Una de las imágenes políticas más elocuentes que dejó este año ocurrió en Medellín. El 21 de junio, el presidente Gustavo Petro se tomó el trabajo de venir desde Bogotá para montar una tarima en medio de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia para realizar un largo evento político.
Más allá del intenso debate público que desató el mitin, sobre todo por la cuestionada convocatoria de los voceros de las estructuras armadas del Valle de Aburrá para compartir plaza pública con el alto gobierno, el evento expuso las fracturadas relaciones entre el Palacio de Nariño y la región.
Y es que este año las dos principales cabezas del gobierno local –el alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia– reafirmaron un frente común que no solo ha sido una voz incómoda para el gobierno central, sino un bloque que se echó al hombro varios proyectos estratégicos que se daban por perdidos por la falta de recursos desde Bogotá.
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Si bien el ejemplo más elocuente fue el Túnel del Toyo, que con una inyección de $820.000 millones de recursos locales avanza para estar listo en 2027, la llave entre los gobiernos de Antioquia y Medellín también rescató el acueducto de Urabá y le ha plantado cara a la crisis de seguridad, salud y política que vive el país, cuyos embates se han sentido en la región.
Una llave que renace
Durante los últimos gobiernos, la discordia había sido más la norma que la excepción en las relaciones entre la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín.
En el cuatrienio pasado, por ejemplo, los reiterados desencuentros entre el exgobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, y el exalcalde Daniel Quintero ratificaron la complejidad de poner de acuerdo a los dos conglomerados más importantes del territorio.
Así también ocurrió durante la primera alcaldía de Federico Gutiérrez y la gobernación de Luis Pérez, en donde desde ambos extremos de La Alpujarra se sacaron chispas por temas como Hidroituango, el Túnel del Toyo, entre muchos otros.
Desde 2012, año en el que Aníbal Gaviria y Sergio Fajardo llegaron en dupla a la Alcaldía y la Gobernación, no ocurría lo que se repitió en este gobierno, con la elección de la llave entre Federico Gutiérrez y Andrés Julián Rendón.
Desde el inicio de sus mandatos, ambos abandonaron el tono cauto hacia el Gobierno Nacional y además de expresar frontalmente sus desencuentros, comenzaron a formular planes conjuntos para hacerle contrapeso al Palacio de Nariño.
La primera prueba de fuego vino por cuenta de la obra de infraestructura pública más importante del departamento después de Hidroituango, el Túnel del Toyo, que desde 2023 ya venía arrastrando alertas por la renuencia del Ministerio de Transporte y el Invías a dar claridad sobre la financiación de sus obras pendientes en su tramo 2.
Quien lideró la ofensiva para encontrar recursos adicionales para rescatar la obra fue la Gobernación, que emprendió una colecta ciudadana, bautizada como la “Vaca por las vías: desde Antioquia por Colombia”.
Esta iniciativa, pese a solo alcanzar el 0,6% de la meta de $1 billón, fue el primer paso de una estrategia de largo aliento que permitió que la Nación cediera los contratos estancados en manos del Invías.
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Luego de que se concretara la cesión del primer sector, el 13 de febrero de este año, Rendón y Gutiérrez fueron hasta el río Tonusco para reactivar las obras y reafirmar la voluntad del Distrito y el Departamento para financiar los trabajos pendientes.
De los $820.000 millones pendientes, la Gobernación puso $478.000 millones y la Alcaldía $342.000 millones.
Otra gran obra de infraestructura que se echaron al hombro Medellín y Antioquia fue el acueducto de Urabá, paradójicamente en respuesta a las declaraciones del presidente Gustavo Petro para justificar su renuencia a destinar recursos para el Túnel del Toyo.
El primer mandatario, quien incluso llegó a aseverar que el Túnel del Toyo solo beneficiaría a los “ricos de El Poblado” y del Oriente Antioqueño, luego planteó que si su gobierno debía escoger entre financiar una carretera o construir un acueducto para Urabá prefería invertir en lo segundo.
Al final no se concretó ni lo uno y ni lo otro y fueron nuevamente Medellín y Antioquia los que cerraron filas y destrabaron el proyecto.
La primera fase, que consiste en los diseños, quedó contratada a través de un convenio interadministrativo entre la Secretaría de Ambiente de Antioquia y la Empresa de Vivienda de Antioquia, para un sistema que se proyecta para abastecer a los municipios de Turbo, Apartadó y Carepa.
No obstante, la entidad que dio el empujón definitivo para impulsar el proyecto fue Empresas Públicas de Medellín (EPM), que señaló estar lista para poner de su experiencia y presupuesto para construir el acueducto antes de 2030.
Alianza por la seguridad
Además de la infraestructura, otro de los campos clave en los que Medellín y Antioquia cerraron filas fue la seguridad.
Si bien el manejo de las Fuerzas Armadas es del resorte exclusivo del Gobierno Nacional, Gutiérrez y Rendón lideraron una fuerte postura crítica desde la región para cuestionar la política de Paz Total emprendida por el presidente Gustavo Petro.
En la región metropolitana, Gutiérrez no escatimó reparos en las conversaciones que desde el gobierno central avanzan con los voceros de las estructuras criminales del Valle de Aburrá, todos recluidos en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí.
“Lastimosamente, el Presidente terminó convirtiéndose en el vocero más importante de los peores criminales del país. Él dice lo que los criminales quieren que diga y lo tienen secuestrado alrededor de la ‘paz total’. Aquí no hay ‘paz total’, aquí lo que hay es una entrega total del territorio nacional a las estructuras criminales”, expresó el alcalde en enero de este año.
En términos similares, el gobernador Rendón ha sentado su posición crítica frente a la política de seguridad de la Nación, sobre todo en lo que respecta a las operaciones militares para confrontar al Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el ELN en las zonas más críticas del departamento, especialmente aquellas que comparten límites con los departamentos de Bolívar y Córdoba.
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“El fracaso de la política de Paz Total del gobierno Petro nos tiene con unos criminales de distinto pelambre: Clan del Golfo, disidencias de las Farc, ELN, fortalecidos en sus rentas y en su capacidad de destrucción. Han sido cerca de tres años en los que los han tratado como angelitos, con caminos de rosas, mientras que a los ciudadanos nos han tocado las espinas”, dijo Rendón en mayo de este año, mes en el que emitió un decreto solicitando asistencia militar, sobre todo para que el Ejército redoblara su presencia en subregiones como el Bajo Cauca, el Nordeste, Urabá, Suroeste y Occidente.
Mientras la Fuerza Pública padece de afugias y recortes presupuestales en el resto del país, tanto Gutiérrez como Rendón han liderado una inversión sistemática para fortalecer las capacidades operativas de la Policía, el Ejército y las diferentes fuerzas de seguridad del Estado en sus respectivas jurisdicciones.
Fue precisamente por este tema que a finales de 2024, Gutiérrez y Rendón tuvieron la tensión más crítica de lo que va de sus gobiernos, por cuenta del proyecto de la Gobernación de Antioquia para imponer una tasa especial al servicio de energía para financiar sus inversiones de seguridad.
Aunque Gutiérrez señaló estar de acuerdo con la necesidad de fortalecer las capacidades en esa materia, se opuso a que fuera vía servicios públicos. En consecuencia, EPM no aceptó incluir la tasa en sus facturas y la Gobernación tuvo que asumir toda la logística del tributo.
A diferencia de gobiernos anteriores, dicha tensión pública no supuso una fractura entre ambos gobiernos, ni alteró los proyectos conjuntos que ya venían andando.
Curiosamente, durante su mitin en Medellín del pasado 21 de junio, uno de los llamados más insistentes realizados por el presidente Gustavo Petro fue hacia las Fuerzas Militares apostadas en Antioquia y Medellín, exigiéndoles no reconocer ningún liderazgo diferente del suyo.
“El comandante de la Fuerza Pública nacional ubicada en Antioquia es el Presidente de la República, nadie más da las órdenes. Ningún subalterno funcionario del Estado se puede abrogar ese derecho constitucional, porque entra inmediatamente en sedición y entonces es un criminal que debe ser juzgado delante de toda la comandancia. Lo dije en Antioquia: quien dirige la Fuerza Pública es el presidente de Colombia”, expresó Petro en su discurso, realizado horas después de ya haber transmitido ese mismo mensaje a los soldados en inmediaciones del aeropuerto Olaya Herrera.
El famoso tarimazo abrió además otro frente de confrontación entre ambos gobiernos, ya que tanto Rendón como Gutiérrez expresaron su desacuerdo de que en el evento se subieran a la tarima pública a los voceros de las estructuras criminales.
Rendón y Gutiérrez también lideraron varios ejercicios simbólicos importantes para rechazar la crisis de orden público en el país, como por ejemplo un homenaje a los militares y policías que durante los últimos años vienen haciéndole frente a la oleada de violencia que sacude al país.
En abril pasado, Gutiérrez y Rendón convocaron y condecoraron a 23 militares y policías por sus actos heroicos para cuidar a la ciudadanía. La mayoría no pudo asistir al evento por estarse recuperando de las heridas sufridas en acción.
El gobernador y el alcalde también encabezaron homenajes y actos públicos para rechazar el asesinato del precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay.
Salud y cooperación internacional
Otro tema en el que Medellín y Antioquia sentaron en 2025 posiciones críticas fue con la crisis del sistema de salud.
En este caso, la acción principal la lideró el alcalde Gutiérrez, con una acción popular en contra del Gobierno Nacional, señalando que por culpa de la desfinanciación del sistema estaba poniendo en riesgo la integridad de millones de pacientes en Medellín, Antioquia y el resto del país.
“El Ministerio de Salud y la Superintendencia han intervenido EPS sin garantizar los recursos a las IPS. Hay hospitales recibiendo apenas el 6% de lo que les deben mes a mes. Esa asfixia no es una casualidad: es una estrategia. Si su plan era hacer una reforma destruyendo el sistema, lo están logrando. Y por eso los hago directamente responsables”, expresó entonces el alcalde.
En su acción popular, Gutiérrez sostuvo que la congestión que aqueja a la red hospitalaria de Medellín, que por su alto nivel de complejidad es también clave para todo Antioquia y sus departamentos vecinos, eran culpa del creciente caos que sufren las EPS intervenidas por el Gobierno Nacional, como Nueva EPS, Coosalud y Savia Salud, esta última propiedad de la Alcaldía, la Gobernación y Comfama, pero intervenida por orden del Gobierno Petro.
“Exigimos que el giro directo sea completo, oportuno y sin excusas. La plata tiene que llegar rápido a donde está el paciente. Que cumplan con la actualización de la UPC (Unidad de Pago por Capitación) del 2024 y los saldos que vienen desde 2021. La Corte Constitucional ya les dio la orden, la pregunta es ¿qué están esperando para cumplir?”, añadió entonces el alcalde.
La acción popular, radicada ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, fue ganada por la Alcaldía, sin que hasta ahora las EPS intervenidas por la Nación ya se hayan puesto al día con los pagos pendientes que le adeudan a la red hospitalaria.
En ese trabajo de presión también ha cerrado filas la Secretaría de Salud de Antioquia, que, al igual que Medellín, ha inyectado recursos frescos en los hospitales públicos para que estos puedan seguir operando y supliendo los vacíos de un mercado que viene cerrando servicios vitales precisamente por los problemas financieros.
La alianza entre Medellín y Antioquia también ha contribuido para que los empresarios de la región encontraran apoyo ante el incierto curso de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Colombia, por cuenta de las confrontaciones que ha emprendido el gobierno del presidente Gustavo Petro.
Una de las visitas más sonadas fue la del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien en septiembre pasado buscó amainar las aguas pocos días antes de que EE. UU. descertificara a Colombia en la lucha contra las drogas.
Si bien dicha descertificación no logró frenarse, Gutiérrez aprovechó su visita para reafirmar los convenios de cooperación para combatir la explotación sexual de niños en Medellín.
Por su parte, Rendón también viajó este mes a Washington para discutir agendas de cooperación, sobre todo orientadas a enfrentar la crisis de orden público por la que atraviesa Antioquia.
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