La línea telefónica del gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón fue interceptada. Durante por lo menos 71 días, la Fiscalía General de la Nación ha tenido acceso a las conversaciones privadas de por lo menos diez personas, incluyendo miembros activos del gabinete departamental, exfuncionarios de la alcaldía de Rionegro y excontratistas.
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El ente acusador estaría desplegando los medios a su alcance para mantener vivo el caso por la construcción de dos CAI en el municipio de Rionegro. El mismo caso que surgió en plena época electoral en 2023, cuando Rendón competía contra el candidato Luis Pérez. Si bien, el caso lo reveló una veeduría ciudadana en medios políticos consideran que detrás de la denuncia estaría Pérez, reconocido por empapelar en juzgados a sus contendores. El caso que había entrado en un letargo, revivió tras la llegada de Luz Adriana Camargo como fiscal general.
Las interceptaciones se conocieron el pasado 23 de julio, cuando la fiscal cuarta delegada ante la Corte Suprema, Diana Yolima Niño Avendaño, pidió pista para avalar su legalidad ante un juez.
La fecha no es un dato menor, resulta que apenas un mes antes de que se realizaran esas diligencias fue que la fiscal Camargo visitó Medellín y se convirtió en el centro de una sonada controversia cuando se refirió al gobernador Rendón como “imputado”, pese a que su caso está en etapa de indagación.
“En cuanto al gobernador de Antioquia, el gobernador tiene fuero, ese fuero es de Fiscal General. Es una investigación que yo adelanto por delegación a través de los fiscales ante la Corte. Efectivamente, es una investigación que adelanta una fiscal ante la corte por delegación mía, en la cual ya se formuló imputación... Y pues no es persecución, es parte de la actividad que desarrollamos ordinariamente”, dijo la fiscal general el 24 de junio, en respuesta a una pregunta formulada sobre el caso en una rueda de prensa y por la que posteriormente fue recusada, en un proceso que aún no se dirime.
Para ese momento entonces, ya el Gobernador estaba siendo interceptado. Así se supo en la audiencia de legalización del 23 de julio, en la cual trascendió que las escuchas a Rendón comenzaron el 14 de mayo y estuvieron fundamentadas en tres órdenes, la última emitida el 27 de mayo.
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Además de Rendón, también han sido interceptadas las líneas de otras nueve personas, entre las que se encuentran las de la actual secretaria General de la Gobernación, Martha Patricia Correa, cinco exfuncionarios de la alcaldía de Rionegro y otros tres particulares.
En sus argumentos, la Fiscalía señaló que, sin importar que los hechos de la investigación se remontaran al periodo de Rendón en la Alcaldía de Rionegro (2016 - 2019), era urgente tener acceso a las conversaciones de esas diez personas para saber si se referían al caso de los CAI de Rionegro. Es decir, lo están interceptando por hechos ocurridos hace seis años.
El caso por los dos CAI en Rionegro
Este caso nació de una denuncia interpuesta por una veeduría ciudadana en 2022, en la que se argumentó que dos de estas estructuras, construidas en los sectores de Cuatro Esquinas y San Antonio de Pereira, habían significado un presunto detrimento patrimonial.
Aunque por estar en etapa de indagación la Fiscalía se reserva sus pesquisas, en sus planteamientos generales señaló ver sospechoso que los contratos para la construcción de dichos CAI fueran entregados de forma directa a la Edeso (Empresa de Desarrollo Sostenible de Rionegro), quien a su vez subcontrató la obra con dos empresas.
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Esa forma de contratación se usa en buena parte de los contratos del Estado. Por otro lado, los dos CAI fueron entregados en su momento a la Policía, la policía los recibió a satisfacción, han tenido impacto sobre los indicadores de seguridad y, sobre todo, los contratos no los firmó el entonces alcalde Andrés Julián Rendón.
En contraposición, la defensa de Rendón adujo que interceptar al gobernador era desproporcionado y carecía de fundamento, primero por tratarse de un caso ocurrido hace tantos años y segundo por estar fundamentado en un contrato ya ejecutado y cuyos soportes completos estaban desde hace largo tiempo en poder de la Fiscalía.
En la primera audiencia de legalización, la del 24 de julio, la magistrada Marcela Márquez Rodríguez, del Tribunal de Bogotá le dio la razón a la defensa de Rendón y consideró desproporcionadas las interceptaciones.
“No está debidamente justificada y soportada esa razón por la que, luego de varios años, desde la presunta comisión de las conductas punibles, no era viable que las conversaciones monitoreadas registren algún tipo de hallazgo relevante sobre el trámite contractual objeto de indagación”, consideró la togada, cuya decisión fue impugnada por la Fiscalía ese mismo día.
Dicha impugnación quedó en manos de una sala de decisión integrada por los magistrados Yaneth Liliana Martínez, Alexandra Ossa Sánchez y Manuel Antonio Merchán Gutiérrez; este último se declaró impedido señalando ser un amigo cercano a la fiscal Niño Avendaño, la misma que ordenó las interceptaciones.
De esta manera la decisión recayó sobre Martínez y Ossa. Las magistradas revocaron el auto de la magistrada Márquez, le dieron la razón a la fiscal y consideraron que las escuchas eran necesarias.
Esta segunda decisión volvió a reavivar el sinsabor de una probable falta de garantías en la defensa de Rendón, ya que, tal como puede leerse en el cabezote de las páginas del auto, el gobernador quedó rotulado como “condenado”, pese a que su caso está en etapa de indagación y ni siquiera se le ha imputado delito alguno. Además de esos detalles, la defensa de Rendón sostuvo que desde que el caso comenzó a rodar en 2023, en plenas elecciones, ha estado lleno de rarezas, como por ejemplo que fuera llamado a una imputación por delitos que al final no aparecieron en el caso.
“No me gusta que la Fiscalía General de la Nación, días antes de las elecciones a la Gobernación de Antioquia, haya llamado al gobernador a imputación de cargos por un delito que no estaba siendo investigado, que era el de receptación, y después de dos años de ser elegido como gobernador ese proceso nunca se haya movido más.”, expresó el abogado Luis Gabriel Chaves, defensor del gobernador.
“En un mes se dirigieron más de 27 actividades investigativas, cuando en un proceso común hay una actividad por año. Aquí hay persecución”, añadió.
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