Un fiscal emitió resolución de acusación en contra de Jacinto Alberto Soto Toro, alias Lucas, por su presunta participación en la recordada masacre ocurrida el 11 de junio de 1996 en el corregimiento La Granja, de Ituango, en el Norte antioqueño.
La decisión, emanada de la Dirección Especializada en Violaciones contra los Derechos Humanos, se basa en que alias Lucas, como presunto jefe financiero de los hermanos Castaño Gil y de las extintas Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), habría facilitado la logística y los medios para que los paramilitares cometieran los asesinatos de cuatro personas en La Granja, entre ellas a un joven con discapacidad cognitiva.
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En concreto, según la investigación de la Fiscalía, ‘Lucas’ habría dispuesto “recursos, armas, uniformes y otros elementos para organizar a las estructuras paramilitares que irrumpieron al corregimiento La Granja”. Cabe recordar que allí llegaron con una lista de nombres de habitantes a quienes señalaron mentirosamente de ser aliados de otras organizaciones ilegales que delinquían en la región.
Fueron horas de temor, sangre y horror para los habitantes campesinos que estuvieron indefensos mientras se cometía la masacre. De acuerdo con la Fiscalía, durante el recorrido, el grupo de paramilitares, “perteneciente al entonces Bloque Mineros asesinó a cuatro personas, entre ellas a una mujer, un joven con discapacidad cognitiva y un profesor”.
Por estos hechos, alias Lucas se enfrentará a juicio y deberá responder como presunto responsable de los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado, de acuerdo con los parámetros definidos en la Ley 600 de 2000 (anterior Sistema Penal), explicó Hugo Tovar Pérez, director especializado contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía.
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Entre algunos de los hechos que pudo determinar el ente acusador en esta investigación se encuentra que desde una oficina ubicada en el parqueadero Padilla, en Medellín, ‘Lucas’, al parecer, planeó y direccionó dineros para que diferentes estructuras de la ACCU ejecutaran homicidios y otros delitos calificados como crímenes de lesa humanidad y que constituyeron un patrón de violencia sistemática contra la población civil entre 1994 y 1998.
Por la masacre de La Granja y también por la de El Aro, también en Ituango (25 de octubre de 1997), el Estado colombiano pidió perdón a las víctimas, el pasado 30 de noviembre de 2022, luego de que así lo ordenara la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) por medio de una sentencia del 1 de julio de 2006, es decir, les pidieron perdón 16 años después del fallo. El encargado de dar la cara en nombre del Estado fue el presidente Gustavo Petro.
En enero de 2023, una decisión del Consejo de Estado reconoció la responsabilidad del Ejército Nacional y el Ministerio de Defensa por lo ocurrido en el corregimiento La Granja, pues la fuerza pública habría actuado en connivencia con los paramilitares en el hecho, que también causó desplazamiento forzado de la comunidad.
Para las familias que permanecen en La Granja o que retornaron, el llamado ha sido a la verdad, la justicia, la reparación, la no repetición, pero también a medidas que permitan mejorar la calidad de vida en el territorio en salud, educación, infraestructura, vías y conectividad, entre otros aspectos.
