“Como el caso está ante un juez, nos limita a hablar de un proceso en específico. Lo que le podría decir es que en la zona de Montes de María la Unidad de Restitución está tramitando reclamaciones donde, si se encuentra algún problema, se las está entregando a un juez de restitución”, es lo primero que responde el director de la Unidad Nacional de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal, al preguntarle por el caso de Grupo Argos.
En ese sentido, explicó a EL COLOMBIANO que los casos de reclamaciones se están documentando y en los casos que cumplan con la Ley 1448 (de víctimas y restitución de tierras) un juez determinará “si hay lugar o no a la devolución de la tierra, o si hay lugar a compensación, porque hay un tercero de buena fe exento de culpa, o si hay otro tipo de decisión”.
Frente a una presunta filtración de la denuncia penal contra uno de los reclamantes, que Grupo Argos asegura dio a conocer primero a la Unidad Nacional, pero que el demandado conoció antes de radicarla en la Fiscalía, Sabogal asegura que “no tengo esa información” y que “si ellos (Grupo Argos) tienen denuncias contra funcionarios de la Unidad Nacional, las pueden denunciar”. Estos son otros apartes de la entrevista del funcionario con este diario:
¿Por qué en la etapa administrativa no ha intervenido la dirección nacional de la Unidad en los procesos, ante pruebas que asegura Grupo Argos ha aportado sobre el proceso?
“Son las partes las que aportan pruebas al proceso sobre la afectación o no afectación o que le sirve al objetivo que ellos quieren hacer valer en el proceso (...), donde puede ser que las dos partes puedan tener la razón, son los jueces quienes deciden”.
Según la compañía, no existen todas las garantías en los procesos en la etapa administrativa que se llevan o llevaron a cabo en las unidades territoriales de Sucre y Bolívar, ¿ha encontrado algún problema...?
“Si hay algún problema en algún momento del trámite administrativo están las autoridades correspondientes para que decidan o revisen la actuación o la conducta de los funcionarios”.
¿Pero la Dirección Nacional ha hecho seguimiento a este caso que se lleva en unidades territoriales?
“No solo hacemos seguimiento a este, todos merecen la misma atención. Tanto nos interesa un grupo económico como un pobre campesino”.
¿No es extraño que se excluya del proceso la persona que comenzó la reclamación en San Onofre y que Argos asegura le compró?
“En materia de restitución de tierras las cosas no son extrañas o son normales, o sea, se revisan los soportes probatorios que entregan las personas y miran qué tanta contundencia tienen y si se llevan al juez”.
¿Considera que la Ley de Tierras se queda corta al no contemplar una instancia superior que defina si la etapa administrativa fue realizada adecuadamente?
“La etapa administrativa está sirviendo para que las reclamaciones formuladas lleguen a los jueces con la suficiente documentación y terminen siendo despachadas de manera favorable para el reclamante. Y hay una estadística de que al menos el 95 por ciento de las reclamaciones que llegan al juez se fallan de manera favorable al reclamante. Eso quiere decir que la Unidad de Restitución está haciendo bien la tarea”.
