirmó Bernal.
La dirigente explicó que, precisamente por este contexto, Fenalco e Intergremial solicitaron de manera conjunta la suspensión del cobro de la tasa y reiteraron su disposición a buscar soluciones distintas a la imposición de nuevos tributos.
“Estamos abiertos al diálogo y a buscar conjuntamente alternativas diferentes a poner un impuesto más a las empresas, que en este momento no la están pasando bien y están luchando por sobrevivir en el mercado”, concluyó.
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