En cada uno de esos casos, la hipótesis principal es que la propia organización del ejecutó, bajo sospecha de desobediencia, traición o robo de las ganancias. Este es un reportaje de El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Una de las últimas apariciones públicas de “Chiquito Malo” fue en un video del estado mayor del Clan del Golfo, donde su imagen fue insertada en postproducción, quedando con la apariencia de un holograma. Imagen tomada de video.

La vida de placeres mundanos, violencia y riqueza malhabida que presumía José Nibardo Marín, alias “Jota Indio”, acabó como suelen terminar las historias de la mafia en Colombia: con cadáveres descuartizados en costales, a la vera de un camino.

Al amanecer del pasado 23 de octubre, un olor repulsivo impregnó los sentidos de los transeúntes en cercanías al kilómetro 4 de la Troncal del Caribe, en el corregimiento Palomino, del municipio de Dibulla, en La Guajira.

Cuando llegó la Policía encontró dos costales de fique ensangrentados, que contenían los restos humanos de un hombre y una mujer. Los forenses estimaron que los asesinaron unas 24 horas antes, que tenían signos de tortura y que habían sido desmembrados con motosierras.

José Nibardo Marín, alias “Jota Indio”. Cortesía.

Al día siguiente lograron establecer sus identidades: José Nibardo Marín, de 49 años, y su cónyuge Saudi Karina Cotes, de 40.

Marín era un narcotraficante reconocido en el bajo mundo. Trabajó para el Clan del Golfo, administrando las rutas de cocaína que salían de los puertos del Caribe, especialmente de Cartagena, y fue capturado en marzo de 2023 por concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes.

Un juzgado le concedió la libertad y volvió al negocio de la droga, pero con aires de independencia, lo que al parecer ofendió a Jobanis Ávila Villadiego (“Chiquito Malo” o “Javier”), el actual jefe del Clan del Golfo, sellando su cruel destino.

El mismo desenlace tuvo Óscar David García Arenas (“Bloqueo”), de 44 años, quien trabajó como cabecilla del Frente Metropolitano, el tentáculo de la organización criminal en el Valle de Aburrá.

Su cadáver fue encontrado el pasado 11 de octubre, abandonado en una carretera de la vereda La Balsa, en el municipio de Cañasgordas (Antioquia). El reporte policial indicó que tenía 16 heridas de bala en la cara, el torso y los brazos, lo que sugiere que trató de cubrirse con las extremidades cuando lo fusilaron de frente.

La muerte de dos cabecillas del Clan del Golfo en un lapso de 10 días, en aparentes ajustes de cuentas internos, es para los investigadores judiciales una muestra de la severidad con la que “Chiquito Malo” está gerenciando al cartel, y de los intentos de rebelión que aplaca con furia.

Desde que asumió el mando en mayo de 2022, cuando fue extraditado a Estados Unidos el capo Dairo Úsuga David (“Otoniel”), han sido ejecutados ocho comandantes y narcos asociados al Clan que, según datos de Inteligencia, osaron desafiar sus designios.

REUNIONES MORTALES
“Chiquito Malo” logró ascender en la jerarquía por su conocimiento de las rutas de narcotráfico que partían de Urabá; sus contactos en el exterior, cultivados desde la época de paramilitar; y por el respaldo que le daba “Otoniel”.

Sin embargo, el mismo Úsuga veía con preocupación un vacío en su liderazgo: “A ‘Javier’ no le gusta hablar con la tropa”, se quejó en un audio interceptado por la Policía, nueve meses antes de su captura en octubre de 2021.

Aún así, apenas cayó a la cárcel le delegó el mando del Clan del Golfo. La decisión no cayó bien entre varios comandantes del grupo, pero Ávila no estaba dispuesto a tolerar desobediencias.

Ómar Noguera Camacho (“el Boyaco”). Cortesía.

El primer muerto de la lista fue Sergio Carrascal Gómez (“Metra”), quien manejaba los negocios del cartel en el sur de Córdoba. El 2 de mayo de 2022 los sicarios entraron a una urbanización en Valledupar, Cesar, y lo acribillaron con un escolta dentro de su residencia.

El segundo crimen fue el 21 de agosto de 2022 en el barrio Olaya, de Cartagena, donde los verdugos abalearon a Alexánder Luis Correa (“el Chichi”), cuando se bajó de su camioneta. Era uno de los delegados para el narcotráfico en Bogotá y la ciudad amurallada.

El siguiente en caer fue Ómar Noguera Camacho (“el Boyaco”), uno de los principales narcos aliados al grupo, quien articulaba negocios ilícitos en los Llanos Orientales y el Caribe; también fue quien involucró en la facción a “Jota Indio”. El 24 de febrero de 2023 lo encontraron tirado en un paraje rural del municipio de Galeras, Sucre, con múltiples orificios de bala.

Luego mataron a Wilmer Giraldo Quiroz (“Siopas”), el segundo en la línea de sucesión del cartel. Fue secuestrado y torturado por dos semanas, hasta que el 1 de marzo de 2023 le dieron varios tiros en la cabeza y botaron el cadáver en el sector La Recta, a un lado de la carretera que lleva de Uramita a Dabeiba, en el Occidente de Antioquia.

El 19 de octubre de 2o23 le hicieron lo mismo a Arley Úsuga Torres (“Cero Siete”), quien manejó rutas de narcotráfico desde Urabá y además era sobrino de “Otoniel”. El cuerpo abaleado fue arrojado a un tierrero de la vereda Cascajo, en el municipio de Astrea, Cesar.

Después asesinaron a Juan Camilo Goez Ruiz (“Dimas”), antiguo jefe del Clan en Medellín y exjefe de “Bloqueo”. El 12 de mayo de 2024 los sicarios le dispararon afuera de un estadero en Dabeiba, Antioquia.

Todos estos crímenes han tenido un elemento en común, más allá de tratarse de miembros de alto perfil del cartel: antes o después del homicidio, fueron citados a reuniones mafiosas.

A algunos los interrogaron y torturaron, lo que sugiere a los investigadores que les sacaron información sobre dinero y propiedades, antes de segarles la vida. Fuentes policiales indicaron que, entre las hipótesis que se manejan, están que las víctimas fueron acusadas de robar plata de la organización, no reportar las ganancias completas o tratar de independizarse sin autorización.

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REGLAS POLÉMICAS
Además de que algunos lo consideran menos experimentado que sus predecesores, las decisiones que toma “Chiquito Malo” al parecer provocan rechazo en un sector de la organización, entendiendo que el Clan del Golfo funciona como un cartel, un conjunto de empresas criminales con un objetivo común.

“Hay una política con ‘Chiquito’ que ha traído inconformismo: en los puertos de Cartagena y Urabá solo puede trabajar su gente de confianza, a los demás narcotraficantes les dicen que tienen que comprarle la droga al Clan, que al parecer no tiene la misma pureza que la que ellos consiguen en Cauca. A quien no les compre la cocaína, le suben el impuesto para sacarla por esos puertos, antes era de $1’200.000 por kilo y ahora de $2’000.000”, explicó un agente que lleva años persiguiendo a esta estructura ilegal.

Esta situación impulsó a varios narcos a buscar sus propias rutas, unos como independientes y otros aliados con bandas rivales. Se presume que eso intentaron “el Chichi”, “Dimas”, “Bloqueo” y “Jota Indio”, cuando los patrones los llamaron a rendir cuentas.

Arley Úsuga Torres “Cero Siete”). Cortesía.

A diferencia de “Otoniel”, que permitía que cada bloque de la estructura administrara finanzas independientes y gestionara la compra de su propia droga y armas, “Chiquito Malo” al parecer está buscando centralizar la contabilidad, para ejercer un mayor control financiero de los cinco bloques, los 28 frentes y 6.016 integrantes de la facción.

“El Clan ha tratado de unificar los cobros de todos los bloques, lo que ha molestado a los diversos comandantes, porque les afecta las rentas. Y ahí mismo los máximos jefes se dieron cuenta de que había más de un comandante que cobraba y luego no reportaba lo que debía al Clan, y eso se ha venido destapando. Cualquier descuadre con la plata, lo pagan con sus vidas”, agregó el agente consultado.

Como retaliación a ese régimen, hay miembros del grupo que, presuntamente, están atacando en la sombra a “Chiquito Malo”, fungiendo como soplones de la Policía para entregar a la gente de su círculo cercano. Así sucedió el pasado 27 de octubre, cuando un informante condujo a las autoridades al escondite de su primo, el narcotraficante John Sepúlveda González (“Media Arepa”), en una cabaña en la selva de Necoclí (Antioquia).

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¿VIVO O MUERTO?
En medio de tanta mortandad, desde octubre comenzó a circular un rumor, según el cual “Chiquito Malo” habría quedado gravemente herido en un enfrentamiento entre integrantes del Clan en el norte de Chocó. La Policía interceptó unas comunicaciones, en las cuales unos miembros del grupo buscaban con desespero a personal médico para transportarlo a la zona, porque “el patrón estaba herido”.

“En cuanto al tema de ‘Chiquito Malo’, no tenemos una confirmación, nuestras agencias de Inteligencia están verificando”, dijo el general Luis Cardozo, comandante del Ejército, cuando se le preguntó sobre la suerte del cabecilla en una rueda de prensa, el pasado 23 de octubre.

Esta no es la primera vez que se esparcen rumores sobre la supuesta muerte de Ávila. Lo mismo ocurrió en marzo de 2023, cuando los miembros del estado mayor central del Clan (la cúpula) publicaron un video hablando sobre los acercamientos de paz con el Gobierno, en el cual no aparecía “Chiquito Malo”.

Para silenciar las sospechas de divisiones internas y del deceso del comandante, la organización publicó un segundo video en el que sí aparecía, pero mediante un burdo montaje, en el que Ávila parecía un holograma insertado en la imagen, lo que en últimas suscitó más interrogantes.

Los investigadores entrevistados por este diario aseguran que se requiere una confirmación de mínimo tres fuentes para establecer si el capo está vivo o muerto, en particular porque la difusión de este tipo de información también forma parte de una macabra estrategia de “gerencia”.

“Es una medida de contrainteligencia, lanzan informaciones así para ver cómo reaccionan los subalternos, si buscan tomar ventaja o se alegran. Así identifican a los potenciales traidores”, relató un agente.

Desde esa perspectiva, es difícil saber cuál es el presente del cuestionado comandante “Chiquito Malo”, si estará malherido en un cambuche esperando la muerte, o si aguarda al acecho por algún desliz de sus socios, para llamarlos a una última reunión.

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El Inspector.

Aunque aún se desconocen los móviles y autores, el crimen sucedió en medio de un escenario de alta tensión por una disputa criminal entre la banda “el Mesa”, el Clan Oriente y el Clan del Golfo.

En esta vivienda del sitio Alto del Perro, en la vereda Llanogrande de Rionegro, ocurrió la matanza. Foto cortesía de Denuncias Antioquia.

De acuerdo con la información preliminar de la Policía, un grupo de diez hombres armados con fusiles de calibre 5.56 y pistolas irrumpió en una casa del sector conocido como el Alto del Perro, en la vereda Llanogrande, a las 7:30 p.m. de este martes 25 de junio.

Adentro acribillaron a siete personas, de las cuales seis fallecieron en el sitio y una más en un centro asistencial, posteriormente. Los asesinos escaparon en dos camionetas (una blanca y una negra) y dos motocicletas, en dirección a la vereda El Capiro, del vecino municipio de El Carmen de Viboral.

Rionegro, y en general el Oriente antiqueño, está siendo afectado por varios conflictos entre organizaciones criminales del Valle de Aburrá que buscan expandir allá su mercado de drogas, y facciones locales que defienden sus plazas de vicio a sangre y fuego.

Uno de los enfrentamientos más severos se da entre la banda “el Mesa”, originaria del municipio de Bello, y el Clan Oriente, una estructura heredera de las Autodefensas del Magdalena Medio.

Desde 2019 “el Mesa”, que ya tenía un amplio dominio en la distribución de drogas del Oriente cercano (Rionegro, La Ceja, El Retiro, La Unión, El Carmen de Viboral, Cocorná y Guarne), decidió expandirse hacia el Oriente lejano (Sonsón, Argelia, San Francisco, San Luis y Nariño). En esta zona hay una hegemonía tradicional del Clan Oriente.

La situación empeoró cuando este grupo estableció una alianza con el cartel narcotraficante Clan del Golfo, que en esa subregión ejerce presencia por medio del frente Gener Morales. Esta organización, de alcance transnacional, le exigió a “el Mesa” que desalojara el Oriente.

Ante la negativa, el cartel ordenó el asesinato de Edwin Fernando Morales Londoño (“el Crespo”), de 38 años y presunto coordinador de “el Mesa” en el municipio de Sonsón. Un sicario le propinó once disparos el 27 de mayo de 2o24, cuando manejaba un automóvil Renault rojo por una calle del barrio Buenos Aires, de Medellín.

En este carro se transportaba alias “el Crespo” por una calle del barrio Buenos Aires de Medellín, cuando fue acribillado por un sicario. Foto cortesía de Denuncias Antioquia.

Según fuentes judiciales, “el Mesa” contraatacó a los tres días. El 30 de mayo mataron en el mall El Indio, ubicado en el barrio San Diego de Medellín (junto a la vía Las Palmas), a Yovany de Jesús Pérez Estrada, de 51 años.

La víctima fue citada a un establecimiento público del mall, y estando en una silla fue sorprendido por dos homicidas que llegaron con el rostro cubierto con cascos de moto, guantes de caucho para no dejar huellas y pistolas con silenciador. Aniquilaron a Pérez con múltiples disparos y luego escaparon en una moto.

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Varios videos del ataque circularon por redes sociales y la noticia se viralizó. Aunque el finado solo tenía antecedentes por evasión de impuestos, al parecer los delincuentes lo relacionaron como supuesto socio financiero de sus enemigos.

Los dos sicarios que mataron a Yovany de Jesús Pérez Estrada en el mall El Indio de Medellín, huyeron en la misma foto. Cortesía.

El 11 de junio el Clan del Golfo distribuyó un panfleto por diferentes chats de WhatsApp de la zona, firmado por el frente Gener Morales. En su comunicado declararon objetivo militar a los miembros de “el Mesa” y a su máximo cabecilla, Rodrigo Rodríguez Rodríguez (“el Montañero”), también llamado Gustavo Pérez Peña, según un cambio de nombre en la Registraduría.

“En algunos municipios se han presentado homicidios y amenazas a la población civil, por conflictos internos entre las bandas delincuenciales, que son lideradas por alias el Montañero, quien cambió su nombre por el de Gustavo Pérez Peña, sujeto que por décadas, y aún estando encarcelado, ha liderado a ‘los Mesas’ (sic), que ahora se identifican como los 2-13 (o los del 13), atacando con sevicia a la población civil que no se alinee con sus propósitos. Estos son los grupos que combatimos sin descanso”, dice el panfleto.

Rodrigo Rodríguez o Gustavo Pérez, alias “el Montañero”. Foto de Manuel Saldarriaga.

“El Montañero” salió de la cárcel de Itagüí el 14 de marzo de 2024, tras cumplir apenas cuatro años y cinco meses de una sentencia de ocho años, por cargos de concierto para delinquir, falsedad material en documento público y porte ilegal de armas.

Es uno de los siete voceros principales de las bandas del Valle de Aburrá que participan en la mesa de paz urbana con el Gobierno Nacional desde el 2 de junio de 2023.

La disputa de “el Mesa” contra el Clan Oriente y el Clan del Golfo es una de las hipótesis preliminares que manejan las autoridades sobre la masacre perpetrada en Rionegro.

El coronel Carlos Martínez Romero, comandante de la Policía Antioquia, comentó que hay una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que ayude a esclarecer el crimen.

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El Inspector.

La organización está en pleno reacomodo desde la extradición en 2022 de su máximo líder, Dairo Úsuga (“Otoniel”), y desde que decidió participar en el proyecto de “paz total” del gobierno de Gustavo Petro. Esta es la reseña de los casos elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

“Siopas” (izquierda) y “Boyaco” fueron asesinados en el lapso de una semana, en Antioquia y Sucre. Fotos de cortesía.

A mediados de febrero de 2023, los investigadores de la Policía que le seguían la pista a “Siopas”, el subcomandante del Clan del Golfo, quedaron perplejos por una interceptación telefónica. “Necesito que me ayude a buscar un brujo, para que me diga si Wilmer está vivo o no”.

La conversación era entre la madre del cabecilla y una de sus hijas. Ambas estaban preocupadas porque su ser querido había desaparecido del mapa, luego de asistir a una reunión con otros delincuentes de su grupo en un campamento de la selva chocoana.

La información desató las alertas entre las agencias de Inteligencia, que activaron a sus fuentes humanas y sistemas de telecomunicación para confirmar si ese pálpito de la madre era verdadero.

La búsqueda terminó en la mañana de este miércoles, en la carretera que del municipio de Uramita conduce a Dabeiba, en el Occidente de Antioquia. Allí, en un sector denominado La Recta, arrojaron un cadáver desde un vehículo.

La víctima tenía múltiples impactos de bala en la cabeza, rostro y cuello. Quedó tendida boca arriba en el asfalto, con botas de caucho, pantalón verde militar y un buzo negro.

El cuerpo de bomberos lo trasladó a la morgue de Dabeiba y las huellas dactilares fueron enviadas al Laboratorio de Policía Científica y Criminalística de la Región N°6, con sede en Medellín, donde el sistema arrojó la identidad del occiso: Wilmer Antonio Giraldo Quiroz, más conocido en el bajo mundo como “Siopas”.

“Seguiremos en la investigación para establecer los móviles del homicidio”, declaró horas después el coronel Óscar Cortés, comandante de la Policía de Urabá.

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VIDA Y MUERTE EN EL CRIMEN
“Siopas” nació en Apartadó, Antioquia, el 27 de septiembre de 1980 (hace 42 años).

Sus inicios en el mundo criminal fueron en el frente quinto de las Farc, que lo reclutó a los 15 años de edad.

Militó en esa guerrilla desde 1995 hasta 2008, cuando desertó para unirse al Clan del Golfo al año siguiente.

Dairo Úsuga David (“Otoniel”), el máximo jefe de la organización, vio su potencial para la violencia y en 2015 le dio su primer encargo importante: la comandancia del frente Zuley Guerra, que delinque en Arboletes y la zona costera de Córdoba.

Allí se caracterizó por ordenar frecuentes ataques a la Fuerza Pública, con métodos aprendidos en su época de insurgente. Entre los atentados más terribles estuvo el del 11 de abril de 2018 en el municipio de San Pedro de Urabá, contra una caravana de camionetas oficiales que hacían tareas de restitución de tierras. Una bomba explotó a su paso y mató a ocho policías.

En 2019 ascendió en la jerarquía y pasó al bloque Pacífico, al mando de 600 hombres de los frentes que actúan en el litoral, desde Chocó hasta Nariño, incluyendo el Suroeste antioqueño.

Al mismo tiempo logró un puesto en el estado mayor, la cúpula del cartel, junto a “Otoniel” y otros tres comandantes. Todo esto lo convirtió en un objetivo de alto valor estratégico para las agencias de seguridad de Colombia y EE.UU.

Le expidieron múltiples órdenes de captura por homicidio, terrorismo, secuestro, desplazamiento forzado, reclutamiento ilegal, obstrucción de vías y extorsión, entre otros delitos. En el gobierno de Iván Duque le asignaron una recompensa de hasta $5.000 millones por información que llevara a su captura.

Así fue encontrado el cadáver de “Siopas”, en una carretera de Dabeiba, Antioquia. Foto de cortesía.

¿QUIÉN LO MATÓ?
La hipótesis más fuerte de los investigadores es que a “Siopas” lo mataron por un ajuste de cuentas interno en el Clan del Golfo.

Cuando “Otoniel” fue capturado en 2021 y extraditado al año siguiente, hubo una reorganización en el estado mayor. Quedaron “Chiquito Malo”, “Siopas”, “Gonzalito” y “Rodrigo Flechas”, pero no hubo consenso sobre quién debía ser el nuevo mandamás.

Unos frentes apoyaban a Jobanis Ávila (“Chiquito Malo”), un exparamilitar del bloque Bananero experto en manejo de dinero y narcotráfico; y otros postularon a “Siopas”, por su fuerte don de mando sobre la tropa.

En medio de esa discusión hubo una nueva repartición de los negocios, los cuatro bloques y 23 frentes del Clan, dispersos en 20 departamentos.

“Chiquito Malo” y “Siopas”, según fuentes judiciales, no se pusieron de acuerdo sobre quién debía controlar al frente Carlos Vásquez, que delinque en Urabá y tiene base de operaciones en Apartadó, donde nació el exguerrillero. Esta estructura es una de las más poderosas del Clan, pues controla el embarcadero de El Zungo (Carepa) y tiene tentáculos en las regiones del Catatumbo y los Llanos Orientales.

El pulso lo ganó “Chiquito Malo”. Esto produjo fisuras en la línea de mando, que se confirmaron cuando el grupo comenzó los diálogos exploratorios con el gobierno de Gustavo Petro, en 2022. Como voceros de paz, el Clan propuso a “Chiquito Malo”, “Gonzalito”, “Negro Perea” “Flechas”, “Byron”, “Chirimoya”, Alex Sierra y Luis Pérez.

En la lista no apareció “Siopas”, al parecer porque no estaba seguro de participar en la “paz total”. Esto, de acuerdo con las pesquisas preliminares, pudo haber acelerado su muerte.

Sobre el crimen, se cree que Giraldo estuvo secuestrado dos semanas, luego de la citada reunión en Chocó, antes de su ejecución. “Es probable que en ese tiempo lo hayan torturado para que entregara rutas del narcotráfico, dinero, propiedades, armas y otras cosas”, opinó un investigador.

Por las características de las heridas, los agentes creen que fue asesinado pocas horas antes de abandonar su cadáver en la vía. Para ellos en muy diciente que sus verdugos no hayan dejado el cuerpo en la selva, para que lo devoraran los gusanos y el olvido, sino que lo hubieran trasladado a una vía principal, a la vista de todo el mundo.

En una manera de enviar un mensaje a las tropas: que solo hay un mandamás en el Clan del Golfo.

EL ASESINATO DE “EL BOYACO”

Tirado junto a una iglesia perdida en un monte de Sucre, con múltiples orificios de bala, fue encontrado el cadáver de Ómar Noguera Camacho, quien hace una década llegó a ser uno de los narcotraficantes más activos del Clan del Golfo.

De acuerdo con las autoridades, el cuerpo de alias “el Boyaco”, como le decían en el bajo mundo, fue hallado por campesinos el pasado 24 de febrero, en la vereda Los Leones del municipio de Galeras.

La Policía recogió el cadáver al día siguiente y lo trasladó a la morgue como NN, pues carecía de documentos de identidad. Solo hasta el 28 de febrero se supo quién era.

Noguera Camacho, de 45 años, nació el 27 de octubre de 1977 en Miraflores, Boyacá. Según fuentes policiales, se inició en el mundo del narcotráfico en los Llanos Orientales, primero como raspachín y después administrando laboratorios de cocaína.

Por esa actividad se asoció con el Clan del Golfo en 2008, trasladando sus operaciones a Urabá y la Costa Caribe. Así se involucró en la exportación de múltiples toneladas de droga hacia EE.UU. y Europa.

Su febril actividad narcotraficante lo llevó a convertirse en uno de los principales financiadores del cartel y su rostro apareció en la lista de los más buscados en 2015, con una recompensa de $128 millones por su captura.

Los Comandos Jungla lo detuvieron el 23 de mayo de 2017 en una finca de la vereda Zapindonga, en el municipio de San Pedro de Urabá. “El Boyaco” trató de escapar en calzoncillos por un pastizal, pero lo atraparon los policías.

Alias “Boyaco” estaba preso desde 2017, salió en 2022 y no duró un año vivo. Foto de cortesía.

AMORES PROHIBIDOS
En su captura fue clave la información de una de las mujeres de su “harén” particular. Fuentes cercanas a la investigación precisaron que “el Boyaco” tuvo 12 hijos de cuatro madres distintas.

A una de esas esposas, cansada del maltrato del narcotraficante, se acercó un oficial de Policía asignado a la Operación Agamenón.

El uniformado logró seducirla y ella, de 28 años en ese entonces, accedió a convertirse en su informante.
El romance duró dos años y medio y, aunque generó escándalo y cuestionamientos éticos en la Fiscalía y la Policía, sirvió para darle fuertes golpes a la organización ilegal.

Al terminar esta relación, la mujer tuvo que huir del país por amenazas del Clan.

“El Boyaco” pagó cárcel por concierto para delinquir y tráfico de drogas. Salió en libertad en 2022 y conservó un bajo perfil, hasta que sus enemigos lo encontraron.

Las agencias de seguridad investigan si su muerte se relaciona con la de alias “Siopas”, el subcomandante del Clan, quien fue secuestrado a mediados de febrero por el mismo grupo. Su cadáver abaleado fue arrojado desde un carro a una vía de Dabeiba, Antioquia, el pasado 1 de marzo.

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El Inspector.

Yo soy El Inspector y esta es la historia que abordaré en el nuevo capítulo de Revelaciones del Bajo Mundo, el pódcast de El Colombiano, titulado “El tesoro maldito del gurú empresarial”.

Ya está al aire el nuevo episodio titulado “El oro maldito del gurú empresarial”. Ilustración de Tomás Giraldo.

Este episodio relata los detalles de un crimen que ocupó los titulares de la prensa en Colombia, y que combinó la sevicia del crimen organizado con las ambiciones que despierta el oro en la gente.

Ya pueden escucharlo en www.elcolombiano.com/podcast/revelaciones-del-bajo-mundo y en las plataformas digitales de Spotify, Google Pódcast, Spreaker y Apple Pódcast.

Allí también están disponibles las otras historias de la primera temporada de Revelaciones del Bajo Mundo, a las que puedes acceder de forma directa dando click en estos enlaces:

1). Asaltantes con fiebre de oro acechan en Medellín.

2). Los conjuros siniestros del Clan del Golfo.

3). “Otoniel”, el monstruo de las mil guerras (parte 1).

4). “Otoniel”, el monstruo de las mil guerras (parte 2).

5). Seducción y escopolamina en Medellín, un coctel mortal.

6). La conspiración contra el fiscal Pecci, un crimen que destruyó un sueño de amor.

7). Raptada por un duende (parte 1).

8). Raptada por un duende (parte 2).

9). Las once vidas de “Cabuyo”, el traidor del proceso de paz.

10). “El tesoro maldito del gurú empresarial”.

Revelaciones del Bajo Mundo es un producto periodístico que mezcla el estilo narrativo de la crónica con la ambientación sonora de las radionovelas.

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El Inspector.

La entidad estatal informó que la venta se hará por medio de El Martillo, la subasta virtual del Banco Popular, y está programada para los próximos 24 y 25 de octubre. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Este es el Ferrari 812 Superfast modelo 2020, incautado a Juan José Valencia (“Falcon”). Foto cortesía de la SAE.

Según el Twitter de la SAE, los vehículos “aún huelen a nuevo”: “Los ferraris de la mafia serán para la inversión social. El recaudo será destinado a los propósitos del Gobierno de Nacional de Gustavo Petro”.

Se trata de un Ferrari Portofino blanco, modelo 2019, con apenas 1.717 kilómetros de uso; un Ferrari 488 Spider gris, modelo 2019 y 1.703 km; y un Ferrari 812 Superfast rojo, modelo 2020, con 806 km de recorrido.

Aunque el banco anunció que se trata de una subasta con precio base oculto, en su página web aparecen los valores de depósito previo para cada carro: si quiere el blanco, debe tener como mínimo $194’632.857: por el gris, $206’841.954; y por el rojo, $349’898.149.

Estos vehículos de alta gama fueron importados a Colombia desde Italia, según la Policía, por Juan José Valencia Zuluaga, alias “Falcon”, “Andrea” o “Babalao”. Este hombre de 40 años, oriundo de Medellín, fue extraditado a EE. UU. el pasado 27 de junio, por cargos de narcotráfico.

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Este es el Ferrari Portofino blanco, modelo 2019, que también será subastado. Foto cortesía de la SAE.

Las autoridades de ambos países lo señalan de ser un socio estratégico del cartel narcoparamilitar Clan del Golfo, al cual al parecer le manejaba los negocios en el departamento de Bolívar y la zona portuaria de Cartagena, hasta el momento de su captura, el 7 de mayo de 2021.

La Dirección Antinarcóticos allanó su vivienda en la vereda Llanogrande, del municipio antioqueño de Rionegro, una fastuosa propiedad de 9.000 metros cuadrados, con zona deportiva y piscinas (una de ellas con agua traída del mar Muerto), en la cual almacenaba más de 30 vehículos.

En su garaje estaban los tres ferraris, seis motos customizadas, ocho camionetas y autos clásicos de colección, entre otras bellezas adquiridas presuntamente con dineros ilegales.

Además de sus actividades delictivas, Valencia tenía negocios de construcción y propiedad raíz, que le daban la fachada de próspero empresario. Así hizo amistad con varios artistas de la farándula nacional, que asistían a fiestas y conciertos privados en su palacio de Llanogrande.

Fuentes cercanas al caso contaron que fue un reguetonero paisa, amigo de “Falcon”, quien lo convenció de comprar los ferraris.

Este es el Ferrari 488 Spider, modelo 2019, con 1.703 k.m. de uso. Foto cortesía de la SAE.

El artista, cuyo nombre reservaron las fuentes, ya tenía una colección de esta clase de automotores, y le transmitió ese gusto al narcotraficante.

La importaciones se hicieron entre 2019 y 2020. El más costoso fue el Ferrari 812 Superfast rojo, capaz de acelerar de cero a 100 kilómetros por hora en solo 2,9 segundos, y el cual fue traído desde la ciudad italiana de Venecia por un valor cercano a los $1.200 millones.

A su esposa le trajo el Ferrari Portofino blanco, por $950 millones; y completó la colección con el Ferrari 488 Spider gris, por el que pagó cerca de $810 millones.

Con ellos salía a rodar por las vías que conectan a Rionegro con Envigado y Medellín, como la avenida Las Palmas, en compañía de su amigo reguetonero, sin sospechar que las agencias de seguridad de Colombia y Estados Unidos le seguían la pista.

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El Inspector.

Se trata de la parte final de “Otoniel, el monstruo de las mil guerras”, la historia detrás de Dairo Antonio Úsuga David, el narcotraficante más perseguido de Colombia en el siglo XXI.

Alias “Otoniel” fue guerrillero, paramilitar, narcotraficante y ahora extraditado. Ilustración de Tomás Giraldo.

En este episodio, les narraré los detalles de la intrigante Operación Agamenón, implementada para cazar a alias “Otoniel” en la selva del Urabá antioqueño.

Escucharemos cómo se produjo la caída de este personaje, luego de casi cuatro décadas de lucha contra el Estado.

NOTA RELACIONADA: La historia de “Otoniel” como nunca te la habían contado, en el podcast de Revelaciones del Bajo Mundo.

En la parte anterior, estrenada la semana pasada, les conté la forma en que el delincuente fue reclutado por la guerrilla y luego delinquió en las hordas paramilitares.

Todos los capítulos están disponibles en www.elcolombiano.com/podcast y en las plataformas de Spotify, Google Podcast, Spreaker y Apple Podcast.

Revelaciones del Bajo Mundo fusiona el estilo narrativo de la crónica periodística con la ambientación de las radionovelas de antaño. ¡No te lo pierdas!

NOTA RELACIONADA: Nace el podcast de Revelaciones del Bajo Mundo.

El Inspector.

En esta espectacular producción sonora, les narraré la historia de Dairo Antonio Úsuga David, alias “Otoniel”, el narcotraficante más perseguido de Colombia en el siglo XXI.

Ya está al aire el capítulo 3 de Revelaciones del Bajo Mundo, el podcast. Ilustración de Tomás Giraldo.

Con detalles inéditos, la investigación demostrará cómo fue que este personaje, nacido en una humilde familia campesina de Urabá, se alzó en armas con la guerrilla, se entregó a la guerra en las filas del paramilitarismo y luego construyó un imperio de narcotráfico con redes transnacionales.

Durante 34 años, desde 1987 hasta 2021, “Otoniel” sembró de miedo los corazones de miles de víctimas. Su cacería fue la más grande contra narcotraficante alguno en Colombia y su carrera solo emulable por el sangriento capo Pablo Emilio Escobar Gaviria.

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La historia será narrada en dos partes. La primera ya pueden disfrutarla en www.elcolombiano.com/podcast y en las plataformas de Spotify, Google Podcast, Spreaker y Apple Podcast. La segunda parte se estrenará el próximo 14 de octubre de 2022.

También pueden acceder a los anteriores capítulos de Revelaciones del Bajo Mundo, con otras extraordinarias narraciones tituladas “Asaltantes con fiebre de oro acechan en Medellín” y “Los conjuros siniestros del Clan del Golfo”.

Revelaciones del Bajo Mundo es un podcast de la Casa Editorial El Colombiano, que fusiona el estilo narrativo de la crónica periodística con la ambientación de las radionovelas de antaño. ¡No se lo pierdan!

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El Inspector.

Durante tres días estuvo asediado por el espanto de un criminal que mató en combate. En vida, ese hombre perteneció al Clan del Golfo, un cartel narcotraficante involucrado en prácticas de magia negra para diezmar el espíritu de sus enemigos.

Esta historia hace parte del segundo capítulo de la temporada de Revelaciones del Bajo Mundo, el podcast de El Colombiano, el cual se estrenó este viernes 30 de septiembre de 2022 bajo el título “Los conjuros siniestros del Clan del Golfo”.

El capítulo 2 se titula “Los conjuros siniestros del Clan del Golfo”. Ilustración de Tomás Giraldo.

En el episodio tendremos acceso a un cuaderno de conjuros decomisado a esa organización y a las maldiciones que invoca la mafia para protegerse de la justicia.

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A riesgo de despertar fuerzas oscuras, les contaré con detalles cómo es que la guerra entre la Policía y los narcos no solo se libra en las junglas y los estrados judiciales, sino también en el plano del inframundo.

Para disfrutar este y los demás episodios de la primera temporada, visita www.elcolombiano.com/podcast. También puedes escucharlo en las plataformas de Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. ¡No te lo pierdas!

El Inspector.

En ese entramado están involucrados los excomandantes de las Auc, los líderes encarcelados de “la Oficina” y el Clan del Golfo, tres organizaciones que compartieron en algún momento de su existencia la doctrina paramilitar y los negocios de narcotráfico. Junto a ellos, actúa una serie de corporaciones de DD.HH. y abogados que tramitan los acercamientos con el Estado.

Este es el informe de El Colombiano sobre esta situación, realizado con el apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

José Leonardo Muñoz (“Douglas”) es uno de los líderes de “la Oficina” que estaría dando directrices frente a los acercamientos con el Gobierno. En esta imagen, el momento de su captura en 2009, junto a su lugarteniente alias “el Compa” (derecha). Foto de archivo.

La propuesta de “paz total” del Gobierno revivió estas gestiones, que a ojos de la opinión pública siempre se han debatido en una balanza: ¿Será que estas personas, las principales perpetradoras de la violencia en Colombia, si buscan la paz? ¿O se trata de una treta para posar de gestores de convivencia, salir de la cárcel y evitar la extradición?

Con base en información de participantes en estos procesos, El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo reconstruyeron la intrincada historia detrás de la búsqueda de paz de las bandas, o como el nuevo Presidente les dice, “las organizaciones multicrimen”.

LOS PARAMILITARES
En la desmovilización colectiva de las Auc (2003-06), dejaron las armas 31.671 integrantes, y de manera individual lo hicieron otros 4.798, para un total de 36.469 “paras” sometidos al Estado, según la ARN.

De ese gran número, apenas 4.163 se postularon a los beneficios de la ley Justicia y Paz, comprometiéndose con la verdad, justicia y reparación. Otros siguieron delinquiendo y fueron extraditados, recapturados, asesinados o reclutados por bandas emergentes neoparamilitares.

En 2014 coincidieron tres momentos que impulsaron a los exparamilitares a pedir otra oportunidad a la sociedad: EE.UU. excluyó a las Auc de la lista de grupos terroristas internacionales; salió de la cárcel la mayoría de los 4.163 postulados a Justicia y Paz, tras cumplir la pena alternativa de ocho años; y en La Habana, en los diálogos entre el Gobierno y las Farc, se aprobó el punto sobre participación en política para excombatientes.

Invocando el derecho a la igualdad, varios comandantes propusieron la conformación de un partido político, cuyo nombre sería Alianza de la Unidad Colombiana por la Paz (Aucpaz). Los impulsores de la idea eran Diego Murillo (“don Berna”), Carlos Jiménez (“Macaco”), Ramiro Vanoy (“Cuco”) y Salvatore Mancuso (“el Mono”), todos ellos condenados en EE.UU. por narcotráfico; y los voceros eran Jaime Oviedo Ávila, portavoz del bloque Cacique Nutibara en la reinserción de 2003, y el abogado Michel Pineda, director de la corporación Compromiso Colombia.

La iniciativa fue planteada ante la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (Oacp), pero nunca despegó. Una de las razones para el fracaso es que no todos los exjefes estaban de acuerdo, y los presos en Colombia no le siguieron el paso a los extraditados.

Mediante un comunicado público rechazaron la idea de Aucpaz y desconocieron a los voceros. Entre los firmantes figuraron “Ernesto Báez”, “Julián Bolívar”, “Jorge Pirata”, “el Viejo Isaza” y “Diego Vecino”.

Ocho años después, con la llegada de Petro al poder, los excomandantes extraditados se sumaron al plan de la “paz total”. “Don Berna” y “Cuco Vanoy” expresaron su interés de participar en otro proceso. De nuevo enviaron cartas a la corporación Compromiso Colombia, del abogado Pineda, y a la Oacp.

Este diario conoció que contarían con el apoyo de otros extraditados, como Mancuso y Miguel Mejía (“El Mellizo”), y que uno de los puntos esenciales para su colaboración sería que se apruebe la repatriación.

Los “paras” encarcelados en Colombia también levantaron la mano, aunque por su propia cuenta. El mes pasado enviaron una misiva a la Presidencia, expresando su deseo de coordinar un cese al fuego, el desarme y su aporte a la verdad.

Los firmantes son exmiembros de 32 bloques y frentes paramilitares; el Comité de Presos por la Verdad de Colombia, representado por Francisco Zuluaga (“Gordolindo”); la corporación de la Villa de la Esperanza, de Carlos Jiménez (“Macaco”); y la corporación multiactiva Víctimas, Conflicto y Paz (Vicon), de Jacinto Soto (“Lucas”).

A esa carta se sumaron seis bandas: el Clan del Golfo, “los Caparros” (Bajo Cauca), “los Rastrojos” (Costa Caribe), “los Shottas” (Buenaventura), “la Inmaculada” (Tuluá) y “los Mexicanos” (Quibdó).

“LA OFICINA”
Sus intentos de paz comenzaron a finales de 2015, cuando los abogados de cuatro cabecillas se arrimaron a la Unidad de Vida de la Fiscalía Seccional de Medellín. Leonardo Muñoz (“Douglas”), Julián González (“Barny”), Édinson Rojas (“Pichi Gordo”) y Camilo Rendón (“el Saya”), encarcelados y con penas superiores a los 10 años, ofrecieron ayudar a pacificar comunas, reducir los homicidios y dar información para esclarecer asesinatos, a cambio de beneficios penales con un principio de oportunidad.

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Los cabecillas hicieron dos gestos de paz: entregaron una caleta con 80 armas en una finca del corregimiento Santa Elena, de Medellín, y convencieron de entregarse a la justicia a alias “la Pecosa”, un secuaz que tenía orden de captura por extorsión.

Pese a esto, hubo una gran oposición a la iniciativa dentro de la Fiscalía. Algunos fiscales de Crimen Organizado no vieron con buenos ojos lo que ocurría y el fiscal General (e) de ese momento, Jorge Perdomo, frenó los acercamientos a principios de 2016. La jefa de la Unidad de Vida fue trasladada a otro despacho.

“Douglas” y sus aliados no desistieron, y enviaron abogados a la Secretaría de Seguridad de Medellín, en cabeza de Gustavo Villegas. Con él continuaron gestionando las entregas voluntarias de delincuentes, en las que también participaba el jurista Michel Pineda. En total fueron ocho miembros de bandas los que se sometieron, cinco de ellos en el despacho de Villegas.

En aquel momento, con el acuerdo de La Habana en su etapa final, el gobierno de Juan M. Santos avanzaba en los acercamientos con el ELN.
El MinJusticia expidió el 19 de julio de 2016 el Decreto 1175, que decía: “El Gobierno, con el fin de propiciar acuerdos humanitarios, podrá solicitar a las autoridades judiciales la suspensión de la medida de aseguramiento, de la pena, o solicitar la pena alternativa para miembros o exmiembros de grupos armados organizados al margen de la ley”.

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Los beneficiarios de esa medida actuarían como “gestores de paz” en la calle y el monte, y aunque en principio se dirigía al ELN, en ningún lado decía que no aplicara a otros miembros de grupos armados, por lo que los jefes de “la Oficina” vieron una oportunidad. De hecho, algunos de los delincuentes que se entregaron ante Villegas decían que querían ser gestores de paz.

Al mismo tiempo, algunos contratistas de la Secretaría, en compañía de los abogados, trabajaban en un proyecto de ley para llevarlo al Congreso, que serviría para pactar el desarme de las cerca de 200 bandas agrupadas en la confederación de “la Oficina”.

Sin embargo, Villegas fue capturado en julio de 2017, señalado de nexos con este grupo ilegal, y condenado por abuso de función pública y abuso de autoridad. Esto derrumbó una vez más las intenciones de “Douglas”, quien no tuvo más remedio que seguir pagando su condena de 32 años de cárcel por secuestro extorsivo y concierto para delinquir.

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Otros líderes de “la Oficina”, como Carlos Vallejo (“Tom”), enviaron cartas al Gobierno y pagaron dinero a congresistas y abogados para que hicieran lobby, buscando subirse al bus de la paz con las Farc, pero apenas llegó Iván Duque al poder todos estos intentos se frustraron.

Ahora, con la idea de “paz total” del presidente Petro, “la Oficina” volvió al juego. “Tom”, “Douglas”, “Carlos Pesebre” y otros líderes están de nuevo adelantando gestiones. La Corporación Sinergia, con sede en Medellín, está asesorando algunos de esos contactos con delegados del Palacio de Nariño.

Diego Murillo Bejarano (“don Berna”) está encarcelado en Estados Unidos desde 2008, aunque sigue buscando acercamientos con el gobierno. Foto de archivo.

EL CLAN DEL GOLFO
Este grupo, que desde su origen se ha autoproclamado “el tercer actor del conflicto armado”, comenzó los acercamientos de paz en 2015, en dos frentes. El primero, gestionado por su cabecilla político Abimael Coneo (“Torta”), consistió en buscar al congresista Iván Cepeda y a la entonces exsenadora Piedad Córdoba para que llevaran su propuesta de desarme a la mesa de diálogos de La Habana.

Como prueba de paz, en febrero de ese año se entregaron a la Fiscalía 12 miembros de una célula del Clan, en Valle.

El esfuerzo tuvo frutos, pues el Acuerdo de Cuba incluyó el parágrafo 3.4.13, con el título de Sometimiento o acogimiento a la justicia de las organizaciones antes señaladas, que dice: “(…) El Gobierno en coordinación con la Rama Judicial presentará un proyecto de ley para promover el sometimiento o acogimiento a la justicia de las organizaciones antes señaladas”, refiriéndose a los grupos herederos del paramilitarismo, como el Clan.

El segundo frente estuvo coordinado por el abogado Diego Álvarez Betancourt (exdefensor de “don Berna” y otros miembros de las Auc), el pastor cristiano Jorge Mercedes y el pastor anglicano Orlando Arce, estos últimos integrantes de la ONG Organización Paz Colombiana.

Este equipo adelantó reuniones con el vicefiscal General Jorge Perdomo, en cuyas manos puso un proyecto para concretar el desarme del Clan a cambio de beneficios judiciales. Esta propuesta no fructificó, en parte porque no hubo respuesta de la Fiscalía y, en cambio, fueron detenidos “Torta” y los dos religiosos, por cargos de concierto para delinquir y lavado de activos.

En septiembre de 2017 el Clan volvió a intentarlo, esta vez con un video en el que su líder Dairo Úsuga (“Otoniel”), declaró: “Queremos hacer parte del fin del conflicto para llegar al desarme total”.

El presidente Santos delegó como representante del Gobierno en este proceso al vicepresidente Óscar Naranjo y al asesor José Noé Ríos; el congresista Iván Cepeda actuaba de intermediario, mientras que a los delegados del Clan los encabezaba la abogada Consuelo Ibeth Parra, desmovilizada de las Auc y defensora de exjefes paramilitares.

Según algunos asistentes, hubo tres reuniones con el vicefiscal Perdomo, ocho con el fiscal general Néstor H. Martínez y 16 con el vicepresidente Naranjo. Ya había sitios definidos para la eventual concentración de los combatientes, como el caserío de Cacarica en Riosucio, Chocó, pero este intento tampoco llegó a puerto.

Hubo cambio de Jefe de Estado y al presidente Duque no le interesó el asunto. Después, el fiscal Martínez presentó al Congreso la Ley 1908 de 2018, “por la cual se fortalecen la investigación y judicialización de organizaciones criminales y se adoptan medidas para su sujeción a la justicia”.

La norma, a diferencia de lo que se había conversado en las reuniones, endureció las penas contras las bandas, aumentó los requisitos para los desarmes colectivos y le puso la lupa a sus abogados y representantes, con una adición al artículo 340A del Código Penal sobre el asesoramiento ilegal, que supone una condena de hasta 20 años por brindar sus conocimientos “para contribuir a los fines de Grupos Delictivos Organizados”.

Desde la promulgación de esa ley, ningún grupo ilegal se ha sometido voluntariamente.

En cuanto a los actuales acercamientos, los delegados de Petro comenzaron a reunirse con los de las Auc, el Clan del Golfo y “la Oficina” durante la campaña presidencial, situación que, según agentes de Inteligencia, le habría dado a ese candidato un impulso electoral, pues las bandas alineadas a esos grupos habrían intercedido en las comunidades para votar a su favor.

En las gestiones aparecen de nuevo los personajes que han venido participando en el pasado, como el congresista Cepeda y el hoy exfiscal Perdomo, quien funge como asesor del Gobierno para estas lides. También los mismos cabecillas y corporaciones, pidiendo una vez más una oportunidad de paz a Colombia.

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El Inspector.

Ese anhelo, que disfrutó durante pocos años, se esfumó entre sus dedos el pasado 27 de julio, cuando escoltado por agentes de Interpol y la Dirección Antinarcóticos abordó un avión de la DEA rumbo a una cárcel en Estados Unidos. Allá lo espera la Corte del Distrito Sur de La Florida, para que responda por cargos de narcotráfico.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Alias “Falcon”, “Andrea” o “Babalao” es requerido por una corte del Distrito Sur de La Florida. Foto cortesía de Interpol.

De esta manera se le cayó la careta de empresario exitoso de la construcción y los bienes raíces, con la cual se presentaba ante sus amigos de la farándula y vecinos de la vereda Llanogrande, en el municipio antioqueño de Rionegro.

¿Pero cómo fue que este paisa de 40 años terminó reseñado por los organismos de Inteligencia como alias “Falcon”, “Andrea” o “Babalao”, un socio clave del cartel narcotraficante Clan del Golfo?

AMBICIONES
Una fuente cercana a la investigación le narró a El Colombiano que Valencia Zuluaga se crió en un barrio humilde de la comuna de Villahermosa, en el oriente de Medellín.

“Sus allegados nos contaron que de niño vendía panes, dulces y bombones en los buses, pero que siempre soñó con ser millonario”, relató.

Sus actividades ilegales comenzaron luego de un viaje a España, cuando, siendo joven, se fue a buscar suerte en diferentes trabajos. No logró establecerse, pero quedó deslumbrado por los lujos del Viejo Continente.

En 2008 inició la expansión territorial del Clan del Golfo, desde Urabá hacia varias regiones de Colombia.

Dos narcos de los Llanos Orientales ingresaron a la nómina, Uldar Cardona (“Pablito”) y Ómar Noguera (“Boyaco”), y viajaron a Antioquia buscando socios para expandir su red dentro del Clan.

Un delincuente conocido como “Mogolla” les presentó a Valencia, a quien presuntamente recomendó como una persona deseosa de “camellar en la vuelta”.

“Su primera participación fue en el envío de 10 de kilos de cocaína por una ruta que tenían hacia México”, reveló la fuente. De esta manera surgió la confianza entre los narcos.

La acusación de la corte norteamericana, cuyos testigos son exintegrantes del Clan del Golfo, detalló que entre 2010 y 2021 Valencia, al parecer, invirtió en cargamentos de droga que salían del puerto de Cartagena y de pistas aéreas clandestinas en los Llanos, y eran acopiados en Guatemala antes de llegar a EE.UU.

“Pablito” murió en un operativo policial el 2 de mayo de 2017, en Arboletes; y 21 días después fue capturado “Boyaco”, en San Pedro de Urabá.

Con sus dos jefes directos por fuera del negocio, Valencia heredó los contactos y rutas de exportación. Sus apodos de “Falcon”, “Andrea” o “Babalao” empezaron a retumbar en el bajo mundo.

Según el general Jorge Vargas, director de la Policía, se convirtió en hombre de confianza de Dairo Úsuga (“Otoniel”), el mandamás del Clan, quien le asignó la jefatura del frente Héroes del Caribe, con injerencia en Bolívar y Atlántico, especialmente en puertos de Cartagena y Barranquilla.

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APARIENCIAS
Al mismo tiempo, el implicado se mostraba ante la sociedad como un empresario audaz y de gustos exquisitos. Compró una mansión de 9.000 m2 en Llanogrande, con zona deportiva y piscinas, para una de las cuales mandó a traer agua desde el mar Muerto (Medio Oriente).

Llenó el garaje con más de 30 vehículos, que incluían seis motos customizadas, ocho camionetas, autos antiguos de colección y tres ferraris, en los que solía apostar carreras contra famosos reguetoneros.

La meta que se había trazado parecía cumplida, hasta que el 7 de mayo de 2021 los comandos de la Dirección Antinarcóticos allanaron su palacio. Lo capturaron, incautaron sus apreciados vehículos y además le encontraron 18 armas de fuego, incluyendo dos fusiles de asalto, nueve pistolas, tres escopetas, miras telescópicas y un visor nocturno.

Fue recluido en la cárcel La Picota, de Bogotá, y notificado de la orden de extradición, la cual fue avalada por la Corte Suprema el pasado 1° de junio.

Aunque en Colombia se ha declarado inocente de las acusaciones, es probable que busque un acuerdo de confesión con la justicia estadounidense, cerrando así el capítulo más penoso en esta biografía de ambición por el dinero.

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El Inspector.

A la zona portuaria están llegando sicarios de Medellín, Cali, Chocó y otros departamentos, patrocinados por narcos que quieren ascender en el trono. El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo investigaron lo que ocurre, y en este informe se los contamos.

La zona portuaria de Cartagena es una de las plataformas de exportación de cocaína más usadas en Colombia. FOTO: ARCHIVO.

El mototaxista Richard Montalvo se disponía a darle las buenas noches a su familia, antes de dormir, cuando el sicario entró a su casa del barrio El Pozón, en Cartagena. Frente a sus seres queridos, los disparos sumergieron al conductor de 38 años en un sueño del que nunca despertó.

A los tres días, los fogonazos de otra pistola iluminaron brevemente la calurosa noche del barrio El Bosque. En el asfalto quedó tendido Daniel Viloria, de 60 años, y a su lado dejaron una hoja manuscrita con una peligrosa advertencia.

“Así le va a pasar al combo de Pati Pati y de Jose Abogado”, decía el panfleto, el cual estaba signado por las “Auténticas A.G.C.”, la sigla de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o, como les dice la Policía, el Clan del Golfo.

Estos crímenes hacen parte de la racha de muertes que ha sacudido a la Ciudad Heroica en los últimos meses. Los periódicos locales han documentado 39 casos de sicariato en el primer trimestre de 2022, en medio de las disputas entre organizaciones narcotraficantes.

El Colombiano indagó lo que sucede con fuentes de Inteligencia y de la zona, las cuales coincidieron en que esta crisis empezó a gestarse el 7 de mayo de 2021, cuando la Policía allanó un condominio de lujo en la vereda Llanogrande de Rionegro, Antioquia.

En la operación fue capturado Juan José Valencia Zuluaga, un acaudalado personaje que posaba de empresario y coleccionista de autos deportivos, pero que escondía un oscuro secreto.

En el bajo mundo era conocido con los alias de “Falcon”, “Andrea”o “Babalao” y, según el expediente judicial, era el supuesto jefe del frente Héroes del Caribe, la estructura con la que el Clan del Golfo maneja sus negocios en Cartagena. El cargo lo obtuvo gracias a la confianza que despertó en Dairo Úsuga David (“Otoniel”), el máximo comandante del Clan en ese entonces.

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Una de las funciones de este grupo, dada su hegemonía ilegal en la ciudad, es cobrarles un “impuesto” a todos los narcotraficantes que exporten droga por cualquiera de los 53 muelles de la zona portuaria. El cobro oscila entre $1 millón y $2,5 millones por kilo de cocaína embarcado.

En sus días de jefatura, indicaron las fuentes, “Falcon” le reportaba a “Otoniel” sumas que rondaban los $50.000 millones al mes por ese rubro.

EL DESORDEN
Debido a la captura, “Falcon” tuvo que delegar sus negocios en tres lugartenientes, alias “Simanca”, “el Abogado” y “Pati Pati”. Sin embargo, ellos no infundían el mismo respeto entre las hordas de la mafia, y los narcos que antes pagaban el impuesto portuario se rebelaron.

A su desprestigio contribuyó la detención de “Otoniel” en octubre del año pasado, porque sin los grandes capos en el ruedo, los encargados ya no tenían el respaldo suficiente para torear a la jauría de traficantes desesperados por exportar su veneno blanco.

Incluso los propios “Simanca”, “Pati Pati” y “el Abogado” dejaron de rendirle cuentas al Clan y, al parecer, se quedaron con millonarias rentas de los “impuestos” por despachos de droga para carteles mexicanos, balcánicos, italianos y colombianos. El trío se enemistó con muchos peces gordos.

El Clan no se quedó de manos cruzadas y, para reorganizar la casa, envió a un grupo especial de mercenarios liderados por “el Gomelo”, los cuales empezaron a matar a todos aquellos que consideraban cercanos a los traidores.

Fue así como empezaron a rondar los panfletos que amenazan al combo de “Pati Pati” y compañía, firmados por las “auténticas A.G.C.”.

Esta fractura interna en el frente Héroes del Caribe del Clan está siendo aprovechada por organizaciones procedentes de otros departamentos, las cuales tratan de asegurar una ruta de narcotráfico que salga de los puertos.

Una de ellas está conformada por una alianza de traquetos caleños y chocoanos, que también distribuyeron panfletos presentándose como “Organización militar Salsas Mexicanos”, buscando infundir terror en los rivales.

“La Oficina” también está enviando a sus matones desde el Valle de Aburrá. En Cartagena las gente los nombra de distintas formas, como “los Paisas”o “los de Robledo”, porque algunos de los sicarios detenidos eran de la comuna 7 de Medellín (Robledo), donde actúa uno de los tentáculos de la facción.

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Las muertes derivadas de este conflicto comenzaron a finales de 2021 y aumentaron en lo corrido del presente año, afectando a varios barrios, en especial a Olaya Herrera y El Pozón, así como al corregimiento de La Boquilla. Aunque algunas de las víctimas tenían anotaciones por tráfico de estupefacientes, las balas también han alcanzado a inocentes.

Al mediodía del 13 de enero de 2022 dos asesinos entraron al cementerio Jardines de Cartagena, en el barrio El Recreo. Dispararon contra dos de los asistentes a un funeral, los cuales quedaron heridos, y por error mataron al guía turístico Dilson De La Rosa Ahumada, de 61 años.

Su muerte fue lamentada por el gremio del turismo y la sociedad cartagenera, y le puso la lupa a lo que estaba ocurriendo en La Heroica.

Estos son algunos de los panfletos que han circulado en las calles de Cartagena y en las escenas del crimen. Fotos de cortesía.

“LOS MONTADORES”
En el centro del problema está el deseo de las bandas por controlar la zona portuaria, que no solo les facilitaría la exportación de sus propios cargamentos, sino el cobro de los “impuestos” a los demás.

Tener el control implica más que regentar el bajo mundo de la ciudad. Se requiere tener infiltrados en las instituciones de vigilancia, inversiones en las empresas fachadas que fungen como comercializadoras (importan y exportan mercancía) y, sobre todo, apadrinar a “los montadores”.

El mayor Pablo Uribe, investigador de la Dirección Antinarcóticos de la Policía en la región Caribe, explicó que así se denomina en el argot ilegal a las personas dedicadas a “montar” la droga a las embarcaciones, en diferentes modalidades, como la contaminación de contenedores o la instalación de cilindros “parásitos” bajo el casco del buque.

El Clan, o la organización que domine los muelles, cita a reuniones a “los montadores” y les ordena que notifiquen cada vez que alisten un cargamento. Por ese trabajo reciben comisión, pero ahora que hay una confrontación y nadie sabe a ciencia cierta quién es el jefe, quedaron en medio del fuego cruzado.

El mayor Uribe indicó que este desorden criminal, en el que abundan los delatores para perjudicar a sus enemigos, ha favorecido el trabajo de las autoridades. La Dirección Antinarcóticos ha incautado este año 7,4 toneladas de cocaína en los muelles de Cartagena, siendo la zona portuaria en la que más decomisos se han presentado (en Santa Marta van 2,1 ton. y en Buenaventura 1,8 ton.).

La pérdida de esos estupefacientes exacerba las peleas entre los narcos, así como la persecución policial.

Álvaro José Barrios Díaz (“el Abogado”) fue capturado en septiembre pasado en el barrio El Laguito; y Alexánder Simanca Cabrera (“Simanca”) fue detenido en marzo en Chía, Cundinamarca.

Ahora la cacería se concentra en “Pati Pati”, el último que queda de los antiguos lugartenientes renegados de “Falcon”. La Policía espera atraparlo antes de lo que hagan los sicarios de la manada de narcos que ofendió.

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El Inspector.

El exguerrillero, exparamilitar y narcotraficante, más conocido como “Otoniel”, fue trasladado a suelo estadounidense en cumplimiento de un pedido de extradición, el cual recibió el aval de la Corte Suprema de Justicia y la Presidencia de la República. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Dairo Antonio Úsuga David, alias “Otoniel”, nació hace 50 años en Turbo, Antioquia. Foto cortesía de la Policía.

La primera sanción impuesta por la Casa Blanca en contra de Úsuga data de 2010, cuando el Departamento del Tesoro lo incluyó en la Lista Clinton junto a otros líderes del Clan del Golfo (antes llamado “los Urabeños”), como “Don Mario”, “Mi Sangre”, “Gavilán” y su hermano Juan de Dios Úsuga David (“Giovany”).

El 4 de junio de 2015, la Corte del Distrito Sur de La Florida le formuló a él y a otros ocho cabecillas de su organización el cargo de conspiración para importar una sustancia controlada a Estados Unidos (expediente N° 15-cr-20403-WPD/LSS).

Según esta acusación, el tráfico ilegal habría comenzado en 2002 (cuando “Otoniel” todavía hacía parte de las Autodefensas paramilitares), por una ruta que además de Colombia involucraba a Panamá, Ecuador, Venezuela, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Nicaragua y México.

Trece días más tarde, el 17 de junio de 2015, la Corte del Distrito Oriental de Nueva York le abrió un nuevo expediente (N° 14-0635/S-2/DLI), que también afectaba a otros diez jefes del Clan del Golfo.

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Esta vez, el primer cargo fue por conformación de una empresa criminal, que se subdivide en tres violaciones al código penal estadounidense: conspiración internacional para fabricar y distribuir cocaína, conspiración para distribuir cocaína y conspiración para asesinar a rivales en el tráfico de drogas; el segundo cargo fue por uso de armas de fuego para fomentar el narcotráfico.

En el sistema de justicia estadounidense, estas acusaciones podrían generar una cadena perpetua; sin embargo, el tratado de extradición entre EE.UU. y Colombia especifica que la sentencia en el extranjero no puede superar la pena máxima contemplada en la legislación de nuestro país, es decir, 60 años.

Fuentes judiciales indicaron que, al parecer, el destino inicial de “Otoniel” es la cárcel de Brooklyn, para responder primero por las acusaciones de la corte neoyorquina.

En Colombia, “Otoniel” ya tiene una sentencia de 40 años de cárcel por la masacre de Mapiripán (Meta), perpetrada por el bloque Centauros de las Autodefensas. Además, la Fiscalía espera acusarlo por cerca de 500 crímenes cometidos durante su periodo en el Clan del Golfo (2007 – 2021).

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El Inspector.

La detención fue confirmada en la tarde de este sábado 23 de octubre, cuando comandos de la Policía y el Ejército llegaron hasta inmediaciones de una finca ubicada en un sitio conocido como el cerro del Yoki, en el corregimiento El Totumo del municipio antioqueño de Necoclí.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Este fue el momento en el que los comandos de la Policía y el Ejército sometieron a “Otoniel”, en un paraje de Necoclí, Antioquia. Foto de cortesía.

El general Luis Fernando Navarro, comandante de las FF.MM., detalló que el operativo –llamado Osiris– comenzó en la madrugada del viernes, insertando 500 uniformados en distintos puntos de la región, encargados de bloquear las posibles rutas de escape del objetivo.

Durante varias semanas, 50 expertos en inteligencia de señales venían analizando datos satelitales, para realizar un mapa de ubicación con los recorridos de Úsuga.

“Sabíamos que tenía al menos ocho anillos de seguridad, repartidos en tres kilómetros, entre cerro Yoki y cerro Azul, y que dormía a la intemperie”, narró el general Jorge Vargas, director de la Policía.

El seguimiento detallado les permitió saber a los agentes que “Otoniel” se estaba alimentando de guaguas, y que su salud había desmejorado por la falta de medicamentos para el dolor de espalda.

El asalto se ejecutó a las 3:00 p.m., según Navarro, “de manera sorpresiva, porque el bandido no tuvo tiempo de salir de la zona ni conectarse con sus redes de apoyo”.

El presidente Iván Duque calificó lo sucedido como “la captura más importante del siglo en Colombia, y quizá la más importante a nivel mundial en contra de cabecillas de un cartel narcotraficante”.

“Otoniel” fue trasladado en helicóptero a Bogotá y se le vio sonriente en las fotografías distribuidas por los comandos que lo esposaron.

En redes sociales comenzó a rodar el rumor de que tal vez se trató de una entrega acordada, como sucedió en 2018 con Carlos Tuberquia Moreno (“Nicolás”), el segundo al mando de la banda, pero el general Vargas reiteró que fue una “operación quirúrgica”.

Aunque no se reportaron enfrentamientos durante la aprehensión del capo, 24 horas antes, justo en el proceso de rodear el terreno, un anillo externo de seguridad atacó a un puñado de policías en un paraje rural de Turbo. Un francotirador le quitó la vida al intendente Edwin Blanco Báez, de 34 años y líder de un Escuadrón Móvil de Carabineros, impactándolo en el cuello y el tórax.

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“Otoniel” fue trasladado en helicóptero desde Urabá hasta Bogotá. Foto de cortesía.

EXPERTO EN REINCIDIR
La persecución contra “Otoniel” cobró relevancia en abril de 2009, cuando la Policía arrestó –también en Necoclí– a Daniel Rendón Herrera (“don Mario”), el cofundador de la organización criminal.

Los organismos de Inteligencia reportaron esa vez que “Otoniel”, junto a su hermano Juan de Dios Úsuga David (“Giovany”), quedó al frente de “los Urabeños”, como se le conocía en aquel entonces al Clan del Golfo.

Al quedar en el radar de las autoridades, la opinión pública conoció la historia de uno de los delincuentes más curtidos de Colombia. Úsuga nació el 15 de septiembre de 1971 en el municipio de Turbo, en una familia de 14 hermanos y padres campesinos.

A sus 15 años fue reclutado por la guerrilla del Epl, con la cual delinquió en la frontera de Antioquia con Chocó. En 1991 participó en su primera desmovilización, cuando esta estructura subversiva firmó la paz durante el gobierno de César Gaviria.

Sin embargo, “Otoniel” y “Giovany” regresaron a la delincuencia en las filas de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Úsuga fue enviado al bloque Centauros, en los Llanos Orientales, a órdenes de los comandantes Miguel Arroyave y “don Mario”, creando así los lazos que luego lo llevarían junto a ese último a liderar el Clan.

En 2005 se desmovilizó por segunda ocasión, en el marco de las negociaciones del presidente Álvaro Uribe con las Auc, pero al año siguiente se unió a “don Mario” y a otros exjefes paramilitares en Urabá, para continuar delinquiendo bajo otra bandera: la de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc).

En 2011, el Gobierno de Estados Unidos solicitó su extradición por cargos de narcotráfico transnacional, y posteriormente le asignó una recompensa de 5 millones de dólares, convirtiéndolo en el narco más buscado del país.

Al año siguiente la Policía dio de baja en Acandí (Chocó) a su hermano “Giovany”, con lo que “Otoniel”asumió totalmente las riendas, acompañado de un estado mayor de cinco comandantes.

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Dairo Úsuga, de 50 años, está recluido en un calabozo de la Dijín, a la espera de resolver su situación judicial. Foto cortesía de la Policía.

OPERACIÓN AGAMENÓN
El 2 de febrero de 2015 la Policía lanzó Agamenón, la operación más grande en la historia reciente de la nación contra una estructura de crimen organizado. Cuatro generales y 1.200 policías de grupos especiales, con el apoyo logístico y tecnológico de EE.UU., Europol y el MI6, se tomaron la subregión de Urabá para derrotarlo en un plazo de 70 días.

El plan inicial fracasó. El conocimiento del territorio por parte de “Otoniel”, adquirido desde sus días de guerrillero, le sirvió para eludir el embate de la Fuerza Pública.

Desde la clandestinidad lideró la expansión del cartel, llegando a establecer redes en 23 departamentos y células narcotraficantes en Panamá, Venezuela y España.

En ese proceso se fue a la guerra con el Eln, las Farc y sus disidencias, “los Rastrojos”, “los Paisas”, “Libertadores del Vichada”y otros grupos ilegales, instigando múltiples masacres y desplazamientos forzados masivos en Antioquia, Chocó, Norte de Santander, Nariño, Córdoba y Valle.

En el plano transnacional, “Otoniel” se asoció con carteles mexicanos, centroamericanos y europeos, usando como plataformas de exportación marítima de cocaína al Golfo de Urabá; los puertos de Buenaventura, Barranquilla y Cartagena; y playas clandestinas de las costas Caribe y Pacífica.

El Clan llegó a tener cerca de 6.000 integrantes, cuatro bloques y 23 frentes, sumando combatientes armados, redes de apoyo y bandas locales subcontratadas a modo de franquicias.

En respuesta a sus movimientos, el Gobierno transformó a Agamenón en una campaña militar y policial de largo aliento. Entre sus resultados más importantes estuvieron las bajas de varios integrantes del estado mayor del Clan, como “Guagua” (2016), “Gavilán” e “Inglaterra” (2017), “el Indio Aristides” (2018) y “Marihuano” (2021).

Entre las muertes en enfrentamientos con las autoridades, y las capturas, “Otoniel” ha perdido más de 20 familiares en su sangrienta carrera. En la actualidad, en la cárcel pernoctan algunos de sus hermanos, como “la Negra” y “Cuarentano”.

Pese a esto, Úsuga logró evadir su captura durante tres gobiernos: el de Uribe, el de Santos y parcialmente el de Duque.
En septiembre de 2017, con ocasión de la visita a Colombia del Papa Francisco, “Otoniel” apareció en un video, anunciando sus intenciones de iniciar conversaciones de paz con la Casa de Nariño, con miras a su sometimiento a la justicia.

El presidente Juan Manuel Santos confirmó los acercamientos y delegó para tal fin al vicepresidente Óscar Naranjo. No obstante, las reuniones se congelaron cuando Iván Duque llegó a la Presidencia.

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Estos son los miembros del estado mayor del Clan del Golfo, de donde saldría el sucesor de “Otoniel”. Cortesía.

RED DE CORRUPCIÓN
En sus últimos tres años de libertad, de acuerdo con fuentes de Agamenón, “Otoniel”cambiaba constantemente de guarida, entre la selva del Darién, la serranía de Abibe y el nudo del Paramillo.

Usualmente andaba a lomo de mula, con una escolta personal de tres hombres y un anillo externo de seguridad de otros 20. En ese tiempo hubo 12 incursiones en el monte para detenerlo, que fallaron porque se filtraba la información a última hora.

“El Clan del Golfo cuenta con una red de informantes dentro de las Fuerzas Militares y de Policía, conformada por oficiales de alto grado, de capitanes para arriba”, le reveló un integrante de Agamenón a El Colombiano el año pasado.

Según fuentes de la Fiscalía, en los últimos cinco años han sido judicializados cerca de 200 integrantes de la Policía y las Fuerzas Militares, por presuntos nexos con el Clan.

Entre los casos más conocidos están el del mayor Adrián Torres, subcomandante de la Policía de Buenaventura (Valle), capturado en 2019; y el del mayor Héctor Murillo, jefe del Modelo de Cuadrantes de la Policía Antioquia, condenado a seis años en 2018.

Ahora que “Otoniel”tendrá que rendir cuentas ante la justicia, los investigadores esperan su colaboración para desmantelar la red de corruptos que lo protegía.

POSIBLES SUCESORES
Tal cual ocurrió cuando fue capturado “don Mario”, lo más probable es que el sucesor de “Otoniel”salga del estado mayor de la organización.

En ese sentido, según los dosieres policiales, la lista de candidatos comienza con Jobanis de Jesús Ávila Villadiego (“Chiquito Malo”), desmovilizado del bloque Bananero de las Auc, pedido en extradición por EE.UU. y considerado el número dos del cartel.

Le sigue Wilmar Antonio Giraldo Quiroz (“Siopas”), exguerrillero de los frentes 5° y 58 de las Farc, y actual comandante del bloque Pacífico del Clan, con influencia desde Chocó hasta Nariño.

Y José Gonzalo Sánchez Sánchez (“Gonzalito”), primo de crianza de “Otoniel”, desmovilizado del bloque Catatumbo de las Auc y cabecilla del bloque Roberto Vargas Gutiérrez del Clan, que opera en Córdoba, Sucre y Bajo Cauca.

Las fuentes de Inteligencia precisaron que ninguno tiene la capacidad de aglutinar que caracterizaba a “Otoniel”, por lo que prevén disputas internas y divisiones por el poder.

En ocasiones pasadas, cuando murieron cabecillas del Clan en operaciones de la Fuerza Pública, la reacción de la estructura mafiosa fue promover paros armados y planes pistola contra la Policía en sus áreas de influencia, situación que prende las alarmas por el encarcelamiento de “Otoniel”.

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ANEXO: LA SITUACIÓN JUDICIAL DE “OTONIEL”
Según la Fiscalía, “Otoniel”tiene 122 órdenes de captura y siete medidas de aseguramiento (en calidad de reo ausente) de diferentes despachos judiciales, por cargos de homicidio, concierto para delinquir, terrorismo, secuestro extorsivo y narcotráfico, entre otros.

También tiene seis sentencias condenatorias vigentes, entre ellas una de 40 años de prisión por la masacre de 49 personas en Mapiripán, Meta, durante sus días de paramilitar en 1997.

A esto se suman los pedidos de extradición de tres cortes federales de EE.UU., por conspiración para exportar y distribuir cocaína en ese país. 

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El Inspector.

Luego de la audiencia de control de garantías, un juez le dictó medida de aseguramiento en la cárcel a este hombre, apodado “Falcon”, “Babalao” o “Andrea”.

Dos de los automóviles decomisados a alias “Falcon” o “Babalao”, por presunto lavado de activos del narcotráfico. Cortesía de la Policía.

Tal cual informó Revelaciones del Bajo Mundo, Valencia fue capturado el pasado 7 de mayo en la vereda Llanogrande, y la Fiscalía le imputó cargos por concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico, lavado de activos y tráfico de armas, los cuales él rechazó en el estrado.

Las motocicletas fueron importadas, algunas de ellas customizadas a petición del cliente. Cortesía.

Su abogado, el exfiscal general de la Nación, Mario Iguarán, apeló la medida intracarcelaria emitida por el juzgado.

“Es uno de los denominados ‘narcos puros’, perteneciente al ala financiera del Clan del Golfo, quien presuntamente coordinaba cargamentos de cocaína que salían del Caribe colombiano. De acuerdo con las pruebas, movía alrededor de $60.000 millones mensuales, producto del narcotráfico y otras rentas ilegales, por orden del máximo líder del clan, alias ‘Otoniel’”, declaró Carlos Izquierdo Ortegón, jefe de la Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada.

Valencia es un coleccionista de motos y autos de lujo, que guardaba en su propiedad de Llanogrande, en Rionegro. Cortesía.

Para la Policía, “Babalao” sería el cabecilla del frente “Héroes del Caribe”, la estructura del clan que tiene injerencia en los puertos de Cartagena y Barranquilla.

La propiedad de Valencia en Llanogrande incluye una casa de 9.000 m2 y una cancha de fútbol de grama sintética. Cortesía.

El general Jorge Vargas, director de esa Institución, lo catalogó como uno de los principales narcos del país. Recordó que en el allanamiento a su propiedad, en Llanogrande, le encontraron un arsenal conformado por dos fusiles, una subametralladora, nueve pistolas, tres revólveres, tres escopetas, 35 proveedores, tres miras telescópicas, un adaptador para subametralladora, tres cañones para pistola y un visor nocturno.

La colección también incluye vehículos antiguos, entre camionetas y camperos. Cortesía.

Según Izquierdo, Valencia “sería dueño de una colección de autos lujosos de alta gama, con aproximadamente 30 vehículos de diferentes marcas (Lexus, Ferrari, Toyota, Mercedes Benz, Volvo, etc.)”. Los ferraris ya eran conocidos por los habitantes de Rionegro, pues por allí se daba sus paseos el sospechoso, a veces en compañía de un cantante de reguetón.

Este fue el arsenal que le encontraron a Valencia en su propiedad. Foto cortesía de la Policía.

El general Vargas reiteró que “estas excentricidades hacen recordar la época de Pablo Escboar y los hermanos Rodríguez Orejuela (capos de los antiguos carteles de Medellín y Cali). Ya estamos compartiendo la información recopilada con las autoridades de Estados Unidos”.

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El Inspector.

Según fuentes judiciales, se trata de Juan José Valencia Zuluaga, apodado “Falcón”, “Andrea” o “Babalao”, quien fue capturado en el marco de la campaña militar y policial Agamenón 2, que pretende desmantelar al cartel narcotraficante más grande de Colombia. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Este es el arsenal que las autoridades le incautaron a alias “Falcon” o “Babalao” en un condominio de la vereda Llanogrande, en Rionegro (Antioquia). Fotos cortesía de la Policía.

La detención se produjo en la vereda Llanogrande, del municipio antioqueño de Rionegro, el pasado 7 de mayo, en un suboperativo denominado “San Mateo”. De acuerdo con las fuentes, agentes de la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) y de la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) allanaron una propiedad en un condominio de lujo, en la cual encontraron un poderoso arsenal.

Según el dosier oficial, entre los elementos incautados: dos fusiles, tres escopetas, nueve pistolas, tres revólveres, una subametralladora, tres miras telescópicas, un visor nocturno y demás aditamentos bélicos. También le decomisaron 11 vehículos, computadores, discos duros y demás elementos de información.

La Policía y la Fiscalía investigan a “Falcon” por su presunta participación en negocios de narcotráfico y lavado de activos para el Clan del Golfo, en particular de una subestructura denominada “Héroes del Caribe”. Se sospecha que tendría injerencia en las rutas de exportación de cocaína que salen por los puertos de Cartagena y Barranquilla, con rumbo a Europa.

En los archivos de la campaña militar y policial Agamenón 2, conocidos por El Colombiano, se explica que el frente “Héroes del Caribe” tiene injerencia en siete municipios de Bolívar: Magangué, Carmen de Bolívar, María La Baja, Arjona, San Jacinto, San Juan Nepomuceno y Cartagena; y en tres de Atlántico, que son Barranquilla, Soledad y Puerto Colombia.

Aunque apenas se trata de un solo capturado, la audiencia de control de garantías ya lleva más de una semana en curso. Un fiscal de la Dirección contra la Criminalidad Organizada le imputó cargos por concierto para delinquir con fines de narcotráfico, tráfico ilegal de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas y lavado de activos.

Frente a estas imputaciones, Valencia Zuluaga se declaró inocente. Todavía no se define, por parte del juez, la medida de aseguramiento.

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El Inspector.

El operativo se ejecutó en la mañana del martes 23 de febrero, cuando policías de la Dirección Antinarcóticos y la Dirección de Investigación Criminal allanaron la propiedad y arrestaron al hombre de 45 años, quien no tuvo tiempo de escapar. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Luego de su captura en Santa Fe de Antioquia, alias “Dimas” fue trasladado a Medellín para su audiencia de control de garantías. Foto de cortesía.

Luego de tantos meses de persecución, la decisión de recibir la visita de su esposa e hijo fue la debilidad que aprovecharon los investigadores, quienes siguieron a la familia hasta el escondite.

Fuentes judiciales le informaron a El Colombiano que en contra de “Dimas” había una orden de captura por concierto para delinquir agravado, y tres procesos penales en curso por desaparición forzada en tres fiscalías diferentes.

El presidente Iván Duque celebró este arresto en su cuenta de Twitter, manifestando que Góez era “encargado de controlar el narcotráfico para esa organización, con amplia afectación en Urabá y Medellín. Cuenta con varias órdenes de captura por concierto para delinquir agravado, responsable de cobros y comercialización de estupefacientes. Con 16 años de actividad criminal, es el hombre de confianza de ‘Otoniel’”.

Sobre el detenido, el dosier de la Policía indica que nació en Mutatá, Antioquia (03/11/75) y es desmovilizado del bloque Calima de las Auc. Entre 2006 y 2008 integró uno de los grupos neoparamilitares conocidos en ese entonces como “Águilas Negras”, y posteriormente pasó a las filas del clan del Golfo.

En principio, trabajó de la mano de su tío Ernesto Góez Valderrama (“el Tío”), coordinando las finanzas del narcotráfico en Urabá. Su destreza criminal le permitió ir ascendiendo en la estructura, hasta que en 2014 fue capturado bajo cargos de concierto para delinquir, homicidio, tortura y desaparición forzada.

ENLACE CRIMINAL
A pesar de esas imputaciones, salió de la cárcel un año después. Hasta ese momento su nombre era Dimas de Jesús Góez Ruiz, pero en una maroma notarial se lo cambió a Juan Camilo Góez Ruiz. Una vez en libertad, se convirtió en uno de los favoritos de Dairo Úsuga David (“Otoniel”), máximo líder del clan del Golfo.

Con la sucesiva captura y muerte de sus lugartenientes, “Otoniel” le fue entregando cada vez más responsabilidades a “Dimas”, como la coordinación de rutas de narcotráfico hacia el exterior y, más recientemente, ser su delegado para la administración de los negocios del cartel en el Valle de Aburrá.

En Medellín y sus municipios vecinos, Góez al parecer articula alianzas con bandas locales como “la Sierra”, “Limonar 1”, “la Miel”, “Barrio Bolsa”, “Alto de Aranjuez”, “Mano de Dios”, “Pachelly”, “los Chatas” y “Altos de la Virgen”.

Su renombre en las filas del clan también aumentó el interés de la Fuerza Pública en su captura. El 1 de noviembre de 2020 en la vereda Iracal de Uramita, Antioquia, comandos adscritos a la campaña militar y policial Agamenón II lo ubicaron en una finca.

El asalto a la propiedad fue a las 6:30 a.m., pero tres de sus guardaespaldas abrieron fuego y distrajeron a los uniformados. “Dimas” logró escapar desvaneciéndose en el monte. Sus tres escoltas murieron.

Cuatro meses después, la captura de Góez ocurrió en un momento crítico para la organización narcotraficante. Él era uno de los candidatos para reemplazar en la cúpula a Nelson Hurtado Simanca (“Marihuano”), dado de baja por la Policía el pasado 7 de febrero, por lo que la caída de “Dimas” resultó ser un golpe estratégico de las autoridades.

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ANEXO: EL NUEVO PLAN PISTOLA DEL CLAN DEL GOLFO

En actualidad se está perpetrando un plan pistola del clan del Golfo contra la Fuerza Pública, como retaliación por la muerte de “Marihuano”. Desde el 12 de febrero los sicarios del grupo han matado a seis policías y lesionado a otros ocho en diferentes atentados en Antioquia, Chocó, Córdoba y Sucre. El último caso ocurrió el 22 de febrero en Riosucio, Chocó, donde acribillaron en una calle a los patrulleros Harold Puentes Ribero y William Fuel Uribe. El general Carlos Rodríguez, director de Seguridad Ciudadana de la Policía, anunció una recompensa de $100 millones para quien ayude a ubicar a los homicidas.

El Inspector.

Los uniformados se dividieron, mientras unos contenían a las muchachas, los otros sometían al “Gordo Tavo”, llevándolo al piso y poniéndole las esposas. Quién sabe qué cosas pasarían por su mente en aquel momento. El hombre que alguna vez fue catalogado como uno de los 10 delincuentes más buscados de Colombia, tal vez pensaba que los enemigos cosechados en las guerras de la cocaína habían llegado a cobrarle con la vida.

Esta es la historia detrás de la captura, elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Así lucía Gustavo Álvarez Téllez (“Gordo Tavo”), al momento de su captura en Cereté, Córdoba. Foto cortesía de la Policía.

La historia de Álvarez Téllez, de 48 años, está plagada de muerte y traiciones. Según el dosier de las autoridades, en los años 90 este ciudadano nacido en Ibagué se vinculó a una facción paramilitar en el Magdalena Medio. De allí partió hacia Cartagena, donde en el 2000 instaló una oficina de sicarios para hacerles trabajos a varios capos de las Autodefensas, como “Diego Vecino” y “Juancho Dique”, cabecillas del bloque “Héroes de los Montes de María”.

La cercanía con los puertos le sirvió para incursionar en el narcotráfico transnacional y en 2005 extendió su negocio a Medellín. Aquí estableció una amistad con Maximiliano Bonilla Orozco (“Valenciano”), uno de los líderes de la organización criminal “la Oficina” y responsable de exportar drogas por el Caribe, en especial por el Golfo de Morrosquillo.

NOTA RELACIONADA: 20 años de condena en EE.UU. para el capo “Valenciano”.

Fue así como “Gordo Tavo” saltó a las grandes ligas, siendo socio financiero de “la Oficina” y de “los Paisas”, una banda de origen paramilitar afincada en el Bajo Cauca antioqueño.

La situación le generó enemistades con otros grupos, como “los Rastrojos”, que el 3 de febrero de 2010 mataron en Cartagena a su hermano Óscar Alberto Díaz Téllez, desmovilizado del bloque “Héroes de los Montes de María”.

Su febril actividad narcotraficante lo puso en la mira de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), que ya estaba tras la pista de “Valenciano” y “los Paisas”. La Corte del Distrito Este de Nueva York le abrió un expediente por conspiración para importar estupefacientes a ese país, y solicitó su extradición.

Álvarez Téllez fue capturado el 11 de mayo de 2011 en la isla de Aruba, y de allí trasladado a una prisión federal en Brooklin. La Policía lo señaló de haber coordinado la exportación de 120 toneladas de cocaína en dos años y el entonces presidente, Juan Manuel Santos, lo catalogó como uno de los 10 delincuentes más buscados de Colombia.

En la prisión estadounidense se encontraría más tarde con “Valenciano”, quien fue detenido en Venezuela el 27 de noviembre del mismo año. Él lo acusó de ser un delator e incluso se fueron a los golpes en uno de los pabellones.

A pesar del prontuario, su cooperación con la DEA le sirvió para obtener rebajas judiciales y la justicia estadounidense lo condenó a solo 36 meses de encarcelamiento, por el cargo de conspiración para distribuir cinco o más kilos de cocaína (caso 1:11-cr-00369-SJ). Tras pagar una fianza de 100 dólares, según los documentos de la corte, quedó en libertad vigilada.

NUEVAS ALIANZAS

Fuentes de la Policía Nacional, que le siguieron la pista tras su regreso a Colombia, le contaron a El Colombiano que volvieron a tener noticias de él en 2016.

Al parecer volvió a Cartagena, donde fue visitado por secuaces de “Valenciano”. “Le pidieron $5.000 millones de cuota, si quería regresar al negocio”, explicó un oficial, cuya identidad pidió reservar por seguridad.

Según la investigación, para protegerse de los tentáculos de su exsocio, “Gordo Tavo” buscó el respaldo del principal grupo narcotraficante de la actualidad: el Clan del Golfo. Por medio de un narco apodado “Echeverry”, le envió un mensaje al máximo líder de esa facción, Dairo Úsuga David (“Otoniel”).

El veterano capo le permitió unirse a la banda e inicialmente le asignó una ruta de exportación que nace en La Guajira. Con el tiempo, sus actividades se fueron extendiendo al sur de la costa Atlántica, retomando sus antiguos contactos en Magdalena, Bolívar y Córdoba.

Como socios de esta nueva aventura, Álvarez contó con José Gonzalo Sánchez (“Gonzalito”), presunto cabecilla del bloque Pacificadores de Córdoba y Bajo Cauca del Clan del Golfo, quien le aportó el aparato sicarial; y con Jorge Iván González Martínez (“Jota Firma”), quien también estuvo extraditado en el pasado, al parecer domina rutas hacia Europa (especialmente a España) y es hijo del famoso coronel Danilo González, que trabajó para el Cartel de Cali y en los 90 combatió a Pablo Escobar junto a “los Pepes”, antes de ser asesinado en 2004 en Bogotá.

De acuerdo con indagaciones judiciales, el esquema de seguridad de “Gordo Tavo” quedó a cargo de un coronel retirado del Ejército, quien coordinaba sus desplazamientos por tierra en vehículos blindados.

En su intento por recuperar la hegemonía en la Costa, el ibaguereño tuvo que enfrentarse a “los Pachenca”, una banda con fuertes raíces en Santa Marta y Cartagena, lo que dejó muertos de lado y lado en los últimos años.

Según la Policía, en el fragor de esas guerras se habría enemistado con “Jota Firma”, tal cual ocurrió en el pasado con su amigo “Valenciano”, lo que aumentó los peligros a su alrededor. Álvarez se refugió entonces en una casa campestre con piscina ubicada el municipio de Cereté, en Córdoba, una zona de influencia del Clan del Golfo.

LA NUEVA CAÍDA

A mediados de abril de 2020 se celebró en ese lugar el cumpleaños de la hija mayor de “Gordo Tavo”, en una fastuosa rumba con mariachis, que violó los protocolos de la cuarentena. El evento no pasó inadvertido para los informantes de la Dirección Antinarcóticos de la Policía, que delataron su paradero.

A las 6:00 p.m. del viernes 24 de abril, seis comandos Jungla allanaron la propiedad. Fue en ese instante de terror en el que Álvarez se refugió detrás de sus hijas, según contaron agentes que conocieron el operativo. En su contra había una orden de captura solicitada por un fiscal de Bogotá.

En el lugar había otro familiar, el mayordomo y un trabajador de la finca, que fueron dejados en libertad. Durante el registro encontraron un fusil de calibre 5.56.

La audiencia de control de garantías se realizó este sábado ante el Juzgado Primero Penal Municipal de Montería, que legalizó el allanamiento y el procedimiento de captura. El ente acusador le imputó cargos por concierto para delinquir, homicidio y tráfico de estupefacientes, los cuales no aceptó.

El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, declaró que Álvarez “era el principal articulador del narcotráfico de la estructura Caribe del Clan del Golfo. Es un sujeto con un historial criminal que inició en los 90”.

Añadió que esta operación afecta a los grupos de crimen organizado “donde más les afecta, en sus finanzas provenientes del narcotráfico”.

Aunque el gobierno estadounidense no ha solicitado de nuevo su extradición, la Policía indicó que la DEA ya está informada de su captura. Por esta situación, precisaron las fuentes, “Gordo Tavo” y su defensa manifestaron su deseo de colaborar con la justicia, una vez más.

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El procesado no aceptó los tres cargos que le imputó la Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada: concierto para delinquir agravado, porte ilegal de armas y porte de explosivos de uso privativo de las Fuerzas Militares.

Su captura se suma a otro golpe propinado por la Fuerza Pública en las últimas semanas, cuando los agentes frustraron una venta de drogas de esa banda con el Clan del Golfo. Esta es la reseña de los casos, elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Alias “Juano” fue capturado en el municipio de Guarne y será trasladado a la cárcel La Picaleña de Ibagué. Foto cortesía de la Policía.

Alias “Juano” fue detenido este miércoles 6 de noviembre, cuando se ocultaba en una finca del municipio de Guarne, Antioquia. En su habitación, los investigadores de la Dijín encontraron una pistola calibre 22 con su proveedor y una granada de fragmentación. Estaba en compañía de otros dos hombres, los cuales no fueron judicializados.

De acuerdo con la investigación de la Policía, el sospechoso tendría una trayectoria delincuencial superior a los 15 años. En la actualidad estaría coordinando a “los Triana” en la calle, pues los jefes principales están en prisión desde el año pasado: Elkin Triana (“el Patrón”) y Carlos Mario Triana (“Mario Chiquito”).

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Entre sus labores estaba administrar el cobro de extorsiones a los establecimientos comerciales de las comunas 1 y 2 de Medellín, así como a las rutas de buses que van a los barrios Zamora, Santa Rita, Pablo Sexto y Santa Cruz. Según la Dijín, producto de esa actividad, la banda obtendría cerca de $200 millones mensuales.

Para evadir a las autoridades, Wilson Hincapié usaba una cédula falsa, pero la artimaña no le funcionó. Tras la decisión del juzgado, será trasladado a la cárcel La Picaleña, de Ibagué (Tolima).

TRANSACCIÓN DE DROGAS FRUSTRADA

La captura de “Juano” no es el único golpe que las autoridades le han dado a “los Triana” recientemente. El 18 de octubre pasado la Policía capturó a siete personas, supuestos integrantes del Clan del Golfo y de “los Triana”, justo cuando adelantaban una transacción de estupefacientes en el barrio Santa Fe, en el occidente de Medellín.

La vivienda fue allanada por agentes de la Dijín adscritos a la Operación Agamenón, sorprendiendo a seis hombres y una mujer en flagrancia. Les incautaron 28 kilos de cocaína, 70 millones de pesos y 15 cartuchos de calibre 9 milímetros.

Esta es la droga que “los Triana” pretendían venderle al Clan del Golfo, según la Fiscalía. Cortesía.

De acuerdo con la investigación inicial, “Chiquito Malo”, uno de los máximos líderes del Clan en la subregión de Urabá, envió a dos de sus delegados a Medellín (“el Negro” y “Evelyn”) para comprarle la mercancía a “los Triana”, con el propósito de sumar esos kilos a otro cargamento y hacer un envío a Centroamérica desde el Golfo de Urabá.

Los siete detenidos fueron procesados por concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes agravado y porte ilegal de municiones. Ninguno aceptó los cargos y en la audiencia de control de garantías les dictaron medida de aseguramiento en la cárcel.

Los afectados con la decisión fueron  Wálter Rojas Jiménez (“el Negro”) y Evelyn Ximena Ávalos (“Evelyn”), presuntos miembros del Clan del Golfo; y sus supuestos proveedores de “los Triana”, Luis Fernando Zuluaga Marín, Angelmiro David Góez, Diego Armando Agudelo Moncada, Juan Esteban Cardona Ospina y Jacob Andrade Arenilla.

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El Inspector.

Sus crímenes quedaron al descubierto tras una operación de la Dijín y la Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada. El caso cobró relevancia porque los mercenarios del grupo estarían implicados en una de las muertes ligadas al hurto de un botín multimillonario del Clan del Golfo.

Esta es la historia elaborada por El Colombiano, que Revelaciones del Bajo Mundo reproduce por considerarla de interés para sus lectores.

En una vía de Manrique mataron a “Deiby”, presunto enlace de “la Oficina de Laureles” con “la Terraza” (sept 17/18). Foto de Santiago Mesa.

Robarle 20.000 millones de pesos a la mafia equivale a invocar una sentencia de muerte. Significa que serás cazado por perros de presa, por hombres de corazón tan negro como los que contrataron para cobrarle con la vida al comerciante Carlos Andrés González Gómez.

Esta persona de 32 años era investigada por las autoridades, por su presunta participación en un asalto del 15 de octubre de 2017 a un edificio de El Poblado, en el que mataron a un caletero y hurtaron la millonaria suma de dinero, al parecer de propiedad del cartel narcotraficante Clan del Golfo. Hoy es difícil saber si él lo hizo, pues la mano de los verdugos actuó primero que la justicia.

El pasado 6 de abril González fue citado bajo amenazas a una edificación del barrio Conquistadores, en el occidente de Medellín. Apenas llegó a la recepción, fue sorprendido por un sicario que le disparó.

Cuando pretendía huir con un compinche en motocicleta, el asesino fue arrollado por un cuñado de la víctima, que esperaba afuera del edificio en un automóvil.

Los mercenarios escaparon corriendo, pero la moto que dejaron en la escena del crimen condujo a los investigadores al hallazgo de una célula criminal secreta, cuyo propósito es tan temido por la sociedad como apetecido por los postores del bajo mundo: matar a quien sea y cuando sea, a cambio de plata.

ESTAFANDO AL DIABLO
El difunto Juan de Dios Perdomo Bonilla había hecho fortuna con una dudosa reputación, pues entablaba negocios posando de agente deportivo de la Federación Colombiana de Fútbol y representante del Consulado de Malta, sin pertenecer a estas instituciones.

La hipótesis de la Fiscalía es que una de esas negociaciones salió mal y que los estafados, al parecer, resultaron ser miembros de la organización criminal “la Oficina” que invirtieron dinero en la compra y venta de pases de futbolistas.

Para saldar la afrenta, los mafiosos contrataron a la célula sicarial, que envió a dos emisarios a la ciudad de Barranquilla. El 18 de febrero de 2018 acribillaron a Perdomo en un parqueadero, delante de su familia, dejando herido a un sobrino de 14 años.

Tras el ataque, la Policía capturó a uno de los agresores, Kevin Samir López Mejía. Este joven era el propietario de la moto abandonada posteriormente en el edificio en el que mataron al comerciante González, lo que puso a los agentes de la Dijín tras la pista de una organización involucrada en esos dos homicidios.

El celular de Kevin López fue interceptado, lo que llevó a los detectives a identificar a otros miembros del grupo. El muchacho de 27 años hablaba con desparpajo desde la cárcel El Bosque, de Barranquilla. Pedía dinero para su sostenimiento, se jactaba de estar en una celda para él solo, con TV y ventilación, y aseguraba que si la condena era muy alta, se fugaba, “porque la salida de acá es muy fácil”.

La captura del presunto sicario Kevin López, en Barranquilla, fue vital para identificar al resto de la banda. Foto cortesía de Policía.

EL TERRITORIO DE LA JAURÍA
Las interceptaciones telefónicas revelaron que, si bien su principal objetivo era el homicidio por contrato, con cobros que iban de $20 a $100 millones, la célula gestionaba otras rentas ilícitas, como la extorsión y el tráfico de drogas.

El territorio en el que ejercían esas actividades, por lo menos desde 2016, eran los barrios Lorena y Laureles, en la comuna 11 de Medellín, y al parecer iban a incursionar en el sector Ciudad del Río, en el barrio Colombia.

Cada mes cobraban entre $100.000 y $200.000 a algunos establecimientos comerciales del primer y segundo parque de Laureles, la avenida Ochenta y la calle San Juan. Los buses de servicio público tampoco se escapaban.

En sus conversaciones se referían a la droga como “los palitos”, “dulces”, “tamales” y “el mango biche”. Cada vez que expendían o cobraban la extorsión, se identificaban como “los de la vuelta de Laureles” o “los de la tiendita”, refiriéndose a un local de la carrera 80B con la calle 40 que usaban como guarida.

Nadie más podía delinquir en la zona sin su autorización, porque ellos regían con brutalidad. Prueba de esto fue la muerte de Juan David Rendón Betancur, un joven de 27 años que diseñaba tatuajes, joyería y expansores para las orejas.

Sucedió en la noche del 29 de mayo anterior. La banda tenía información de que había personas comerciando droga “de contrabando” – sin su permiso-, por medio de domicilios en Lorena. Fingieron ser clientes e hicieron un pedido de éxtasis y 2CB a la tienda, adonde llegó Rendón con la mercancía, sin saber que se trataba de una celada.

Cuatro chacales lo sometieron y le advirtieron que ellos eran los jefes de la plaza. Para dejarlo vivir, tendría que pagar $2 millones de multa.

El retenido llamó a familiares y amigos, implorando por un préstamo de urgencia. Fueron más de 10 llamados de angustia, en los que el tono de los captores se volvía más violento. “Contésteme pues, es que a su hermanito lo voy es a picar y se lo voy a mandar embolsado”, amenazó uno de ellos al interlocutor.

La última llamada fue a la 1:40 a.m. del 30 de mayo. Rendón, en medio del llanto, le contó a un hermano que ya le habían cortado el pelo y que lo estaban torturando. Fue lo último que dijo. Su cadáver fue hallado en la madrugada en una acera del barrio El Velódromo, con 34 heridas producidas con destornillador.

Esa vez nadie les pagó por el homicidio, solo lo hicieron para enviar un mensaje: aquí mandamos nosotros.

Aunque fue un golpe duro contra la célula sicarial, aún quedan miembros por capturar. Cortesía.

LAZOS CRIMINALES
La Dijín, la Sipol y la Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada se unieron para desenmascarar a la facción que venía dejando esta hilera de muertos, y de la que muy poco se sabía en los corrillos policiales.

Gracias a las interceptaciones, se enteraron que uno de sus principales cabecillas era, presuntamente, Víctor Hugo Benítez (“Repelín”). Su nombre saltó a escena el 14/4/18, cuando fue detenido en el distrito de San Miguelito, en Panamá, portando 200 kilos de cocaína junto a un guatemalteco.

Tras lo sucedido, la jefatura del grupo quedó en cabeza de Juan Pablo Henao Correa (“el Mono”), con sus supuestos coordinadores Carlos Esteban Londoño (“el Cabe”), Esteban Urrea Cano (“Muleta”) y Andrés Pérez Orrego (“el Pulpo”).

Del sicariato se encargaban, al parecer, Santiago Lopera Restrepo (“Peludo”), Didier Torres Gómez (“Didier”), Brayan Múnera Rendón (“Múnera”) y el citado Kevin López Mejía (“Kevin”).

Varios de estos integrantes se coordinaron, según el expediente, para ejecutar otro contrato letal en el que el blanco era Francy Milena Velásquez Vargas, de 32 años y empleada de una óptica de El Poblado.

La acecharon durante una semana y el pasado 18 de julio le dispararon en la cabeza a una cuadra de su casa, en el barrio Triana de Itagüí.

La secuencia de asesinatos paró el 26 de septiembre, cuando los policías capturaron a los miembros de la agrupación, que bautizaron como “la Oficina de Laureles”. A los investigadores les llamó la atención que los cabecillas y coordinadores provenían de familias de estrato alto, que eran “hijos de papi”.

Los ocho detenidos (incluyendo a Kevin) señalaron que eran independientes, pero los agentes encontraron un vínculo con la banda “la Terraza”, que delinque hace más de una década en Medellín.

El enlace entre las facciones era, presuntamente, Arbey Acevedo Restrepo (“Deiby”). Los agentes no alcanzaron a capturarlo porque nueve días antes del operativo, otros sicarios lo aniquilaron cuando conducía una moto por una vía de Manrique Oriental.

En los allanamientos del 26/9/18, a los integrantes de “la Oficina de Laureles” les decomisaron un automóvil, dos motocicletas, una pistola con silenciador y un proveedor expansivo, 3,5 kilos de marihuana, 200 gramos de cocaína y 15 gramos de 2CB.

La Fiscalía les imputó homicidio agravado, secuestro extorsivo agravado, tráfico de drogas, porte ilegal de armas y concierto para delinquir agravado. Los ocho procesados no aceptaron los cargos. El juzgado les dictó medida de aseguramiento en la cárcel.

En la audiencia de control de garantías, a los procesados les endilgaron precisamente los asesinatos del mánager de futbolistas Juan de Dios Perdomo, el diseñador de tatuajes Juan David Rendón, la empleada Francy Velásquez y el comerciante Carlos González.

Sobre este último, la participación de “la Oficina de Laureles” podría arrojar luces sobre el misterioso caso del robo a la multimillonaria caleta del Clan del Golfo, pues a la fecha se han registrado cuatro muertes ligadas a este hecho, tal cual denunció El Colombiano anteriormente (ver el anexo).

Los detenidos están en los calabozos de la Sijín, esperando la remisión a la cárcel. No han querido decir quiénes los contrataban. Por experiencia saben que hablar tiene un duro precio que se paga en esta vida.

NOTA RELACIONADA: La mortal cacería en Medellín del tesoro maldito del Clan del Golfo.

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ANEXO: EL CASO DEL ROBO DE CALETA AL CLAN DEL GOLFO

El pasado 25 de junio en un reportaje titulado “Un botín de la mafia deja su rastro de víctimas”, El Colombiano denunció una serie de asesinatos relacionados con el robo de 20.000 millones de pesos a la organización criminal Clan del Golfo en Medellín. La historia comenzó el 15 de octubre de 2017, cuando unas personas asaltaron un apartamento en una urbanización de El Poblado, mataron al inquilino Jhon James Palacio Madrid y hurtaron la millonaria suma.

La situación provocó una oleada de retaliaciones, en especial porque, al parecer, quienes robaron el botín no entregaron todas las ganancias a sus jefes. Tras lo sucedido, fue asesinado Jhonattan David Monsalve Acuesta (“Chinga Mala”), en el barrio Campo Valdés (17/10/17).

Luego mataron al comerciante Carlos Andrés González Gómez, en el barrio Conquistadores (06/4/18). Las autoridades presumen que el dinero estaba en su apartamento, y que ese mismo día fue cambiado de lugar.

En el edificio donde él vivía, en el mismo Conquistadores, un grupo ilegal forzó la puerta del garaje y trató de ingresar a su residencia para buscar la caleta, el 13 de abril, sin éxito. En la entrada de esa edificación, mataron el 18 de abril al conductor Wilman Andrés García Correa, cuando llegaba a entregarle medicinas a un inquilino.

A la fecha no se conoce el paradero del botín del Clan del Golfo, pero siguen apareciendo víctimas de esta situación en la ciudad.

El Inspector.

Hasta ahora, los cabecillas de “los Chatas”, “los Triana” y “los Urabeños” (Clan del Golfo) han manifestado deseos de pactar acuerdos con el Gobierno, pero solo en el último caso hay avances. Este es un informe realizado por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Juan Carlos Mesa Vallejo, alias “Tom”, es investigado por la DEA, por sus presuntos negocios de narcotráfico transnacional. Foto cortesía de la Policía.

Junto al Clan del Golfo, “los Chatas” y “los Triana” se convirtieron en las primeras organizaciones criminales en manifestar el deseo de acordar con el Estado un sometimiento a la justicia de sus integrantes.

La voluntad del Clan del Golfo, una estructura narcoparamilitar que nació en 2007 en Urabá y que hoy extiende sus redes en 20 departamentos del país, fue expuesta a la opinión pública en septiembre del año pasado, por medio de un video en el que apareció su máximo líder, Dairo Antonio Úsuga David (“Otoniel”).

Los acercamientos con el Gobierno se aceleraron desde el anterior 9 de julio, cuando el presidente Juan Manuel Santos firmó la Ley 1908 de 2018 para el sometimiento de organizaciones criminales.

Una semana después, llegó a la Fiscalía General de la Nación una solicitud de Elkin Fernando Triana Bustos, alias “el Patrón”, máximo líder de la banda “los Triana”, quien está preso en la cárcel La Picota desde marzo.

Esta estructura delincuencial actúa en el norte de Medellín y en el corregimiento San Antonio de Prado, al igual que en los municipios de Bello, Itagüí, Caldas, Guarne, Amagá, Ebéjico, Granada y Heliconia.

En su propuesta, Triana Bustos ofreció indemnizar a varias víctimas de su organización, devolver viviendas despojadas, entregar un arsenal y ser el mediador para el sometimiento de otros integrantes. A cambio, pidió que esta colaboración le fuera retribuida con una rebaja en su eventual condena, por el cargo de concierto para delinquir agravado.

Luego se conoció una carta de Juan Carlos Mesa Vallejo (“Tom”), cabecilla de “los Chatas” y “la Oficina”, en la cual hizo pública su intención de contribuir al sometimiento a la justicia de otros delincuentes.

“Los Chatas” nacieron en Bello y se extendieron a las localidades vecinas de Girardota, Copacabana y Barbosa. También tienen redes en El Retiro y La Ceja, al tiempo que están conectados con el tráfico transnacional de drogas.

De esta manera, su jefe se ganó un sitial en la cúpula de “la Oficina”, la confederación que agrupa al 65% de los combos del área metropolitana.

En la misiva, sin embargo, “Tom” dijo que no estaba metido en actividades de narcotráfico y que no sigue dando órdenes desde la cárcel La Picota, en respuesta a los constantes señalamientos de la Fiscalía, la Policía y la Alcaldía de Medellín.

Aseguró estar dispuesto a reparar a las víctimas, gestionar el desarme de las bandas del Valle de Aburrá y entregar material bélico.

De las tres bandas interesadas en lograr acuerdos con la justicia, solo el Clan del Golfo tiene a sus líderes en libertad (“Otoniel”, “Nicolás” y “Chiquito Malo”), mientras que “el Patrón” y “Tom” están tras las rejas, situación que podría restarles margen de negociación.

El año pasado, cuando todavía no existía la ley de sometimiento, la banda “la Terraza”, también de Medellín, intentó acercarse al Gobierno para pactar un acuerdo de desarme. No obstante, la iniciativa quedó sepultada con las capturas de su delegado Julio Perdomo (“el Viejo”) y del entonces secretario de Seguridad de la ciudad, Gustavo Villegas, quien apoyaba la propuesta (ver la NOTA RELACIONADA: Las reuniones que enredaron al secretario Villegas).

Con ese antecedente, es probable que “la Terraza” trate de nuevo de concretar un pacto con la justicia, y que en esa idea la acompañe la organización ilegal de “Robledo”.

Esto debido a que sus principales líderes, José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”) y Freyner Ramírez García (“Carlos Pesebre”), respectivamente, son socios en la actualidad. Los dos están presos en las cárceles de Cómbita y Valledupar, y los grupos bajo su mando podrían sumar más de 500 integrantes.

LA CASA DE NARIÑO DECIDIRÁ
El alcalde de Medellín Federico Gutiérrez sostuvo ayer un encuentro en Bogotá con el presidente electo Iván Duque. En la cita, el mandatario local le explicó el contexto criminal en la metrópoli antioqueña y expuso su postura frente a estas peticiones de los “peces gordos” de la mafia.

Al término de la cita, señaló: “seguiremos con el combate a estas estructuras, si esto hubiera sido un jardín de rosas para ellos, no estarían hablando en estos términos”.

Al ser preguntado por la carta de “Tom”, indicó que los que deben responder y formular las pautas sobre el tema son el Gobierno Nacional y la Fiscalía, “yo como alcalde espero instrucciones”.

Recordó que en el Valle de Aburrá delinquen cerca de 350 bandas, con cerca de 5.000 integrantes, por lo que este sometimiento no debe ser un asunto individual, sino colectivo, para sacar a estos grupos de circulación de una vez por todas.

NOTA RELACIONADA: “Otoniel”, jefe de “los Urabeños”, da la cara y habla de paz en un video.

El Inspector.