“Estamos convencidos de que vamos a recuperar el recurso. Así va a ser. Si llegamos a una conciliación con el banco”. Esta fue la promesa que en junio de 2023 hizo la exrectora de la Institución Universitaria de Envigado IUE –Blanca Echeverri Londoño– al Concejo del municipio, luego de salir a la luz que a esta entidad le habrían robado más de $4.300 millones. Sin embargo dicha promesa sigue sin cumplirse.
El escándalo ha revivido en Envigado tras su recordación en medios digitales locales y la reciente decisión de la Procuraduría General de la Nación de vincular formalmente a Echeverri y a la extesorera Sandra Tobón Alzate a las investigaciones que buscan dirimir responsabilidades.
Cabe recordar que en una accidentada sesión del concejo envigadeño, Echeverri explicó que el supuesto fraude comenzó el 22 de marzo de 2023, cuando al correo institucional de Tobón llegó un mensaje que parecía provenir del correo oficial de la rectora.
En él se le solicitaba hacer un desembolso de $922.118 dólares a una entidad extranjera, bajo el argumento de que se trataba de una inversión para adquirir una participación en dicha organización. El mensaje, lleno de expresiones inusuales como referirse a la universidad como “empresa” o a los socios como “parte adversa”, contenía además instrucciones confidenciales: no hablar del asunto con nadie, ni siquiera cara a cara con la propia rectora, y tramitar todo a través de otro correo electrónico que supuestamente era el personal de Echeverri.
El remitente también advirtió que el pago debía realizarse el viernes 24 de marzo antes de la 1:00 p.m., con una factura que sería enviada por un supuesto intermediario llamado Rodrigo Ribeiro, añadió Echeverri.
¿Increíble, pero cierto?
De acuerdo con el relato de la exrectora, inexplicablemente Tobón cayó en la trampa y comenzó a comunicarse con Ribeiro, quien le envió una factura inicial. La tesorera reenvió el documento al banco BBVA, donde estaban depositados fondos de la IUE. La entidad que inicialmente rechazó la factura alegando que no cumplía los requisitos. Pero, de manera sorprendente, dio indicaciones de cómo debía presentarse correctamente. “Incluso, el banco sugirió cambiar el concepto del pago: en lugar de mencionar ‘subsidios chinos’, dijo que debía registrarse como ‘adquisición de maquinaria’, detalló Echeverri.
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Según la rectora, con esas observaciones, Ribeiro y Tobón enviaron una nueva factura, que el banco aparentemente validó, sin advertir las inconsistencias. “El banco llegó a recibir tres facturas distintas para una misma operación y, aun así, continuó con el proceso de desembolso, esto una clara omisión de los protocolos de seguridad”, argumentó.
El viernes 24 de marzo, Tobón consultó a la rectora sobre un pago en dólares, y esta, pensando que se trataba de otra transacción habitual de la institución en dicha moneda, firmó el documento de autorización. Tobón hizo la negociación cambiaria con el banco ese mismo día, pero, aunque pidió que se confirmara la operación con la rectora —según Echevrri— el banco nunca la llamó, violando uno de los procedimientos de verificación más básicos.
Plata en Hong Kong
El lunes 27 de marzo, los estafadores habrían repetido el fraude enviando otro correo, esta vez solicitando una segunda transferencia de monto similar. Dado que los fondos del BBVA ya habían sido vaciados, se debían transferir los recursos de dos cooperativas locales.
Increíblemente, según Echeverri, Tobón habría gestionado las transferencias por $1.300 millones y $3.000 millones, colocando supuestas firmas digitales –que le habrían enviado vía correo– de Echeverri y del vicerrector administrativo y financiero, José Leonardo Zapata, en los documentos.
La extraña operación fue descubierta cuando las cooperativas, al notar irregularidades, llamaron directamente a la IUE para confirmar las transacciones. El 29 de marzo de 2023, Zapata recibió también un correo en el que, supuestamente, la rectora le pedía agilizar el pago. Sin embargo, al notar que lo llamaba “José”, un trato que Echeverri nunca usaba, se alarmó y reportó el hecho. Al revisar las cuentas, descubrieron que el primer pago ya se había ejecutado ese “viernes negro”.
Esta semana, Zapata corroboró a este diario lo dicho por la exrectora y le explicó a EL COLOMBIANO que el monto perdido representaba el 6,25 % del presupuesto total de la institución para 2023, estimado en $69.930 millones. También detalló que el dinero provenía principalmente de las matrículas de los estudiantes y estaba destinado al pago de nómina, infraestructura y funcionamiento general.
Tanto el vicerrector como la rectora coincidieron en señalar que no comprenden cómo Tobón, con 20 años de experiencia en la institución y cinco como tesorera, no verificó directamente con la rectoría una solicitud tan inusual.
Volviendo a la sesión del Concejo, la rectora recordó que existían protocolos internos que exigían la verificación directa de operaciones internacionales y la presentación de documentos originales, lo que hacía aún más inexplicable la omisión de Tobón y la permisividad del banco.
En marzo de 2023, la situación fue inmediatamente denunciada ante las autoridades locales y la Fiscalía. Las primeras pesquisas revelaron que el dinero se había transferido desde el BBVA hacia el Citibank de Nueva York, que actuó como intermediario, y de allí a una cuenta en un banco de Hong Kong. Pese a las denuncias interpuestas ante la policía de esa ciudad y la gestión del Consulado colombiano, no se logró obtener información sobre el destino final del dinero, debido al hermetismo del sistema bancario de esa ciudad.
En su exposición ante el Concejo, Echeverri insistió en que el banco omitió varios controles obligatorios: no verificó las firmas originales, no solicitó el RUT ni la carta bancaria del beneficiario, y procesó documentos inconsistentes. También dijo que, desde abril de 2023, la IUE envió múltiples solicitudes de información al banco sin obtener respuesta.
La rectora consideró que la única vía posible para recuperar una parte de los fondos sería a través de una conciliación que podría reconocer entre un 35% a un 65% del monto desfalcado, y en esas fechas se mostró ante el Concejo más que confiada de que al menos dicha parte retornaría a las arcas de la IUE.
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Sin embargo, hasta ahora no se habría concretado dicho proceso pues como confirmó Zapata, “hasta la fecha no se recuperado ni parte ni la totalidad del dinero transferido sin el debido consentimiento”.
Este diario intentó contactar a la extesorera Rendón por medio de su abogado para conocer su versión, pero al cierre de la edición no habían emitido respuesta.
Pidió reingreso
Paralelamente, la Contraloría de Envigado inició una investigación para esclarecer las responsabilidades en el tumbis. Este diario consultó a ese organismo de control fiscal para conocer en qué iban las pesquisas. Desde allí indicaron que el proceso se encuentra en trámite, con auto de apertura y previo a la etapa de imputación. Infortunadamente no brindaron más detalles toda vez que el proceso goza de reserva hasa que se practiquen todas las pruebas. Eso sí, señalaron que hasta ahora no se han proferido decisiones sobre los presuntos responsables. Además, indicaron que hasta ahora –casi 20 meses después– desde la Contraloría no se han recaudado recursos públicos producto del proceso de Responsabilidad Fiscal.
Por su parte, la Unidad de Control Interno Disciplinario de la IUE abrió una investigación contra Tobón el mismo marzo de 2023 y ordenó su suspensión por tres meses sin salario. En julio del mismo año, la Personería de Envigado asumió el caso y reincorporó a la tesorera, al considerar que su presencia “no afectaba la investigación”.
El 14 de julio de 2023 ella volvió a la IUE pero no como tesorera sino como jefa de la Oficina de Apoyo Financiero, lo que generó controversia. Posteriormente, el 15 de noviembre de 2023 fue declarada insubsistente, saliendo así de la institución. Tobón alegó arbitrariedad en su despido y añadió que la rectora –también involucrada en el proceso– no fue suspendida, lo que a su juicio y en aras de la equitatividad debió haber sucedido también. Sin embargo, el recurso fue negado el 14 de diciembre de 2023.
La exfuncionaria presentó entonces una demanda para ser restituida en su cargo de tesorera y en ella cuestionó las decisiones de la rectoría, que, según su defensa, actuó como juez y parte.
Este mes, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra las dos funcionarias por presunto detrimento patrimonial. El organismo calificó provisionalmente la falta como gravísima, a raíz de posibles omisiones administrativas que facilitaron la estafa.
Mientras tanto, en algún lugar del mundo tal vez haya un tal Rodrigo Ribeiro leyendo este artículo y abanicándose con un fajo de dólares a la vez, que sonríe descaradamente tras ver la cadena de errores humanos y fallas institucionales que habrían permitido su estafa.
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