Durante la mañana del jueves 22 de enero en zona rural del municipio de Anorí, nordeste de Antioquia, tres soldados del Ejército Nacional resultaron gravemente heridos tras la activación de un campo minado mientras desarrollaban operaciones militares.
El incidente ocurrió en la vereda Los Trozos, cuando uniformados adscritos al Comando de la Séptima División del Ejército adelantaban labores de control territorial. Debido al grave estado en el que se encontraban, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, mediante un helicóptero “Ángel” del Comando Aéreo de Combate N.° 5 (Cacom 5), realizó la evacuación de los tres soldados para que recibieran atención médica en el Batallón Pedro Justo Berrío, en la ciudad de Medellín.
Uno de los militares sufrió la amputación de sus dos piernas como consecuencia de la explosión, mientras que los otros dos presentan heridas de consideración y reciben atención médica especializada.
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Según las primeras indagaciones, los artefactos explosivos habrían sido instalados por una presunta “comisión mixta” conformada por el Frente Héroes y Mártires de Anorí del ELN y la Estructura Residual 36 de las disidencias de las Farc, grupos armados ilegales con presencia histórica en esta subregión del departamento.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, rechazó el ataque y lamentó lo ocurrido en su cuenta de X, calificándolo como una tragedia para el militar afectado y su familia.
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Además, el mandatario aseguró que este tipo de hechos deben ser abordados en escenarios internacionales, como la reunión que habrá entre Estados Unidos y Colombia, en donde se deberán discutir problemáticas como el narcotráfico, el uso de minas antipersona, el reclutamiento de menores, el desplazamiento forzado, los confinamientos y los ataques contra la Fuerza Pública.
“Le quedará muy para arriba al gobierno Petro hablar de lucha contra el narcotráfico cuando negocia la “Paz Total”, con los jefes de los principales carteles”, expresó Rendón.
Según la Gobernación de Antioquia, en 2025, 44 uniformados fueron asesinados. Es decir, el doble de los contabilizados en 2024 cuando 22 policías y soldados fueron asesinados.
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