400 víctimas del conflicto armado en Antioquia recibirán por fin la verdad y el reconocimiento que buscan desde hace dos décadas. 40 exmilitares y dos civiles se pararán frente a ellos y, por primera vez de manera pública, relatarán su responsabilidad en el asesinato de 589 personas que fueron engañadas, perseguidas, torturadas y desaparecidas en un plan con el que la Fuerza Pública, el Estado, engañó a Colombia para hacerle creer que estaba ganando la guerra mientras reportaban cadáveres por decenas cada semana.
La Audiencia Pública de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad por ‘falsos positivos’ cometidos por antiguos integrantes de la Cuarta Brigada, que se celebrará en dos capítulos (el 4, 5 y 6 de diciembre en Granada, Oriente antioqueño; y el 16, 17 y 18 de diciembre en Medellín), es histórica por varias razones: primero porque la Jurisdicción Especial para la Paz determinó que, sin lugar a dudas, fue en el Oriente antioqueño donde la Cuarta Brigada ‘diseñó’ la política de conteo de muertos, de ejecuciones extrajudiciales, como indicador principal de éxito operacional que luego se extendió por casi todo el departamento; segundo, porque en Antioquia se concentró el 25 por ciento de todas las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate en Colombia; tercero, por los patrones de extrema crueldad que, en el caso del Oriente antioqueño, superaron incluso los niveles de barbarie cometida en otras zonas del país por los militares; y cuarto, porque este caso involucra como máximo responsable al general (r) Mario Montoya, quien en lugar de aceptar dar la cara ante las víctimas junto a los demás exmilitares, decidió no reconocer su responsabilidad a pesar de la amplia evidencia testimonial y documental contrastada por la Sala de Reconocimiento de Verdad, por lo que ahora se enfrenta a la fiscalía de la JEP y una posible pena de 20 años de cárcel.
Además de Montoya, el mayor general (r) Édgar Emilio Ávila Doria, el coronel (r) Iván Darío Pineda Recuero y los tenientes coroneles Jairo Bocanegra De La Torre y Juan Pablo Forero Tascón tampoco reconocieron su responsabilidad y fueron remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA). Si son acusados formalmente, enfrentarán un juicio por estos hechos.
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La JEP dividió el subcaso Antioquia del Caso 03 (ejecuciones extrajudiciales por parte de fuerzas del Estado) en dos periodos: entre 2002 y 2003, periodo en el que la JEP determinó que 147 personas fueron asesinadas y presentadas ilegítimamente como bajas en combate por integrantes de la IV Brigada y el Batallón BAJES; y entre 2004 y 2007, en el que el alto tribunal estableció que 442 personas fueron asesinadas y presentadas ilegítimamente como bajas en combate por integrantes de seis batallones de la IV Brigada: Grupo de Caballería Mecanizado N.º 4 'Juan del Corral’, Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas N.º 5, los batallones Pedro Justo Berrío, Atanasio Girardot y Pedro Nel Ospina.
La magistrada Catalina Díaz, relatora del Subcaso Antioquia del Caso 03, habló con EL COLOMBIANO sobre los escabrosos hallazgos que encontraron en las investigaciones y lo que ocurrirá en la Audiencia, ese momento cumbre para acercarse a la verdad, justicia y reparación de estos hechos que desangraron al departamento.
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Magistrada, ¿cómo se orquestó este plan criminal, cómo el asesinato de civiles terminó convertida en una práctica cotidiana?
“Hemos comprobado, a partir de una investigación profunda en seis territorios críticos –entre ellos en Antioquia– que antiguos miembros del Ejército Nacional asesinaron y en muchos casos desaparecieron forzadamente a personas civiles en completo estado de indefensión para presentarlas como bajas en combate. Todo esto para inflar estadísticas oficiales de muertos, de acuerdo con la política de conteo de cuerpos, porque los muertos eran el indicador más importante, el éxito militar se medía en muertos. Las unidades militares eran presionadas constantemente, todo el día, para producir bajas, y esta política venía acompañada con una batería de incentivos para quien las producía: medallas reconocimientos, felicitaciones, permisos, ascensos. Y, en contraste, esa política desestimulaba las capturas, las consideraban problemáticas y que no eran en realidad éxito en la lucha contra la insurgencia. Promovían la competencia entre batallones para ver cuál producía más muertes”.
¿Por qué ese patrón criminal de los militares se ensañó, por así decirlo, con el Oriente antioqueño?
“Hemos encontrado que la Cuarta Brigada concentró un número importante de víctimas en esa región. Hubo zonas que fueron estigmatizadas como zonas guerrilleras, donde se entendió que la población civil que no se había desplazado le hacía de alguna manera el juego a la guerrilla. Por eso se victimizó a poblaciones enteras, donde fueron asesinados campesinos, niños, mujeres, personas de edades avanzadas, porque se consideraba que toda esa población era guerrillera y que entonces eran bajas legítimas”.
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¿Qué poblaciones concretas del Oriente antioqueño lo padecieron?
“Encontramos muchas víctimas en Granada, allí hay un corregimiento especialmente afectado: Santa Ana, que aspiraba a ser municipio, tenía una actividad económica y productiva importante, tenía un plan para promover su categorización como municipio, pero todo eso se vio truncado. Por la dinámica de la guerra, la guerrilla se estableció allí en alguna época, y por eso su población fue estigmatizada y señalada y se volvió un territorio de guerra donde se concentró la práctica de falsos positivos. También encontramos muchas víctimas en San Carlos y otros municipios del Oriente. Y luego esa práctica se extendió desde esa región al Valle de Aburrá, el Norte, Noroccidente y sur de Antioquia”.
La JEP dice que encontró en este subcaso en el Oriente patrones particulares de crueldad, por ejemplo, por primera vez en una decisión de imputación por falsos positivos, se confirmó que hubo actos de tortura contra víctimas directas y familiares. ¿Cómo se cometieron esos crímenes?
“Sí, probamos que hubo actos de tortura (22 casos documentados y 41 víctimas), y eso ocurrió porque los miembros de las unidades militares buscaban que las víctimas confesaran supuestamente su vínculo con la guerrilla. Entonces fueron golpeadas, pateadas, arrastradas, amarradas en actos en los que los militares esperaban que estas personas confesaran que habían guardado armamento, que conocían la ubicación de caletas, que estaban escondiendo a algún miliciano o mando guerrillero, todo lo cual era falso. Estas personas eran campesinos que no tenían absolutamente nada que ver con la guerra”.
¿Quiénes son los exmilitares comparecientes, qué rangos tenían, y por qué hay dos civiles involucrados?
“Entre los máximos responsables que comparecerán en la Audiencia hay soldados que jalaron el gatillo y también altos oficiales, como coroneles que fueron imputados por ser responsables de ejercer presión para producir bajas a sabiendas de que se trataba de personas en total estado de indefensión. Y también hay oficiales de inteligencia que conocían todo el funcionamiento de esta práctica criminal. Los dos civiles cumplieron el rol de reclutadores, personas que fueron contratadas por las unidades militares y a cambio de dinero traían víctimas de otros lugares del país para ser ejecutadas en territorios donde operaban estas unidades a través de engaños. Personas en condición de extrema vulnerabilidad social: desempleados engañados con supuestas ofertas de trabajo, vendedores informales que fueron convencidos en las calles de Medellín, muchos de los cuales viajaron en buses intermunicipales escoltados por los propios reclutadores hasta ser entregados a las unidades militares en los lugares donde iban a ser asesinados”.
Si bien para las víctimas es fundamental el reconocimiento de verdad y la reparación por parte de los comparecientes, también consideran fundamental para encontrar verdadera justicia lo que ocurra con Mario Montoya, quien junto a otros oficiales se negó a reconocer su responsabilidad. ¿En qué va el proceso de Montoya y a qué se atiene ahora en la otra instancia que enfrenta en la JEP?
“Mario Montoya fue imputado como máximo responsable de crímenes de guerra y lesa humanidad por poner en marcha esa política de conteo de cuerpos a sabiendas de que estaba produciendo ejecuciones extrajudiciales. Él conocía casos específicos en los que personas civiles fueron reportadas como bajas en combate. De hecho, presentó en rueda de prensa convocando a medios cuerpos de personas que un comandante a cargo de la operación le había reportado que eran civiles y que habían caído supuestamente en operación militar. A pesar de saber eso, Montoya los reportó ante medios como bajas en combate. Pero además está ampliamente documentado que él alentaba esa política con expresiones como ‘quiero litros, barriles, carrotanques de sangre’, o ‘las bajas no son lo más importante, son lo único’. Todas estas pruebas fueron remitidas a la Unidad de Investigación y Acusación (la fiscalía de la JEP), que decidirá si acusa al general Montoya, tras lo cual seguiría un juicio adversarial”.
¿Y cuándo habrá nuevos avances en el proceso de Montoya, qué plazos tiene la JEP para esta eventual acusación?
“Nosotros remitimos al general hace más de un año a la UIA y la ley dispone máximo 30 meses para esa acusación, (a más tardar a mediados de 2027 deberá ser formalmente acusado por crímenes de guerra y de lesa humanidad)”.
Hace unos días se publicó una investigación periodística que detalla el extenso vínculo que tuvieron empresas responsables de proyectos hidroeléctricos en el Oriente con las unidades militares involucradas en falsos positivos allí. Se encontró que, justo en los mismos tiempos en que estas unidades cometieron la mayoría de ejecuciones extrajudiciales, el Ejército firmó convenios para prestación de seguridad con dichas empresas por más de $40.000 millones. ¿La JEP está investigando en alguna instancia la posible relación de estas empresas con dichas políticas criminales?
“Tenemos evidencia de los convenios de cooperación que existieron entre esas empresas y unidades militares. Pero hay que recordar que la JEP no tiene competencia obligatoria sobre personas civiles, y solo puede conocer sobre casos en los que estén involucrados terceros civiles si estos se acogen voluntariamente al tribunal”.
¿Y, en este caso, eso por ahora no ha ocurrido?
“No, por ahora no ha pasado”.
Aunque solo es después de la Audiencia en la que se reconoce abiertamente responsabilidad por parte de los comparecientes que se habla de sanciones y reparación, ¿qué aporte a la justicia han hecho ya los comparecientes y qué tipo de reparación han expresado que esperan las víctimas?
“El esclarecimiento de la verdad y reconocimiento es un primer gran paso a la reparación. Esta audiencia va a ser un foro público donde las víctimas son protagonistas centrales y van a poder escuchar de viva voz a los comparecientes dirigiéndose a ellas y a la sociedad para reconocer que sus familiares eran civiles indefensos señalados, estigmatizados, engañados, y que eran personas que no participaban de ninguna manera en la guerra. Que eso sea público en medio de un diálogo con las víctimas es fundamental para la reparación. Luego vendrá la conversación de qué pueden hacer los responsables para la sanación y reparación. En la audiencia las víctimas podrán proponer tal vez trabajos u obras de contenido reparador que puedan ser propuestas por la sala como sanciones a quienes reconozcan la verdad”.
¿Entre las víctimas de estos falsos positivos hay todavía personas cuyos restos sigan desaparecidos?
Sí, casi la mitad (112 de 228 víctimas que fueron desaparecidas aún son buscadas). Hemos ordenado la conformación de una mesa con la Unidad de Búsqueda que ha empezado a rendir frutos y ya han aparecido cinco cuerpos. Justamente como parte de estas jornadas de la Audiencia hacemos entrega digna en Itagüí de los restos de una persona falsamente reportada como baja en combate y desaparecida durante 20 años en un cementerio de la región. Ahora por fin su familia recibirá los restos de su ser querido”.
Después de las jornadas en Granada, ¿qué ocurrirá en la audiencia en Medellín?
“En Medellín habrá un reconocimiento de unidades que operaban en el Valle de Aburrá: la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas N.º 5, los batallones Pedro Justo Berrío, Atanasio Girardot, Juan del Corral, y Pedro Nel Ospina. Sus integrantes asesinaron a personas en todo el Valle de Aburrá y así como lo harán los exmiembros del Bajes en el Oriente, tendremos a los máximos responsables de estos batallones imputados por estos crímenes, reconociendo su responsabilidad mirando de frente a las víctimas”.
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