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En Dinamarca, la decisión de sacrificar por precaución sanitaria 17 millones de visones de las granjas de cría desencadenó una polémica de tal intensidad que el responsable, el ministro de Agricultura, Mogens Jensen, tuvo que renunciar. El escándalo, sin embargo, está lejos de terminar porque la decisión no tenía base legal y su validez científica también era dudosa. La matanza de los visones, “sospechosos” de portar una mutación del coronavirus, tuvo un considerable costo financiero y en la confianza en el Estado de derecho.