El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, envió una nueva solicitud de asistencia militar al Gobierno Nacional para exigir la presencia urgente de la Fuerza Pública en por lo menos 26 municipios en alto riesgo en el departamento.
El nuevo decreto, que aparece poco antes de cumplirse un año de una solicitud similar que no fue atendida, pidió además nuevas medidas especiales, como la creación de una burbuja operacional, que permita a entes como la Policía, el Ejército y la Fiscalía mejorar su coordinación para confrontar a los grupos armados.
Los municipios incluidos en el nuevo pedido se concentran en las subregiones del Nordeste y el Norte antioqueño, que se han consolidado como unas de las zonas más críticas en materia de orden público en el país.
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La lista completa está compuesta por Amalfi, Anorí, Cisneros, Remedios, San Roque, Santo Domingo, Segovia, Vegachí y Yalí, en el Nordeste; y Angostura, Belmira, Briceño, Campamento, Carolina del Príncipe, Donmatías, Entrerríos, Gómez Plata, Guadalupe, Ituango, San Andrés de Cuerquia, San José de la Montaña, Santa Rosa de Osos, Toledo, Valdivia y Yarumal, en la subregión del Norte antioqueño.
Dentro de los indicadores más alarmantes, la administración seccional destacó que entre enero y febrero de 2026 se produjo un incremento del 260% de los homicidios en el Nordeste.
También se alertó de que en ambas subregiones se han incrementado los ataques con explosivos, campos minados y desplazamientos masivos, además de los ataques en contra de la Fuerza Pública, que dejaron un saldo de 25 miembros asesinados el año pasado y 50 heridos.
Además de la presencia del Clan del Golfo y del ELN, que desde hace varios años vienen disputándose el control en dicha zona, la Gobernación alertó también del fortalecimiento de las estructuras de los Frentes 36 y 18 de las disidencias de las Farc, comandadas por alias Calarcá en el nivel nacional.
Vale recordar que mientras las disidencias del Frente 36 responderían al mando de alias Firu, las disidencias del Frente 18 responderían a alias Ramiro.
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Una de las principales medidas solicitadas consistió precisamente en el levantamiento inmediato de las órdenes de captura en contra de dichos cabecillas, pero también de los líderes del Clan del Golfo y del ELN en esas zonas.
En el documento se pide específicamente que la Oficina Consejera Comisionada de Paz eche para atrás una suspensión en órdenes de captura que se adoptó por las conversaciones de paz y sometimiento emprendidas por el gobierno del presidente Gustavo Petro.
A renglón seguido, el Departamento también pidió priorizar las labores de aspersión con drones en dichas subregiones, buscando afectar las rentas ilegales de los grupos asentados allí.
Asimismo, el decreto instó a intensificar los operativos en contra de la minería ilegal, designar un comandante militar unificado para esta zona (es decir, que coordine tanto al Ejército como a la Policía) y dar luz verde para un plan de recompensas de hasta $500 millones en contra de los cabecillas.
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