La Procuraduría General de la Nación ha convocado una mesa técnica de urgencia para el próximo 19 de noviembre de 2025 con el objetivo de encontrar una salida a la controversia fiscal que enfrenta a Ecopetrol, la principal empresa del Estado, con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian)
El llamado a la reunión se hizo debido a los cobros que la Dian ha reclamado a Ecopetrol por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) aplicado a las importaciones de combustibles. Este pleito fiscal surge de un conflicto en la interpretación de la norma relacionada con el pago de dicho impuesto.
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La mesa técnica de urgencia contará con la participación de representantes de todas las entidades involucradas, incluyendo delegados de la Dian y Ecopetrol, así como de la Procuraduría, pues de acuerdo con el ente de control, el objetivo es facilitar un espacio de diálogo institucional que permita encontrar una salida a la disputa fiscal, evitando mayores afectaciones a la principal empresa del Estado.
¿Cuáles son las posiciones de Ecopetrol y la Dian respecto al IVA por importación de combustibles?
Respecto al pleito fiscal que involucra a las dos organizaciones estatales, la Dian ha reiterado su posición oficial de que las importaciones de gasolina y ACPM están sujetas al pago de IVA del 19%.
Por otra parte, Ecopetrol le ha solicitado a la Dirección de Impuestos corregir declaraciones relacionadas con importaciones de ACPM por un valor aproximado de $1,7 billones (incluyendo intereses) para el periodo 2022-2024, pues la empresa petrolera ha manifestado su desacuerdo en cuanto a la sanción y la interpretación normativa.
El núcleo del problema está relacionado con la operación de Reficar, que funciona bajo el régimen de Zona Franca. Para la Dian, el producto que sale de la planta hacia el resto del país se considera una importación y, por lo tanto, sujeto al IVA de importación.
Contrario a eso, Ecopetrol y Reficar sostienen que esta lectura es equivocada y se apoyan en el Artículo 465 del Estatuto Tributario, argumentando que el Ministerio de Minas y Energía debe definir la base sobre la cual se calcula el IVA de los combustibles, lo cual no ha ocurrido. Estas dos organizaciones insisten en que la Dian cambió la interpretación aplicable al régimen de Zona Franca y la está aplicando de forma retroactiva.
Debido a esto, la Procuraduría revisará los fundamentos jurídicos, doctrinales y técnicos que han sustentado las decisiones de la Dian, y se estudiarán los nuevos elementos presentados por las entidades.
En caso de no resolverse el pleito, las medidas fiscales adoptadas por la autoridad tributaria podrían comprometer no solo las finanzas de la petrolera, sino también el patrimonio público, pues dicha disputa podría derivar en embargos superiores a 11 billones de pesos, generando un impacto económico total de 22 billones de pesos, afectando de manera directa la sostenibilidad financiera y operativa de Ecopetrol.
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