La polémica venta del bloque 24 de la Mayorista, que desde 2015 puso bajo la lupa a la Alcaldía de Medellín por las presuntas irregularidades en la negociación llegó ahora a los estrados judiciales. Dos exfuncionarios del Municipio, que ya habían sido sancionados por el mismo caso por la Contraloría, fueron imputados por la Fiscalía General de la Nación por los presuntos delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
La medida cobija a Vera Cristina Ramírez López, exsecretaria de Servicios Administrativos, y a Jorge Mario Velásquez Serna, exsubsecretario de Adquisiciones y Desempeño Contractual, ambos activos durante el periodo de gobierno de Aníbal Gaviria Correa, hoy gobernador de Antioquia.
El origen del caso
La controversia por el bloque 24 se remonta al 24 de abril de 2015, cuando el Municipio vendió ese terreno a una empresa identificada como la Comercializadora Giraldo y Gómez y Cía S.A., por cerca de $19.123 millones.
Aunque en un principio dicha venta había sido presentada como una forma de ingresar recursos frescos al Municipio, a finales de ese mismo año la movida desató una dura confrontación política entre la Alcaldía y sectores de la oposición.
Los entonces concejales opositores Jesús Aníbal Echeverry y Bernardo Alejandro Guerra aseguraron en esa época que el Municipio había feriado ese terreno muy por debajo de su valor real en el mercado, tomando como referencia un avalúo catastral realizado en 2011 por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
Para aclarar esas inconsistencias, ambos corporados pidieron a la Contraloría abrir una investigación, que posteriormente derivó en una sanción administrativa para los funcionarios Ramírez y Velásquez. Transcurridos casi dos años de los hechos, en febrero de 2017, la Contraloría determinó que esos dos funcionarios le habían causado un daño fiscal al Municipio por cerca de $10.981 millones.
Dicha cifra, según recogió entonces el ente de control, se calculaba teniendo como base el avalúo mencionado por los concejales en 2015.
“La venta se realizó por un valor de $19.123.200.000, con una diferencia de $9.910.689.700 por debajo del avalúo fijado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, quien determinó el valor del predio en $29.033.889.700, lo que ocasionó los perjuicios finales en una suma de $10.981.366.857, correspondientes a la diferencia indexada”, determinó la Contraloría, mediante el auto 014 de 2017.
Cuando se hizo pública esa sanción, pese a que los exfuncionarios involucrados se abstuvieron de pronunciarse, algunos compañeros de ellos durante la administración Gaviria salieron en su defensa y alegaron su inocencia.
De igual forma, un año después, la Personería de Medellín tomó cartas en el asunto e inhabilitó por 12 años a los dos exfuncionarios salpicados, argumentando que habían incurrido en una falta gravísima tras incumplir con el deber legal que tenían de velar por el adecuado manejo de bienes del Municipio.
Bajo esa justificación, ese organismo del Ministerio Público formuló cargos a los implicados, planteando que, aunque el lote no era un activo estratégico para las labores misionales del Municipio de Medellín, ello no justificaba “que su venta se hiciera de manera ligera y por cualquier valor”.
Con un enfoque similar, la Fiscalía General de la Nación consideró que los funcionarios involucrados habían omitido normas a la hora de vender los lotes, causándole un daño a las arcas públicas.
“(...) Se evidenció que el 19 de marzo de 2015, Vera Cristina Ramírez omitió, de manera arbitraria, un avalúo contratado por la Alcaldía de Medellín y solicitó otro, presumiblemente, más conveniente a los intereses de los compradores. Por este último hecho Ramírez López también deberá responder por el punible prevaricato por acción”, planteó el ente acusador. El proceso judicial apenas comenzó con esta imputación.
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