El consorcio Devimed, que tiene la concesión de la Autopista Medellín-Bogotá, reinició labores para tratar de terminar el puente de la doble calzada entre la vereda El Tablazo (de Rionegro) y el aeropuerto José María Córdova, que estaba suspendido desde hace casi cuatro años.
La parálisis de esta obra se había convertido no solo en una vergüenza por la posibilidad de que se convirtiera en un “elefante blanco”, sino en motivo de un conflicto legal que llegó a los tribunales. En la vía se puede observar que la estructura de concreto se eleva pero no llega al lado contrario del río Negro, justo a unos metros de la subestación de policía de Llanogrande, más conocida por la gente como la estación de Uribe, por estar justo en la entrada del paraje donde queda la finca del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
La causa para que se frenara fue un desacuerdo sobre el predio que se necesita para el “aterrizaje” del puente, pues mientras que la ANI alega que este fue comprado por la Aerocivil cuando se proyectó el aeropuerto, en la década de 1980; la empresa Otraparte SAS reclama la titularidad del terreno y no dejó continuar con la intervención.
Por esa razón, aunque en la mayor parte del tramo señalado ya hay un carreteable de ida y vuelta, en el punto preciso del puente la vía se estrecha a un solo carril y por tanto se forma un nudo.
No solo son las incomodidades, sino que hay premura, pues el 30 de junio de 2026 termina la concesión de Devimed sobre la Autopista y por tanto si no se culmina en ese lapso, la plata, que ya está disponible, iría a un fondo nacional y habría que definir una nueva fórmula para culminar.
Las posibilidades estaban puestas en llegar a un acuerdo con los poseedores del terreno considerando el beneficio común y que, de resultar a favor suya la reclamación le pagarían lo que vale el pedazo requerido, que podrían ser unos $3.000 millones.
Para un artículo previo, en junio pasado, el alcalde de Rionegro, Jorge Rivas, había dicho que aunque su administración estaba dispuesta a pagar el precio del lote, los abogados le habían recomendado no hacerlo por el riesgo de incurrir en un peculado si al final del proceso se comprobara que el predio ya era del Estado.
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No obstante, parece que las circunstancias cambiaron porque a principios de septiembre Rivas firmó un documento con la representante legal de Otraparte –firma propietaria de la finca Vizcaya- en el cual esta “autoriza al Municipio de Rionegro a ingresar de manera directa y a través de sus contratistas a la zona de terreno objeto de intervención con la maquinaria y el personal requerido para adelantar las obras a que haya lugar”.
Y en contrapartida, la administración se compromete a iniciar el “trámite de adquisición del área requerida para la ejecución de la obra” en un plazo no mayor de 120 días hábiles y con base en el avalúo comercial vigente. Más se demoraron en hacer este acuerdo que Devimed en correr la cerca y en destacar obreros allí; de inmediato comenzaron a quitar la maleza, a podar unos árboles y a talar otros. El paso siguiente, según le confirmó a EL COLOMBIANO el ingeniero encargado de la obra, John Jairo Otálvaro, será a partir de la próxima semana y tiene que ver con la llegada de los equipos para construir las cimentaciones profundas que le darán solidez a la mole de concreto, y de forma concomitante hacer un aproche, término que en ingeniería civil se aplica a una sección de tierra y relleno que conecta el puente con la vía terrestre respectiva.
De manera también simultánea, la concesión aguarda a que la ANI expida el acta de reinicio de las obras que van desde la construcción de los drenajes hasta darle forma a la estructura para que un contratista las acometa. Si el cronograma se cumple, el puente estaría poniéndose al servicio en un lapso de seis meses, poco antes de que se vaya Devimed.
Lo curioso es que en el permiso de intervención anticipada no se habla de los antecedentes del predio ni de que este se usará para el puente sino para la “intersección tramo 16”, una obra que se financia con recursos de valorización, que si bien tiene relación no es la misma y termina a unos 360 metros de distancia.
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En cambio, en una declaración a Mi Oriente, el ingeniero Otálvaro, de Devimed, agradeció las gestiones del alcalde Rivas y celebró la “restitución del predio que identificamos como predio B-142 del Fondo aeronáutico nacional”. Es decir que las partes siguen en orillas opuestas.
Una de las últimas actuaciones legales sobre el tema fue una querella policial interpuesta por la ANI ante la corregidora de Llanogrande a finales de 2022, pidiendo que se ordene restituir el predio bien por métodos conciliatorios o por la fuerza; la respuesta fue que esto no era posible porque no se había hallado el terreno en los registros de Catastro Municipal, lo que Devimed y la Agencia le achaca a un desorden en la administración local –algo difícil de explicar en un municipio considerado capital del oriente antioqueño- que habría desaparecido los predios de la Nación de sus archivos. Sin embargo, otros lo interpretan como un triunfo de los privados que reclaman ser dueños de la franja necesaria para el puente.
Lo segundo que ha ocurrido es una acción popular que invoca el derecho colectivo al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público para obligar a que se llegue a una solución sobre esta infraestructura. Y la Alcaldía de Rionegro se pegó tanto de la acción popular que no ha sido fallada como de la interpretación de que no se habría demostrado que la Aerocivil haya comprado el lote –aunque la ANI dice lo contrario- para sacar adelante la fórmula salvadora del proyecto. Solo que serían la administración, y de manera concreta el alcalde Rivas, los que paguen los platos rotos si en el futuro una autoridad determina que el predio es público y por tanto se incurriría en un posible peculado y hasta en prevaricato por falsa motivación de un acto administrativo.
En conversación con este medio, Rivas aseguró que es consciente de los riesgos pero que en este caso obró considerando el bien general porque la doble calzada es una obra prioritaria para la movilidad de su ciudad y no le puede heredar el problema a quien lo suceda. “Frente a este tema yo tengo dos opciones, o que eso se pare indefinidamente o buscarle la solución; coincidencial y afortunadamente el Municipio requiere eso (el lote) para el empalme del tramo 16”, dijo. Luego sostuvo que en el momento en que se haga la compra se debe ver cómo blindar a la Alcaldía.
“La teoría jurídica es que mientras no se haya demostrado la titularidad del predio por parte de la Aerocivil estaríamos basados en la discusión que se ha dado con la corregiduría”, añadió.
Por su parte, la abogada de Otraparte, Catalina Otero, recalcó su concepto de que la Aerocivil no le compró el predio a Sergio Echavarría, el padre de Nicolás Echavarría, accionista de esta firma, y por tanto sigue siendo privado, por lo cual es lícito que la Alcaldía lo compre para la obra.
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