Alas 4:30 a.m. del 3 de marzo de 2008, 101 telecabinas cruzaron el horizonte y cambiaron, para siempre, el cielo de la convulsionada comuna 13. Era la inauguración de la Línea J del metrocable, servicio que cumple sus primeros 10 años. Al fin, después de muchos años de zozobra, los habitantes de esa zona del occidente de Medellín pudieron levantar la mirada y ver algo diferente a ráfagas de fusil y helicópteros artillados.
La operación del sistema de transporte, el segundo de su tipo que funcionó en la ciudad después de la Línea K de Santo Domingo Savio (nororiente), fue el proyecto que detonó la transformación urbana de San Javier, territorio acorralado por la violencia y diferentes carencias sociales.
Desde que empezó a urbanizarse, a mediados del siglo XX, esta comuna fue poblada por desplazados que huían de la violencia política del campo. Mediante el loteo informal, se conformaron asentamientos a lo largo y ancho de la ladera. A mediados de los años 90 empezaron a llegar familias de Urabá, también desplazadas por la guerra.
La alta densidad poblacional y el mínimo espacio público de la comuna, se deben, en gran parte, a este proceso de urbanización informal. Eso, sumado a la sucesiva disputa del territorio por parte de grupos ilegales, fue la mezcla perfecta para tornar aún más compleja la realidad de esta zona. Según un informe del Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, diversos actores delincuenciales azotaron a la población.
Primero se dio el dominio de las milicias populares y los Comandos Armados del Pueblo (1985-2000), antes de la ofensiva del Bloque Metro y el Cacique Nutibara (2001-2003), fase que culmina con la Operación Orión, la acción armada de mayor envergadura que ha tenido lugar en un territorio urbano en Colombia.
Luego se dio el repliegue de la guerrilla y la desmovilización paramilitar (2004-2007) y después vino la fase más reciente en la que emergieron los combos tras la recomposición de la violencia urbana (2008-2012).
Sebastián Castro, líder del colectivo Ruta 13, emprendimiento con el que ofrece recorridos de turismo comunitario, relata que cuando estaba niño fue con su mamá al Centro para comprar el traído del Niño Dios. Había pedido una pista de carros. “Estábamos llenos de paquetes, mi mamá fue a parar un taxi y el señor no nos quiso llevar, dijo que al (barrio) 20 de Julio no subía. Otros cinco nos dijeron lo mismo. Empecé a entender el contexto de dónde vivíamos, una de las comunas más peligrosas de Medellín”, recuerda.
Con Ruta 13, cuenta Castro, se propuso demostrarle a la ciudad “que todos no somos malos. Decimos sentirnos muy orgullosos de Medellín pero no conocemos la ciudad de verdad, la de las comunas”.
Tiempos de cambio
Desde que las cabinas del metrocable se bambolean suspendidas en el aire, se han entregado 30 obras de infraestructura y urbanismo comprendidas dentro del Proyecto Urbano Integral (PUI) de la comuna 13. Entre otras, se destacan el paseo urbano de la carrera 99 (2010), una casa de justicia (2010), las escaleras eléctricas de Las Independencias (2011) y dos fases de un viaducto peatonal en plena montaña (2011 y 2017).
Natalia Castaño Cárdenas, magíster en Paisaje, Medio Ambiente y Ciudad e integrante del equipo de proyectos de Urbam de Eafit, detalla que la construcción del metrocable coincidió con la época posterior a la Operación Orión, como pretexto para generar programas de diálogo, integración y visibilización de organizaciones comunales.
Castaño explica que las intervenciones arquitectónicas generaron nuevos puntos de encuentro para la ciudad, sobre todo, circuitos peatonales y conectividades barriales en las partes más altas de las montañas. “Por las condiciones topográficas y de violencia, el territorio se había aislado y tenía pocos accesos definidos, situación que aprovechaban las organizaciones al margen de la ley para generar mayor control social”, detalla.
En eso coincide Ómar Urán Arenas, profesor de Sociología y Planeación Urbana de la Universidad de Antioquia, quien indica que los proyectos de urbanismo cosieron la comuna a la ciudad, eliminando su condición periférica. “Las obras de transporte posibilitaron la apertura y generación de espacios públicos, una de las carencias de la ciudad, sobre todo en los barrios populares”, afirma.
En efecto, el promedio anual de inversión por persona en San Javier se incrementó 12,3 % entre las alcaldías 2008-2011 y 2012-2015, al pasar de $1.319.664 a $1.482.518 (inversión en cuatrienio 2016-2019 aún no está determinada).
Juan Esteban Velásquez Zapata, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la comuna 13, dice que desde que pasó Orión se asumieron compromisos por parte del Gobierno Nacional para reducir barreras entre los barrios, rompiendo los cercos impuestos por la guerra. La Línea J, acota Velázquez, permitió no solo que las personas se movilizaran más rápido, sino que transformó las zonas alrededor de las estaciones.
“El metrocable y los demás proyectos del PUI generaron cambios positivos en el empoderamiento de la comunidad. Después, por medio del arte, se le pudo mostrar al mundo la realidad de la transformación después de Orión”, dice.
Según Velázquez, la evolución urbanística se dio a la par de los cambios en los contextos delincuenciales. “Hoy la gente está más tranquila y hay más posibilidades para que se viva mejor. Los niveles de pobreza bajaron y el desarrollo económico impulsó cambios positivos”, añade.
Procesos no consolidados
Si bien el cambio fue notorio y las barricadas impuestas por los grupos armados se desvanecieron, la comuna 13 aún presenta deficientes índices de bienestar social.
El Indicador Multidimensional de Condiciones de Vida (mide desarrollo y desigualdad para focalizar la inversión pública) es el quinto más bajo entre las comunas de Medellín y está 10 puntos por debajo del promedio de la ciudad.
San Javier, además, es la tercera comuna con más desempleo (11,1 %) e informalidad (50 %), según el Informe de Calidad de Vida de Medellín Cómo Vamos (2016).
Pese a la reducción de delitos, en el periodo entre 2010 y 2016 fue la segunda zona de la ciudad con más homicidios (973: 8 % de participación, después del Centro con 13 %).
Jorge Eduardo Suárez Gómez, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Antioquia, explica que las obras impactaron socialmente a la comuna, pero la dinámica de violencia persistió. “Se ha magnificado el impacto de las obras. La idea de que Medellín pasó del miedo a la esperanza es insuficiente”, opina.
Suárez asegura que la comuna 13 es tan diversa como una colcha de retazos, con diferentes clases sociales y tipos de pobladores, por lo que hay muchas dificultades irresueltas pese a las intervenciones.
“Los problemas históricos sin solución son el resultado de una visión estatal que primero pensó que solo se solucionaban los problemas con intervención militar, y luego, solo con obras”, acota.
Esa idea la secunda Natalia Castaño de Urbam de Eafit, para quien el reto de la ciudad es entender que se requiere continuidad en los procesos, independiente de los periodos electorales. “Los territorios todavía tienen carencias de espacio público y vivienda. Puede que se hayan hecho cosas pero aún falta cerrar muchas heridas”, asegura.
Para el docente Ómar Urán, no es suficiente con la creación de espacios públicos para lograr cambios. “Los posibilita y los impulsa pero no son garantía de transformación. Falta regulación pública y construcción de institucionalidad. La pregunta es si hemos tenido continuidad en los procesos para lograr mayor apropiación”, cuestiona.
Juan Esteban Velásquez, vicepresidente de la JAC, reclama mayor compromiso en la transformación continua del territorio, porque, en Las Independencias, por ejemplo, el barrio de las escaleras eléctricas, “la gente sigue viviendo en medio de muchas dificultades. Hace falta que el Estado cumpla, no solo poniendo adobes y cemento”, concluye.
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