El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, solicitó formalmente a través de una carta al Ministerio de Justicia la autorización inmediata para iniciar la erradicación focalizada de cultivos ilícitos mediante el uso de drones y aspersión terrestre en el departamento.
La petición, dirigida al ministro Andrés Idárraga en su calidad de presidente del Consejo Nacional de Estupefacientes, busca frenar el crecimiento exponencial de los sembradíos de coca en las subregiones del Bajo Cauca, Norte y Nordeste.
En la misiva, fechada el 20 de enero de 2026, el mandatario departamental argumentó que su solicitud se ampara en la reciente disposición del Gobierno Nacional de permitir este tipo de aspersión “en los lugares en donde los grupos armados ilegales obligan a los campesinos a sembrar hoja de coca”.
Las zonas críticas y la explosión de cultivos
La Gobernación presentó un diagnóstico alarmante sobre la seguridad y el narcotráfico en el departamento. Según el documento, la densidad de los cultivos ilícitos se ha disparado en la última década, pasando de 911 hectáreas reportadas en 2013 a más de 18.785 hectáreas en 2023.
La solicitud prioriza la intervención en un corredor estratégico controlado por grupos armados, que incluye los municipios de Valdivia, Tarazá, Cáceres, Anorí, Ituango, El Bagre, Zaragoza, Briceño y Campamento. Rendón enfatizó que la tendencia de crecimiento se ha sostenido desde 2020 y se aceleró notablemente a partir de 2022.
“Solicitamos formalmente que se autorice y se disponga de todo lo necesario para proceder a la erradicación focalizada mediante aspersión terrestre doselar con drones”, se lee en el documento, donde el gobernador también exigió conocer los protocolos de ejecución o, en su defecto, las razones de una eventual negativa por parte del Gobierno central.
Contexto nacional: regreso del glifosato y caída en la erradicación
Esta petición de Antioquia coincide con un giro en la operatividad de la política de drogas en otras regiones. Recientemente, la Dirección de Antinarcóticos de la Policía notificó el inicio del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Terrestre (PECAT) en municipios como Argelia, Cauca. Esta modalidad, que cuenta con aval ambiental, permite la aplicación de herbicidas directamente en tierra, diferenciándose de la fumigación aérea con avionetas suspendidas años atrás.
Sin embargo, el panorama general de la lucha contra los cultivos ilícitos enfrenta cifras críticas. Colombia cerró el 2025 con uno de los registros más bajos de erradicación manual en la última década:8.051 hectáreas eliminadas, lo que representó una disminución del 14% frente al 2024 y un desplome significativo si se compara con las 130.000 hectáreas erradicadas en 2020.
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Aunque el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha defendido una política centrada en la interdicción y la “asfixia” financiera de las estructuras criminales —logrando cifras de incautación de cocaína que superaron las 600 toneladas a corte de julio de 2025—, la baja en la erradicación ha generado, entre otros problemas, tensiones diplomáticas. Estados Unidos ha advertido sobre el riesgo de descertificar al país debido a la expansión de los cultivos y la producción potencial de cocaína, que según informes recientes aumentó más del 50%.
Expertos señalan que la falta de una estrategia de seguridad que acompañe la sustitución de cultivos ha permitido que los grupos criminales fortalezcan su control territorial, dificultando la implementación de programas voluntarios como el PNIS.
Con esta solicitud, la Gobernación de Antioquia dice buscar una alternativa tecnológica y operativa para retomar el control en zonas donde la erradicación manual se ha vuelto inviable por la presencia armada.
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