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Luego de que el caballista Santiago Uribe, hermano del expresidente, Álvaro Uribe, fuese detenido en Medellín el pasado lunes en medio de la investigación que se adelanta la Fiscalía por el caso de los “12 apóstoles”, este miércoles la Procuraduría apeló dicha medida de aseguramiento preventiva por considerar que se le vulneraron los derechos y garantías fundamentales del procesado.
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El ministerio público afirma que los fundamentos planteados por el órgano investigador para la imposición de la medida “no son adecuados según los lineamientos legales y constitucionales propios del ordenamiento jurídico, considerando así, que los fines necesarios para imponer la medida de aseguramiento no se encuentran satisfechos y en consecuencia debe revocarse la misma por ser improcedente”. (Lea aquí: Sombra paramilitar recae otra vez en Santiago Uribe)
La Procuraduría explicó además que “frente a la posible no comparecencia del sindicado al proceso, es evidente que dichos elementos fueron despreciados, pues es el mismo fiscal quien en su escrito reconoce que el señor Santiago Uribe Vélez ha concurrido a los llamados de la justicia a lo largo de la investigación previa y de instrucción, y que ciertamente, se trata de una persona con arraigo social y familiar”.
Así mismo, dijo “que no es acertado partir para la imposición de la medida de aseguramiento de la mala fe del procesado, quien ha asistido siempre que ha sido citado, y además, nunca ha demostrado o se ha comportado de una manera que demuestre algún deseo de evadir la acción de justicia”. (Lea aquí: Federico Gutiérrez dijo que le duele captura de Santiago Uribe)
La Procuraduría explicó que la medida de aseguramiento es un mecanismo excepcional que debe buscar imponerse cuando sea estrictamente necesario, bajo rigurosos criterios de necesidad y proporcionalidad, “siendo inadecuada la imposición de una medida intramural por la sola connotación o gravedad del caso”.