El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, advirtió este lunes que abrirá investigaciones en caso de que EPM incumpla con la entrada en operación de Hidroituango, que este miércoles 30 de noviembre está obligado a encender sus dos primeras unidades de generación, según los compromisos adquiridos por esa empresa con la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).
El funcionario realizó la advertencia en una rueda de prensa en la que se refirió a las investigaciones que ese ente adelanta sobre la hidroeléctrica, en la que revisa las decisiones que ocasionaron su siniestro en 2018.
“Estamos muy pendientes de la puesta en funcionamiento de Hidroituango el 30 de noviembre. En caso de que no ocurra, habría posibles responsabilidades penales y fiscales y la Fiscalía está encima de este asunto por ser de prioridad nacional”, dijo el servidor público.
Pese que EPM está en un alto riesgo financiero en caso de incumplir con la Creg, que podría implicarle asumir una garantía por 207 millones de dólares y perder cerca de 65 millones de dólares anuales por las asignaciones del cargo por confiabilidad (que comprenden un periodo de 18 años), las declaraciones del fiscal abrirían un nuevo frente de preocupación para la compañía.
Bajo esa óptica, la empresa no solo tendría que apretarse el cinturón para asumir el golpe financiero de un incumplimiento, sino que los funcionarios encargados del proyecto podrían verse inmersos en un proceso penal.
“Estamos verificando cuáles son las posibles responsabilidades penales en caso de que no opere Hidroituango”, añadió el fiscal.
Cabe recordar que, pese a faltar solamente dos días para que llegue el 30 de noviembre, aún no hay claridad sobre el futuro de la obra.
Aunque el pasado sábado 26 de noviembre el gerente general de EPM, Jorge Andrés Carrillo, anunció que la primera unidad estaría lista para encenderse en cualquier momento, aún no hay certeza de qué pasará con la segunda unidad, que también está incluida en los compromisos con la Creg.
Así mismo, aún no es claro si la Creg accederá a mover los plazos a los que se comprometió EPM.
Amparándose en la recomendación de evacuación que realizó el Gobierno Nacional antes de que el proyecto se encienda, el pasado jueves 10 de noviembre, el gerente Carrillo envió una carta a la Creg pidiéndole extender los plazos, pero esa comisión aún no toma una decisión.
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