En el bajo mundo son conocidos como los “invisibles” y los “baby narcos”, dos figuras opuestas en el juego de la mafia. Este es un reportaje de El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

Luis Tello Candelo (“Negro Frank”) encabezó la lista de extraditados a EE.UU. en octubre; en el círculo de arriba, Jorge Herrera (DJ Regio Clown); y abajo Juan Pablo Leal (“Pablito Tuci”). Fotos cortesía de Policía y archivo.

En una lánguida fila india, con las muñecas esposadas y bajo la mirada penetrante de los agentes de Interpol, desfilaron de uno en uno nueve extraditables solicitados por las cortes de EE.UU.

Sucedió el pasado 31 de octubre en el aeropuerto de Bogotá, donde un avión de la agencia U.S. Marshals Service los esperaba para partir hacia sus eventuales condenas.

Entre los desdichados iba Luis Frank Tello Candelo, alias “el Negro Frank”, señalado de coordinar una ruta de narcotráfico marítimo y aéreo que atraviesa Colombia, Venezuela, Honduras y México.

Estuvo preso en 1996, pero salió a los tres años por vencimiento de términos, cuando su expediente desapareció de la base de datos del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

En ese tiempo era lugarteniente de Daniel “el Loco” Barrera, cabecilla de una naciente organización con ínfulas transnacionales, que a futuro sería conocida como la Junta Directiva del Narcotráfico.

Luego lo arrestaron en 2010 en Venezuela, junto a su cónyuge Gloria Rojas Valencia, señalados de fungir como enlaces en Suramérica del cartel mexicano “los Zetas”.

Ambos fueron extraditados y procesados por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, y cinco años después regresaron a Colombia.

“El Negro Frank” volvió a las andadas, y entre 2018 y 2021 coordinó más despachos de droga por la misma ruta, por lo que la Corte del Distrito Sur de Florida le abrió un nuevo expediente. La Dijín lo recapturó en 2023, y desde entonces estaba a la espera de su segunda extradición en la cárcel La Picota, la cual se materializó cuando abordó ese avión hace cinco meses.

A pesar de semejante prontuario, Tello era prácticamente desconocido para la opinión pública. A diferencia de otros capos, su rostro nunca apareció en el cartel de los más buscados, ni le asignaron estrafalarias recompensas en su contra, ni salió en revistas de chismes relacionado con actrices.

Tampoco fue mencionado su nombre en masacres o atentados sicariales, pese a moverse en el sórdido mundo de la mafia. ¿La razón? “El Negro Frank”, a sus 63 años, hace parte de esa generación de delincuentes denominados “narcos invisibles”, los cuales pululan en la actualidad, cuando el negocio de la cocaína alcanzó rendimientos históricos.

Pero no es el único espécimen “raro” que ha salido a flote recientemente, en el vasto paisaje del crimen organizado.

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“INVISIBLES” Y BABY NARCOS”
El mismo día en que Tello era extraditado por segunda ocasión, la Fiscalía de México anunciaba las capturas de 16 personas implicadas en los brutales asesinatos de dos músicos colombianos, Byron Sánchez (B-King) y Jorge Herrera (DJ Regio Clown), cuyos restos desmembrados fueron encontrados el 17 de septiembre de 2025 en el municipio de Cocotitlán, Estado de México.

Como móvil del crimen, el ente acusador expuso que “los actos investigativos realizados hasta el momento vinculan la muerte de ambas víctimas con un entorno delictivo de distribución y comercialización de narcóticos, en particular los conocidos como ‘tuci’ y ‘coco channel’”.

La hipótesis es que los colombianos fueron acusados, por un narco apodado “Pantera”, de vender drogas sin autorización en su territorio.

Aunque B-King y DJ Regio Clown no tenían investigaciones penales en su contra, en México la sospecha de un capo es una sentencia de muerte.

La Fiscalía presume que Herrera era un joven que usaba su carrera musical como fachada para la venta de tuci en conciertos, que era, ni más ni menos, un “baby narco”.

Esta denominación, acuñada por la Policía colombiana, también aplica a un caso registrado a principios del 2025, cuyo protagonista fue Juan Pablo Leal Velásquez, un muchacho de 27 años conocido en el bajo mundo de Medellín como “Pablito Tuci”, considerado uno de los principales distribuidores de drogas sintéticas en el Valle de Aburrá.

En el barrio Santa Cruz, de estrato bajo, mandó a construir una pequeña mansión de $4.000 millones, con jacuzzi y pasadizos secretos, donde hacía rumbas con DJ, influencers, modelos y traquetos. En una de ellas, el pasado 17 de febrero, fue asesinado su socio Cristian Tobón, originando una balacera de la cual “Pablito Tuci” logró escapar.

La muerte lo persiguió hasta un condominio del municipio de Calima Darién, en Valle, donde el 11 de marzo de ese año fue acribillado por sicarios.

A diferencia de los “narcos invisibles”, los “baby narcos” no son veteranos de perfil anónimo, sino jóvenes extravagantes que se precian de pertenecer a la farándula de la mafia, con un estilo de vida llamativo y jolgorioso.

Usan conciertos y “after parties” para distribuir narcóticos y exponer sus lujos en las redes sociales.

“Los ‘invisibles’ decidieron modificar sus comportamientos, buscando ocultar su identidad y generar un total desconocimiento del responsable de los cargamentos de estupefacientes. Su suspicacia, su experiencia, sus relaciones personales y alcances criminales, los hacen difíciles de detectar. En cambio, los ‘baby narcos’ destinan gran parte de su dinero en opulencias, que van desde su manera de vestir, hasta los lugares donde residen; sus relaciones interpersonales son públicas y ser festivos es una de sus debilidades”, le explicó a El Colombiano el coronel (r) Marco Pulido, exoficial de la Dirección Antinarcóticos de la Policía y analista de criminalidad.

Felipe Botero, jefe de la Oficina Regional Andina de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, relató que “hoy tenemos un fenómeno de fraccionamiento del modelo de narcotráfico, ya no hay grandes grupos jerárquicos como el cartel de Medellín, sino más pequeños y especializados en roles específicos del negocio, que cooperan entre sí”.

En consecuencia, “esto permite el ascenso de jóvenes que provienen de bandas locales, quienes pasan a tener responsabilidades en la red transnacional y se enriquecen muy rápido. Durante un trabajo de campo en el norte de Cauca, por ejemplo, encontramos muchachos de 16 años que ya estaban involucrados y tenían ingresos altísimos”, acotó el experto, refiriéndose a los “baby narcos”.

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GENERACIONES DEL NARCOTRÁFICO
En los últimos 50 años de historia del crimen en Colombia, es posible identificar cuatro etapas del negocio del tráfico de cocaína, cada una con unos representantes conocidos y características particulares.

La primera generación se forjó en los 80, con los grandes carteles de Medellín y Cali, los cuales ejercían el monopolio global de la distribución del narcótico. Estas estructuras funcionaban como conglomerados empresariales, formados por varias compañías y una especie de junta de directiva con presidente ejecutivo.

Conformaron ejércitos de sicarios, instruyendo a grupos de operaciones especiales (para secuestros, masacres y carrobombas) y contratando a las bandas barriales para sus “vueltas” urbanas.

Buscaron incidir en las instituciones del Estado, corrompiendo funcionarios en todas las ramas del poder, mediante la oferta de sobornos e intimidaciones, y asesinando a los servidores públicos que los combatían.

La matanzas que desató el cartel de Medellín para suprimir las normas de extradición, por ejemplo, generaron un nuevo concepto en el extenso diccionario de la violencia en Colombia: el narcoterrorismo.

Aunque la precursora de esta generación fue Griselda Blanco (“la Madrina”), la primera en establecer una ruta de exportación de cocaína hacia el exterior y controlar la distribución en varias ciudades de EE.UU., sus máximos exponentes fueron Pablo Escobar Gaviria, Gonzalo Rodríguez Gacha y los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela.

De ellos, solo este último está vivo, purgando sus crímenes en una cárcel de Estados Unidos, a sus 82 años de edad.

El comportamiento estrafalario y los lujos excesivos que derrocharon ellos y sus lugartenientes, sentaron las bases de la “cultura traqueta”, que ha influenciado a miles de jóvenes desde entonces.

La segunda generación se estableció en los 90, cuando los grupos armados como las Farc y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), asumieron un rol protagónico en el entramado. Antes, su acción se limitaba al cobro de “impuestos de gramaje” a los capos, por permitirles procesar y transportar la droga en sus territorios, o a establecer convenios de cooperación a cambio de dinero, ejecutando tareas de escolta, atentados y vigilancia de laboratorios clandestinos.

Pero con la caída de los grandes carteles, los guerrilleros y paramilitares tomaron las riendas, no solo para financiar sus respectivas causas, sino para abastecer un mercado internacional que cada vez más demandaba la cocaína.

A diferencia de los narcos de la primera generación, estos no solo tenían interés en los réditos económicos, sino en el control de territorios rurales y sus respectivas comunidades, para asegurar monopolios de cultivo de coca.

Incorporaron otras rentas, que a la postre terminaron invirtiendo en la tecnificación del tráfico de narcóticos: la extorsión generalizada y la minería ilegal de oro.

Entre sus exponentes están Diego Murillo (“don Berna”), Carlos Jiménez (“Macaco”) y Víctor Suárez (“Mono Jojoy”), entre otros.

La tercera generación surgió en la década de 2006 a 2016, en cabeza de facciones herederas de las desmovilizada Farc y AUC, y de los antiguos carteles, como el Estado Mayor Central, la Segunda Marquetalia, el Clan del Golfo, “los Rastrojos”, “la Oficina”, “los Pachenca” y “los Paisas”.

Estos grupos operan como confederaciones, que incluyen narcos que manejan las finanzas, pero también un aparato militar para el dominio territorial.

Ya no se dedicaron al monopolio, sino a establecer sociedades con mafias extranjeras que se encargaran de la distribución global del narcótico, lo que facilitó el ingreso a Colombia de delegados de grupos mexicanos, italianos, balcánicos, marroquíes y ecuatorianos, entre otros.

Invirtieron grandes sumas de dinero en negocios legales, perfeccionando las dinámicas de lavado de activos, hasta colonizar mercados de criptomonedas y contrabando de mercancía.

Dairo Antonio Úsuga David, alias “Otoniel”, narcotraficante de tercera generación, condenado en EE.UU. Foto cortesía de Policía.

Algunos de sus representantes son Dairo Úsuga (“Otoniel”), Néstor Vera (“Iván Mordisco”), Javier y Luis Calle Serna (“los Comba”) y Maximiliano Bonilla (“Valenciano”), entre otros.

La cuarta generación se caracteriza por una democratización total del narcotráfico de cocaína, para surtir una demanda mundial de 25 millones de consumidores (según la ONU), con la entrada en escena de grupos independientes y sigilosos, que no están inscritos en ninguno de los carteles conocidos, pero que tienen la capacidad asociativa para despachar decenas de toneladas al exterior.

No les interesa el control de zona rurales ni desafiar al Estado, sino más bien camuflarse en la sociedad. “Son pequeñas estructuras que tercerizan muchos procesos, usan nuevas tecnologías y están altamente conectadas con compradores extranjeros”, dijo Ana María Rueda, coordinadora de Drogas de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).

Fue durante la transición de la tercera a la cuarta generación, que aparecieron en escena “los invisibles” y los “baby narcos”, como una nueva forma de interpretar el poder criminal, delegando en otros el ejercicio de la violencia para concentrarse en maximizar las ganancias.

En la actualidad conviven los narcos de varias generaciones, peleando y asociándose entre sí, según la conveniencia. Hay unos de segunda generación, como Luciano Marín (“Iván Márquez”), exmiembro del Secretariado de las Farc; de tercera, como Jobanis Ávila (“Chiquito Malo”), del Clan del Golfo; y de la cuarta, como el fallecido “Pablito Tuci”.

A todos parece esperarles un oscuro final, en una bolsa para cadáver o un indeseado vuelo hacia una corte extranjera.

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El Inspector.

Conocido en el bajo mundo como “Niño Guerrero”, es el jefe del “Tren de Aragua”, una estructura de crimen organizado que se ha expandido por varios países, de cuenta de la migración, el narcotráfico, la extorsión y la trata de personas. La Casa Blanca ofrece 5 millones de dólares por información que lleve a su captura, y cree que se esconde en Colombia.

Este es un reportaje de El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo, sobre un criminal que rivaliza con los tradicionales capos de nuestro país.

Con estas imágenes del pasado, alias “Niño Guerrero” es buscado en varios países, incluyendo Colombia. Foto de cortesía del Ministerio del Interior de Venezuela.

Quién iba a pensar que un criminal extranjero tendría tanta influencia en el bajo mundo de Colombia, que las autoridades le asignarían una recompensa similar a la de los grandes capos del pasado. El venezolano Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, ya tiene sobre sus hombros la deshonrosa cifra de US$5 millones por información que conduzca a su captura, así como la persecución de varios gobiernos que lo ven como una grave amenaza a la seguridad continental.

La recompensa es patrocinada por el Departamento de Estado de EE.UU., en asocio con la Policía colombiana, que tiene a ese delincuente en su lista de objetivos de alto valor estratégico, en particular por la oleada de extorsiones y homicidios que su organización, el “Tren de Aragua”, viene generando en Bogotá desde 2022.

Cinco millones de dólares fue la misma recompensa que en su momento les fue asignada a Dairo Úsuga David (“Otoniel”), jefe del Clan del Golfo; Maximiliano Bonilla Orozco (“Valenciano”), cabecilla de “la Oficina”; Daniel Barrera Barrera (“el Loco”), capo de la Junta Directiva del Narcotráfico; Rodrigo Londoño Echeverry (“Timochenko”), comandante de las antiguas Farc; y los hermanos Luis Antonio y Javier Enrique Calle Serna (“los Combas”), jefes de “los Rastrojos”, entre otros.

Para compararlo con un criminal de la actualidad, basta recordar que por Jobanis de Jesús Ávila Villadiego (“Chiquito Malo”), el nuevo líder del Clan del Golfo, el mismo Departamento de Estado puso sobre la mesa US$ 1,2 millones en septiembre de 2024

El paquete de recompensas también está dirigido a los principales lugartenientes de “Niño Guerrero”: US$4 millones por Yohan José Romero (“Yohan Petrica”), cofundador de la banda; y US$3 millones por Giovanny San Vicente (“Giovanny”), el tercero al mando.

¿Cómo fue que estos personajes llegaron a figurar tanto o más que los criminales locales en los organigramas de las agencias de seguridad de Colombia y Estados Unidos?

EL ORIGEN DE LA BANDA
Las reseñas realizadas por varias ONG de Venezuela sugieren que la banda criminal surgió entre 2006 y 2007, debido a la interconexión de tres fenómenos: la creciente delincuencial común, producto de la ineficaz presencia de la Fuerza Pública; la falta de empleo, que comenzaba a incrementarse durante el régimen del presidente Hugo Chávez; y el incumplimiento del Gobierno con la construcción del Tren de Aragua, un proyecto ferroviario que prometía llevar desarrollo y oportunidades de trabajo a esa región.

Algunos exmiembros del sindicato de ese elefante blanco se unieron con los bandidos de los barrios para buscar opciones de sustento en la criminalidad, y empezaron a vivir de la extorsión, los atracos y el proxenetismo.

Cuando muchos de ellos fueron cayendo a la cárcel de Tocorón, en el sur del Estado de Aragua, aprovecharon la debilidad del sistema penitenciario para fortalecerse.

En ese entonces las prisiones venezolanas eran dominadas por “pranes”, el equivalente a los “caciques” en Colombia, es decir, peces gordos que controlan a su antojo la vida intracarcelaria, imponiendo un orden con fusta de hierro.

En Tocorón, el “pran” era “Niño Guerrero”, quien estaba preso por delitos como homicidio, hurto y posesión ilegal de armas. Desde ese centro penitenciario logró consolidar al “Tren de Aragua”, incrementando el número de integrantes adentro y afuera, hasta instalar células en seis estados, y amplió la oferta criminal de la organización a servicios de sicariato, narcotráfico, trata de personas, pagadiario, contrabando, minería ilegal, secuestros y tráfico de armas, entre otros.

Las agencias de seguridad extranjeras sospechan que para ciertas actividades, el régimen chavista contrató esos servicios para ejecutar “operaciones negras”, al margen de la ley, que le permitieran captar ingresos del bajo mundo en medio de la asfixia financiera provocada por las sanciones de la Casa Blanca.

En contraprestación, el “Tren de Aragua” tuvo una especie de carta blanca para extender sus redes sin mayor oposición, usando a Tocorón como su cuartel general.

Allí “Niño Guerrero” vivía en condiciones similares a las que disfrutó el narcotraficante Pablo Escobar en la cárcel La Catedral, de Envigado.

Tenían dos casas equipadas con lujos dentro del penal, como gimnasio y televisión satelital; ingresaba armas, prostitutas y licor cuando le apetecía; y celebraba reuniones con familiares, lugartenientes y hasta políticos que llegaban a pedirle favores.

“Niño Guerrero” estableció una jerarquía mafiosa con una cúpula directiva y coordinadores regionales, entre los cuales destacaron “Yohan Petrica”, “Giovanny”, “Larry Changa” y “el Salomón”.

La estructura pasó de ser una célula carcelaria a una “megabanda”, como le dicen en el vecino país a las organizaciones con más de 200 integrantes e influencia en varios estados. Y no se detuvo.

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EXPANSIÓN CONTINENTAL
Paradójicamente, su época de expansión y bonanza coincidió con la del empobrecimiento y exilio de la población venezolana.

A medida que la diáspora de migrantes aumentó, hasta llegar a cerca de 8 millones de desarraigados, según la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes (R4V), el “Tren de Aragua” fue consolidando sus negocios en el continente, en especial en algunas ciudades de Colombia, Perú y Chile.

“El Tren de Aragua aprovecha las redes transnacionales que desarrolló para el tráfico de personas, especialmente de mujeres y niñas migrantes, a través de las fronteras, para explotación sexual y trabajo forzado. Cuando las víctimas intentan escapar de esta explotación, los miembros del ‘Tren de Aragua’ suelen matarlas y publicar sus muertes como una amenaza para los demás”, informó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que el 11 de julio de 2024, cuando anunció sanciones económicas en contra de esa agrupación y de los activos y bienes asociados a sus integrantes.

El reporte de esa institución, precisa que “a medida que el ‘Tren de Aragua’ se ha ido expandiendo, se ha infiltrado de forma oportunista en las economías delictivas locales de América del Sur, ha establecido operaciones financieras transnacionales, lavado fondos a través de criptomonedas y ha establecido vínculos con el Primeiro Comando da Capital, un conocido grupo de delincuencia organizada de Brasil, sancionado por Estados Unidos”.

La megabanda estableció centros de operaciones en Lima y Santiago de Chile, con negocios de explotación sexual, extorsión y tráfico de drogas. El daño ha sido tan grande, que los gobiernos de esos países también ofrecieron recompensas en contra de “Niño Guerrero” y su gente.

En palabras de Brian Nelson, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Tesoro, “la designación de del ‘Tren de Aragua’ como Organización Delictiva Transnacional significativa enfatiza la creciente amenaza que representa para las comunidades americanas”.

La presión internacional frente a la aparente desidia del gobierno de Nicolás Maduro, obligó al mandatario a actuar contra el “Tren de Aragua”. El 20 de septiembre de 2023, 11.000 militares y policías se tomaron la carcel de Tocorón, con la misión de desmantelar el centro de mando del grupo, pero se llevaron una sorpresa muy similar a las de las autoridades colombiana que allanaron La Catedral en 1992: “Niño Guerrero” y sus principales socios ya no estaban.

El afiche con la recompensa contra alias “Niño Guerrero”.

¿SE ESCONDE EN COLOMBIA?
La fuga de Héctor Guerrero disparó las alarmas en el continente. Una semana después, el Tribunal de Pozo Almonte, un municipio vecino de Santiago de Chile, expidió una orden de captura en su contra, pues circulaban rumores de que el jefe del “Tren de Aragua” había viajado a esa zona.

La Policía chilena estableció un operativo en las zonas aduaneras y pasos fronterizos, distribuyendo información sobre “Niño Guerrero” y otros 43 miembros de la megabanda, buscando impedir sus movilización. Interpol, además, expidió una Circular Roja.

Luego las autoridades recibieron información de que presuntamente estaba en Perú y su ministro del Interior, Vicente Romero, anunció una recompensa de 500.000 soles (cerca de US$132.000) por información que condujera a su arresto.
Las últimas pesquisas indicarían que ahora anda en Colombia, o al menos así lo creen la Policía y el Departamento de Estado de EE.UU.

“A través de la colaboración con la Policía Nacional, Estados Unidos cree que los líderes del ‘Tren de Aragua’, ‘Niño Guerrero’ y ‘Giovanny’, se encuentran en Colombia. La investigación y los servicios de inteligencia identificaron además al cofundador del ‘Tren de Aragua’, ‘Yohan Petrica’, como otro cabecilla que se encuentra en Venezuela”, informó la Embajada estadounidense en Bogotá.

En nuestro país, la megabanda tiene células activas en Cúcuta, Aguachica (Cesar), Ipiales (Nariño), Bogotá y Soacha (Cundinamarca), aunque también se han conocido hechos delictivos –como homicidios y secuestros– en Medellín, Bucaramanga y Arauca.

En algunas zonas ha tenido enfrentamientos con el Clan del Golfo (Bogotá), el ELN (Norte de Santander) y las disidencias de las Farc (Arauca), y en otras ha establecido alianzas con grupos locales, como la banda de “Satanás” en suelo bogotano y los “AK-47” en Cúcuta y sus alrededores.

Algunos de sus coordinadores ya cayeron a este lado de la frontera. El 2 de mayo de 2024 capturaron en Bogotá a Carlos Ramón Escobar García (“Escobar”); el 19 de junio siguiente en Belén, Boyacá, a Yonayke Martínez Carrión (“el Barbero”); el 26 de junio le tocó el turno a Salomón Fernández Torres (“el Salomón”) en Aguazul, Casanare; y el 30 de junio de ese mismo año, en Circasia, Quindío, el detenido fue Larry Amaury Álvarez Núñez (“Larry Changa”), otro miembro fundador de la facción.

El 9 de octubre de 2025 la Policía allanó un apartamento en una urbanización de Sabaneta, Antioquia, donde vivían varios miembros de la banda. Apenas vio entrar a los agentes, uno de ellos, identificado como Ender Alexis Rojas Montán (“Ender”), trató de escapar por el balcón del octavo piso, pero se resbaló y murió al caer al vacío; en ese mismo lugar fue detenido  Luis Alberto Cabeza Calderón (“Toro”), líder del grupo en Perú.

Cinco días después, en La Ceja, Antioquia, la Fuerza Pública arrestó a Adrián José Rodríguez (“Adriancito”), cabecilla de la banda en el estado venezolano de Zulia.

Aún así, la supuesta presencia de “Niño Guerrero” en Colombia genera suspicacias entre los propios policías y fiscales de Crimen Organizado. “¿Para qué se va esconder aquí, donde están la DEA, HSI, ICE, FBI y otras agencias federales gringas, sabiendo que en Venezuela es protegido por un sector del Gobierno?”, se preguntó uno de los fiscales consultados para este reportaje.

Otros afirmaron que nadie ofrece US$5 millones de dólares sin tener alguna certeza. “Lo más seguro es que con tanta plata por su cabeza ahora salga de Colombia otra vez”, aseveró un agente policial.

En el expediente abierto en Nueva York, los cargos que comparte con Nicolás Maduro son: conspiración para importar cocaína; posesión de armas de fuego automáticas y dispositivos de destrucción; y conspiración para poseer armas de fuego automáticas y dispositivos de destrucción.

Hoy lo están buscando muchas agencias de seguridad. ¿Será que “Niño Guerrero” cavó su propia tumba al escapar de la cárcel?

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El Inspector.

Desde los 80 han cambiado varios aspectos en el modelo de esta actividad criminal, como la caída de los monopolios y el auge de mercados locales; y otras persisten, como el prohibicionismo y la cultura traqueta. Aquí, un análisis de la evolución del flagelo que no deja en paz al país, elaborado por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Fabio Ochoa, excabecilla del cartel de Medellín, regresó a Colombia en diciembre de 2024. Foto: cortesía.

El excapo Fabio Ochoa volvió a Colombia en diciembre de 2024, luego de pagar 25 años de cárcel por narcotráfico en EE.UU.; mientras que su antiguo socio, Carlos Lehder, volvió en marzo del presente años, tras purgar 33 años por el mismo cargo en aquella nación.

Seguramente se sintieron extraños en unas calles transformadas por la evolución del urbanismo, pero también se dieron que, desde sus tiempos hasta ahora, la droga sigue siendo el principal motor de la mafia. Entonces, ¿qué cambió?

 LOS CAMBIOS

1). Del monopolio a la democracia cocalera
En los 80, los carteles de Medellín y Cali ejercían el monopolio global de la producción y distribución de cocaína. En la práctica, si alguna organización quería participar del mercado, tenía que contar con la bendición de “los Extraditables” o de los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, o pagarles una suerte de tributo para poder “trabajar”.

Hoy, si bien existen algunas organizaciones que actúan como carteles y dominan ciertos territorios, entre ellas el Clan del Golfo, carecen de la capacidad para ostentar un monopolio. Actualmente hay múltiples grupos participando en la cosecha, producción, transporte y exportación, que trabajan de manera articulada y cada uno se encarga de un eslabón de la cadena del narcotráfico.

El último monopolio que existió en el negocio lo protagonizó la antigua guerrilla de las Farc, que dominaba vastas áreas de cultivos, pero luego de su desmovilización en 2016, el acceso se democratizó, permitieron el surgimiento de múltiples redes de narcos independientes, la proliferación de 19 mafias extranjeras y la apertura de nuevas rutas de distribución.

En la época de Pablo Escobar y “los Extraditables”, la organización participaba en todos los eslabones de la cadena: el patrocinio de los cultivos de coca; su transformación en clorhidrato de cocaína en los laboratorios, como el de Tranquilandia en Caquetá; su transporte, acopio y exportación por vía aérea, marítima y terrestre, e incluso la comercialización en los destinos, como las calles de Florida, Nueva York y Los Ángeles.

Los grupos del siglo XXI, en cambio, operan en redes más complejas, con la participación de múltiples actores, cada uno especializado en un eslabón de la cadena.

Los colombianos ya no se encargan de la distribución final en los países destino, sino que le ceden este trabajo a sus socios; esto le ha dado un mayor protagonismo en el mercado de la cocaína a las mafias de México, Italia, Marruecos, Países Bajos y los Balcanes.

2). Mejor una cárcel en EE.UU. que una tumba en Colombia
En su momento, el lema de “los Extraditables” fue “prefiero una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos”, y en él se fundamentó su confrontación terrorista contra el Estado, buscando suprimir la figura de la extradición de las leyes colombianas.

Hoy cambió esta percepción, y es común que los narcos se sometan voluntariamente a la justicia de EE.UU., buscando un acuerdo de culpabilidad (plea agreement) que les genere una sentencia pequeña y la posibilidad de conservar sus fortunas.

“Si entregamos la mitad del dinero, el gobierno norteamericano nos deja vivir con la otra mitad, y nos quedamos en este país con varias ventajas”, confesó en un programa de TV Carlos Ramón Zapata (“el Médico”), exmiembro del cartel del Norte del Valle, quien en 2023 fue detenido a su regreso a Colombia, por seguir en actividades ilegales.

Esto es posible porque también hay una flexibilización de las políticas antidrogas de EE.UU., que permite que la DEA y el Departamento de Justicia busquen negociaciones con los capos. “Esta política fue muy rígida al comienzo, pero ahora EE.UU. ha entendido que es más efectiva una negociación judicial, y los narcos también”, explicó Alejo Vargas, docente y analista de seguridad y defensa.

Entre los narcos que se han entregado a la justicia estadounidense en los últimos años se cuentan los hermanos Javier y Luis Calle Serna (“Doctor” y “Comba”), jefes de “los Rastrojos”; y Carlos Aguilar (“Rogelio”), Mauricio López (“Yiyo”), Carlos Arredondo (“Mateo”) y Fredy Mira (“Fredy Colas”), de “la Oficina”.

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3). Crecimiento de los mercados internos
En los días del cartel de Medellín, la cocaína que se producía era principalmente con fines de exportación, mientras que a los viciosos locales se les ofrecían sus subproductos (perico y basuco), marihuana y LCD; hoy, el mercado interno ha crecido tanto, que los grupos de crimen organizado producen para abastecer plazas de vicio locales, dado que todas las metrópolis colombianas, e incluso en regiones apartadas, hay narcomenudeo de clorhidrato de cocaína.

Como ejemplo, hay dos investigaciones del Observatorio de Drogas de Colombia (ODC): la primera es el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (2023), que concluyó que el 31,4% de los delincuentes juveniles del país presentaron adicción a la cocaína durante ese año.

La segunda es el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Población Escolar (2022), que estableció que en Colombia la edad promedio de inicio de consumo es de 13,7 años.

4). Diversificación de las rutas al exterior
En los tiempos de Lehder y compañía, los narcos se abastecían de los cultivos de Bolivia y Perú, y en su trasiego a EE.UU. eran fundamentales las rutas de Centroamérica, las islas antillanas y el mar Caribe.

Hoy las trazados internacionales se diversificaron, explicó Vargas, y los traquetos colombianos abrieron rutas a China, África, Medio Oriente y Oceanía, donde un kilo de cocaína se vende en 200.000 dólares, mientras que en Florida el valor oscila entre US14.000 y US20.000.

La distribución en el Viejo Continente tiene puntos de llegada en los puertos de Amberes (Bélgica), Roterdam (Países Bajos) y la costa mediterránea de España e Italia; de allí se irriga a Europa Central, islas británicas, los Balcanes, la península escandinava y Rusia.

Ecuador y Venezuela cobraron gran importancia como zonas de trasiego y exportación del alcaloide.

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Carlos Lehder, antiguo narco del cartel de Medellín, ya está libre en Colombia. Foto: cortesía de Migración.

LO QUE NO HA CAMBIADO

5). El principal motor de la violencia armada
Tanto en los tiempos del cartel de Medellín como en la actualidad, las millonarias ganancias de la cocaína financian los ejércitos criminales que generan la violencia en el país, en las áreas urbanas y el campo.

El narcoterrorismo sigue, solo que hoy quienes ponen los carrobombas, secuestran y asesinan a los miembros de la Fuerza Pública son las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo.

Una diferencia latente es que el cartel de Medellín pretendía doblegar el sistema de justicia del Estado, mientras que en nuestro tiempo los grupos armados buscan someter comunidades y territorios específicos, como el cañón del Micay (Cauca), el Catatumbo (Norte de Santander) y el sur de Chocó.

Aunque se diversificaron las rentas ilegales con la minería de oro y la extorsión a casi todas las actividades económicas, el tráfico de cocaína sigue reinando, en parte por la devaluación del peso frente al dólar, que aumentó los ingresos; el crecimiento histórico de los cultivos, hoy tasado en 253.000 hectáreas; el incremento en la capacidad de producción, de 2.600 toneladas métricas anuales de droga de alta pureza; y el aumento del 20% en el consumo mundial en la última década, según la ONU, calculando que 25’255.000 personas han probado la cocaína.

6). Prohibicionismo sigue sin dar resultados
Las atrocidades del cartel de Medellín alimentaron la tesis de la “guerra contra las drogas”, declarada por el Gobierno de Estados Unidos y perpetuada por Colombia. Aunque cada vez le aparecen más detractores a esta política, la verdad es que la comercialización de cocaína sigue siendo ilegal.

“Continúa un régimen de prohibición absurdo en términos de regulación de las drogas, seguimos en la misma guerra contra las drogas, que no ha dado resultados ni en los 80 ni ahora”, opinó Andrés Preciado, director de Conflicto y Seguridad de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).

Gustavo Petro, con el primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia, ha buscado descriminalizar la siembra para proteger al campesinado, y enfocar su lucha en la interdicción de los cargamentos de cocaína, pero esto ha fomentado un crecimiento nunca antes visto de las cosechas y las importaciones, favoreciendo en últimas a los narcotraficantes.

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7). La anticultura traqueta sigue vigente
En los días de Lehder y Fabio Ochoa se forjaron unos antivalores que se enquistaron en la cultura colombiana, especialmente en la juventud, los cuales hoy persisten: ver una opción de vida en la ilegalidad, el deseo de obtener poder por medio de la violencia y el anhelo de acumular riqueza cueste lo que cueste.

Esta tendencia sigue impactando los proyectos de vida de miles de jóvenes, que cada mes ingresan a las bandas y grupos terroristas por su propia voluntad.

La televisión, el narcoturismo y el comercio de artículos alusivos al cartel de Medellín terminaron por instalar ese modo de ver el mundo en la mente de extranjeros y jóvenes. “Esos usos que impuso el cartel en su momento dejaron rezagos en la cultura paisa que siguen vigentes, eso hay que reconocerlo”, contó preciado.

¿Y qué opinan los comentaristas de Revelaciones del Bajo Mundo? Los leo.

El Inspector. 

Lehder, de 75 años de edad, hizo parte del cartel de Medellín en los años 80, una organización responsable de asesinatos selectivos, secuestros, masacres, carrobombas, magnicidios, corrupción y toda suerte de delitos, pero no pagará por sus penas en esta nación. ¿Por qué? Esta es la respuesta a esa pregunta, elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Carlos Enrique Lehder Rivas pagó 33 años de cárcel en Estados Unidos y ya está libre en Colombia. Foto cortesía de Policía.

El 28 de marzo de 2025 el cofundador del cartel de Medellín fue detenido por la Policía a su llegada al aeropuerto El Dorado de Bogotá. Con rimbombancia, la institución anunció que lo trasladaría a los calabozos de la Dijín, a verificar su situación judicial.

En las bases de datos aparecía que Lehder fue condenado el 24 de noviembre de 1995 por el Juzgado Regional de Santafé de Bogotá, que lo halló responsable por los delitos de tenencia y conservación ilegal de estupefacientes, armas de fuego y municiones de uso civil y privativo de las fuerzas armadas.

La pena fue de 24 años de cárcel y una multa de $1’250.000, la cual fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal Nacional el 5 de agosto de 1996.

En ese momento, Lehder estaba preso en una celda de Estados Unidos, adonde había sido extraditado en 1987 bajo cargos de narcotráfico.

Recuperó la libertad en 2020 y fue repatriado a Alemania, en un movimiento jurídico en el que primó su nacionalidad germana, heredada de su padre. Estuvo allá hasta marzo del presente año, cuando decidió volver al país que atormentó en los 80; sin embargo, una alerta de pasaporte en el software de Migración le provocó la posterior captura.

En su argumentación sobre el caso, el Juzgado 18 de Ejecución de Penas y Medidas de Bogotá, en cuyo estrado fue presentado, explicó que la sentencia que lo afectaba ya prescribió, razón por la cual se decretó su libertad.

“Dado que Lehder fue condenado a 24 años de prisión, es claro que la prescripción de la sanción penal será de 24 años, según lo contemplado en el artículo 89 del estatuto punitivo. Así las cosas, desde el 30 de agosto de 1999, data de ejecutoria de la sentencia a hoy, han transcurrido 25 años, 7 meses y 1 día, lo que permitiría concluir que ha pasado el tiempo requerido para que opere la prescripción de la sanción penal”, expuso la juez Martha Delgado Molina en su auto interlocutorio.

El excapo salió libre en la mañana del 31 de marzo pasado, con una sonrisa en su rostro envejecido y diciendo ante la prensa “¡Viva Colombia!”. Lo acompañaba su abogada Sondra Macollins.

“Lehder recupera su libertad porque su pena estaba prescrita y porque tenía derecho a seguir siendo un hombre libre. Doy gracias a Dios porque en Colombia todavía tenemos institucionalidad, y aunque nos parezca un poco impopular la decisión, triunfó la Constitución y la ley”, recalcó la defensora, quien en sus redes sociales se presenta como “la abogada de hierro”.

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¿UN DESCUIDO DEL ESTADO?
En su decisión, la juez Delgado enfatizó en que el Gobierno de Colombia pudo haber solicitado a las autoridades de Estados Unidos o de Alemania que deportaran a Lehder antes de que la sentencia perdiera validez, pero que no lo hizo por un aparente “descuido”.

“(…) También es cierto que por descuido no se realizó de manera oportuna el trámite correspondiente de solicitud ante el Estado que lo tenía preso, para que lo dejara a disposición de estas diligencias para el cumplimiento de la pena, sino que se permitió salir en libertad y se obró en el entendido que el penado no estaba retenido”, acotó la togada.

Esto implica que durante los 33 años que Lehder duró preso en EE. UU., las autoridades colombianas no le notificaron a la Casa Blanca la sentencia en nuestro país, para que una vez saliera, lo deportaran de inmediato a Bogotá; tampoco lo hicieron ante las autoridades alemanas, en cuyo suelo estuvo desde 2020.

Para estas notificaciones, indicaron fuentes judiciales, hay múltiples mecanismos: peticiones de Cancillería, solicitudes de la Oficina de Asuntos Extranjeros de la Fiscalía, circulares de Interpol y tratados binacionales, ninguno de los cuales se aplicó.

La responsabilidad del aparente descuido recae en las decenas de funcionarios que han dirigido la Cancillería, el Ministerio de Justicia y la Fiscalía desde 1995 hasta 2023, cuando todavía estaba activa la sentencia.

¿Y ahora qué sigue para Lehder? Las fuentes jurídicas consultadas por El Colombiano, con reserva de identidad, manifestaron que el cartel de Medellín está involucrado en muchos delitos que no han prescrito, como los magnicidios y asesinatos de policías y servidores de la Rama Judicial. “Esos expedientes se pueden reabrir con un interrogatorio a Lehder, quien a diferencia de otros miembros del grupo, como ‘Popeye’, nunca cooperó con la justicia colombiana”, indicaron.

El político Juan Manuel Galán, director del Nuevo Liberalismo e hijo del asesinado candidato presidencial Luis Carlos Galán (1989), señaló que “Ledher es corresponsable de los crímenes del cartel de Medellín. En particular, los cometidos antes de su extradición: el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla, declarado por la Fiscalía crimen de lesa humanidad dentro del exterminio del Nuevo Liberalismo. En EE. UU. pagó una condena por narcotráfico, pero no ha respondido ante la justicia por los crímenes cometidos en Colombia”.

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El Inspector.

Además de él, a este proceso también se unirá José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”), otro de los pesos pesados en la historia del crimen de Medellín. ¿Cómo será su participación? En este artículo elaborado por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo, indagamos sobre esa situación.

Diego Murillo Bejarano (“don Berna”) está preso en la cárcel federal de Carolina del Norte, en Estados Unidos. Foto de archivo.

El anuncio se hizo en la cárcel de Itagüí, en el marco de un evento de socialización de compromisos en el que participaron miembros de ambas delegaciones, el 19 de diciembre de 2024.

“En la perspectiva de entender estas violencias en su sentido histórico, le damos la bienvenida a la mesa en calidad de gestor de paz a Diego Murillo, conocido en otras épocas como ‘don Berna’”, afirmó Sebastián Murillo (“Lindolfo”), vocero de las bandas.

Este nombramiento estuvo precedido por una designación del Gobierno, que el mes pasado les otorgó el estatus de gestores de paz a 18 excomandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), entre los cuales figuran Murillo, Hernán Giraldo, Fredy Rendón Herrera (“el Alemán”), Ramón Isaza (“el Viejo”) y Salvatore Mancuso, entre otros.

“Don Berna” fue una de las primeras figuras de la criminalidad que levantó la mano para participar en el proyecto de “paz total” del presidente Gustavo Petro, justo cuando este subió al poder en agosto de 2022. En ese entonces, envió una carta desde su celda en Estados Unidos, poniéndose a disposición para participar en procesos de verdad, justicia y reparación.

Hay que recordar que Murillo fue integrante del Clan Galeano, en la época del cartel de Medellín; luego lideró las bandas “Perseguidos por Pablo Escobar” (“Los Pepes”) y “La Oficina”.

Como paramilitar, fue comandante de los bloques Cacique Nutibara, Héroes de Granada y Héroes de Tolová, con influencia en el Valle de Aburrá, Antioquia y Córdoba. Estuvo en los diálogos de Ralito con el gobierno de Álvaro Uribe, en 2008 fue extraditado y luego condenado a 31 años de cárcel por narcotráfico.

En el evento público con el Gobierno, aparecieron estos voceros de las bandas, de izquierda a derecha: “Albert”, “Juan XXIII”, “Carlos Pesebre”, “Lindolfo”, “el Saya”, “Douglas” (de tapabocas) y “Tom” (tapado). Foto de cortesía.

Detrás de su postulación como gestor de paz, hay una serie de gestiones de sus abogados durante los últimos dos años, tratando de impulsar una norma que permita la repatriación de colombianos encarcelados en Estados Unidos, la cual beneficiaría a “don Berna”. Este tipo de acuerdos ya se aplican con otros países, como China.

A juicio de su abogado Michel Pineda, quien también es asesor jurídico de la mesa de paz urbana del Aburrá, la repatriación de los antiguos capos permitiría retomar procesos de verdad y reparación que se han perdido con la distancia.

El jurista indicó que, en términos prácticos, Murillo cumplirá las funciones de gestor de paz a la distancia, desde la cárcel federal de Butner, en Carolina del Norte.

La idea es que participe mediante teleconferencias, pero esto implica un problema extra que ya padeció el pasado 10 de diciembre. “Iba a participar en un evento del Día de las Víctimas, en la finca Quirama de La Ceja (Antioquia), organizado por la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Él tenía toda la voluntad e hicimos las gestiones, y yo viajé a la cárcel, pero la Cancillería incumplió su compromiso de tramitar los permisos con las autoridades de EE.UU. y él no pudo conectase a la cita”, dijo Pineda.

EL REGRESO DE “DOUGLAS”
Otra de las novedades anunciadas fue la designación de José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”) como vocero de las bandas urbanas. Este cabecilla de las organizaciones “la Terraza” y “la Oficina” estaba preso en la cárcel La Picota, de Bogotá, y fue trasladado a la de Itagüí para sumarse a las conversaciones.

“Douglas” está preso desde 2009, pagando una sentencia de 32 años de cárcel por secuestro extorsivo y concierto para delinquir. Lleva décadas liderando el crimen organizado de Medellín y su área metropolitana, por lo que “su autorización” fue clave para que muchas bandas se integraran a la mesa de diálogos sociojurídicos. Ahora pasará a tener un rol más protagónico.

Muñoz arrastra padecimientos de salud, relacionados con la diabetes mellitus y una enfermedad coronaria ligada al mal funcionamiento de una arteria. Sus abogados han tratado, en vano, de lograr una excarcelación para que siga cumpliendo su pena en detención domiciliaria o libertad condicional.

Gracias a su inserción en el proyecto de “paz total”, por lo menos lograron su traslado al Valle de Aburrá. En el evento de socialización, estuvo presente en la mesa principal portando un tapabocas.

“Medellín transita hacia una paz que no va a tener vuelta atrás. Por ese motivo saludamos la incorporación física y plena de Leonardo Muñoz Martínez, ‘Douglas’, al equipo de voceros y la mesa de Itagüí. Su participación es definitiva para el éxito del proceso”, recalcó el vocero Sebastián Murillo.

José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”), jefe de “la Oficina” y “la Terraza”. Foto de archivo.

El arribo de Muñoz y la designación de Murillo fueron cuestionados por voces críticas de la mesa de paz. Andrés Tobón, exsecretario de Seguridad de la Alcaldía y actual concejal de Medellín, lo consideró “una falta de respeto”.

“Con estas acciones demuestran que sí tienen un control evidente sobre las estructuras en el Valle de Aburrá. ¿Dónde está la Fiscalía? ¿Se está haciendo la ciega para imputar la línea de mando? Están gobernando desde las cárceles con la complicidad del Gobierno”, afirmó en un video publicado en sus redes sociales.

“Detrás de todo esto está el famoso Pacto de La Picota. ‘Douglas’ estuvo allá y ahora está en Medellín, y todo lo que en su momento se denunció, se está cumpliendo. Sin marco jurídico, por encima de la ley, sin la cabeza de los jueces, están pasando por encima de los colombianos y de los medellinenses”, agregó.

El Pacto de La Picota, como lo denominó la oposición, fue una serie de reuniones entre delegados de la campaña presidencial de Gustavo Petro y varios peces gordos de la criminalidad congregados en esa cárcel de Bogotá, a principios de 2022.

Aunque Petro explicó que dichas reuniones, lideradas por su hermano Juan Fernando, eran solo para explicar su política de paz, quedaron en el aire muchos cuestionamientos, y se especuló que allí se transaron votos a cambio de beneficios jurídicos si el Pacto Histórico llegaba al poder.

Tras el arribo de “don Berna” y “Douglas”, las bandas del Valle de Aburrá se comprometieron a suprimir las extorsiones en 25 barrios de Medellín y Bello durante un mes, entre el 19 de diciembre y el 19 de enero, como una muestra de su voluntad de paz y el reflejo de que, aún tras las rejas, conservan el poder en varias comunas.

El Inspector.

El astro del fútbol colombiano terminó extraditado y condenado a 11 años de cárcel en Estados Unidos, compartiendo la deshonra con otros ídolos salpicados por los negocios del hampa.

La penetración del narcotráfico en el fútbol colombiano se detectó en los años 80. Ilustración de Tomás Giraldo Daza.

Esta historia es narrada por El Inspector en la segunda temporada del pódcast Revelaciones del Bajo Mundo, titulado: “Los futbolistas convocados por la mafia colombiana”.

El episodio explica la forma en que la mafia ha penetrado los equipos más famosos del país, cobrando las vidas y reputaciones de varias estrellas que se dejaron envolver por el torbellino de la cocaína.

La crónica sonora rememora el asesinato de un árbitro, que obligó a cancelar el torneo profesional; las capturas por posesión de drogas de algunos jugadores de la Selección Colombia; y las muertes de otros “cracks” que quedaron atrapados en las disputas de poderosos carteles.

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Escucha todos los episodios en Spotify, Spreaker, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music y Google Podcast. También en YouTube y las páginas web de El Colombiano y Q’Hubo Medellín, y en la playlist que encuentras aquí en el blog.

Jhon Viáfara fue extraditado y condenado a 11 años de cárcel en Estados Unidos. Foto cortesía de la Policía,

A continuación, puedes darle click a los siguientes enlaces para disfrutar cada episodio de la segunda temporada:

Capítulo 1: “La Barbada”: Crímenes de una bruja sangrienta.

Capítulo 2: El extranjero que silenció la música de Valentina.

Capítulo 3: Guerra de narcos: “Los Pepes” contra Pablo Escobar [parte 1].

Capítulo 4: Guerra de narcos: “Los Pepes” contra Pablo Escobar [parte 2].

Capítulo 5: Los futbolistas convocados por la mafia colombiana.

Revelaciones del Bajo Mundo es un producto periodístico que combina el estilo narrativo de la crónica con la ambientación sonora de las radionovelas. La primera temporada del pódcast se lanzó en septiembre de 2022 y la segunda comenzó en agosto de 2023. ¡No se la pierdan!

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El Inspector.

La entidad estatal informó que la venta se hará por medio de El Martillo, la subasta virtual del Banco Popular, y está programada para los próximos 24 y 25 de octubre. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Este es el Ferrari 812 Superfast modelo 2020, incautado a Juan José Valencia (“Falcon”). Foto cortesía de la SAE.

Según el Twitter de la SAE, los vehículos “aún huelen a nuevo”: “Los ferraris de la mafia serán para la inversión social. El recaudo será destinado a los propósitos del Gobierno de Nacional de Gustavo Petro”.

Se trata de un Ferrari Portofino blanco, modelo 2019, con apenas 1.717 kilómetros de uso; un Ferrari 488 Spider gris, modelo 2019 y 1.703 km; y un Ferrari 812 Superfast rojo, modelo 2020, con 806 km de recorrido.

Aunque el banco anunció que se trata de una subasta con precio base oculto, en su página web aparecen los valores de depósito previo para cada carro: si quiere el blanco, debe tener como mínimo $194’632.857: por el gris, $206’841.954; y por el rojo, $349’898.149.

Estos vehículos de alta gama fueron importados a Colombia desde Italia, según la Policía, por Juan José Valencia Zuluaga, alias “Falcon”, “Andrea” o “Babalao”. Este hombre de 40 años, oriundo de Medellín, fue extraditado a EE. UU. el pasado 27 de junio, por cargos de narcotráfico.

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Este es el Ferrari Portofino blanco, modelo 2019, que también será subastado. Foto cortesía de la SAE.

Las autoridades de ambos países lo señalan de ser un socio estratégico del cartel narcoparamilitar Clan del Golfo, al cual al parecer le manejaba los negocios en el departamento de Bolívar y la zona portuaria de Cartagena, hasta el momento de su captura, el 7 de mayo de 2021.

La Dirección Antinarcóticos allanó su vivienda en la vereda Llanogrande, del municipio antioqueño de Rionegro, una fastuosa propiedad de 9.000 metros cuadrados, con zona deportiva y piscinas (una de ellas con agua traída del mar Muerto), en la cual almacenaba más de 30 vehículos.

En su garaje estaban los tres ferraris, seis motos customizadas, ocho camionetas y autos clásicos de colección, entre otras bellezas adquiridas presuntamente con dineros ilegales.

Además de sus actividades delictivas, Valencia tenía negocios de construcción y propiedad raíz, que le daban la fachada de próspero empresario. Así hizo amistad con varios artistas de la farándula nacional, que asistían a fiestas y conciertos privados en su palacio de Llanogrande.

Fuentes cercanas al caso contaron que fue un reguetonero paisa, amigo de “Falcon”, quien lo convenció de comprar los ferraris.

Este es el Ferrari 488 Spider, modelo 2019, con 1.703 k.m. de uso. Foto cortesía de la SAE.

El artista, cuyo nombre reservaron las fuentes, ya tenía una colección de esta clase de automotores, y le transmitió ese gusto al narcotraficante.

La importaciones se hicieron entre 2019 y 2020. El más costoso fue el Ferrari 812 Superfast rojo, capaz de acelerar de cero a 100 kilómetros por hora en solo 2,9 segundos, y el cual fue traído desde la ciudad italiana de Venecia por un valor cercano a los $1.200 millones.

A su esposa le trajo el Ferrari Portofino blanco, por $950 millones; y completó la colección con el Ferrari 488 Spider gris, por el que pagó cerca de $810 millones.

Con ellos salía a rodar por las vías que conectan a Rionegro con Envigado y Medellín, como la avenida Las Palmas, en compañía de su amigo reguetonero, sin sospechar que las agencias de seguridad de Colombia y Estados Unidos le seguían la pista.

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El Inspector.

Se trata de la parte final de “Otoniel, el monstruo de las mil guerras”, la historia detrás de Dairo Antonio Úsuga David, el narcotraficante más perseguido de Colombia en el siglo XXI.

Alias “Otoniel” fue guerrillero, paramilitar, narcotraficante y ahora extraditado. Ilustración de Tomás Giraldo.

En este episodio, les narraré los detalles de la intrigante Operación Agamenón, implementada para cazar a alias “Otoniel” en la selva del Urabá antioqueño.

Escucharemos cómo se produjo la caída de este personaje, luego de casi cuatro décadas de lucha contra el Estado.

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En la parte anterior, estrenada la semana pasada, les conté la forma en que el delincuente fue reclutado por la guerrilla y luego delinquió en las hordas paramilitares.

Todos los capítulos están disponibles en www.elcolombiano.com/podcast y en las plataformas de Spotify, Google Podcast, Spreaker y Apple Podcast.

Revelaciones del Bajo Mundo fusiona el estilo narrativo de la crónica periodística con la ambientación de las radionovelas de antaño. ¡No te lo pierdas!

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El Inspector.

En esta espectacular producción sonora, les narraré la historia de Dairo Antonio Úsuga David, alias “Otoniel”, el narcotraficante más perseguido de Colombia en el siglo XXI.

Ya está al aire el capítulo 3 de Revelaciones del Bajo Mundo, el podcast. Ilustración de Tomás Giraldo.

Con detalles inéditos, la investigación demostrará cómo fue que este personaje, nacido en una humilde familia campesina de Urabá, se alzó en armas con la guerrilla, se entregó a la guerra en las filas del paramilitarismo y luego construyó un imperio de narcotráfico con redes transnacionales.

Durante 34 años, desde 1987 hasta 2021, “Otoniel” sembró de miedo los corazones de miles de víctimas. Su cacería fue la más grande contra narcotraficante alguno en Colombia y su carrera solo emulable por el sangriento capo Pablo Emilio Escobar Gaviria.

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La historia será narrada en dos partes. La primera ya pueden disfrutarla en www.elcolombiano.com/podcast y en las plataformas de Spotify, Google Podcast, Spreaker y Apple Podcast. La segunda parte se estrenará el próximo 14 de octubre de 2022.

También pueden acceder a los anteriores capítulos de Revelaciones del Bajo Mundo, con otras extraordinarias narraciones tituladas “Asaltantes con fiebre de oro acechan en Medellín” y “Los conjuros siniestros del Clan del Golfo”.

Revelaciones del Bajo Mundo es un podcast de la Casa Editorial El Colombiano, que fusiona el estilo narrativo de la crónica periodística con la ambientación de las radionovelas de antaño. ¡No se lo pierdan!

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El Inspector.

Después de cinco años de vivir en la clandestinidad, William fue extraditado a Colombia desde Brasil, país donde se movía con un pasaporte venezolano falso.

En nuestro país le esperan una condena y un expediente por relaciones con el crimen organizado y el asesinato de un ciudadano danés en Medellín. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Brent Ron William, alias “el Gringo”, el criminal canadiense detenido en Bogotá. Foto de cortesía.

Fuentes judiciales le confirmaron a El Colombiano que Interpol lo arrestó el pasado mes de marzo en Sao Paulo, y que a mediados de agosto se realizó el trámite de extradición. El canadiense llegó escoltado al aeropuerto El Dorado y posteriormente fue llevado a la prisión.

La historia de este hombre, apodado “El Gringo”, está plagada de aberraciones en el Valle de Aburrá. Llegó a Medellín en 2009, presentándose como productor de páginas web, comerciante y administrador de un centro de estética.

Estas ocupaciones resultaron ser la fachada para varias actividades ilícitas, entre las cuales se encontraba la explotación sexual infantil. En estrados judiciales quedó demostrado que en 2013 les pagó medio millón de pesos a dos colegialas de 14 años para acostarse con ellas y “quitarles” la virginidad.

Según la investigación, William solía hacer bacanales con menores de edad en una finca que había alquilado en el sector Las Palmas. Incluso le pagaba a una estudiante proxeneta para que le reclutara niñas en un colegio de Envigado.

Por estos hechos, el forastero fue capturado el 30 de septiembre de 2013. En el allanamiento a la finca, la Policía le incautó un revólver y una pistola con municiones. El Juzgado 15 Penal Municipal de Medellín lo condenó a 15 años y seis meses de prisión por demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años y porte ilegal de armas.

Aunque su defensa apeló, en 2016 el Tribunal Superior de Medellín confirmó el fallo en segunda instancia. Debido a esto, las familias de las niñas denunciantes fueron amenazadas.

Estando preso en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, el canadiense obtuvo el beneficio de detención hospitalaria gracias a un dudoso dictamen de Medicina Legal, según el cual sufría de constipación crónica y posible cáncer de colon.

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Salió de la celda pero, de manera inexplicable, no fue trasladado a un hospital, sino a un ancianato del barrio Estadio. Apenas tenía 34 años de edad en ese momento, situación que hacía más rara esa situación.

Allí continuó con sus actividades pedófilas, de acuerdo con la Fiscalía, y la siguiente víctima fue una niña de 13 años residente en Bello, a quien contactó por la red social Facebook.

La menor lo visitaba para tener sexo, en compañía de una amiga, y el convicto también les pagaba para dejarse tomar fotos desnudas y en ropa interior, las cuales eran publicadas en internet. Por este hecho, el ente acusador le abrió una nueva investigación por el cargo de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

Las relaciones de Brent Ron William Harracksingh con la ilegalidad al parecer iban más allá de los vejámenes sexuales. Los investigadores judiciales creen que tenía conexiones con el combo delincuencial de “Colima”, que delinque en la comuna de Manrique.

Tomas Willemoes, el periodista danés asesinado por sicarios en El Poblado. Foto de cortesía.

Los sicarios de esta banda mataron al periodista danés Tomas Willemoes en una vía de El Poblado, el 16 de junio de 2016. Cuatro de los autores materiales fueron capturados posteriormente y al canadiense le expidieron otra orden de captura por homicidio agravado, en calidad de coautor.

La hipótesis es que el reportero europeo fue asesinado por orden suya, pues al parecer sospechaba que le competía en su negocio de pornografía infantil.

Cuatro días después de ese homicidio, el forastero se quitó el brazalete de monitoreo electrónico que le había asignado el Inpec y se fugó del centro gerontológico.

A pesar de que supuestamente padecía graves enfermedades, a los pocos meses posteó en sus redes sociales varias fotos de rumbas en Cartagena, en compañía de dos jóvenes mujeres en un yate.

Después viajó a Venezuela, donde obtuvo los documentos de identidad falsos, y finalmente huyó a Brasil.

Según las fuentes judiciales, la extradición reactivó su condena de 15 años y seis meses por el caso de pedofilia en la finca de Las Palmas. Ahora que comenzó a cumplirla por segunda ocasión, le quedan pendientes las otras investigaciones penales, que podrían generarle nuevas sentencias.

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El Inspector.

Ese anhelo, que disfrutó durante pocos años, se esfumó entre sus dedos el pasado 27 de julio, cuando escoltado por agentes de Interpol y la Dirección Antinarcóticos abordó un avión de la DEA rumbo a una cárcel en Estados Unidos. Allá lo espera la Corte del Distrito Sur de La Florida, para que responda por cargos de narcotráfico.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Alias “Falcon”, “Andrea” o “Babalao” es requerido por una corte del Distrito Sur de La Florida. Foto cortesía de Interpol.

De esta manera se le cayó la careta de empresario exitoso de la construcción y los bienes raíces, con la cual se presentaba ante sus amigos de la farándula y vecinos de la vereda Llanogrande, en el municipio antioqueño de Rionegro.

¿Pero cómo fue que este paisa de 40 años terminó reseñado por los organismos de Inteligencia como alias “Falcon”, “Andrea” o “Babalao”, un socio clave del cartel narcotraficante Clan del Golfo?

AMBICIONES
Una fuente cercana a la investigación le narró a El Colombiano que Valencia Zuluaga se crió en un barrio humilde de la comuna de Villahermosa, en el oriente de Medellín.

“Sus allegados nos contaron que de niño vendía panes, dulces y bombones en los buses, pero que siempre soñó con ser millonario”, relató.

Sus actividades ilegales comenzaron luego de un viaje a España, cuando, siendo joven, se fue a buscar suerte en diferentes trabajos. No logró establecerse, pero quedó deslumbrado por los lujos del Viejo Continente.

En 2008 inició la expansión territorial del Clan del Golfo, desde Urabá hacia varias regiones de Colombia.

Dos narcos de los Llanos Orientales ingresaron a la nómina, Uldar Cardona (“Pablito”) y Ómar Noguera (“Boyaco”), y viajaron a Antioquia buscando socios para expandir su red dentro del Clan.

Un delincuente conocido como “Mogolla” les presentó a Valencia, a quien presuntamente recomendó como una persona deseosa de “camellar en la vuelta”.

“Su primera participación fue en el envío de 10 de kilos de cocaína por una ruta que tenían hacia México”, reveló la fuente. De esta manera surgió la confianza entre los narcos.

La acusación de la corte norteamericana, cuyos testigos son exintegrantes del Clan del Golfo, detalló que entre 2010 y 2021 Valencia, al parecer, invirtió en cargamentos de droga que salían del puerto de Cartagena y de pistas aéreas clandestinas en los Llanos, y eran acopiados en Guatemala antes de llegar a EE.UU.

“Pablito” murió en un operativo policial el 2 de mayo de 2017, en Arboletes; y 21 días después fue capturado “Boyaco”, en San Pedro de Urabá.

Con sus dos jefes directos por fuera del negocio, Valencia heredó los contactos y rutas de exportación. Sus apodos de “Falcon”, “Andrea” o “Babalao” empezaron a retumbar en el bajo mundo.

Según el general Jorge Vargas, director de la Policía, se convirtió en hombre de confianza de Dairo Úsuga (“Otoniel”), el mandamás del Clan, quien le asignó la jefatura del frente Héroes del Caribe, con injerencia en Bolívar y Atlántico, especialmente en puertos de Cartagena y Barranquilla.

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APARIENCIAS
Al mismo tiempo, el implicado se mostraba ante la sociedad como un empresario audaz y de gustos exquisitos. Compró una mansión de 9.000 m2 en Llanogrande, con zona deportiva y piscinas, para una de las cuales mandó a traer agua desde el mar Muerto (Medio Oriente).

Llenó el garaje con más de 30 vehículos, que incluían seis motos customizadas, ocho camionetas, autos antiguos de colección y tres ferraris, en los que solía apostar carreras contra famosos reguetoneros.

La meta que se había trazado parecía cumplida, hasta que el 7 de mayo de 2021 los comandos de la Dirección Antinarcóticos allanaron su palacio. Lo capturaron, incautaron sus apreciados vehículos y además le encontraron 18 armas de fuego, incluyendo dos fusiles de asalto, nueve pistolas, tres escopetas, miras telescópicas y un visor nocturno.

Fue recluido en la cárcel La Picota, de Bogotá, y notificado de la orden de extradición, la cual fue avalada por la Corte Suprema el pasado 1° de junio.

Aunque en Colombia se ha declarado inocente de las acusaciones, es probable que busque un acuerdo de confesión con la justicia estadounidense, cerrando así el capítulo más penoso en esta biografía de ambición por el dinero.

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El Inspector.

El exguerrillero, exparamilitar y narcotraficante, más conocido como “Otoniel”, fue trasladado a suelo estadounidense en cumplimiento de un pedido de extradición, el cual recibió el aval de la Corte Suprema de Justicia y la Presidencia de la República. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Dairo Antonio Úsuga David, alias “Otoniel”, nació hace 50 años en Turbo, Antioquia. Foto cortesía de la Policía.

La primera sanción impuesta por la Casa Blanca en contra de Úsuga data de 2010, cuando el Departamento del Tesoro lo incluyó en la Lista Clinton junto a otros líderes del Clan del Golfo (antes llamado “los Urabeños”), como “Don Mario”, “Mi Sangre”, “Gavilán” y su hermano Juan de Dios Úsuga David (“Giovany”).

El 4 de junio de 2015, la Corte del Distrito Sur de La Florida le formuló a él y a otros ocho cabecillas de su organización el cargo de conspiración para importar una sustancia controlada a Estados Unidos (expediente N° 15-cr-20403-WPD/LSS).

Según esta acusación, el tráfico ilegal habría comenzado en 2002 (cuando “Otoniel” todavía hacía parte de las Autodefensas paramilitares), por una ruta que además de Colombia involucraba a Panamá, Ecuador, Venezuela, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Nicaragua y México.

Trece días más tarde, el 17 de junio de 2015, la Corte del Distrito Oriental de Nueva York le abrió un nuevo expediente (N° 14-0635/S-2/DLI), que también afectaba a otros diez jefes del Clan del Golfo.

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Esta vez, el primer cargo fue por conformación de una empresa criminal, que se subdivide en tres violaciones al código penal estadounidense: conspiración internacional para fabricar y distribuir cocaína, conspiración para distribuir cocaína y conspiración para asesinar a rivales en el tráfico de drogas; el segundo cargo fue por uso de armas de fuego para fomentar el narcotráfico.

En el sistema de justicia estadounidense, estas acusaciones podrían generar una cadena perpetua; sin embargo, el tratado de extradición entre EE.UU. y Colombia especifica que la sentencia en el extranjero no puede superar la pena máxima contemplada en la legislación de nuestro país, es decir, 60 años.

Fuentes judiciales indicaron que, al parecer, el destino inicial de “Otoniel” es la cárcel de Brooklyn, para responder primero por las acusaciones de la corte neoyorquina.

En Colombia, “Otoniel” ya tiene una sentencia de 40 años de cárcel por la masacre de Mapiripán (Meta), perpetrada por el bloque Centauros de las Autodefensas. Además, la Fiscalía espera acusarlo por cerca de 500 crímenes cometidos durante su periodo en el Clan del Golfo (2007 – 2021).

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El Inspector.

La detención fue confirmada en la tarde de este sábado 23 de octubre, cuando comandos de la Policía y el Ejército llegaron hasta inmediaciones de una finca ubicada en un sitio conocido como el cerro del Yoki, en el corregimiento El Totumo del municipio antioqueño de Necoclí.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Este fue el momento en el que los comandos de la Policía y el Ejército sometieron a “Otoniel”, en un paraje de Necoclí, Antioquia. Foto de cortesía.

El general Luis Fernando Navarro, comandante de las FF.MM., detalló que el operativo –llamado Osiris– comenzó en la madrugada del viernes, insertando 500 uniformados en distintos puntos de la región, encargados de bloquear las posibles rutas de escape del objetivo.

Durante varias semanas, 50 expertos en inteligencia de señales venían analizando datos satelitales, para realizar un mapa de ubicación con los recorridos de Úsuga.

“Sabíamos que tenía al menos ocho anillos de seguridad, repartidos en tres kilómetros, entre cerro Yoki y cerro Azul, y que dormía a la intemperie”, narró el general Jorge Vargas, director de la Policía.

El seguimiento detallado les permitió saber a los agentes que “Otoniel” se estaba alimentando de guaguas, y que su salud había desmejorado por la falta de medicamentos para el dolor de espalda.

El asalto se ejecutó a las 3:00 p.m., según Navarro, “de manera sorpresiva, porque el bandido no tuvo tiempo de salir de la zona ni conectarse con sus redes de apoyo”.

El presidente Iván Duque calificó lo sucedido como “la captura más importante del siglo en Colombia, y quizá la más importante a nivel mundial en contra de cabecillas de un cartel narcotraficante”.

“Otoniel” fue trasladado en helicóptero a Bogotá y se le vio sonriente en las fotografías distribuidas por los comandos que lo esposaron.

En redes sociales comenzó a rodar el rumor de que tal vez se trató de una entrega acordada, como sucedió en 2018 con Carlos Tuberquia Moreno (“Nicolás”), el segundo al mando de la banda, pero el general Vargas reiteró que fue una “operación quirúrgica”.

Aunque no se reportaron enfrentamientos durante la aprehensión del capo, 24 horas antes, justo en el proceso de rodear el terreno, un anillo externo de seguridad atacó a un puñado de policías en un paraje rural de Turbo. Un francotirador le quitó la vida al intendente Edwin Blanco Báez, de 34 años y líder de un Escuadrón Móvil de Carabineros, impactándolo en el cuello y el tórax.

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“Otoniel” fue trasladado en helicóptero desde Urabá hasta Bogotá. Foto de cortesía.

EXPERTO EN REINCIDIR
La persecución contra “Otoniel” cobró relevancia en abril de 2009, cuando la Policía arrestó –también en Necoclí– a Daniel Rendón Herrera (“don Mario”), el cofundador de la organización criminal.

Los organismos de Inteligencia reportaron esa vez que “Otoniel”, junto a su hermano Juan de Dios Úsuga David (“Giovany”), quedó al frente de “los Urabeños”, como se le conocía en aquel entonces al Clan del Golfo.

Al quedar en el radar de las autoridades, la opinión pública conoció la historia de uno de los delincuentes más curtidos de Colombia. Úsuga nació el 15 de septiembre de 1971 en el municipio de Turbo, en una familia de 14 hermanos y padres campesinos.

A sus 15 años fue reclutado por la guerrilla del Epl, con la cual delinquió en la frontera de Antioquia con Chocó. En 1991 participó en su primera desmovilización, cuando esta estructura subversiva firmó la paz durante el gobierno de César Gaviria.

Sin embargo, “Otoniel” y “Giovany” regresaron a la delincuencia en las filas de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Úsuga fue enviado al bloque Centauros, en los Llanos Orientales, a órdenes de los comandantes Miguel Arroyave y “don Mario”, creando así los lazos que luego lo llevarían junto a ese último a liderar el Clan.

En 2005 se desmovilizó por segunda ocasión, en el marco de las negociaciones del presidente Álvaro Uribe con las Auc, pero al año siguiente se unió a “don Mario” y a otros exjefes paramilitares en Urabá, para continuar delinquiendo bajo otra bandera: la de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc).

En 2011, el Gobierno de Estados Unidos solicitó su extradición por cargos de narcotráfico transnacional, y posteriormente le asignó una recompensa de 5 millones de dólares, convirtiéndolo en el narco más buscado del país.

Al año siguiente la Policía dio de baja en Acandí (Chocó) a su hermano “Giovany”, con lo que “Otoniel”asumió totalmente las riendas, acompañado de un estado mayor de cinco comandantes.

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Dairo Úsuga, de 50 años, está recluido en un calabozo de la Dijín, a la espera de resolver su situación judicial. Foto cortesía de la Policía.

OPERACIÓN AGAMENÓN
El 2 de febrero de 2015 la Policía lanzó Agamenón, la operación más grande en la historia reciente de la nación contra una estructura de crimen organizado. Cuatro generales y 1.200 policías de grupos especiales, con el apoyo logístico y tecnológico de EE.UU., Europol y el MI6, se tomaron la subregión de Urabá para derrotarlo en un plazo de 70 días.

El plan inicial fracasó. El conocimiento del territorio por parte de “Otoniel”, adquirido desde sus días de guerrillero, le sirvió para eludir el embate de la Fuerza Pública.

Desde la clandestinidad lideró la expansión del cartel, llegando a establecer redes en 23 departamentos y células narcotraficantes en Panamá, Venezuela y España.

En ese proceso se fue a la guerra con el Eln, las Farc y sus disidencias, “los Rastrojos”, “los Paisas”, “Libertadores del Vichada”y otros grupos ilegales, instigando múltiples masacres y desplazamientos forzados masivos en Antioquia, Chocó, Norte de Santander, Nariño, Córdoba y Valle.

En el plano transnacional, “Otoniel” se asoció con carteles mexicanos, centroamericanos y europeos, usando como plataformas de exportación marítima de cocaína al Golfo de Urabá; los puertos de Buenaventura, Barranquilla y Cartagena; y playas clandestinas de las costas Caribe y Pacífica.

El Clan llegó a tener cerca de 6.000 integrantes, cuatro bloques y 23 frentes, sumando combatientes armados, redes de apoyo y bandas locales subcontratadas a modo de franquicias.

En respuesta a sus movimientos, el Gobierno transformó a Agamenón en una campaña militar y policial de largo aliento. Entre sus resultados más importantes estuvieron las bajas de varios integrantes del estado mayor del Clan, como “Guagua” (2016), “Gavilán” e “Inglaterra” (2017), “el Indio Aristides” (2018) y “Marihuano” (2021).

Entre las muertes en enfrentamientos con las autoridades, y las capturas, “Otoniel” ha perdido más de 20 familiares en su sangrienta carrera. En la actualidad, en la cárcel pernoctan algunos de sus hermanos, como “la Negra” y “Cuarentano”.

Pese a esto, Úsuga logró evadir su captura durante tres gobiernos: el de Uribe, el de Santos y parcialmente el de Duque.
En septiembre de 2017, con ocasión de la visita a Colombia del Papa Francisco, “Otoniel” apareció en un video, anunciando sus intenciones de iniciar conversaciones de paz con la Casa de Nariño, con miras a su sometimiento a la justicia.

El presidente Juan Manuel Santos confirmó los acercamientos y delegó para tal fin al vicepresidente Óscar Naranjo. No obstante, las reuniones se congelaron cuando Iván Duque llegó a la Presidencia.

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Estos son los miembros del estado mayor del Clan del Golfo, de donde saldría el sucesor de “Otoniel”. Cortesía.

RED DE CORRUPCIÓN
En sus últimos tres años de libertad, de acuerdo con fuentes de Agamenón, “Otoniel”cambiaba constantemente de guarida, entre la selva del Darién, la serranía de Abibe y el nudo del Paramillo.

Usualmente andaba a lomo de mula, con una escolta personal de tres hombres y un anillo externo de seguridad de otros 20. En ese tiempo hubo 12 incursiones en el monte para detenerlo, que fallaron porque se filtraba la información a última hora.

“El Clan del Golfo cuenta con una red de informantes dentro de las Fuerzas Militares y de Policía, conformada por oficiales de alto grado, de capitanes para arriba”, le reveló un integrante de Agamenón a El Colombiano el año pasado.

Según fuentes de la Fiscalía, en los últimos cinco años han sido judicializados cerca de 200 integrantes de la Policía y las Fuerzas Militares, por presuntos nexos con el Clan.

Entre los casos más conocidos están el del mayor Adrián Torres, subcomandante de la Policía de Buenaventura (Valle), capturado en 2019; y el del mayor Héctor Murillo, jefe del Modelo de Cuadrantes de la Policía Antioquia, condenado a seis años en 2018.

Ahora que “Otoniel”tendrá que rendir cuentas ante la justicia, los investigadores esperan su colaboración para desmantelar la red de corruptos que lo protegía.

POSIBLES SUCESORES
Tal cual ocurrió cuando fue capturado “don Mario”, lo más probable es que el sucesor de “Otoniel”salga del estado mayor de la organización.

En ese sentido, según los dosieres policiales, la lista de candidatos comienza con Jobanis de Jesús Ávila Villadiego (“Chiquito Malo”), desmovilizado del bloque Bananero de las Auc, pedido en extradición por EE.UU. y considerado el número dos del cartel.

Le sigue Wilmar Antonio Giraldo Quiroz (“Siopas”), exguerrillero de los frentes 5° y 58 de las Farc, y actual comandante del bloque Pacífico del Clan, con influencia desde Chocó hasta Nariño.

Y José Gonzalo Sánchez Sánchez (“Gonzalito”), primo de crianza de “Otoniel”, desmovilizado del bloque Catatumbo de las Auc y cabecilla del bloque Roberto Vargas Gutiérrez del Clan, que opera en Córdoba, Sucre y Bajo Cauca.

Las fuentes de Inteligencia precisaron que ninguno tiene la capacidad de aglutinar que caracterizaba a “Otoniel”, por lo que prevén disputas internas y divisiones por el poder.

En ocasiones pasadas, cuando murieron cabecillas del Clan en operaciones de la Fuerza Pública, la reacción de la estructura mafiosa fue promover paros armados y planes pistola contra la Policía en sus áreas de influencia, situación que prende las alarmas por el encarcelamiento de “Otoniel”.

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ANEXO: LA SITUACIÓN JUDICIAL DE “OTONIEL”
Según la Fiscalía, “Otoniel”tiene 122 órdenes de captura y siete medidas de aseguramiento (en calidad de reo ausente) de diferentes despachos judiciales, por cargos de homicidio, concierto para delinquir, terrorismo, secuestro extorsivo y narcotráfico, entre otros.

También tiene seis sentencias condenatorias vigentes, entre ellas una de 40 años de prisión por la masacre de 49 personas en Mapiripán, Meta, durante sus días de paramilitar en 1997.

A esto se suman los pedidos de extradición de tres cortes federales de EE.UU., por conspiración para exportar y distribuir cocaína en ese país. 

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El Inspector.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía, el hecho ocurrió a las 5:00 p.m. de este miércoles 23 de junio. A esa hora, un hombre desesperado llamó a la Línea de Emergencia 123, diciendo que a su primo le acababan de disparar.

Una patrulla policial reaccionó a ese llamado de auxilio y llegó a un establecimiento de comidas en la carrera 46 con la calle 7, donde varias personas aterradas rodeaban el cuerpo del comerciante Óscar Mauricio Henao Toro, de 53 años, y quien en los expedientes de la justicia estadounidense figuró en el pasado como alias “el Contador”.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, en equipo con Revelaciones del Bajo Mundo.

Los técnicos forenses del CTI inspeccionaron la escena del crimen en el restaurante, encontrando vainillas de calibre 7.65. Foto de archivo.

De acuerdo con su familiar, él, Henao y otro comerciante se habían reunido en ese lugar para conversar de negocios, en particular sobre la posibilidad de invertir en una empresa de divisas. A los 20 minutos de haber comenzado la charla, al recinto ingresó un hombre con una chaqueta oscura y una gorra, quien se aproximó a la mesa y le disparó al ciudadano con una pistola calibre 7.62, impactándolo en el antebrazo izquierdo y en el corazón.

El mercenario salió de inmediato y abordó una motocicleta KTM 200 Duke, conducida por un compinche, y ambos lograron escapar.

FUEGO Y HIELO
Según archivos de la Policía y la Fiscalía, Henao Toro había sido capturado en febrero de 2009, en el marco de la operación Fire and Ice (“Fuego y Hielo”), ejecutada por la DEA, la Dijín e Interpol, en contra de las redes financieras de “la Oficina”, una organización criminal del Valle de Aburrá con negocios transnacionales de narcotráfico y lavado de activos.

El blanco principal de la investigación era el presunto narcotraficante antioqueño Nelson Eugenio Aristizábal Martínez, alias “One Two Three” o “Juantutri”, señalado de liderar una ruta de exportación de cocaína en asocio con “la Oficina”, además de una red de blanqueo de las ganancias ilícitas.

Según el expediente N°04-20065-CR-SEITZ de la Corte del Distrito Sur de La Florida, la célula de “One Two Three” administraba una ruta que salía de Colombia por el Caribe y tenía un punto de acopio en Jamaica, con destino final en Miami, Estados Unidos. Esta estructura habría exportado el alcaloide entre 1997 y 2006, de acuerdo con las pruebas recaudadas en ese momento.

Aristizábal no alcanzó a ser juzgado por las autoridades. Investigadores judiciales relataron que fue desaparecido a finales de 2008 por sus mismos aliados de “la Oficina”, quienes lo habrían ejecutado tras la incautación de varios cargamentos de droga, que le crearon una deuda impagable con la mafia. Su cuerpo no ha sido encontrado.

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El 11 febrero de 2009 las agencias de seguridad capturaron con fines de extradición a siete de sus secuaces, entre ellos “el Contador”, quien cayó en Medellín y fue enviado a la cárcel de Cómbita (Boyacá). En septiembre de ese año, la Fiscalía embargó 118 propiedades a nombre de los involucrados en la red, y de sus testaferros, valoradas en 60.000 millones de pesos.

Se trató de 66 inmuebles, 23 vehículos, 19 establecimientos comerciales y 10 acciones de empresas, los cuales fueron ocupados en Antioquia, Cundinamarca y Atlántico, con fines de extinción de dominio.

El 22 de julio de 2009, la Corte Suprema de Justicia emitió un concepto favorable (radicado 31658) para la extradición de Henao, por lo que él y los otros seis procesados fueron enviados a La Florida para responder por cuatro cargos de conspiración para exportar y distribuir cocaína en esa nación.

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El registro público de la Corte del Distrito Sur de La Florida indica que “el Contador” comenzó sus audiencias en el extranjero en octubre de 2009; al mes siguiente, se declaró inocente de las acusaciones, pero luego de un año de juicio, firmó un acuerdo de culpabilidad (Plea Agreement) por uno de los cargos: conspiración para importar 5 o más kilos de cocaína a EE.UU.

En agosto de 2010, la juez Patricia A. Seitz lo condenó a 11 años y siete meses de prisión, tres años de libertad posterior bajo vigilancia y una multa de 100 dólares. Sin embargo, por su colaboración con la justicia, Henao logró renegociar la pena y salió de la cárcel el 7 de julio de 2016, según el archivo del Buró de Prisiones.

Después de siete años de prisión regresó a Medellín, se radicó en El Poblado y tomó las riendas de una empresa de químicos.

Las causas del homicidio no han sido esclarecidas por ahora. El Colombiano buscó una declaración oficial de la Policía sobre este tema, pero la Institución no se ha pronunciado de momento.

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ANTECEDENTE CERCANO

Este es el segundo asesinato perpetrado en Medellín en el último mes, en el que la víctima fue una persona mencionada en investigaciones penales por narcotráfico en Estados Unidos.

Al mediodía del pasado 20 de mayo, en el barrio Conquistadores, sicarios motorizados le quitaron la vida al abogado Jaime Alberto Roll Cifuentes, de 42 años. El ciudadano iba en un taxi con una mujer, y el ataque se produjo cuando pasaban por la calle 33 con la carrera 66B.

El jurista falleció en un centro médico, con 10 heridas de bala, mientras que su acompañante y el taxista sobrevivieron con lesiones leves.

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El finado era sobrino de Dolly Cifuentes Villa, alias “la Meno”, una de las integrantes más conocidas del Clan Cifuentes Villa. Esta organización, con pasado en el cartel de Medellín, tenía una sociedad para el narcotráfico y el lavado de activos con el cartel mexicano de Sinaloa.

“La Meno” fue extraditada en 2012 y pagó tres años de prisión en Estados Unidos. Lo último que se supo de este clan, según fuentes judiciales, fue que algunos de sus integrantes estaban siendo llamados por la DEA para declarar como testigos en el caso contra Joaquín “el Chapo” Guzmán, jefe del cartel de Sinaloa, quien está purgando una cadena perpetua en EE.UU.

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El Inspector.

Se trata de Jaime Eduardo Cano Sucerquia, alias “Jota”, quien según la investigación de la Fiscalía sería un contacto en Colombia de la ‘Ndrangheta, la organización criminal surgida en la región de Calabria y una de las más poderosas de Europa en la actualidad. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Jaime Cano, alias “Jota”, capturado en el barrio Pedregal de Medellín. Foto cortesía de la Policía.

La detención se produjo el pasado 10 de febrero, en una esquina de la calle 105 con la carrera 75 del barrio Pedregal, en el noroccidente de la ciudad. Hasta allá llegaron agentes del CTI y soldados del batallón de Infantería N° 32 General Pedro Justo Berrío, en cumplimiento de una orden judicial de arresto.

En la audiencia de control de garantías, “Jota” fue presentado ante el Juzgado 17 Penal Municipal de Medellín. María Elena Monsalve Idrobo, jefa de la Dirección de Fiscalías contra el Narcotráfico, contó que le imputaron cargos por concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes, los cuales rechazó el procesado.

Durante la diligencia judicial, el ente acusador expuso que Cano sería el presunto encargado de coordinar la logística de los despachos de droga que salen por vía marítima hacia los puertos del Mediterráneo, en la modalidad de contaminar con el alijo los cargamentos de comida de exportación.

“Alias ‘Jota’ habría participado en el envío de 63 kilos de cocaína que fueron descubiertos en Livorno (Italia), camuflados entre cajas de banano colombiano, en agosto de 2015. Adicionalmente, estaría involucrado en otro evento en el que las autoridades internacionales encontraron un cargamento de 150 kilos de estupefaciente en la frontera entre México y Guatemala”, comunicó la Fiscalía en su reporte del caso.

ANTECEDENTES

La relación de los narcos de Medellín con los italianos se originó a finales de los años 80, durante la expansión transnacional del cartel de Pablo Escobar y sus socios. En ese entonces, la Camorra Napolitana y la Cosa Nostra (Sicilia) eran los principales aliados italianos en la ruta de tráfico de cocaína hacia Estados Unidos.

Hoy en día, con otros narcos involucrados en este comercio ilegal, el protagonismo lo asumió la mafia ‘Ndrangheta, cuyos pasos en nuestra ciudad comenzaron a hacerse visibles hace ocho años con la captura de Domenico Trimboli, alias “Pasqale”, uno de sus cabecillas.

Este hombre, de ascendencia italoargentina, tenía a sus hijos viviendo en el barrio Laureles y durante una de sus visitas, en abril de 2013, fue arrestado por Interpol. Debido a un error en el trámite judicial quedó libre, pero de nuevo le pusieron las esposas en junio de 2014, en el municipio antioqueño de Caldas.

De izquierda derecha: Iacomino Tomasso, Roberto Pannunzi y Domenico Trimboli. Fotos cortesía de la Policía.

Otro caso fue el de Iacomino Tomasso, alias “Salvatore Cafareillo”, miembro de relevancia en la Cosa Nostra. Fue capturado en Colombia en 2006 y luego extraditado a Italia. Tras pagar su condena, salió de la cárcel y regresó a nuestro país, donde fue detenido de nuevo en febrero de 2013, en Bogotá.

En Medellín también tenía residencia Roberto Pannunzi, apodado “Bebé” o el “Pablo Escobar europeo”, quien era señalado de exportar dos toneladas de cocaína mensuales al Viejo Continente, para la ‘Ndrangheta. Fue detenido en julio de 2013 en un centro comercial de Bogotá, cuando portaba una cédula falsa con identidad venezolana.

Y en abril de 2016 la Policía detuvo también en la capital a Enricco Muzzolini, otro delegado italiano involucrado en negocios ilícitos entre Medellín y Europa.

Fuentes de la Dirección Antinarcóticos contaron que las rutas más empleadas por los traficantes de esa alianza parten de la costa Atlántica colombiana y el Caribe venezolano, con destino a los puertos de Rotterdam (Países Bajos), Amberes (Bélgica) y Génova, Livorno, Napoli y Cagliari (Italia).

Al final de la audiencia de control de garantías de “Jota”, el juzgado le dictó medida de aseguramiento en la cárcel. Por el momento, la Fiscalía no ha recibido peticiones de extradición por parte de la justicia europea.

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El Inspector.

Se trata de Maximiliano Bonilla Orozco, alias “Valenciano”, miembro de la cúpula de la organización ilegal “la Oficina” y condenado a 20 años por conspiración para distribuir cocaína en aquel país. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Maximiliano Bonilla es oriundo de Villavicencio, Meta, pero se crió en Medellín. Comenzó su carrera criminal de la mano de Diego Murillo Bejarano (“don Berna”), uno de los fundadores de “la Oficina” a finales de los 90. Llegó a EE.UU. en diciembre de 2011. Foto de archivo El Colombiano.

El Colombiano tuvo acceso a documentos de su proceso penal (caso criminal N°08-140WFK), que reposan en la Corte del Distrito Oriental de Nueva York, con sede en Brooklyn. De acuerdo con la información, Bonilla envió una petición a dicho tribunal el pasado 27 de abril.

En su misiva, solicitó que lo favorecieran con un confinamiento casero, invocando la Ley de Ayuda, Socorro y Seguridad Económica por el Coronavirus (Ley 116-236 o Cares Act, por sus siglas en inglés), firmada por el presidente Donald Trump el 27 de marzo anterior. Dicha norma, entre otras medidas, instó al Buró de Prisiones (equivalente al Inpec en Colombia) a flexibilizar la autorización de detenciones domiciliarias, para mitigar el impacto de la propagación del virus en las cárceles.

En su argumentación, “Valenciano” invocó una frase del expresidente estadounidense Thomas Jefferson: “El cuidado de la vida humana y la felicidad, y no su destrucción, es el primero y único objeto de un buen gobierno”.

Acto seguido, escribió que encarcelado tenía menos chance de sobrevivir a la pandemia, pues el distanciamiento social es imposible y todo el sistema de ventilación de las celdas está interconectado, lo que hace que contagiarse “sea cuestión de tiempo”.

Alegó que tiene 47 años, presión arterial elevada y colesterol alto, por lo cual consume medicamentos.

También enfatizó que su comportamiento ha sido óptimo y ha recibido clases sobre el manejo de la ira, aeróbicos, yoga, crossfit e introducción al mercado de la bolsa de valores, entre otras; y que ha estado leyendo libros sobre el autocontrol, manejo del estrés y “el coraje para cambiar”.

Bonilla está recluido en la cárcel de Lewisburg, Pennsylvania, y pidió que le concedieran la detención en el domicilio del tío de su suegra, en Carolina del Sur.

Según él, estará en esa casa mientras dure la crisis sanitaria, y regresará a la celda una vez el Gobierno lo autorice.

“NO ES PERSONA CONFIABLE”

Enterado de esta petición, el fiscal de Distrito, Seth D. Ducharme, envió a la Corte una comunicación el pasado 24 de agosto, solicitándole al juez federal William F. Kuntz II que la rechazara.

En su exposición, hizo un recuento del prontuario de “Valenciano” como miembro de “la Oficina”, “la organización heredera de la infraestructura de narcotráfico de Pablo Escobar”.

Señaló que el detenido ascendió hasta ser un jefe de ese grupo, encargado de las operaciones de droga en los puertos de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, y socio del cartel mexicano “los Zetas”, con el que exportó más de 45 toneladas de cocaína. “Esto lo convirtió en uno de los narcos más poderosos del mundo”, redactó Ducharme.

El fiscal detalló que “Valenciano” no era confiable, porque ya había traicionado un acuerdo de cooperación con los norteamericanos. Dicho pacto lo realizó con la Fiscalía el 14 de diciembre de 2008, cuando prometió aceptar las acusaciones y que trabajaría como informante de la DEA y la Agencia de Seguridad Nacional (HSI), para obtener rebaja en la sentencia.

Sin embargo, luego de pactar con los funcionarios, regresó a Colombia para protagonizar una guerra por el control de “la Oficina” y sus negocios, en contra de Ericson Vargas (“Sebastián”), otro de los líderes de la organización (hoy preso en EE.UU. también).

La pelea involucró a más de 300 bandas del Valle de Aburrá, que se alinearon con uno y otro capo, y duró tres años. Entre enero de 2009 y diciembre de 2011 hubo 5.859 homicidios tan solo en Medellín, la mayoría atribuidos a esa disputa mafiosa.

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La Casa Blanca asignó una recompensa de 5 millones de dólares por el cabecilla, quien fue capturado el 27 de noviembre de 2011 en Venezuela, y desde allí extraditado.

Ducharme afirmó que no califica para la domiciliaria porque es extranjero, lo que le dificultaría recibir los servicios médicos que ya tiene en prisión; que su edad no lo hace de alto riesgo para covid-19 y que no está comprobado que la presión sanguínea elevada lo haga más propenso al contagio; y que no demostró que en la casa de Carolina del Sur estaría a salvo del virus.

“La historia de violencia y desobediencia lo hace un candidato no confiable para el confinamiento casero, y un peligro para la comunidad, en especial por las mínimas capacidades de las autoridades para su monitoreo (por causa de la pandemia)”, concluyó.

A la fecha, el juez Kuntz no ha emitido su veredicto sobre la petición de Bonilla. Los tiempos judiciales en EE.UU. se ralentizaron por la cuarentena, debido a lo cual el pronunciamiento podría darse en octubre, según fuentes judiciales.

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ANEXO: LOS EXPEDIENTES DE “VALENCIANO” EN COLOMBIA

En Colombia, Maximiliano Bonilla no tiene condenas, pero sí cuatro investigaciones penales en curso. Una de ellas, por concierto para delinquir agravado, data de 2009 y está en etapa de juzgamiento.
Las demás están en “indagación preliminar”, según la Fiscalía: una por el delito de extorsión (2009); otra como indiciado de homicidio (2000); y una más por el asesinato del investigador del CTI, Jaime Piedrahíta, perpetrado por sicarios en 1997 en el municipio de Itagüí.
Por esas investigaciones, tiene órdenes de captura pendientes en nuestro país, por parte de despachos judiciales de Medellín y Bogotá.

El Inspector.

Los uniformados se dividieron, mientras unos contenían a las muchachas, los otros sometían al “Gordo Tavo”, llevándolo al piso y poniéndole las esposas. Quién sabe qué cosas pasarían por su mente en aquel momento. El hombre que alguna vez fue catalogado como uno de los 10 delincuentes más buscados de Colombia, tal vez pensaba que los enemigos cosechados en las guerras de la cocaína habían llegado a cobrarle con la vida.

Esta es la historia detrás de la captura, elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Así lucía Gustavo Álvarez Téllez (“Gordo Tavo”), al momento de su captura en Cereté, Córdoba. Foto cortesía de la Policía.

La historia de Álvarez Téllez, de 48 años, está plagada de muerte y traiciones. Según el dosier de las autoridades, en los años 90 este ciudadano nacido en Ibagué se vinculó a una facción paramilitar en el Magdalena Medio. De allí partió hacia Cartagena, donde en el 2000 instaló una oficina de sicarios para hacerles trabajos a varios capos de las Autodefensas, como “Diego Vecino” y “Juancho Dique”, cabecillas del bloque “Héroes de los Montes de María”.

La cercanía con los puertos le sirvió para incursionar en el narcotráfico transnacional y en 2005 extendió su negocio a Medellín. Aquí estableció una amistad con Maximiliano Bonilla Orozco (“Valenciano”), uno de los líderes de la organización criminal “la Oficina” y responsable de exportar drogas por el Caribe, en especial por el Golfo de Morrosquillo.

NOTA RELACIONADA: 20 años de condena en EE.UU. para el capo “Valenciano”.

Fue así como “Gordo Tavo” saltó a las grandes ligas, siendo socio financiero de “la Oficina” y de “los Paisas”, una banda de origen paramilitar afincada en el Bajo Cauca antioqueño.

La situación le generó enemistades con otros grupos, como “los Rastrojos”, que el 3 de febrero de 2010 mataron en Cartagena a su hermano Óscar Alberto Díaz Téllez, desmovilizado del bloque “Héroes de los Montes de María”.

Su febril actividad narcotraficante lo puso en la mira de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), que ya estaba tras la pista de “Valenciano” y “los Paisas”. La Corte del Distrito Este de Nueva York le abrió un expediente por conspiración para importar estupefacientes a ese país, y solicitó su extradición.

Álvarez Téllez fue capturado el 11 de mayo de 2011 en la isla de Aruba, y de allí trasladado a una prisión federal en Brooklin. La Policía lo señaló de haber coordinado la exportación de 120 toneladas de cocaína en dos años y el entonces presidente, Juan Manuel Santos, lo catalogó como uno de los 10 delincuentes más buscados de Colombia.

En la prisión estadounidense se encontraría más tarde con “Valenciano”, quien fue detenido en Venezuela el 27 de noviembre del mismo año. Él lo acusó de ser un delator e incluso se fueron a los golpes en uno de los pabellones.

A pesar del prontuario, su cooperación con la DEA le sirvió para obtener rebajas judiciales y la justicia estadounidense lo condenó a solo 36 meses de encarcelamiento, por el cargo de conspiración para distribuir cinco o más kilos de cocaína (caso 1:11-cr-00369-SJ). Tras pagar una fianza de 100 dólares, según los documentos de la corte, quedó en libertad vigilada.

NUEVAS ALIANZAS

Fuentes de la Policía Nacional, que le siguieron la pista tras su regreso a Colombia, le contaron a El Colombiano que volvieron a tener noticias de él en 2016.

Al parecer volvió a Cartagena, donde fue visitado por secuaces de “Valenciano”. “Le pidieron $5.000 millones de cuota, si quería regresar al negocio”, explicó un oficial, cuya identidad pidió reservar por seguridad.

Según la investigación, para protegerse de los tentáculos de su exsocio, “Gordo Tavo” buscó el respaldo del principal grupo narcotraficante de la actualidad: el Clan del Golfo. Por medio de un narco apodado “Echeverry”, le envió un mensaje al máximo líder de esa facción, Dairo Úsuga David (“Otoniel”).

El veterano capo le permitió unirse a la banda e inicialmente le asignó una ruta de exportación que nace en La Guajira. Con el tiempo, sus actividades se fueron extendiendo al sur de la costa Atlántica, retomando sus antiguos contactos en Magdalena, Bolívar y Córdoba.

Como socios de esta nueva aventura, Álvarez contó con José Gonzalo Sánchez (“Gonzalito”), presunto cabecilla del bloque Pacificadores de Córdoba y Bajo Cauca del Clan del Golfo, quien le aportó el aparato sicarial; y con Jorge Iván González Martínez (“Jota Firma”), quien también estuvo extraditado en el pasado, al parecer domina rutas hacia Europa (especialmente a España) y es hijo del famoso coronel Danilo González, que trabajó para el Cartel de Cali y en los 90 combatió a Pablo Escobar junto a “los Pepes”, antes de ser asesinado en 2004 en Bogotá.

De acuerdo con indagaciones judiciales, el esquema de seguridad de “Gordo Tavo” quedó a cargo de un coronel retirado del Ejército, quien coordinaba sus desplazamientos por tierra en vehículos blindados.

En su intento por recuperar la hegemonía en la Costa, el ibaguereño tuvo que enfrentarse a “los Pachenca”, una banda con fuertes raíces en Santa Marta y Cartagena, lo que dejó muertos de lado y lado en los últimos años.

Según la Policía, en el fragor de esas guerras se habría enemistado con “Jota Firma”, tal cual ocurrió en el pasado con su amigo “Valenciano”, lo que aumentó los peligros a su alrededor. Álvarez se refugió entonces en una casa campestre con piscina ubicada el municipio de Cereté, en Córdoba, una zona de influencia del Clan del Golfo.

LA NUEVA CAÍDA

A mediados de abril de 2020 se celebró en ese lugar el cumpleaños de la hija mayor de “Gordo Tavo”, en una fastuosa rumba con mariachis, que violó los protocolos de la cuarentena. El evento no pasó inadvertido para los informantes de la Dirección Antinarcóticos de la Policía, que delataron su paradero.

A las 6:00 p.m. del viernes 24 de abril, seis comandos Jungla allanaron la propiedad. Fue en ese instante de terror en el que Álvarez se refugió detrás de sus hijas, según contaron agentes que conocieron el operativo. En su contra había una orden de captura solicitada por un fiscal de Bogotá.

En el lugar había otro familiar, el mayordomo y un trabajador de la finca, que fueron dejados en libertad. Durante el registro encontraron un fusil de calibre 5.56.

La audiencia de control de garantías se realizó este sábado ante el Juzgado Primero Penal Municipal de Montería, que legalizó el allanamiento y el procedimiento de captura. El ente acusador le imputó cargos por concierto para delinquir, homicidio y tráfico de estupefacientes, los cuales no aceptó.

El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, declaró que Álvarez “era el principal articulador del narcotráfico de la estructura Caribe del Clan del Golfo. Es un sujeto con un historial criminal que inició en los 90”.

Añadió que esta operación afecta a los grupos de crimen organizado “donde más les afecta, en sus finanzas provenientes del narcotráfico”.

Aunque el gobierno estadounidense no ha solicitado de nuevo su extradición, la Policía indicó que la DEA ya está informada de su captura. Por esta situación, precisaron las fuentes, “Gordo Tavo” y su defensa manifestaron su deseo de colaborar con la justicia, una vez más.

NOTA RELACIONADA: Miembros de bandas quedan libres en E.U. y sin líos en Colombia.

El objetivo era golpear una de red de tráfico internacional de cocaína, liderada desde Antioquia y emparentada con el cartel mexicano Jalisco Nueva Generación. La investigación identificó a 10 presuntos integrantes, por lo que los agentes y comandos especiales se repartieron para capturarlos con fines de extradición en Tumaco (Nariño), Popayán (Cauca), Cali, Bogotá y Medellín.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Luis Arnobio Del Río Jiménez, alias “el Tío” (izquierda), y su hijo Ánderson Del Río Pasos, apodado “el Grande”. Fotos cortesía de la Policía.

En la capital antioqueña, los policías incursionaron a las 6:00 a. m. de ese domingo en una urbanización del barrio San Diego. El blanco era Gabriel Jaime Marín Macías, apodado “Chepe” o “el Veterinario”, un comerciante y ganadero de 46 años, oriundo de Amalfi, y sospechoso de ser uno de los supuestos coordinadores de la organización.

“¡Abra la puerta! Policía Nacional, ¡rápido, hombre!”, gritó uno de los uniformados, mientras su compañero golpeaba la puerta con el puño, en un apartamento ubicado en el tercer piso de una de las torres. Al no obtener respuesta, comenzaron a violentar la chapa con una barra de metal.

Marín estaba solo y se despertó estrepitosamente. Ni siquiera alcanzó a ponerse una pijama y salió en ropa interior a la sala. No acató la orden de la fuerza pública y en pocos segundos tomó una decisión fatal.

Tal cual quedó registrado en la grabación por celular que hizo un vecino, se asomó al balcón. Al parecer, quería saltar a un pino y unas palmeras, cuyas ramas estaban a pocos centímetros del borde, pero calculó mal el paso y cayó al vacío.

En la caída rompió una vidriera y se estrelló de bruces contra el suelo de grama. Al escuchar el estruendo, los policías corrieron hasta el sitio y encontraron a “Chepe” inmóvil. “¡Llamen una ambulancia!”, pidió uno de ellos, mientras palpaba sus signos vitales. A pesar de los esfuerzos, la muerte vino a reclamarlo.

Los funcionarios se quedaron con una Circular Roja de Interpol en la mano, con la cual pretendían arrestarlo. En contra de Marín pesaba una acusación de la Corte del Distrito Medio de La Florida (expediente 2019-122186), por los cargos de “conspiración para distribuir cinco kilos o más de cocaína en EE. UU. y conspiración para poseer con la intención de distribuir cinco kilos o más de cocaína a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de EE. UU.”, de acuerdo con los documentos del caso conocidos por El Colombiano.

Según las pruebas obtenidas por la DEA y la Diran, que incluyen interceptaciones telefónicas y entrevistas, el difunto, al parecer, estuvo involucrado en tres exportaciones de droga interceptadas en altamar.

El primer caso fue el 16 de junio de 2015 en aguas del Pacífico, cuando la Guardia Costera estadounidense detuvo un semisumergible con cuatro tripulantes y 2,4 toneladas de cocaína; el segundo fue el 26 de abril de 2017, cuando la misma Guardia interceptó una lancha con cuatro ocupantes y 711 kilos de cocaína, cerca de Guatemala.

El tercer episodio fue el primero de diciembre de 2018, en aguas cercanas a la isla de Jamaica. El guardacostas persiguió un barco con cuatro navegantes, que se deshicieron de la mercancía tirándola por la borda y después fueron arrestados.

Tras conocerse la muerte del extraditable, ni el Ministerio de Defensa ni la Dirección Antinarcóticos emitieron declaración alguna en ese momento, alegando que se trataba de una operación en curso y que faltaban varias personas por capturar. Sin embargo, cinco semanas después, El Colombiano tuvo acceso al informe secreto de Milenio III, que explica cómo actuaba esa red transnacional de narcotráfico desde Antioquia.

En el recuadro aparece alias “Chepe” y en el círculo se aprecia el balcón por el cual cayó de manera accidental. Fotos de cortesía.

LA RUTA CLANDESTINA

Según el documento, la estructura llevaba por lo menos cinco años exportando cocaína por el Pacífico hacia Norte América, por medio de una ruta que empleaba contactos en Colombia, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá.

La coca era cultivada en los departamentos de Nariño y Cauca, y procesada en laboratorios artesanales localizados en los corregimientos de El Mango y El Plateado, en el municipio caucano de Argelia; y en Huisitó y San Juan de Mechengue, en la localidad de El Tambo.

La mercancía era trasladada en mulas hasta las embarcaciones en los ríos Guapi, Timbiquí y San Juan de Micay, y de allí sacada al océano Pacífico. En algunos casos, la enviaban directamente a Centroamérica; en otros, la llevaban primero a la provincia de Esmeraldas, en Ecuador, donde terminaban de almacenar las cantidades deseadas, abastecían el combustible en la isla Galápagos y después seguían la ruta por altamar.

El transporte marítimo se hacía empleando lanchas rápidas y semisumegibles, aunque también usaban avionetas, carros acondicionados con caletas (para introducir la cocaína por la frontera de México con EE. UU.) y ocultaban la droga entre los contenedores y cajas de embarcaciones legales.

En este último punto, la organización tenía un método particular: “contaminaban los contenedores con pulpa de fruta, mezclando el alimento orgánico con clorhidrato de cocaína”, dice el reporte. La cocaína traficada por este grupo era combinada con bentonita, una especie de arcilla de grano fino, comúnmente empleada en obras de ingeniería civil, y en las industrias petrolera y cosmética.

Las autoridades detectaron esta modalidad el 22 de junio de 2018 en el puerto de Buenaventura: en un buque había un contenedor cargado con 768 kilos de cocaína, camuflados en bentonita y pulpa de fruta.

Los capturados en la Operación Milenio III, con fines de extradición. De izquierda a derecha: alias “Macario”, “Enano”, “Firi”, “Macario Papá”, “el Tío”, “Jacobo” y “el Paisa”. No está en la foto alias “Leiner”. Foto cortesía de la Policía.

LOS IMPLICADOS
Las autoridades de Colombia y EE. UU. creen que al mando de la organización estaría el veterano comerciante Luis Arnobio Del Río Jiménez, alias “el Tío”, propietario de discotecas en Medellín y empresas importadoras de productos. Entre sus antecedentes hay una condena de 12 años de prisión, proferida el 11 de febrero de 2004 por el Tribunal Superior de Buga, por su participación en una estructura que exportaba estupefacientes a Francfort, Alemania.

Su mano derecha sería su hijo Ánderson Del Río Pasos (“el Grande”), quien, según el informe oficial, “es el encargado de lavar el dinero producto del narcotráfico, mediante la utilización de empresas fachada y la instrumentalización de terceras personas para consignación y creación de sociedades empresariales ficticias”.

Los investigadores presumen que la banda lavaría, por lo menos, 30.000 millones de pesos anuales, camuflando los activos en 112 establecimientos comerciales. Con una de esas compañías habrían importado 90 toneladas de bentonita en los últimos años, para mezclarla con la cocaína.

La Policía decomisó parte de esas ganancias el 6 de octubre de 2018, en el allanamiento a un apartamento en Bogotá, donde encontraron 1.630 millones de pesos encaletados. En ese procedimiento arrestaron a tres personas.

Los otros integrantes del grupo, de acuerdo con el organigrama elaborado por las agencias de seguridad, serían: Alfonso Torres (“Macario Papá”) y su hijo homónimo Alfonso Torres (“Macario”), quienes, al parecer, coordinaban la logística desde Cali y Tumaco; al igual que el difunto “Chepe”, quien presuntamente coordinaba actividades de exportación desde Medellín.

En el área de producción de la droga, los responsables serían William Herrera (“Jacobo”), en Bogotá, y Lerner Daza (“Leiner”), radicado en Popayán. El transporte terrestre era manejado, supuestamente, por Carlos Arias (“el Paisa”), quien estaba en Bogotá; mientras que el marítimo lo operaban Martín Castillo (“Enano”) y Ader Castillo (“Firi”).

Todos ellos fueron capturados entre el 24 y el 28 de noviembre pasados, con excepción de “Chepe”, fallecido de formal accidental, y de “Grande”, quien es buscado con Circular Roja de Interpol. En la actualidad, los procesados están en la cárcel, pendientes del avance del proceso de extradición.

En la investigación logró establecerse que el principal cliente de esta estructura es el cartel Jalisco Nueva Generación (CJNC), considerado por la DEA como “uno de los cinco grupos de crimen organizado transnacional más peligrosos del mundo”. Tiene injerencia en 23 de los 32 estados de México y su principal base de operaciones en EE. UU. está en Los Ángeles, California; trafica con cocaína, metanfetaminas y heroína en América, Europa, Asia y Australia.

Su máximo líder es Nemesio Oseguera Cervantes (“el Mencho”), por quien el Departamento de Estado de EE. UU. ofrece 10 millones de dólares de recompensa. Sus enlaces con la organización colombiana serían dos ciudadanos mexicanos apodados “Tío Gil” y “el Gordo” o “el Ingeniero”, quienes permanecen en la clandestinidad.

A pesar del fuerte golpe propinado con Milenio III, fuentes cercanas al caso consideran que la estructura criminal no está muerta. El último movimiento detectado fue el pasado 14 de noviembre en Panamá, cuando en un apartamento fueron incautadas 1,4 toneladas de cocaína. La cacería continuará para dar con los cabos sueltos en Antioquia, México y Estados Unidos.

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El Inspector.

Sucedió este miércoles 31 de octubre, en una audiencia ante el Juzgado Quinto Penal Especializado de Medellín, vía teleconferencia, pues continúa preso en la cárcel La Picota de Bogotá. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Juan Carlos Mesa Vallejo, alias “Tom” o “Carlos Chata”, el día de su captura en El Peñol, Antioquia. Foto cortesía de la Policía.

Según fuentes judiciales, Mesa Vallejo reconoció su responsabilidad por cuatro cargos: 1). concierto para delinquir, ligado a su jefatura en las citadas bandas; 2). lavado de activos, porque el día de su captura le decomisaron 14.000 dólares, 97’600.000 pesos y joyas valoradas en más de $10 millones, de origen ilícito; 3). porte ilegal de armas de fuego, por la incautación de tres pistolas; y 4). uso de documento público falso, por portar una cédula fraudulenta.

Claudia Carrasquilla, directora de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada, indicó que la pena a imponer sería de 14 a 16 años de prisión. El juez cuenta con un mes para elaborar el fallo.

LA DESGRACIA DE LOS COMENSALES

“Tom” fue capturado por la Policía el 9 de diciembre del año pasado, cuando festejaba su cumpleaños con familiares, amigos y compinches en una cabaña de El Peñol, Antioquia (ver la NOTA RELACIONADA: “Tom” no aguantó la cacería de dos gobiernos).

En el operativo también fueron arrestados sus lugartenientes Wálter León Varela Loiza (“Basura”), Jhon Mario Lopera Pineda y Marlon Arley Mejía Araque (“Mono Marlon”), pero este último fue dejado en libertad posteriormente, pues no había orden de arresto en su contra y portaba una dosis mínima de marihuana.

En el allanamiento sorprendieron a tres pesos pesados del crimen organizado, que tampoco fueron detenidos en ese momento, aunque luego afrontaron adversidades. Uno de ellos fue John Jairo Velásquez Vásquez (“Popeye”), el antiguo sicario del cartel de Medellín, a quien le cayó la justicia el siguiente 25 de mayo.

La Fiscalía lo procesó por extorsión agravada y concierto para delinquir agravado, por su supuesta participación en el cobro de una deuda del narcotráfico; y también por amenazas e instigación para delinquir, debido a unas intimidaciones proferidas por la red social Twitter contra el entonces candidato presidencial Gustavo Petro y sus seguidores (ver la NOTA RELACIONADA: Las vueltas de alias “Popeye” con “la Oficina”).

El segundo pez gordo que celebraba con “Tom” fue Luis Fernando Castaño Alzate, alias “Botija” o “la Firma”, un jefe financiero de “la Oficina” que había regresado a Colombia en 2016, tras pagar una pena por narcotráfico en EE.UU. Tampoco salió airoso, pues la misma organización ordenó su asesinato un mes y medio después (enero 22), en una vía de El Poblado (ver la NOTA RELACIONADA: Asesinaron a alias “Botija”, financista de “la Oficina”).

El tercero fue Iván Darío Suárez Muñoz (“Iván” o “Barbas”), quien también estuvo preso en EE.UU. y volvió al país en 2013. Durante los últimos años logró conservar un bajo perfil, mas su invitación a la fiesta de “Tom” revivió la curiosidad de las autoridades en su contra.

Ahora la Policía sospecha que está implicado, presuntamente, en redes de microtráfico de drogas en el Valle de Aburrá, y la Alcaldía de Medellín ofreció hasta $50 millones de recompensa por información que lleve a su captura.

LO RONDA LA EXTRADICIÓN

El gobierno de EE.UU., que había asignado una recompensa de 2 millones de dólares en contra de “Tom”, está recopilando información para solicitar su extradición. En ese esfuerzo lo apoyan la Fiscalía y la Policía de Colombia, pues el presidente Iván Duque manifestó su deseo de autorizar el pedido internacional.

Entretanto, Mesa Vallejo trata de frenar esa situación. La estrategia ha sido unirse con otros jefes de la mafia del Valle de Aburrá para ofrecerse como gestores de paz de un eventual desarme de bandas en la capital antioqueña, y así obtener beneficios jurídicos, entre ellos la no extradición.

Desde 2017 han enviado cartas a la Casa de Nariño y a los medios de comunicación, solicitando un acuerdo de sometimiento a la justicia. Las misivas son firmadas por “Tom”, “Carlos Pesebre”, “Douglas”, “Beto” y “Diego Chamizo”, entre otros, pero el Gobierno no se ha pronunciado.

NOTA RELACIONADA: Bandas de Antioquia piden audiencia para someterse a la ley.

El Inspector.

De acuerdo con el informe policial, el ataque se produjo a las 11:00 de la noche de este lunes 22 de enero, cuando la víctima de 49 años conducía una camioneta Nissan Frontier por las calles de El Poblado, en Medellín.

Así lucía Luis Fernando Castaño, alias “Botija” o “la Firma”, cuando fue capturado por el CTI el 17 de febrero de 2009, en cercanías al aeropuerto Enrique Olaya Herrera de Medellín. Foto de archivo.

Los mercenarios interceptaron la camioneta en la carrera 20 con la calle 2sur y abrieron fuego, impactando a Castaño Alzate en la cabeza y el cuello. Herido de muerte, perdió el control del vehículo y subió a una acera, donde chocó con el borde de grama.

En la actualidad, “Botija” tenía negocios de bienes raíces y al momento del ataque se dirigía a su vivienda, localizada en la misma zona.

El secretario de Seguridad de Medellín, Andrés Tobón, confirmó que el finado era la misma persona que la Policía había reseñado el pasado 9 de diciembre, cuando allanaron la cabaña de El Peñol en la que celebraba su cumpleaños Juan Carlos Mesa Vallejo, alias “Tom”, cabecilla de “la Oficina”.

Esta era la camioneta que conducía “Botija” al momento del ataque. Cortesía.

Como se recordará, en el lugar no solo lo acompañaban “Botija” y otros personajes con antecedentes judiciales, sino también John Jairo Velásquez Vásquez (“Popeye”), el exsicario del cartel de Medellín (ver la NOTA RELACIONADA: Trasladan a una cárcel de Bogotá a alias “Tom”).

Castaño había sido capturado en 2009 en Medellín y extraditado a Estados Unidos al año siguiente. La Corte del Distrito Medio de La Florida lo condenó a 10 años por narcotráfico, tras acusarlo de ser cabecilla financiero de “la Oficina” y enlace con carteles mexicanos.

De esa sentencia, “Botija” solo pagó seis años, al obtener una rebaja por colaboración con la justicia. Sus testimonios fueron importantes en los casos contra los extraditados Carlos Arturo Patiño Restrepo (“Patemuro”), cabecilla del cartel del Norte del Valle, y el comandante paramilitar Eder Pedraza Peña (“Ramón Mojana”).

El 13 de abril de 2016 fue dejado en libertad y regresó a Colombia, donde volvió al radar de las agencias de Inteligencia por sus reuniones con “Tom” y otros miembros de “la Oficina”.

En la actualidad, las autoridades colombianas no tenían requerimientos contra Castaño, salvo un proceso por extinción de dominio activo desde 2011, sobre nueve bienes y propiedades avaluadas en $45.000 millones y ubicadas en Sucre, Envigado y Girardota (Antioquia).

Las causas del homicidio se desconocen por ahora; no obstante, ocurrió en momentos en que las altas esferas de “la Oficina” atraviesan una etapa de turbulencia. En el último mes y medio capturaron a “Tom” y a Juan Santiago Gallón Henao (“el Caballista”), y en Estados Unidos se declaró culpable de narcotráfico Carlos Arturo Arredondo Ortiz (“Mateo”).

NOTA RELACIONADA: Miembros de bandas quedan libres en EE.UU. y sin líos en Colombia.

El Inspector.