viernes
5 y 1
5 y 1
Publicado el 17 de mayo de 2022
La incertidumbre ronda los estrechos senderos y las callejuelas del sector Pinar del Cerro en Villatina luego de que las más de 300 familias que allí viven se enteraran de un futuro desalojo y demolición de sus viviendas.
Según el acta de notificación puesta en uno de los muros del barrio, desde el pasado 30 de abril la comunidad fue avisada por el inspector de Policía de Villa Hermosa de que cerca de 91 edificaciones que están dentro del predio de 30.000 metros cuadrados serían demolidas, pues según el funcionario este es un espacio de propiedad del Municipio que ha sido invadido pese a estar en una zona de alto riesgo no mitigable.
Además —según la notificación emitida por la inspección— la invasión y posterior construcción de viviendas por parte de familias principalmente desplazadas ha generado un daño ambiental que ha derivado en un riesgo de erosión del terreno lo que también generaría el desplome de las edificaciones irregularmente asentadas.
Sin embargo, para los vecinos de Pinar del Cerro, lo dicho por el inspector sería una contrariedad si se tiene en cuenta que en la zona a muchos predios les llega impuesto predial, desde hace cuatro años, lo que daría fe de su legalización. Además, en septiembre de 2017 una comisión accidental del Concejo de Medellín ordenó una intervención urbanística en la zona, así como la revisión individual de cada edificación para ver que casas tendrían algún tipo de riesgo para su mitigación. Allí no se habló de desalojo.
Otro argumento que sostuvo la comunidad es que ante varias solicitudes a EPM para que instalara los servicios públicos en la zona, la entidad realizó un estudio en el que determinó que en este sector de Villatina sí era viable conectar a los habitantes pues aunque el terreno tenía riesgos, estos eran mitigables.
El desalojo contempla la demolición de cerca de 90 predios del sector Pinar del Cerro en Villatina. FOTO: Manuel Saldarriaga.
“Es más, hace dos meses la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) nos dijo que se haría un proyecto social que tendría como eje las escalinatas del sector y que incluiría huertas comunitarias. Este proyecto no iba a afectar las casas de la zona establecidas hasta noviembre de 2021, y las que fueran posteriores a esa fecha se retirarían pero se le reconocería el valor a los propietarios. “¿Usted cree que el Estado va a invertir plata en una zona de invasión qué luego va a demoler?”, explicó Benigno Ríos Córdoba, habitante de la zona que no entiende el actuar del inspector.
Ríos señaló que el riesgo que reseña el funcionario sobre deslizamientos es infundado pues, en más de 11 años, no ha habido movimientos de tierra y, según él, la única quebrada de la zona fue canalizada de forma óptima.
Según la comunidad, la alcaldía les anunció hace dos meses que se realizaría un proyecto urbanístico que tendría como eje estas escalinatas. FOTO: Manuel Saldarriaga.
Sin fecha para desalojo
Consultada sobre el tema, la alcaldía justificó el accionar de la Inspección dentro de la norma y señaló que si bien esta sigue realizando los procesos por las ocupaciones irregulares del sector, en el momento no hay una orden en firme para adelantar una diligencia de desalojo.
“(Primero) se deben adelantar los procesos que determinen si se ha incurrido en una irregularidad en el asentamiento del territorio. Esto se hace con el respeto de las garantías establecidas en la jurisprudencia, cómo se ha venido haciendo por parte de la institucionalidad en anteriores casos”, agregó la alcaldía.
De otro lado, este diario conoció que la comunidad también se prepara jurídicamente para defender su territorio a través de acciones de tutela. Mientras tanto, al lado de los estrechas escalinatas de El Pinar del Cerro se siguen construyendo edificaciones porque la realidad es una sola: es la única tierra que esta comunidad tiene disponible para construir.
Contexto de la Noticia
radiografía Personería pone lupa en asunto
Ante la notificación de la Inspección, la Personería de Medellín expresó su preocupación por la situación en que quedarían las 900 personas que desde hace 12 años viven en la zona y que se verían afectadas de darse el desalojo. La agencia del Ministerio Público también cuestionó a la administración sobre si se realizó el debido proceso que sugiere la intervención, si se les notificó con antelación su evacuación a los afectados y si se realizó su caracterización. Además, la Personería solicitó conocer cuáles fueron los acuerdos pactados durante el año 2017 para saber que avances han tenido los mismos.
Periodista de la Universidad de Antioquia. Al igual que Joe Sacco, yo también entiendo el periodismo como el primer escalón de la historia.