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Alcaldía de Medellín se “durmió” y puso en líos al Concejo con el presupuesto de 2023
El texto que busca la aprobación de $7,5 billones para el año próximo fue presentado por correo y por fuera de los tiempos que fija la ley. Habría vicios de forma de por medio.
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Óscar Hurtado Pérez, secretario de Hacienda; Lucas Cañas Jaramillo, presidente del Concejo; Leticia Orrego Pérez, concejala Centro Democrático. FOTOS: Cortesía
25 de octubre de 2022
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El novelón que desencadenó la “cogida de noche” de la Alcaldía de Medellín en la radicación del presupuesto para 2023 debe encontrar un primer desenlace este viernes. Hasta ese día tiene el presidente del Concejo, Lucas Cañas Jaramillo, para definir si la postulación del proyecto carga con vicios de forma o si, por el contrario, tiene luz verde para ser discutido en las comisiones primera y segunda por parte de los cabildantes.
El enredo, que tiene a la corporación inmersa en una discusión jurídica desde hace 15 días, no se reduce a un asunto de correos o papeleo: de por medio está la aprobación de $7,5 billones que servirán para financiar los programas de ciudad el próximo año, además del funcionamiento interno de la administración. De no llegarse a discutir, los concejales no tendrían oportunidad alguna de reparos y el alcalde Daniel Quintero se vería obligado a acudir a la dictadura fiscal.
La figura, que consiste en la reglamentación del presupuesto vía decreto, está cobijada por la ley. Carga, sin embargo, con un pero: el mandatario tendría que acogerse al presupuesto de $6,5 billones aprobado por el Concejo para este año, lo que implicaría una reducción notable en la inversión. “No es un tema menor, es el presupuesto de la ciudad. Yo no puedo retirar ni archivar un proyecto de ese tipo. Estoy en medio de una discusión compleja”, afirma Cañas.
La cuestión es que este novelón pudo evitarse, según algunos concejales, si la Secretaría de Hacienda hubiera cumplido con los tiempos y formas de radicación. Y aunque el mismo Cañas le hace la segunda a la administración, respaldando de manera tímida la legalidad del trámite, dos visiones jurídicas están enfrentadas: el equipo de abogados del Concejo dice que los corporados perdieron la competencia para discutir el proyecto, mientras que la Personería considera lo contrario.
Origen de la discusión
La concejala Leticia Orrego Pérez, del Centro Democrático, sirvió el debate el 10 de octubre pasado. Resulta que ese era el plazo para que el despacho de Hacienda radicara la iniciativa. “El proyecto debió presentarse en los primeros diez días, luego del inicio de las sesiones ordinarias. Ellos lo que enviaron fue un correo electrónico, sin las firmas correspondientes, cosa que no está en el reglamento”, dice.
La cronología es la siguiente: el correo con el documento de radicación fue compartido con la Secretaría del Concejo a las 8:11 de la noche del 10 de octubre, según el concepto jurídico emitido por los abogados de la corporación. Eso, precisaron, riñe con las disposiciones consignadas en la Ley 136 de 1994 —Norma Orgánica de Presupuesto— y el reglamento del Concejo.
Ese es el argumento al que acude Orrego. Afirma que el proyecto debió radicarse de manera presencial ante la corporación y no mediante un correo electrónico. Además, que uno de los documentos anexados de manera digital no contó con las firmas respectivas. El envío, de hecho, estuvo a cargo de una contratista de la Secretaría de Hacienda. “Eso no es posible. El alcalde puede delegar al secretario, pero este no puede poner un reemplazo”.
Pese a esto, al día siguiente el proyecto se radicó de forma presencial ante el Concejo. Así lo reseña Orrego: “Ese día vinieron, lo trajeron aquí, todo firmadito, organizado, pero a todas luces extemporáneo. No cumplieron con lo que la norma dice”. El asunto levantó ampolla. Cañas tuvo que solicitar varios conceptos jurídicos.
Ahora, sin embargo, se muestra menos contrariado. Dice que la Alcaldía cumplió a cabalidad con los requisitos exigidos. “Recibimos el correo de la Alcaldía con el proyecto de presupuesto. Al día siguiente, recibimos la ratificación. Se cumplió con el requisito formal, aunque estamos verificando los términos de legalidad”, afirma.
Es más, Cañas reconoce que se recibieron dos correos electrónicos: uno con la información detallada y las firmas requeridas, y otro con documentos que no tenían las firmas. Esto, en palabras de Orrego, ha caldeado más los ánimos, además de generar confusión entre los concejales.
“El secretario de Hacienda no cumplió con su labor más importante del año: presentar el presupuesto a tiempo. La más afectada es la ciudad, que se queda sin presupuesto, porque ya no somos competentes para discutirlo. No voy a prevaricar”, ha dicho el concejal Daniel Duque, de la Alianza Verde y también de oposición.
¿Habría vicio de forma?
A tres conclusiones llegó el equipo jurídico del Concejo: uno, que en el reglamento interno no existe la posibilidad de radicar un proyecto de acuerdo por correo electrónico; dos, que no se puede afirmar que el trámite se surtió, completamente, previo al 10 de octubre; y, tres, que se habría violado la Ley Orgánica de Presupuesto.
Cañas, sin embargo, se apoya en otro concepto. Afirma que la Personería de Medellín dice que el correo es completamente válido, que tiene validez probatoria y judicial. “Me parece más grave aprobar el presupuesto mediante dictadura fiscal. Hasta el 28 hay plazo para definir si se discute, o no, y asignar los ponentes”, sostiene.
Consultamos a la Alcaldía para conocer la versión del secretario de Hacienda, Óscar Hurtado Pérez, pero no recibimos respuesta previo al cierre de esta edición. Lo que dijo en días pasados el alcalde Quintero fue que el envío electrónico conversa con “los tiempos de la cuarta revolución industrial” y con las leyes que buscan reducir el uso del papel.
Es probable que de aquí a este viernes Cañas se decante por el concepto de la Personería y le dé luz verde a la discusión del presupuesto para 2023. Sin embargo, habrá que ver cómo se mueven las aguas cuando el proyecto zarpe a estudio en las respectivas comisiones. Algunos concejales, como Duque, anuncian desde ya que no lo votarán. También cabe la posibilidad de que el acuerdo sea demandado por vicios de forma una vez se apruebe en el Concejo, lo que dejaría a la ciudad sin presupuesto.
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