Hace mucho que Julián Bedoya Pulgarín no es nombrado en la Universidad de Medellín como uno de los “hijos” ilustres, aún bajo su condición de barón electoral dentro del liberalismo antioqueño.
De hecho, su apellido se asocia allí a una de las páginas más oscuras dentro de la historia institucional, que mancilló el buen nombre de esa entidad educativa y dejó en la palestra pública a su profesorado de la Facultad de Derecho y las altas directivas.
El escándalo por la presunta falsedad en el procedimiento por el cual Bedoya obtuvo su título de abogado en esa alma máter aún resuena sin que todavía la Fiscalía defina las responsabilidades penales al respecto. El caso estaba en la Corte Suprema de Justicia pero pasó a la justicia ordinaria a mediados del año pasado debido a que el exsenador liberal culminó su periodo y no se presentó de nuevo a las elecciones y por tanto ya no detenta su fuero de congresista.
Los cargos que lo implican a él y a un puñado de personas ligadas con la U. de M. —exactamente cuatro docentes y tres directivos entre los que está el exrector Néstor Hincapié— tienen que ver con fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, que se habrían configurado en la forma como admitieron al poderoso político bajo la figura del reingreso y en menos de cinco meses facilitaron que este validara once materias presentando supuestamente exámenes de suficiencia académica. Un ritmo de súper hombre sobre todo considerando que continuó con su rutina en el Legislativo y hasta tomó vacaciones en el exterior. El título se lo entregaron en marzo de 2019.
La Procuraduría también le había abierto un proceso a este entramado de presunta corrupción alrededor de la U. de Medellín, pero lo archivó por supuestas fallas procedimentales y falta de garantías procesales para los implicados, de manera que Bedoya pudo terminar su periodo en julio de 2022, sin que se presentara pérdida de investidura.
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Lo que sí está en vilo es el cartón de profesional en Derecho que la Universidad de Medellín le revocó a partir del escándalo; se trata de una decisión que no ha podido revertir por la vía de la tutela.
Como una parodia de lo que le ocurrió a Al Capone en Estados Unidos al ser procesado y condenado por evasión de impuestos y no por su prontuario mafioso, a Bedoya le abrieron un proceso para quitarle la curul en 2021 por ausentismo en su condición de representante a la Cámara, en por lo menos media docena de plenarias en que se votaron proyectos decisivos. Y fue absuelto.
Sin duda la vida de Bedoya ha estado rodeada de polémicas y actos que no siempre han sido bien explicados por él. Según una investigación del portal Vorágine, este se decidió por el estudio del Derecho justo después de que lo expulsaron de la Policía por robarse una pistola.
Adicionalmente, en el portal de la Rama Judicial aparece registrado un proceso en el que la inmobiliaria Multiarriendos lo demandó por problemas relacionados presuntamente con la restitución de un inmueble alquilado.
Lo que sí es claro es su influencia en la política regional, dándole muchas posibilidades de obtener la Gobernación de Antioquia a pesar de estar cuestionado. Por lo menos dos parientes suyos han ocupado cargos en organismos de control.
En octubre pasado, la Auditoría General de la República advirtió de las presuntas irregularidades que se cometieron para nombrar a Andrea Bedoya Pulgarín, la hermana de Julián, en varios puestos de la Contraloría de Antioquia, modificando el manual de funciones para que pudiera cumplir el perfil. Otro hermano, Alejandro, también estuvo en la nómina de la misma entidad, así como de la Personería de Medellín.
Adicionalmente, tendría un inmenso poder burocrático en Metrosalud y la ESU (Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas de Medellín), que depende del conglomerado distrital. Varios de los profesores que le dieron por aprobados los exámenes para obtener el título de abogado se han vinculado en cargos del Ministerio Público local y de la administración de Daniel Quintero, después de que salieran de la U. por el mencionado incidente.
El docente Julián Andrés Rendón es ahora personero delegado 20D para la Vigilancia e Instrucción Disciplinaria. Según Vorágine, otro de los comprometidos en el proceso, el profesor John Mario Ferrer ha suscrito jugosos contratos para la “gestión jurídica de la Secretaría de Suministros y Servicios”.
Lo concreto es que la campaña de Bedoya a la Gobernación, si se llega a concretar como parece, se tendrá que desarrollar mezclando las correrías por los pueblos con la asistencia a las citaciones para explicarle a la justicia y a los medios sus actuaciones.
