La tensión alrededor de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos –APPA–, sigue creciendo. Nuevamente, este miércoles 8 de octubre se armó un rifirrafe entre el presidente Gustavo Petro y el gobernador Andrés Julián Rendón, mientras la Corte Constitucional avanza en la tarea de definir si la ley que les dio forma se ajusta a la Constitución. En Antioquia, la declaratoria en el Suroeste, comenzando con Concordia, ha gozado del apoyo de los alcaldes, según sostiene el Gobierno, pero también del intenso rechazo del gobernador y varios gremios productivos. Rendón ha calificado las APPA como medidas “socialistas”, y esta semana volvió a calificarlas como una “afrenta a la autonomía de los municipios y departamentos que está definida en la Constitución”.
Pero más allá de la pelea política y las frases para titulares, hay un interesante debate técnico y jurídico que le conviene al país seguir de cerca. La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, dejando de lado la estridente pelea política, le contó a EL COLOMBIANO detalles de su defensa jurídica y técnica ante la Corte, los suelos y las áreas que hoy están produciendo alimentos. Según explicó la ministra, lo que reiteró el Gobierno es que las APPA protegen el suelo rural agropecuario, que es un recurso natural protegido desde el Código de Recursos Naturales de 1974. (Lea la entrevista completa con la ministra Martha Carvajalino).
“Esa disposición de orden legal obliga a todos los colombianos que hagan uso del suelo agropecuario a mantener su capacidad productiva, su capacidad agrológica y su capacidad de producción. Luego tenemos una ley en el 82 que determina que la expansión urbana no se adelante sobre las zonas agropecuarias que garantizan el abastecimiento alimentario de las ciudades”, expuso la jefe de la cartera.
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Carvajalino enfatizó que lo que hace la APPA “es integrar todas las normas ambientales y agrarias de protección de suelo rural y establecerlas como determinantes del ordenamiento, sometidas a las determinantes ambientales”. Y también recalcó que en todo el proceso han contado con el respaldo de la mayoría de los alcaldes en Antioquia, quienes, según la ministra, han recibido “presiones indebidas” del gobierno departamental y gremios empresariales para que no se sumen a los procesos de declaratoria de las APPA. En Concordia, por ejemplo, la alcaldía se metió de lleno y eso facilitó que la declaratoria se consolidara la semana pasada.
La ministra señaló que a la Corte le entregaron como argumento un dato que califica como dramático. “En 1973, cuando se hizo el primer inventario de suelos, teníamos 173.000 hectáreas de clase agrológica 1 y cerca de un millón de hectáreas de clase agrológica 2. Para 2012, cuando se hizo el otro inventario de suelos, ya no teníamos ninguna hectárea de clase agrológica 1, que son esos suelos de mayor capacidad productiva, que garantizan que todo lo que se siembre ahí crece y produce de manera eficiente. Y hemos perdido más de 500.000 hectáreas de clase agrológica 2, la mitad de ellas en los últimos diez años. Esa tendencia de la creciente degradación del suelo rural es una alarma a la seguridad y soberanía alimentaria”.
En ese orden de ideas, sostuvo que si no se integran todas las normas para proteger el suelo rural agropecuario, y continúan los cambios irregulares del uso de dicho suelo productivo, lo que acabará pasando es que ciudades como Medellín y grandes centros urbanos van a empezar a tener grandes problemas de abastecimiento, en la medida en que los suelos para producir alimentos son cada vez más distantes y menos aptos.
La ministra recalcó que las APPA no cambian la vocación productiva de una región, ni imponen qué cultivar ni dónde hacerlo. En la práctica, sostuvo, para un productor en Concordia, por citar un municipio que tiene declaratoria, desde el ordenamiento territorial, que esa área no va a tener presión de urbanización ni va a tener presión de una actividad distinta que le cambie el uso del suelo. De resto no le cambia absolutamente nada. Le da una garantía de que esa actividad y ese suelo sobre el que él está produciendo va a estar ahí para esa actividad. Y si tiene ganadería, flores o cualquiera que sea su actividad agrícola o pecuaria lo único que le cambia, ya sea propietario, arrendatario, poseedor u ocupante es que se le va a garantizar que ese suelo, en medio de esas modificaciones del ordenamiento territorial, no tendrá una presión distinta a la de la propia actividad.
Rendón, en su tira y afloje con el presidente Petro y la minisrta, volvió a asegurar que la declaratoria “sí limita la actividad agropecuaria porque restringe los cultivos que no son para alimentación humana. Además, el gobierno Petro decidirá sobre usos productivos del suelo y establecerá restricciones a algunas actividades económicas como el ecoturismo, posadas turísticas y el comercio veredal”.
Sobre este punto la ministra detalló que la APP no cambia en nada el panorama actual y calificó como desinformaciones que denunció graves por parte de los detractores de las APPA, lo de las supuestas nuevas reglas que impiden adelantar intervenciones dentro de los predios rurales. “Hasta hoy, sin la existencia de la APPA, el suelo rural agropecuario no puede fraccionarse por debajo de la Unidad Agrícola Familiar, hoy el suelo agropecuario solo puede tener una licencia de construcción si esa licencia va dirigida al desarrollo de la actividad agropecuaria en su predio. Claro, están los usos compatibles, como el agroturismo, si lo que quiere es construir y hacer mejora de infraestructura para montar alojamiento turístico. Pero si lo que usted quiere hacer es un edificio de cinco pisos, seguramente no va a tener esa licencia. Y eso es así en el país desde antes de que las APPA existieran, y no cambia en nada con la aparición de la APPA”, dijo la jefa de la cartera.
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“Si usted adelanta un trámite de este tipo, y la secretaría de planeación de su municipio actúa de conformidad con los reglamentos, le va a pedir a usted que se alinee a los usos permitidos y compatibles y le aclarará cuáles son los usos prohibidos. En el suelo rural agropecuario hay usos prohibidos y otros compatibles con la actividad agropecuaria, como las mejoras productivas en procesos de comercialización. Todo esto para decirle que no es tan cierto lo que se quiere hacer creer por parte de personas que pretenden desinformar que usted puede hacer hoy lo que quiera con su propiedad, como no se puede hacer lo que quiera con su propiedad en suelo urbano. Lo que pasa es que se nos olvida que el suelo rural también tiene reglas y esa desatención a las reglas nos está llevando a perder la capacidad agropecuaria”, expuso.
En la otra orilla, entre la contraparte que participó en la audiencia ante la Corte, la abogada Lorena Garnica de la Espriella, experta en ordenamiento territorial, que sostuvo la demanda de constitucionalidad al artículo del Plan de Desarrollo aprobado en el Congreso que dio vida a las APPA, argumenta que este viola el principio constitucional de autonomía territorial.
“El Gobierno justifica la necesidad de generar unos entornos de producción agroalimentarios, que es un principio loable, partiendo de la base de que los municipios están retrasados en su actualización de los planes de ordenamiento. Entonces el Gobierno se atribuye la definición del uso del suelo y definió el uso lícito del suelo en unos municipios en los que Minagricultura estableció que allí se deben producir alimentos. Es como si se pusiera en tensión el derecho fundamental a la alimentación frente a la soberanía territorial”, explicó la abogada, quien sostuvo que lo que argumentaron ante la Corte es que dicha tensión no existe.
“Primero, no se ha demostrado que haya una crisis alimentaria por producción en Colombia. Hay una crisis de acceso a alimentos en poblaciones vulnerables, que es diferente. Y segundo es que no se ha demostrado que cualquier crisis de alimentos que exista sea endilgable a los municipios, para que se justifique que el Gobierno se apropie de competencias bajo el argumento de que los municipios no hagan un buen ordenamiento territorial”.
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La abogada Garnica señaló que ya existe jurisprudencia suficiente para casos como estos en los que el Gobierno Nacional pretende restarle competencias de ordenamiento a los municipios bajo la premisa de desarrollar proyectos de Nación. Ocurrió, por ejemplo, con la segunda ley del plan de desarrollo del segundo gobierno de Álvaro Uribe, que estableció que para ejecutar los macroproyectos sociales no podía esperar a que los municipios modificaran sus esquemas territoriales, por lo que elevó esos proyectos a la jerarquía de determinantes en el ordenamiento. “Suena idéntico a lo de ahora, decía que necesitaba llevar desarrollo social, que es muy loable como lo de ahora, y que no podía esperar a que los municipios hicieran los ajustes a los POT, porque eran proyectos de interés nacional”, detalló Garnica.
Sin embargo, en 2010 la Corte concluyó que tal hecho significaba un vaciamiento de competencias asignadas por el constituyente a los concejos municipales y que por más que fuese ley de la República y hubiera pasado por el Congreso, la Constitución no le permitía esas competencias.
En ese orden de ideas, atenidos a esa jurisprudencia y otra similar, la Corte debería declarar inexequibles las APPA, según la abogada. Lo que resta por ver es si el ‘ingrediente’ –por llamarlo así– de la tensión entre el derecho fundamental a la alimentación arroja nueva jurisprudencia. La Corte podría pronunciarse antes de finalizar este año. En cualquier caso, lo que se juega el país en esta discusión es algo de gran trascendencia.
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Jericó, Fredonia y Venecia tendrán las próximas APPA
Desde El Instituto de Ciencia Política (ICP), ProBogotá Región y la Fundación para el Estado de Derecho advirtieron que las APPA aumentan los riesgos sobre la autonomía territorial, la propiedad privada y la libertad de empresa. Y que ya el 82,7% del territorio está bajo restricciones centralizadas que vacían las competencias de alcaldías y concejos.
Por otra parte, Gloria Cadavid, directora de la Corporación Therra, señaló que las APPA como determinante de superior jerarquía y segundo nivel después de las ambientales, es una garantía para los habitantes de municipios que están a merced de los acelerados procesos de urbanización y expulsión de habitantes a zonas más apartadas, sino que también es una medida fundamental para asegurar el abastecimiento de grandes ciudades a medida que las poblaciones se concentran cada vez más en las metrópolis y al acceso a alimentos escasea, que es justo lo que empiezan a vivir las capitales del país.
Por lo pronto, mientras siguen las discusiones, Fredonia, Jericó y Venecia se preparan para tener las próximas APPA oficializadas.
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