La SIC responde a cuestionamientos sobre un “control de precios”
La decisión sigue encendiendo las alarmas en distintos sectores empresariales ante lo que consideran una eventual intervención del regulador en los mecanismos de fijación de precios y en la autonomía de las compañías para definir sus estrategias comerciales.
Al respecto, la superintendente aclaró que la información solicitada hace parte de indagaciones preliminares y que, por ahora, no corresponde a investigaciones formales, motivo por el cual este tipo de requerimientos suele manejarse de manera anonimizada.
Rusinque señaló que estas actuaciones de la SIC “no implican en ninguna manera una intervención o una pretensión de fijar los precios, sino una orientación a estudiar los elementos que conforman esa estructura”.
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Asimismo, explicó que el objetivo es establecer si existen eventuales infracciones al Estatuto del Consumidor, como la promoción de descuentos que no serían reales o que se mantienen sin variaciones durante periodos prolongados.
Gremios expresan su preocupación
No obstante, los gremios empresariales mantienen sus reparos. Uno de los pronunciamientos más duros provino de Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial, quien advirtió que fiscalizar cuánto gana una empresa o cómo define sus políticas de mercado, sin indicios claros de ilegalidad, “no solo es riesgoso, sino que podría resultar inconstitucional”.
A su juicio, cuando el regulador cruza esa frontera, el mercado deja de ser libre. “Controlar márgenes, fórmulas o algoritmos no es supervisión, es una forma indirecta de control de precios”, señaló.
La dirigente gremial insistió en que la labor de vigilar los mercados no implica exigir explicaciones detalladas sobre la fijación de precios o márgenes.
“El Estado puede investigar conductas ilegales concretas, pero no solicitar de manera masiva y preventiva la lógica interna de los precios, como si todas las empresas fueran sospechosas”, puntualizó.
Desde la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), su presidente, Jaime Alberto Cabal, calificó la actuación de la SIC como un “paso en falso” que, a su juicio, desnaturaliza la función de la entidad y la acerca peligrosamente a una “Superintendencia de Precios”.
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Cabal sostuvo que exigir a un establecimiento el desglose de la fijación de precios de más de 40.000 referencias resulta inviable y evidencia un desconocimiento de la dinámica microeconómica del comercio.
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Y añadió que es “una perogrullada” indagar por variaciones de precios en alimentos perecederos, cuyos valores cambian a diario en las centrales mayoristas, o cuestionar los descuentos en sectores como ropa y calzado, donde estos responden a la necesidad de liquidar inventarios excedentes.
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