Senadores confirmaron que este viernes, 29 de agosto de 2025, será radicado en el Congreso el proyecto de reforma tributaria, una iniciativa que busca recaudar más de $26 billones y que será determinante para financiar el Presupuesto General de la Nación 2026, estimado en $556,9 billones.
Aunque inicialmente se esperaba que el proyecto llegara al Legislativo en julio, su presentación fue aplazada para coincidir con el cierre de la legislatura actual y el inicio de la siguiente. Según el Ministerio de Hacienda, el paquete contempla ajustes en el IVA, impuestos al consumo de licores y tabaco, y mayor progresividad en los tributos de renta y patrimonio, con el propósito de reducir el déficit fiscal y redistribuir la carga tributaria.
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Los ponentes de las comisiones económicas de Senado y Cámara sostuvieron reuniones con los principales miembros del Gobierno para construir consensos en torno al Presupuesto 2026, que deberá financiarse en buena parte con los recursos que genere la nueva tributaria. El Ejecutivo insiste en que la reforma es necesaria no solo para garantizar sostenibilidad fiscal, sino también para mantener los programas sociales y de inversión pública.
Un proyecto con críticas
Tras la reunión con las comisiones económicas, la senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, advirtió que detrás de la estrategia del Gobierno con la tributaria y el Presupuesto 2026 hay un trasfondo político y fiscal. Según señaló, ambas iniciativas están “cruzadas y mezcladas”, lo que genera un escenario complejo para el Congreso. “Estamos hablando de un presupuesto inflado, altísimo, por 556 billones de pesos, y de una tributaria de 26 billones, la más alta en la historia. Es imposible que eso pase, el Gobierno sabe que no hay votos para aprobarlo”, afirmó.
Lozano sostuvo que al tramitar en paralelo el proyecto tributario y el Presupuesto General, el Ejecutivo podría estar buscando que la reforma sea negada en el Legislativo.
En su opinión, el verdadero propósito sería repetir la estrategia aplicada en 2025: expedir el presupuesto por decreto y financiarlo con un alto endeudamiento. “Así como lo hizo este año, el Gobierno asumiría deudas elevadísimas, que son las que Colombia viene pagando”, cuestionó.
La congresista recordó que el 15 de septiembre es la primera fecha clave, cuando las comisiones económicas deberán votar el monto global del Presupuesto. Explicó que si una sola de las cuatro comisiones se niega a reducir el monto, se mantendría la cifra original de 556 billones de pesos, lo que abriría la puerta para que el Ejecutivo lo decrete. “Ojalá podamos sacarlo por ley, es lo razonable y lo justo con el país, pero creo que el Gobierno está apostando lentamente a un decreto”, concluyó.
Por otra parte, para el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP) el proyecto para la vigencia 2026 presentado por el gobierno del presidente Gustavo Petro (por $556,9 billones) parece ignorar esta premisa, planteando una hoja de ruta fiscalmente irresponsable, que oculta una brecha de sostenibilidad de $55,8 billones, que requiere de ajuste para que el presupuesto sea viable.
Entre los ajustes propuestos por el ICP figuran el que no se recurra a una nueva reforma tributaria ($26,3 billones), igualmente, que se establezcan unas proyecciones de recaudo realistas (ajuste de $11,3 billones) y se revierta la reciente expansión del gasto primario ($18,2 billones).
Los analistas económicos del ICP enfatizaron en que el Presupuesto General de la Nación para 2026 es fiscalmente inviable, toda vez que se está condicionando la financiación del presupuesto a una futura e incierta reforma tributaria de $26,3 billones.
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