Es un hito. Después de 9 años, desde que se creó la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, por primera vez se iniciarán labores en Medellín y otros siete municipios del Valle de Aburrá que buscan devolverles el territorio a aquellas personas que fueron víctimas de abandono y despojo. La decisión fue tomada en el Comité Local para este fin, en el que la fuerza pública y la Procuraduría General de la Nación dieron el aval.
Andrés Castro, director nacional de la Unidad de Restitución de Tierras habló con EL COLOMBIANO sobre los retos que le esperan en el cargo, cómo avanzan las labores en Antioquia y cuál ha sido el balance general en los dos años de mandato del gobierno de Iván Duque.
¿Por qué se demoró tantos años en llegar estas labores de restitución a Medellín y el Valle de Aburrá?
“Porque hay dificultades de orden público. Yo me concentro en intervenir primero esas zonas donde hubo un impacto alto de despojo y abandono, como en Urabá y Bajo Cauca.
Para poder ingresar a los territorios y hacer todas la diligencias en restitución —me refiero a estudios topográficos, levantamientos catastrales, recaudo de pruebas sociales y toda la gestión documental sobre la propiedad y la titulación de esos predios—, tenemos que tener el aval de la fuerza pública. No podemos entrar a un territorio como haría cualquier otra entidad que no le tiene que consultar a la Policía o al Ejército”.
¿Cuáles son los otros siete municipios y cuántas solicitudes hay?
“Tenemos 688 solicitudes en el Área Metropolitana. Envigado, Barbosa, Girardota, Copacabana, Sabaneta, Itaguí y La Estrella. De esas, 534 son en Medellín y sus cinco corregimientos: San Antonio de Prado, Altavista, San Sebastián de Palmitas, San Cristóbal y Santa Elena. Lo que voy a hacer a partir de enero de 2021 es microfocalizar el área (término usado para establecer el polígono donde se llevarán a cabo las labores), que en los ocho municipios es de aproximadamente 57.000 hectáreas.
Ahí debo articular con los comandantes de la Policía y el Ejército para acordar una agenda y salir a hacer esas diligencias en terreno”.
¿Entonces a partir de enero de 2021 iniciarían las labores?
“En enero empezamos todos los trámites. Durante 2021 vamos a instruir los procesos. Si procede la inscripción en el registro se pasa al juez. ¿Cuánto se demora en resolver el caso? Depende de la complejidad y de la claridad con la que nosotros se lo presentemos.
Un proceso que no tenga opositor, o sea que el predio está abandonado, se debería demorar seis meses, porque es muy sencillo, casi que es una restitución jurídica, no material.
Cuando sí los hay, se debe brindar garantías del debido proceso, el derecho a la defensa y debe intervenir el Ministerio Público (Procuraduría General y Defensoría del Pueblo). Un proceso de esos puede demorar dos o tres años, dependiendo de la complejidad. La ley de restitución se prorrogó durante 10 años más, ese tiempo tiene que servir para reparar, para cumplirle a las víctimas”.
La implementación de proyectos productivos es una de las órdenes que se emiten en las sentencias de restitución...
“Claro. Son proyectos productivos concertados con los beneficiarios, no es que la Unidad se los imponga. Estos planes los sacan de esa condición de víctimas y los vuelve productores del campo y potencialmente empresarios. Y ya no están pensando en términos del conflicto y en que tienen que ser asistidos por el Estado. Por ejemplo, este 18 de diciembre nueve familias de la vereda California, en Turbo, recibieron títulos de sus predios restituidos, que les habían sido arrebatados hace 20 años.
En marzo salió la sentencia del juez y ya estamos cumpliendo para que ellos retornen y comiencen con actividades económicas, como la exportación de banano por el Urabá”.
¿Cuál es el balance general de restitución en Antioquia en lo que va del gobierno de Iván Duque?
“6.739 hectáreas; 1.788 personas han sido beneficiadas, 928 de ellas son mujeres. Hemos implementado 295 proyectos productivos. En 2020, fueron destinados 4.000 millones de pesos para proyectos productivos en Antioquia.
Las demandas de este año, que fue difícil porque no se pudieron hacer trabajos de campo por la cuarentena, representaron más de 2.700 hectáreas.
En Antioquia se implementaron desde agosto las demandas electrónicas. El balance general en el país es muy positivo. Con el cambio de gobierno y de administración nosotros vinimos a ajustar y atender quejas donde los procesos estaban un poco parados”.
¿Cuáles son los retos que ve para Antioquia y Medellín como director?
“El espíritu de esta política es cumplirle a las víctimas. No solo es reconocer la propiedad privada o colectiva. También hay una serie de medidas de reparación: proyectos productivos, solución de vivienda, alivios de pasivos, etc.
Ahora en Antioquia le estamos dando gran importancia a la restitución étnica. Por ejemplo, este año se presentó una medida cautelar para proteger a la comunidad indígena de Jaidukamá en Ituango.
Todo esto es lo que cambia y transforma los territorios. Entonces el principal desafío que yo tengo como director es que esta política tenga el impacto que debe tener”
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