Diez integrantes del Ejército colombiano fueron imputados por crímenes de lesa humanidad en una decisión tomada por la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, por hechos asociados a delitos cometidos en los municipios antioqueños de Dabeiba e Ituango entre los años 2002 y 2006.
Estos hechos están relacionados con los asesinatos y desapariciones forzadas perpetradas en el cementerio Las Mercedes, de Dabeiba.
El tribunal detalló que los imputados son integrantes del Batallón de Contraguerrillas No. 26 Arhuacos (BCG 26), miembros del Batallón de Contraguerrillas No. 79 Sargento Viceprimero Hernando Cómbita Salazar (BGC 79), y el comandante de la Brigada Móvil 11 (BRIM 11).
La JEP explicó que para la decisión, tomada acorde con el Código Penal Colombiano y el Estatuto de Roma, se identificaron víctimas exhumadas en diligencias de entrega digna y se recabaron reconocimientos de responsabilidad y patrones criminales asociados a cuatro (4) batallones dentro de un espectro de tiempo entre 1997 y el año 2006, así como declaraciones que se refieren a hechos ocurridos en otros territorios hasta 2010, los cuales comprometen a miembros de la Policía Nacional.
“Sin embargo, por estrategia de priorización y cuestiones metodológicas, sólo se resolvió la situación jurídica de integrantes del BCG 79 (Batallón Contraguerrilla), la BRIM (Brigada Móvil) 11 y el BCG 26, absteniéndose de hacerlo en relación con quienes formaron parte del Batallón de Infantería No. 10 Atanasio Girardot (BIGIR), adscrito a la Brigada 4 y de quienes pertenecieron al Batallón de Ingenieros No. 17 General Carlos Bejarano Muñoz, de la Brigada 17 del Ejército Nacional”.
En tal sentido, la investigación y futuras imputaciones quedaron a cargo del macrocaso territorial 04.
Ante la JEP, miembros de la BCG-26 Arhuacos, agregados de la Cuarta Brigada, con sede en Medellín y comandada por el general Mario Montoya Uribe, fueron implicados en el caso del asesinato fuera de combate y la desaparición forzada del joven Edison Lexander Lezcano, aceptaron su participación en el crimen, a pesar de que nunca habían sido imputados por la justicia colombiana.
“Los crímenes relacionados con los cementerios de Dabeiba e Ituango se encontraban en la impunidad. Los comparecientes a la JEP, asumiendo un compromiso con la verdad y las víctimas, decidieron confesar espontáneamente la comisión de los delitos por los cuales jamás habían sido investigados e involucraron a máximos responsables, quienes tampoco habían sido judicializados”, explicó el tribunal de paz.
Precisó que aunque varios familiares de estas víctimas recibieron indemnización monetaria, desconocían el paradero de sus seres queridos, la verdad de lo ocurrido y tampoco los responsables de los crímenes.
Al decir de la JEP, la Sala de Reconocimiento encontró bases suficientes para imputar como máximos responsables por jerarquía a tres altos oficiales en retiro: los coroneles Jorge Alberto Amor Páez (excomandante de la BRIM 11), David Herley Guzmán Ramírez (excomandante del BCG 79), Efraín Enrique Prada Correa (excomandante del BCG 79), y Edie Pinzón Turcios, (excomandante del BCG 26 Arhuacos); a los mayores en retiro Yair Leandro Rodríguez Giraldo (BCG 26) y Hermes Mauricio Alvarado Sáchica (BCG 79).
“De igual manera, se atribuye responsabilidad en calidad de máximos responsables por participación determinante a tres sargentos en retiro del BCG 79: William Andrés Capera Vargas, Fidel Iván Ochoa Blanco y Jaime Coral Trujillo, y un soldado profesional en retiro del BCG 79: Levis de Jesús Contreras Salgado”, indicó la JEP.
