Aunque la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (Oacp) atribuye esa oleada de homicidios a un intento por desprestigiar la mesa de conversaciones con los cabecillas que participan en la mesa de paz con el Gobierno Nacional, lo cierto es que se trata de una disputa interna en la banda “la Terraza”.

Estos son los personajes más buscados de Manrique, señalados de participar en la oleada de homicidios que inició en julio. Foto cortesía de la Policía.

De acuerdo con fuentes de inteligencia, el primer muerto de la racha violenta fue Johan Daniel Mira Taborda, en la tarde del 25 de julio de 2023. Conducía una motocicleta BWS por las vías del barrio Manrique Central N°2, cuando fue interceptado por sicarios en una moto de alto cilindraje.

Mira Taborda, de 36 años, murió en medio de una lluvia de balas. Su historia era bastante particular: según habitantes del vecindario, vestía atuendos similares al uniforme de la Policía e incluso portaba un carné falso de esa Institución, con el cual simulaba ser policía en algunas situaciones.

El finado prestó su servicio militar en la Policía, entre los años 2006 y 2007, pero una vez terminado no continuó la carrera. “Este sujeto en diferentes actividades que desarrollaba manifestaba ser miembro activo de la Policía Nacional. Manifestamos que no ha sido parte de la institución como policía profesional en el servicio”, advirtió el coronel José Cristóbal Fonseca, subcomandante (e) encargado de la Policía Metropolitana.

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A partir de este suceso, se registraron múltiples ataques sicariales que afectaron el orden público en Manrique, entre los meses de julio y agosto. Las autoridades documentaron ocho asesinatos en las últimas semanas, al parecer todos relacionados con la misma situación, y Manrique, que en 2022 solo registró siete homicidios entre enero y el 26 de agosto de 2022, en idéntico lapso de 2023 ya ajusta 19 (un incremento superior al 150%).

Asesinato de Johan Mira Taborda, quien portaba un carné falso de la Policía. Foto cortesía de Denuncias Antioquia.

Entre los crímenes más graves está también un brutal ataque ejecutado el 31 de julio, en el que hubo dos muertos y dos heridos. Sucedió en la carrera 43A con la calle 67 del barrio Manrique Oriental, adonde llegaron los asesinos en una moto de alto cilindraje y acribillaron a los presentes. Murieron  Yeison Alberto Gaviria Aguirre y Milton Alexis González García, de 34 y de 43 años, respectivamente.

Entre el 4 y el 9 de agosto circularon panfletos en varios vecindarios del área, anunciando una supuesta “limpieza social”, con imágenes de calaveras y fusiles, y mensajes como: “Llegó el momento de hacer una nueva limpieza para todos los vendedores y fumadores de drogas, foqueros, mariguaneros, ladrones callejeros, violadores, patinadores de carro, motos y fanfarrones”.

El 11 de agosto se produjo una balacera entre matones en moto, en el barrio Las Granjas, y las balas perdidas dejaron una persona muerta y tres heridas, que nada tenían que ver en la confrontación. El fallecido fue Jhon Jairo Muñoz, de 44 años, un trabajador de una empresa de telecomunicaciones, quien al momento del tiroteo estaba instalando unas redes de comunicaciones.

La situación de inseguridad generó dificultades de movilidad en la comuna, pues muchos taxistas se niegan a hacer carreras a Manrique. La Policía tuvo que reforzar sus patrullajes con 80 uniformados y creó un equipo de agentes judiciales y de Inteligencia para atender la problemática.

Este es el panfleto distribuido en agosto de 2023 en varios barrios de Manrique. Cortesía.

La Alcaldía ofrece hasta $100 millones de recompensa por información que conduzca a los responsables y se están repartiendo volantes con los alias de los más buscados de la zona, sospechosos de participar en la confrontación. Allí figuran 12 personajes: “Don Mármol”, “So”, “Tajada”, “Cerezo”, “Maquiud”, “Rayo”, “Beto”, “Camilito”, “Ochoa”, “Cabe”, “Juanjo” y “Coco”.

El incremento de la violencia generó cuestionamientos de la sociedad hacia la mesa de paz de la cárcel de Itagüí, instalada formalmente el pasado 2 de junio, entre el gobierno de Gustavo Petro y 17 voceros de las principales bandas del Valle de Aburrá. ¿Por qué se disparó la inseguridad, si se supone que todos los peces gordos están participando en el proyecto de paz?, se preguntaron los medellinenses en redes sociales y ante la prensa.

En respuesta, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (Oacp) emitió un comunicado el 12 de agosto, indicando que estas acciones “buscan enrarecer el ambiente y sabotear el proceso de paz urbana en Medellín y el Valle de Aburrá”.

Pero lo que en verdad parece ocurrir es una disputa interna en la organización criminal “la Terraza”, la cual agrupa a todas las bandas que delinquen en Manrique.

Las razones exactas no se han revelado, más allá de las clásicas rencillas territoriales por las plazas de vicio y las cuadras para extorsionar. Sin embargo, los investigadores temen que esto sea el inicio de un relevo en el mando de “la Terraza”, aprovechando que varios de sus jefes tradicionales planean “jubilarse” pactando un acuerdo con el Gobierno, que les permita retirarse conservando parte de la fortuna que cosecharon martirizando a la sociedad.

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El Inspector.

La causa de la zozobra, que provocó esta congregación en la noche del pasado lunes 13 de diciembre, es una pugna interna en la banda delincuencial “los Violeteros” o “las Violetas”, que controla el bajo mundo de este popular vecindario de la parte alta de Belén, en el suroccidente de Medellín.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Cerca de 60 personas participaron en la oración, en un sector de Las Violetas afectado por la inseguridad. Foto de Carlos Velásquez.

Para comprender la situación actual hay que partir de un antecedente de octubre de 2019, cuando en una hostería del municipio antioqueño de San Jerónimo fue capturado el jefe de la organización, Marlon Cardona Salazar, alias “Marlon”. Un juez le dictó medida de aseguramiento por concierto para delinquir agravado y lo envió a la cárcel de Picaleña, en Ibagué.

En su ausencia, el grupo quedó al mando de dos cabecillas: “Tulio” y “Almadana”, los cuales con el tiempo tuvieron desacuerdos por el manejo de los negocios ilícitos.

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“Los Violeteros”, según las investigaciones de la Fiscalía, se dedican al tráfico de narcóticos, el sicariato, las extorsiones, el control social y el monopolio de la venta de algunos productos de la canasta familiar, como huevos y arepas.

Su base de operaciones es Las Violetas, pero de allí extienden su influencia a barrios vecinos como Las Mercedes y Miravalle, y al sector El Hueco de San Pablo, en la frontera con la vereda Aguasfrías.

Sus principales rentas provienen de las plazas de vicio y las extorsiones a los propietarios de ladrilleras y de buses de servicio público.

De acuerdo con información de Inteligencia y fuentes de la zona, las diferencias entre “Tulio” y “Almadana” iniciaron durante la pandemia, por el monopolio de la venta de arepas y huevos. El primero, al parecer, quería imponerles a las tiendas de la jurisdicción los productos distribuidos por una microempresa familiar, situación que no compartía el segundo; luego, estas discrepancias se trasladaron a los precios que debían cobrarse en las extorsiones.

En diciembre de este año se agudizaron esos problemas, cuando algunos miembros de la banda cercanos a “Tulio” empezaron a exigir una cuota a los comerciantes para costear las novenas, las parrandas de Navidad y Año Nuevo, y enviarles dinero a los otros integrantes del grupo que están encarcelados.

El cobro, en algunos casos de $100.000, provocó quejas de los residentes e incrementó las discusiones entre los dos cabecillas, porque eso podría atraer la atención de la Policía.

AJUSTE DE CUENTAS
La gota que rebosó el vaso fue un incidente ocurrido en la noche del sábado 4 de diciembre, cuando se celebraba una fiesta en la entrada de una casa, a un costado del colegio República de Venezuela.

Un allegado de “Tulio”, borracho, les dijo a los presentes que no tenían autorización para hacer la rumba e hizo varios disparos. Un proyectil hirió en la pierna a un asistente, según testigos.

La presión estalló dentro de “los Violeteros” y comenzaron las retaliaciones entre sus propios miembros. A las 4:45 p.m. del jueves 9 de diciembre acribillaron a “la Chinga”, en la calle 30A con la carrera 89EA. Los vecinos lo encontraron gravemente herido en un baño y trataron de socorrerlo, pero falleció.

Doce horas después, a las 4:00 de la madrugada del 10 de diciembre, en la entrada de una casa de la carrera 89E con la calle 30C mataron a “el Mono”, con un tiro de fusil en el pecho.

El clima de violencia puso en alerta roja a los delincuentes, que a las 8:30 p.m. de ese mismo viernes protagonizaron una balacera junto a una plaza de vicio del sector La Pradera, tal cual quedó registrado en varios videos grabados por la comunidad.

Cuando llegó la Policía a conjurar el peligro, se produjo una persecución por varios callejones, por los que se propagaron los disparos. Un patrullero quedó herido y dos sospechosos fueron detenidos.

Después de eso, los habitantes han denunciado tiroteos en las madrugadas, que se confunden con la quema de pólvora en las laderas del suroccidente de Medellín.

La conflagración generó que varios habitantes comenzaran a encerrarse más temprano, por miedo a ser víctimas de una bala perdida, y opacó el clima festivo propio de diciembre.

“En el barrio estamos haciendo un concurso de pesebres por cuadras, y queremos hacer las novenas en la calle, pero a muchos ya les da un poquito de susto salir a mirarlos”, contó una residente.

El comandante de la Policía Metropolitana, general Javier Martín, confirmó la hipótesis del conflicto: “Tenemos allá una situación con un grupo delincuencial, cuyos miembros pretenden enfrentarse internamente por el control territorial. Como consecuencia de eso, han asesinado a dos personas, pero allá también hemos dado resultados importantes, capturamos a varias personas e incautamos seis armas de fuego”, declaró.

El oficial agregó que “vamos a seguir interviniendo allí de manera contundente. No permitiremos que estos delincuentes vengan a generarnos violencia”.

Durante la oración colectiva del lunes, en las esquinas corrió el rumor de que “los Violeteros” estaban reunidos para pactar una tregua. “Ojalá sea así -expresó un vecino-, porque por aquí las navidades siempre han sido muy alegres”.

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El Inspector.

Este es el informe del caso elaborado por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

La Policía tiene un dispositivo de vigilancia especial en varios barrios de la comuna de Guayabal, en Medellín. Foto de Julio César Herrera.

Una amenaza, una deuda y una cuchillada mortal. No es mucho más de lo que se sabe sobre un asesinato perpetrado en plena vía pública de Guayabal, una comuna del suroccidente de Medellín que registra un incremento del 180% en su indicador de homicidios.

El crimen sucedió a las 9:00 p.m. del anterior sábado 13 de noviembre, en el barrio Santa Fe. Testigos le contaron a las autoridades que una mujer, al parecer dedicada a actividades sexuales, fue interceptada por un motociclista que discutió airadamente con ella.

Segundos después le propinó una puñalada en el pecho, para luego escapar a toda velocidad. Los curiosos que se acercaron no sabían el nombre de la víctima, solamente que le decían “Diana”.

En medio de gritos detuvieron un taxi y la montaron. Uno de los auxiliadores se subió a la silla de atrás con ella, mientras llegaban a urgencias de la clínica Medellín de Occidente, donde los médicos confirmaron su muerte.

La difunta no tenía documentos de identidad y fue registrada como NN de 35 a 40 años. Algunos habitantes de calle del vecindario la conocían, y aseguraron a los investigadores que estaba amenazada por un cliente de sus servicios sexuales, quien la acusaba de haberle robado dinero.

“Ella temía por su vida”, dijeron los mendigos.

“Diana” fue la víctima número 14 de la violencia homicida en la comuna de Guayabal, en lo corrido de 2021 (con corte a noviembre 18).

Según datos del Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia (Sisc), el año pasado a esta misma fecha iban cinco asesinatos, lo que implica un aumento del 180%.

RADIOGRAFÍA DEL DELITO
La comuna 15 es una de las más pequeñas de la ciudad y apenas tiene nueve barrios. Los asesinatos de este año se concentran en tres de ellos, vecinos entre sí: Trinidad (5), Campoamor (3) y Santa Fe (2).

La estadística del Sisc arrojó que 12 de los 14 homicidios ocurrieron en vía pública, como el de “Diana”, y que ella ha sido la única mujer de esta mala racha, los demás occisos fueron hombres. La mayoría de ellos (6) estaban en el rango de edad de los 29 a los 45 años.

En cuanto al método de homicidio, en siete casos se emplearon armas de fuego y en otros siete armas blancas.

El Colombiano consultó analistas de la Fuerza Pública, buscando saber a qué se debe el aumento en las muertes violentas en esta zona. Algunos indicaron que el incremento era previsible, pues el año pasado las cuarentenas redujeron los casos a niveles históricos, y al regresar a la normalidad social era lógico que se retomaran los indicadores frecuentes; sin embargo, nadie esperaba que el crecimiento fuera del 180%.

“En Guayabal no tenemos una causa predominante, como en años anteriores, cuando casi todos los muertos eran por disputas de combos”, dijo una de las fuentes, añadiendo: “Este año vemos casos asociados a robos, intolerancia y ajustes de cuentas por negocios de narcotráfico”.

En cuanto a los homicidios ligados a hurtos, las autoridades han identificados dos hechos. El 27 de abril, en Campoamor, dos hombres asaltaron el local de un comerciante y lo hirieron con una pistola traumática; al intentar escapar, una turba de vecinos iracundos detuvo a uno de los sospechosos y lo mató a punta de golpes y puñaladas.

El 14 de octubre sucedió un evento similar en el mismo barrio, aunque la víctima fue el ciudadano atracado. Dos jóvenes asaltaron a Luis Carlos Fonnegra Londoño, de 72 años, y después le quitaron la vida con arma blanca. La comunidad apresó a los sospechosos y les dio una paliza, hasta que la Policía intervino y los llevó al calabozo.

Respecto a los ajustes de cuentas, a los que se atribuyen seis de las muertes, en Guayabal no hay actualmente conflictos activos entre bandas, pero la presencia de estos actores genera una tensa calma. La mayoría de grupos se dedican principalmente al tráfico local de estupefacientes, como “la 24”, “Alexpin”, “Cristo Rey”, “el Bolo”, “la Raya”, “la Cueva” y “el Coco”, entre otros.

Entre Trinidad y Santa Fe está Barrio Antioquia, un sector que hace décadas funciona como la mayor plaza de vicio y centro de acopio de drogas de Medellín, por lo que bandas de otras comunas y municipios extienden sus redes hasta Guayabal, para participar en ese mercado ilícito.

Este fenómeno, que no ha disminuido en el tiempo, provoca rencillas que se saldan con homicidios selectivos, y también es un riesgo de corrupción de los servidores públicos. De hecho, el peor caso de corrupción detectado en los últimos años en la Policía está relacionado con los nexos de 23 uniformados con las bandas de Barrio Antioquia; de ellos, 16 fueron enviados a prisión el año pasado.

PROYECTOS DE SEGURIDAD
¿Qué se requiere para mermar la violencia en Guayabal? El secretario de Seguridad, José Acevedo, precisó que si bien hay un aumento de homicidios con relación a 2020, si se compara con 2019 hay una reducción de 10 casos.

Afirmó que la Mesa de Homicidios, en la que participan la Alcaldía y las agencias de seguridad, ya tiene presente la situación de esta comuna, para intervenir “con investigación especializada, que incluye a la Policía del Cuadrante, la Policía Judicial y la tecnología que tenemos. Tenemos una vigilancia especial en los barrios Trinidad y Campoamor, donde hay que tomar acciones institucionales por parte de la Fuerza Pública y la Secretaría”.

Acevedo recordó que está en marcha la construcción de la estación policial de Guayabal (hoy la vigilancia la hace la estación de Belén), la adecuación de la sede de la Seccional de Inteligencia (Sipol) y de un laboratorio de automotores de la Sijín, “esta presencia institucional le ayudará mucho al sector”, dijo. Las obras están proyectadas para empezar a funcionar en marzo de 2022.

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El Inspector.

El crimen sucedió a las 10:45 a.m. del jueves 30 de septiembre, después de que la jurista de 51 años saliera de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, tras realizar unas diligencias en compañía de su sobrino Ricardo Rojas Becerra.

Este es el seguimiento del caso elaborado por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

En este carro viajaban las víctimas, cuando se produjo el ataque sicarial en el municipio de La Estrella. Foto de cortesía.

Abordaron un automóvil Chevrolet Sonic, sin percatarse de que los seguían cuatro sicarios en dos motocicletas. Videos de cámaras de vigilancia, conocidos por este diario, muestran la persecución de los homicidas durante dos cuadras, haciendo disparos a las ventanillas delanteras.

Rojas, quien estaba al volante, perdió el control del vehículo en el barrio Villa Mira de La Estrella. Se salió del carril en la calle 77sur con la carrera 57, y terminó estrellado contra un kiosko.

El informe preliminar de la Policía señaló que el conductor, quien estudiaba Derecho en la Universidad Autónoma Latinoamericana, falleció dentro del carro por 35 impactos de bala en diferentes partes del cuerpo. El domingo 3 de octubre cumplía 23 años de edad.

Su tía, contra quien se presume que iba dirigido el atentado, según las autoridades, sobrevivió con cuatro heridas en el tórax, la escápula derecha, el antebrazo izquierdo y el muslo derecho, atravesado por un proyectil.

CASOS DE RELEVANCIA
La noticia del ataque se esparció por los pasillos de la Fiscalía y los despachos judiciales de Medellín, en donde la penalista es reconocida por representar jurídicamente a varios de los principales cabecillas del crimen organizado del Valle de Aburrá. Entre sus clientes están Julián Andrey González Vásquez (“Barny”), Édinson Rodolfo Rojas (“Pichi Gordo”) y Camilo Rendón Castro (“el Saya”), líderes de “la Terraza” y “la Oficina”; los primeros dos están actualmente en libertad condicional, mientras terminan de pagar sendas condenas por homicidio.

Precisamente, la abogada los estuvo asesorando – junto a otros colegas – en un sonado caso de cooperación con la justicia entre noviembre de 2015 y febrero de 2016. A cambio de beneficios legales, los cabecillas (que estaban presos en ese momento) se acercaron a la Unidad de Vida de la Fiscalía de Medellín, y prometieron suministrar información para esclarecer varios asesinatos y ayudar a disminuir los conflictos entre combos.

Para demostrar su compromiso, le entregaron a las autoridades una caleta con 80 armas de fuego en una finca del corregimiento Santa Elena y facilitaron el sometimiento de alias “la Pecosa”, un mando medio de su organización que tenía orden de captura pendiente.

El proceso no llegó a buen término, pues suscitó enfrentamientos dentro de la misma Fiscalía, por la forma en que se estaba llevando a cabo la negociación, y fue cancelado desde la Dirección Central del organismo. Los cabecillas no obtuvieron las rebajas de pena que buscaban.

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Becerra también ha sido defensora de Mauricio Asprilla, un líder comunitario del sector Zafra, arrestado en 2017 por supuestos nexos con la banda “los Pájaros”, de Belén. Durante el juicio, este hombre se declaró inocente y hoy está pendiente del fallo del juez.

La misma litigante ha sido investigada por la Fiscalía por algunas de sus actuaciones. En mayo de 2016 le imputaron el cargo de extorsión, por su presunta participación en el cobro de una vacuna al alcalde de Carepa, Antioquia, Agapito Murillo (2012-15).

De acuerdo con el ente acusador, en 2012 a este mandatario le pidieron $50 millones a cambio de archivarle una investigación por homicidio, la cual se demostró luego que era falsa; Murillo alcanzó a entregar $19 millones. Becerra no aceptó la imputación y está a la espera de la lectura del fallo.

HIPÓTESIS DEL ATAQUE
Sobre las causas del atentado, fuentes judiciales manifestaron que se estudian dos hipótesis. La primera está relacionada con una disputa interna en “la Terraza”, que hoy tiene enfrentados a varios de sus cabecillas por el poder.

Este pleito es el principal causante del incremento en el índice de homicidios del 157% en Manrique y del 45% en Aranjuez (al comparar 2021 con el año anterior), las dos comunas de Medellín con más injerencia de esta organización.

La otra teoría de los investigadores tiene que ver con un presunto desacuerdo entre la litigante y la banda “los Triana”, por el pago de los honorarios de una gestión judicial.

La clave para esclarecer lo ocurrido está en el supuesto sicario capturado en La Estrella, momentos después del ataque. En los videos se ve que una patrulla policial llegó a los pocos segundos de que el carro de las víctimas se estrellara contra el kiosko, y persiguió a los sospechosos.

Tres hombres fueron detenidos de manera preventiva, y uno de ellos presentado ante la Fiscalía. Según la Policía, se trata de Milton Andrés Gómez Ochoa alias “Milton”, de 19 años, quien en su intento de escape dejó tirada una moto NKD negra, un casco y un bolso que contenía una pistola con silenciador.

En la audiencia de control de garantías no aceptó los cargos en contra, por homicidio agravado, tentativa de homicidio y porte ilegal de armas, y fue enviado a la cárcel por un juez,

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ANEXO: OTROS ATAQUES CONTRA ABOGADOS
- Óscar Iván Gómez Zuluaga: muerto por asfixia mecánica en su oficina del centro de Medellín, el 18 de julio de 2021. Fue fiscal, juez y al momento de su muerte era litigante.
- Jaime Alfredo Bustamante Valencia: asesinado por sicarios en el centro de Bello, el 12 de febrero de 2016. Defendía en estrados a miembros de bandas de ese municipio.
- Fabio Edilberto Orozco Atehortúa: decapitado en su apartamento del barrio Florida Nueva, de Medellín, el 16 de marzo de 2012. Fue defensor público y luego litigante.
- Edquir José López Londoño: asesinado por sicarios el 5 de mayo de 2011, en un restaurante del barrio Las Cabañas, en Bello. Representó a varios excomandantes de las Auc y las Farc en audiencias de Justicia y Paz.

El Inspector.

Los residentes de esta zona del noroccidente de la ciudad padecieron un incremento sostenido de los homicidios desde principios de 2020, que osciló entre el 30% y el 35% durante la mayor parte de la anualidad y finalmente terminó en un 21% (a diciembre 25), al contabilizar 35 muertes, contra 29 de 2019. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

El bulevar comercial de la carrera 68, en el barrio Castilla, es una de las zonas críticas por el cobro de extorsiones por parte de los combos. Foto de Juan Antonio Sánchez.

Estas cifras resultan extrañas al revisar el balance general, en el que el encierro producido por la pandemia de la covid-19, los pactos de no agresión entre las bandas criminales y los operativos de las autoridades, produjeron una mitigación histórica de los homicidios.

Según el Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia de la Alcaldía (Sisc), entre el 1 de enero y el 25 de diciembre se documentaron 357 homicidios en la capital antioqueña, 221 menos que en ese lapso del año anterior, cuando ocurrieron 578.

Esto significó una reducción del 38.2% de los casos y, según la Alcaldía, la menor cantidad de muerte violentas de las últimas cuatro décadas.
Y entonces surge la pregunta: ¿Por qué esto no se reflejó en Castilla? ¿Qué pasó, para que ni siquiera una peste como la covid-19 apaciguara a los sicarios?

EL ESTALLIDO
En enero estalló un conflicto entre organizaciones criminales, que disparó los asesinatos, atentados y balaceras en la comuna. De acuerdo con fuentes de Inteligencia consultadas, se produjo una división interna en “los Mondongueros”, la banda que más hegemonía tiene en el bajo mundo de Castilla.

Esta ruptura, provocada por diferencias entre cabecillas, afectó las alianzas que históricamente tenían con otros grupos ilegales, como “los Machacos”. Hubo asesinatos de lado y lado, algunos de ellos en la comuna vecina del Doce de Octubre, como el perpetrado el 9 de marzo en una panadería del barrio La Esperanza, donde mercenarios motorizados mataron a un hombre y dejaron dos heridos.

Además de este conflicto, “los Mondongueros” también se enfrentaron a “la 40”, otra facción de la zona, con la que tenían rencillas del pasado.

Entre las víctimas de estas disputas estuvo Andrés Parra, alias “Milhouse”, un presunto coordinador de “los Mondongueros”. El 11 de enero conducía un carro en compañía de su esposa y dos niños, cuando los sicarios los atacaron en la calle 98 con la carrera 68 del barrio Castilla; su familia sobrevivió, pero él murió abaleado en la silla del piloto.

Información recopilada por la Fiscalía sugiere que los grupos armados de Castilla no participaron en un pacto de no agresión establecido por varios cabecillas del crimen organizado del Valle de Aburrá, acordado en la cárcel de Cómbita (Boyacá) a mediados del 2019, que redujo los conflictos entre bandas del área metropolitana.

Dicho acuerdo fue motivado por las pérdidas financieras y de otros recursos que estaban teniendo los delincuentes, producto de las disputas con rivales y la ofensiva de la Policía y la Fiscalía, que puso tras las rejas a varios peces gordos.

Al no hacer parte de dicho acuerdo, “los Mondongueros” y “los Machacos” encendieron la mecha de la violencia.

A partir de ese momento, los esfuerzos de las autoridades se concentraron en Castilla. El coronel Ómar Rodríguez, en ese entonces subcomandante de la Policía Metropolitana, declaró que se creó un dispositivo especial para la comuna 5, llamado “Plan Cazador”, con la pretensión de capturar a los principales cabecillas y sicarios involucrados en la confrontación.

El 15 de julio la Policía y la Alcaldía publicaron el cartel de los 22 delincuentes más buscados de esa comuna y ofrecieron $10 millones de recompensa por información que llevara a sus capturas.

Los volantes fueron distribuidos en las principales esquinas del sector, e incluían a cabecillas de “los Mondongueros” como alias “Chichón”, “Víctor M”, “el Tío” y “Mortadelo”; y de “los Machacos”, entre ellos “Dólar”, “James”, “el Cojo” y “Corozo”.

Un informe de la Secretaría de Seguridad señala que en 2020 fueron capturados 30 cabecillas de bandas del Valle de Aburrá, pero ninguno de ellos pertenece a las estructuras de Castilla, por lo que el “Plan Cazador” no ha cumplido su objetivo hasta ahora.

“UN LEÓN DORMIDO”
Las fuentes de Inteligencia afirmaron que la intensidad del conflicto se ha reducido. El pico más alto estuvo en mayo, cuando el incremento fue del 100% en el índice de homicidios comparado con 2019, y en la actualidad ya está en 21%. Sin embargo, el hecho de que ningún cabecilla importante haya sido detenido, mantiene una tensa calma en los vecindarios.

Carlos Arcila, exsubsecretario de DD.HH. de Medellín y líder social del noroccidente de la ciudad, comentó que “el conflicto en Castilla es de altibajos, es un león dormido, se apaga y cuando despierta son muy fuertes los enfrentamientos”.

Explicó que “ahora hay una relativa tranquilidad, pero siguen las extorsiones y las amenazas. La Policía judicializó a varios integrantes de las bandas y eso ayudó a disminuir el enfrentamiento”.

Desde la perspectiva de Arcila, para que Castilla pueda pasar de esa tensa calma a una paz completa, “se necesita una intervención profunda para evitar el reclutamiento de niños y jóvenes, porque estos conflictos aumentan esa necesidad de reclutar de los grupos armados”.

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El Inspector.

En las últimas dos semanas, los habitantes de las comunas Niquía y Altos de Niquía, en el norte de esa localidad, han padecido por balaceras entre delincuentes, agravadas por la participación de otros combos y tácticas de terrorismo por las redes sociales.

Escena del crimen del 25 de febrero en el barrio Niquía, en la que mataron a un motociclista y secuestraron a un adolescente. Foto de Santiago Mesa.

De acuerdo con fuentes judiciales y de Inteligencia, la brecha que comenzó a abrirse en 2014 en la banda “Pachelly”, una de las históricas en Bello, ha provocado un nuevo desorden en la municipalidad (ver la NOTA RELACIONADA: Banda de “Pachelly” dispara homicidios por retomar su antiguo poder).

De un lado está la línea tradicional, cuyo líder es Alber Henao Acevedo (“Alber”); del otro, una disidencia abanderada por los hermanos Francisco y Alejandro Mazo Pulgarín (“Pocho” y “Titi”).

Ambas facciones de la misma banda estarían en desacuerdo sobre la manera en que se están repartiendo las ganancias de los negocios criminales, que en los dos últimos años incluyeron un jugoso botín de extorsiones y narcotráfico, gracias a la expansión de las redes ilegales en las subregiones antioqueñas del Nordeste, Norte y Bajo Cauca.

Las diferencias comenzaron a hacerse tangibles el 16 de enero de 2019, cuando “Titi” fue capturado en un operativo del CTI y el Ejército en una finca de San Carlos, Antioquia. Al parecer la información sobre su paradero provino de sus antiguos socios, quienes la suministraron a las autoridades (ver la NOTA RELACIONADA: Los cabecillas alias “Titi” y “el Boyaco” caen a la cárcel).

A esta “sapeada”, como se dice en el argot delincuencial, se sumó un hecho de sangre el 10 de febrero, en el barrio Niquía. Un grupo sicarial acribilló a tres personas que departían en la reja externa de una casa. Entre las víctimas estuvo Mauricio Arias Guerrero (“Guerrero”), un cabecilla de “Pachelly” que al parecer se había alineado con la disidencia de los hermanos Mazo Pulgarín.

Al día siguiente circularon panfletos intimidantes por las redes sociales, en particular WhatsApp. Uno de ellos decía: “Muerte a extorsionistas, ladrones y monopolizadores del barrio. Hoy fue la chanda de Guerrero. El próximo es Juan Carlos Rivas”.

La amenaza se cumplió el 21 de febrero, también en el barrio Niquía, cuando mercenarios motorizados mataron en una acera a Juan Carlos Rivas Vallejo, quien, presuntamente, era un mando medio de “Pachelly”. Una patrulla policial que estaba cerca del sitio se enfrentó a los verdugos y tras una persecución con balacera incluida, logró capturarlos.

Los detenidos fueron identificados como Guillermo Alejandro García Arboleda y Duván Esteban Mejía Atehortúa, a quienes les incautaron una moto robada y dos pistolas. Según la Policía, serían integrantes de la banda “el Mesa”.

De acuerdo con el análisis que han hecho las autoridades sobre esta disputa, la línea tradicional de “Pachelly”, o sea la comandada por “Alber”, cuenta con el apoyo de otros grupos como “el Mesa”, “Niquía Camacol”, “el Tapón” y “los Chatas”.

La siguiente víctima fue Jorge Andrés Jiménez Serna, de 29 años, abaleado el 23 de febrero detrás de la Clínica del Norte. El 25 de febrero mataron a Juan Esteban Berrío González, de 32 años, cuando conducía una moto en inmediaciones de un colegio de Niquía; su acompañante, un adolescente de 15 años, fue secuestrado por los verdugos.

El 26 de febrero, también en una calle Niquía, asesinaron a puñaladas a Francisco Javier López Salazar, de 28 años y quien laboraba en una empresa de textiles de Itagüí.

Todos los crímenes, con excepción del triple asesinato inicial, fueron cometidos a plena luz del día, lo que aumentó la ya afectada sensación de inseguridad de la gente.

Durante los últimos 18 días han circulado múltiples audios de WhatsApp con información fraudulenta, al parecer difundida por orden de los bandos involucrados. Con aire de chisme, voces femeninas y masculinas hablan de balaceras diarias, toques de queda impuestos por bandidos que “no van a respetar a nadie”, patrullajes ilegales de “70 hombres encapuchados y con fusiles” y otra serie de fantasías que al parecer tienen un propósito claro: enviar a las autoridades al territorio de los combos rivales, para que capturen a los enemigos.

Los diferentes panfletos que rondan por las redes buscan lo mismo: unos acusan de las muertes a las bandas “el Mesa” y “Niquía Camacol”, mientras otros le endilgan la culpa a “Pachelly”.

El comandante de la Policía Metropolitana, general Eliécer Camacho, confirmó que en la contienda participan sicarios de esas tres estructuras.

El alcalde César Suárez Mira precisó que están peleando por rentas del narcotráfico y solicitó a los bellanitas que no replicaran las informaciones exageradas por los chats.

La zozobra que estos mensajes ha provocado, terminó alterando el comercio nocturno en Bello y la frecuencia del transporte público, pues algunos buseros y taxistas sienten temor de movilizarse en Niquía.

Frente a esta situación, la Alcaldía de Bello prohibió la circulación de motocicletas con pasajero durante 30 días. Y la Policía incrementó el pie de fuerza y los patrullajes del Grupo de Operaciones Especiales (Goes), con apoyo del Ejército.

LOS MUNICIPIOS VECINOS
Mientras esto ocurre en Bello, en otros municipios del norte del Valle de Aburrá, donde por décadas han ejercido influencia las bandas bellanitas, también se han incrementado los asesinatos.

En Copacabana, el 18 de febrero abalearon en el barrio La Pedrera al ciudadano holandés Derk Lodewijk Stulen, cuando caminaba con su cónyuge colombiana por la vía pública. El difunto llevaba seis meses residiendo en el municipio y decía que su oficio era el de latonero y pintor. Su pasaporte registraba viajes constantes entre Colombia, Costa Rica y su país natal.

El 19 de febrero tirotearon a Samuel Antonio Bran Bran, de 46 años, en el barrio Piedras Blancas, también en Copacabana.

El 24 de febrero hallaron un cadáver masculino NN en el río Medellín, en estado de descomposición, en el tramo de la vereda La Primavera, de Barbosa. Al día siguiente en esa misma localidad, pero en la vereda La Palma, el cauce arrastró a otro hombre sin identificar, que estaba desnudo y con heridas de bala.

Las investigadores están tratando de establecer si las muertes de Copacabana y Barbosa están ligadas a las disputas de Bello, pues las fechas son coincidentes y en los tres municipios hay redes ilegales de las facciones implicadas.

La crisis de la actualidad está llevando a las autoridades de Bello a reconocer un problema histórico en su jurisdicción, la presencia de poderosas organizaciones criminales que “gobiernan” a la comunidad, y que para contrarrestarlo se requiere del apoyo del gobierno regional y nacional.

“Lo que necesita Bello es un trabajo más serio. Hay como una zona de confort de los bandidos, donde están tranquilamente haciendo actos ilegales, como si fueran normales. Y qué bueno que estallen estos escándalos de redes sociales para que las autoridades se pongan al frente de esto”, dijo el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, tras un consejo de seguridad, en el que enumeró los casos de extorsión al comercio y a las obras de construcción, que allá son el pan de cada día.

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El Inspector.

La racha negativa comenzó el pasado 9 de enero y a la fecha deja siete muertos y dos heridos por ataques con armas de fuego.

Escena del doble homicidio perpetrado el 10 de enero de 2019 en el barrio Llanaditas, de Medellín, durante un almuerzo familiar. Foto de Manuel Saldarriaga.

El primer homicidio sucedió lejos del sector, al otro lado de la ciudad, en el sector conocido como Belén Zafra. El comerciante Diverney Arroyave Tamayo, de 33 años, salió de su barrio Las Golondrinas hacia aquella zona, con el propósito de cobrar el dinero de una venta de ropa, según sus allegados.

A la 1:00 p.m. del 9 de enero se movilizaba en una moto, cuando un delincuente motorizado lo interceptó y le disparó. La víctima cayó al suelo, pidiendo ayuda, pero fue rematado por el asesino, quien dio la vuelta en la moto y regresó para apretar de nuevo el gatillo.

Dos horas después hubo otro homicidio en la comuna 8 (Villa Hermosa), en el barrio Sucre. Sicarios le quitaron la vida a Luis Miguel Ayala Patiño, de 24, en un ataque que dejó otras dos personas heridas en un taller de mecánica.

El 10 de enero se incrementaron las muertes de forma espeluznante. A las 3:00 p.m. unos sicarios irrumpieron en una casa del barrio Llanaditas, cuando los presentes estaban reunidos en un almuerzo familiar, y acribillaron a Róbinson de Jesús Zapata Ramírez, de 34 años y padre de cinco hijos; y al adolescente Hernán Molina Uribe, de 17, y quien tenía a la novia embarazada.

A las 10:00 p.m. matones motorizados le quitaron la vida a Charly Castaño Marulanda, de 22 años, en la frontera de los barrios Los Mangos y 13 de Noviembre. El joven estaba desempleado y acababa de llegar a su casa, disponiéndose a guardar su moto, cuando recibió los balazos.

Una hora más tarde mataron en el barrio Villatina a Juan Carlos López, de 30 años, cuando caminaba cerca de su vivienda.

El caso más reciente sucedió a las 6:00 p.m. del pasado 13 de enero, en una barbería del barrio El Pinal. Allí los atacantes llegaron por José Alexánder Torres Robledo, de 33 años y apodado “Cuchara”, quien trató de huir, pero fue perseguido y acribillado.

La situación tiene afectados a los habitantes de Enciso, Sucre, Los Mangos, El Pinal, 13 de Noviembre, Llanaditas y Villatina. Por las redes sociales, además, circularon mensajes amenazantes promoviendo un toque de queda.

La Alcaldía y la Policía han dicho que la crisis se debe a un enfrentamiento entre los combos “13 de Noviembre” y “los Conejos”. Lo paradójico es que estas tensiones delincuenciales se diagnosticaron en abril del año pasado, cuando se presentó una alerta en un consejo de seguridad, pero nunca se intervino la zona de manera apropiada y ahora la gente sufre la falta de contundencia de la institucionalidad.

La Secretaría de Seguridad informó que entre los sospechosos de promover la violencia están alias “Negro Junior”, “Calentura”, “Banano”, “Negrura”, “Tarzán”, “Mago” o “Magú”, “Gárgola”, “Orejas” y “Toguiar”, integrantes de “los Conejos”. Por parte de la banda “13 de Noviembre”, los implicados son “Edwin”, “Popeye”, “Soldo”, “Toñito”, “Eric”, “Paraco”, “Mellizo”, “Pablito”, “Chucho”, “Ánderson” y “Camarada”.

Las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 10 millones de pesos para quien brinde información para capturarlos.

El origen de la confrontación no está claro. Es cierto que se disputan las rentas criminales, aunque por ahora sigue bajo investigación la razón que detonó tantas muertes.

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El Inspector.

De acuerdo con la estadística oficial, en la semana del jueves 27 de diciembre al jueves 3 de enero se registró un asesinato cada 6 horas en promedio.

El 3 de enero de 2019 hallaron un cadáver masculino flotando en el río Medellín, a la altura de la estación Acevedo del Metro. Foto de Edwin Bustamante.

Los asesinos dejaron su huella en Itagüí (5), Bello (3 casos), Envigado (1), Sabaneta (1) y Girardota (1), pero como ya es costumbre, la mayoría de crímenes se concentraron en Medellín (22).

Los días más funestos fueron el domingo 30 de diciembre y el martes 1 de enero, pues cada uno puso 9 muertos en el área metropolitana.

La mayoría de asesinatos, tal cual lo ha reconocido la Alcaldía de Medellín, se deben a acciones del crimen organizado, seguido de los hechos de intolerancia y mala convivencia. Hubo acuchillados, cuerpos lanzados al río, violencia intrafamiliar y ajustes de cuentas. Triste decirlo, pero fue otra típica semana en el Valle de Aburrá.

Entre los hechos más graves, se registró el hallazgo de un cadáver masculino desmembrado, abandonado en tres bolsas de plástico en una vía del barrio Granada, en la comuna de Belén (1 de enero).

En una casa del barrio El Congolo, del municipio de Bello, a cuchilladas le quitaron la vida a la señora María Edith Mesa Montoya, de 65 años, y las autoridades sospechan de un familiar drogadicto (1 de enero).

En la vereda El Progreso, del municipio de Itagüí, se produjo un doble homicidio con arma de fuego (31 de diciembre). Las víctimas fueron Cristian Ortiz Ávila y Julián Roberto Mora Correa, ambos de 28 años.

En la cabecera urbana del corregimiento San Cristóbal, en el occidente de Medellín, mataron a Carlos Enrique Henao Martínez, de 38 años. Era propietario de una panadería, hasta donde llegó un joven y le disparó, para luego escapar en una motocicleta (diciembre 29). El informe preliminar de la Secretaría de Seguridad advierte que “este hecho obedecería a la negativa de Carlos Enrique a pagar una extorsión“.

TRIPLE HOMICIDIO EN LA COMUNA DE LAURELES

El episodio más violento sucedió a las 11:30 p,m, del 27 de diciembre, en el barrio Lorena del occidente de Medellín (comuna de Laureles). Dos matones a bordo de una motocicleta NKD roja llegaron al establecimiento Fania Parrilla & Bar, en la calle 43 con la carrera 76, y el pasajero se bajó portando una pistola Glock 9 milímetros con silenciador.

En el lugar departían varias personas, que no alcanzaron a reaccionar ante los disparos. Murieron Hernán Darío Rayo López, de 49 años y propietario del local; Johan Mauricio Ospina Bohórquez, diseñador gráfico de 35, quien departía en el sitio con una amiga; y el comerciante John Fredy Acevedo Roldán, de 50. Quedó herido de gravedad el comerciante John Jairo Cáceres Quintero, de 47 años.

En su huida, los sicarios dejaron abandonadas el arma de fuego (cuya numeración es visible y rastreable) y la motocicleta, las cuales fueron recuperadas por la Policía. A pesar de que el establecimiento está a una cuadra y media de la estación policial de Laureles, los uniformados les perdieron el rastro a los agresores.

Una de las teorías iniciales de las autoridades es que el ataque iba dirigido contra el comerciante John Fredy Acevedo Roldán, a quien algunas personas llamaban “Camellete”, quien recibió un balazo en el pecho y dos en el abdomen. En la base de datos policial figura que residía en el barrio Trinidad y tenía dos investigaciones penales en su contra, una por desplazamiento forzado (del 22 de marzo de 2008) y otra por lesiones culposas (22 de abril de 2009).

Los investigadores tratan de establecer si él era el mismo “Camellete” que delinque hace varios años en el Centro de Medellín, encargado de comercializar los elementos robados por los combos (relojes, celulares, joyas, partes de vehículos) en los centros comerciales Ópera y la Cascada, y en el sector La Bayadera. Al parecer, al homicida le habían dicho que el objetivo tenía escoltas, razón por la cual disparó contra los otros hombres que estaban cerca de él, que a la hora de la verdad ni siquiera se conocían entre sí. La hipótesis no ha sido confirmada ni descartada.

A esta racha de crímenes decembrinos y de enero se le añade otra dificultad: las vacaciones colectivas de la Fiscalía. En la primera semana de diciembre, debido a una resolución interna que ya ajusta varios años, el 85% de los empleados de la Fiscalía, CTI y Medicina Legal salieron a vacaciones, razón por la cual no hay investigadores suficientes para profundizar en los casos.

La situación también frenó varios operativos contra las bandas de la ciudad, que hubieran servido para mitigar la inseguridad en San Javier, Robledo y Altavista, pero que por falta de fiscales no hubo más remedio que agendarlos para la última semana de enero y febrero.

Medellín terminó el año 2018 c0n 626 homicidios y una tasa de 24.75 asesinatos por cada 100.000 habitantes. El índice viene incrementándose desde 2015 (494 muertes), 2016 (544) y 2017 (582), y las autoridades lo atribuyen, como siempre, a las disputas entre combos delincuenciales.

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El Inspector.

Los sucesos parecen desconectados entre sí, motivados por situaciones diferentes, pero demuestran una aborrecible realidad: el sicariato sigue en pleno furor en nuestro vecindario.

En este vehículo fue asesinado el expolicía, junto a su esposa, en el barrio Castilla de Medellín. Foto de cortesía.

El caso más reciente se presentó a las 11:00 p.m. de este martes 13 de noviembre, en el municipio de Sabaneta. Dos mercenarios llegaron al Mall Zaratoga, en una motocicleta de alto cilindraje. Le dijeron al cuidador del parqueadero que solo iban a dar una razón a un amigo adentro y que no se demoraban, por lo que el tripulante ingresó rápido al establecimiento, mientras el conductor permaneció con la moto encendida.

El parrillero caminó hasta el local La Champions Bar Sport y le disparó en la cabeza al cliente John Esteven Gómez Ciro, de 28 años; en el acto, otro balazo impactó en el pecho al mesero José Ignacio Hernández Botero, de 27. Ambos murieron en el lugar.

Los asesinos lograron escapar. Sobre las víctimas, las autoridades informaron que Gómez Ciro residía en Manrique y registraba dos anotaciones policiales del año 2012, por el delito de tráfico y porte de estupefacientes.

CASOS EN MEDELLÍN

Esta racha negativa comenzó en la madrugada del sábado 27 de octubre, en el barrio Campo Valdés N°1 de Medellín. Cuatro hombres motorizados persiguieron a otros dos, que también iban en motocicleta, y los acribillaron en vía pública. Murieron Juan David Herrera, de 30 años, y Édison Ortiz Castañeda, de 25 (ver la NOTA RELACIONADA: Doble homicidio de alto cilindraje en Campo Valdés).

El siguiente caso ocurrió el 8 de noviembre a las 5:14 a.m., en el barrio Castilla, en el noroccidente de la ciudad. En un automóvil Chevrolet Tracker iban el expolicía Édgar Montaño Torres, de 51 años; su esposa Marisol Molina Estrada, de 39; y sus dos pequeños hijos, cuando fueron interceptados por otros cuatro matones en dos motocicletas.

Los agresores dispararon en más de 20 oportunidades a través de los vidrios, quitándole la vida a la pareja. Los niños sobrevivieron.

Según la investigación preliminar de las autoridades, Montaño Torres fue agente de la Policía desde 1989. En enero de 1993 fue expulsado de la Institución y capturado en una investigación por homicidio y lesiones personales. Lo enviaron a la cárcel Bellavista, pero en octubre de ese mismo año se fugó.

Registros de prensa señalan que el escape se produjo en una remisión a una cita de ortopedia en la Policlínica Municipal, cuando un grupo de hombres armados se lo arrebató a la guardia del Inpec. Las patrullas que estaban en la zona reaccionaron y se presentó una brutal balacera, en la que murieron tres de los delincuentes, incluyendo el hermano del expolicía, Luis Alberto Montaño Torres, de 23 años.

Édgar Montaño estuvo más de 20 años en la clandestinidad. En 2009 le abrieron un  nuevo proceso por lesiones personales y el 2 de julio de 2014 lo capturaron por otro caso de homicidio, perpetrado en 2002, pero la justicia lo dejó en libertad. Pese a estos antecedentes, recientemente trabajó como administrador de una empresa de transporte público llamada Tax Ideal.

El otro incidente acaeció cinco días después, a las 2:00 de la madrugada del 13 de noviembre, en el barrio Aures. En un sector semirrural conocido como La Platanera se oyeron varios disparos. Al llegar la patrulla policial encontró a una pareja de adolescentes NN con varias heridas de bala.

El muchacho ya estaba muerto, pero la joven aún respiraba. La trasladaron al Hospital Pablo Tobón Uribe, donde posteriormente falleció. En principio se desconoce cómo se presentó el ataque.

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El Inspector.

La víctima más reciente fue Juan Fernando Chica Atehortúa, un desmovilizado del bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas, abaleado en el barrio Aures N°1 de Medellín.

En este carro se movilizaba alias “Lobo”, cuando lo asesinaron en el corregimiento San Antonio de Prado. Foto cortesía de Guardianes Antioquia.

Según la Fiscalía, Juan Chica era postulado a la ley de Justicia y Paz (aquí aparece en el listado), luego de delinquir para los paramilitares entre los años 2000 y 2003. Su área de acción siempre fue la parte alta de la comuna de Robledo.

Al caer a la cárcel, tras la desmovilización en octubre de 2003, hizo amistades con algunos integrantes de “los Triana”. Esos contactos facilitaron que al salir de prisión, este hombre le ayudara a esa banda a expandir sus redes en Robledo.

El desmovilizado Juan Chica Atehortúa. Cortesía.

El sector Curazao, desde 2013, se convirtió en un tentáculo de “los Triana”, que comenzó a patrocinar a un combo de muchachos que vivían allá y se dedicaban a las extorsiones y venta de drogas (ver la NOTA RELACIONADA:  Golpe al combo “Curazao” frena avance de la mafia en Robledo).

El final de Juan Chica, de 39 años, llegó en la noche de este lunes 23 de abril, cuando recibió una llamada telefónica, en la cual alguien lo citó a una reunión a cuatro cuadras de su casa. Llegó caminando a la carrera 92 con calle 77C, cerca a un parqueadero de microbuses, donde fue tiroteado por un sicario a las 8:00 p.m.

Allegados lo llevaron al hospital Pablo Tobón Uribe y allí murió. Después de eso, varios habitantes de Curazao reportaron balaceras durante toda la noche.

Este crimen sucedió dos semanas después de un atentado en el que también le quitaron la vida a Wálter Luciano Londoño Cortínez, alias “Lobo”. Según las autoridades, era el principal coordinador de las redes de “los Triana” en el corregimiento San Antonio de Prado y algunos barrios del municipio de Itagüí.

Lo aniquilaron mercenarios motorizados, en la mañana del pasado 7 de abril, mientras conducía un automóvil Ford Fiesta por una vía del barrio El Limonar N°1, en San Antonio de Prado. Su familia informó que era comerciante y administraba la cafetería de un colegio de la zona.

“Lobo” tenía 35 años y había sido capturado el 9 de febrero de 2011, cuando tenía en su poder documentos reservados de audiencias y procesos penales contra “los Triana”, los cuales le vendían funcionarios corruptos de la Rama Judicial. Fue condenado por concierto para delinquir y al pagar la pena regresó a sus negocios (ver la NOTA RELACIONADA: La justicia condenó a varios “trianas” y a sus corruptos).

Los investigadores no han establecido si los homicidios de Juan Chica y Wálter Londoño están relacionados, aunque llama la atención que ocurrieron en un corto lapso de tiempo y justo un mes después de la captura del máximo jefe de la organización, Elkin Triana Bustos.

NOTA RELACIONADA: Supuesto fundador de “los Triana” se declaró inocente.

El Inspector.

Los hechos incluyen 13 asesinatos entre el sábado 13 y el lunes 15 de enero, en diferentes puntos de la metrópoli. Además del típico ataque sicarial con pistola desde una moto, las autoridades están preocupadas por el hallazgo de tres cadáveres en lechos fluviales y uno más en una maleta.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

En esta esquina, a una cuadra del Parque Lleras de Medellín, fue abandonado un cadáver dentro de una maleta. Foto de cortesía.

En cuanto a los casos del agua, el primer incidente fue reportado el sábado en la quebrada Santa Elena, a la altura del barrio San Benito, en el centro de la ciudad. Allí los rescatistas extrajeron del cauce los cuerpos de un hombre y una mujer adultos, separados por pocos metros y con heridas de arma de fuego. Se llamaban Carlos Andrés Serna García, de 37 años, y Kelly Johana Zapata Vargas, de 19.

Y a las 7:00 a.m. del lunes, esta vez en el río Medellín, en el tramo del barrio Palermo de Aranjuez, fue divisado otro cadáver masculino, el cual tenía los pies y las manos amarradas. En el pecho tiene un tatuaje con el nombre de “Yeison” y en la espalda otro que dice “Zuri”.

El cadáver maniatado, hallado en el río Medellín a la altura del barrio Palermo. Foto de cortesía.

Dos horas después, los vecinos del Parque Lleras, en El Poblado, alertaron a la Policía sobre una maleta abandonada en la calle, que expelía un olor sospechoso. En la inspección judicial se comprobó que se trataba de un hombre acuchillado, que al parecer tenía menos de 24 horas de muerto.

El general Óscar Gómez, comandante de la Policía Metropolitana, señaló que el crimen se habría perpetrado en un apartamento de alquiler para extranjeros, ubicado en un tercer piso cercano al lugar del hallazgo. Según las pesquisas iniciales, los agresores habrían lavado el lugar con cloro y otros productos para encubrir su fechoría.

La víctima no ha sido identificada por el momento.

PRIMERAS HIPÓTESIS
Antes del mediodía del lunes hubo una reunión de organismos de seguridad para analizar lo sucedido.

El secretario de Seguridad de Medellín, Andrés Tobón, comentó que la mayoría de estos homicidios están asociados a “dinámicas de las estructuras criminales, reacomodos y ajustes de cuentas internos”.

Añadió que el tema debe examinarse con rigor, pero que la postura de la Alcaldía es la misma: “atacar a esas bandas sin descanso”.

Tobón y el general Gómez coinciden en que no hay un hilo conductor para todas estas muertes, sino que trata de casos diferentes.

Aún así, la Policía ha encontrado dos patrones: en varios hechos la víctima al parecer conocía al victimario; y que más que choques entre combos enemigos, estamos ante un escenario de purgas internas en las organizaciones, motivadas por dinero o cambios en sus jerarquías.

“Estos hechos generan zozobra, pero tenemos investigaciones por buen camino y los vamos a esclarecer”, dijo Gómez.

Tobón explicó que el año pasado hubo capturas de cabecillas importantes, muchos de ellos de primer orden, lo que habría dejado las calles en manos de los mandos medios, “que tienden a ser muy violentos y desordenados. Y en cuanto a sus líderes, la idea es trabajar para lograr nuevas imputaciones y que se queden más tiempo en la cárcel”.

FUERA DE CIRCULACIÓN
En las últimas siete semanas han salido de circulación cinco cabecillas de organizaciones delictivas del Valle de Aburrá, situación que podría generar homicidios selectivos.

El más sonado es el arresto de Juan Carlos Mesa Vallejo (“Tom”), jefe de “los Chatas” y de “la Oficina”, ocurrido el 9 de diciembre (ver la NOTA RELACIONADA: Captura de “Tom” no explica todas las muertes de diciembre).

Después se produjeron los asesinatos a bala de Iván Darío Mosquera Mosquera (“la Boa”), del combo “la 115” de San Javier (diciembre 18); y de Ember Gabriel Rueda Ballesteros (“Caretorta”), del combo “la Colinita”de Guayabal (diciembre 31).

El 4 de enero capturaron a Wiston Córdoba Mena (“Negro Memo”), del combo “la 260” de Robledo; y el 9 de enero a Andrés Felipe Garzón Restrepo (“el Ruso”), de la banda “la Capilla”de Belén.

NOTA RELACIONADA: Primeras medidas para frenar oleada de muertes.

El Inspector.

Desde el último mes, según quejas de la ciudadanía, se han presentado atentados y balaceras en los barrios Aures N°1 y 2, El Diamante, Bello Horizonte y Villa Flora. Esta es la reseña del caso, elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

En esta zona del barrio Aures N°2 se presentó una balacera entre la noche del lunes y la madrugada del martes 15 de agosto, según la comunidad. La Policía aumentó el pie de fuerza en el área. Foto de Róbinson Sáenz.

En los hechos, presuntamente, estarían participando integrantes de los combos “el Diamante”, “el Acopio” y “Bello Horizonte”, los cuales entraron en confrontación después de haber funcionado como una alianza en los últimos años.

Investigadores judiciales, que piden la reserva de identidad por tratarse de indagaciones en curso, relatan que la inestabilidad en las estructuras delincuenciales del área, y sus consecuentes choques, empezaron desde las sucesivas capturas de algunos jefes de la “Odín Robledo”, como: José Otalivar Chavarría, alias “Jotalibán”, el 29/7/13; Alejandro Suárez Agudelo, “el Tana”, el 21/2/15; y más recientemente, el expolicía Johan Duque Ríos, apodado “Duque”o “el Hijo”, el pasado 11 de junio (ver la NOTA RELACIONADA: Capturan a “Duque”, el expolicía que coordinaba una banda).

En su ausencia, una nueva generación de delincuentes ha querido liderar esos combos, pero la transición nunca es de manera pacífica.

“Tenemos hipótesis, que han llegado por fuentes informales, sobre el reacomodamiento de combos en la zona, pero todavía estamos consolidando la información”, indicó el secretario de Seguridad (e), Andrés Tobón, quien anoche se desplazó al sector, con el ánimo de mostrar apoyo institucional a la ciudadanía.

Con el asesinato del residente Jhon Eider Ramírez Benítez, ocurrido al anochecer del 14 de agosto en Aures N°2, la comuna 7 (Robledo) se mantiene como la segunda que más homicidios registra en Medellín, con 42 en lo corrido del año.

En comparación con 2016, no hay ninguna variación, según las cifras del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc).

Sin embargo, habitantes de esa comuna han denunciado un incremento de los enfrentamientos armados entre grupos delincuenciales. El más reciente ocurrió en Aures, precisamente entre la noche del lunes y la madrugada del martes 15 de agosto, horas después de la muerte de Ramírez Benítez, de 22 años.

Y aunque en cifras totales, la comuna de Robledo solo es superada por la de la Candelaria (Centro), que registra 54 homicidios desde el 1 de enero hasta el 14 de agosto de este año, otras 9 comunas, de las 16 que tiene Medellín, presentan un incremento porcentual mucho mayor.

Esto ha llevado que, hasta el lunes, en la ciudad se hayan presentado 13 asesinatos más que en 2016, un crecimiento del 4,0 % según el Sisc.

La inseguridad que hoy afecta a los barrios El Diamante, Bello Horizonte, Villa Flora y Aures N°1 y 2, ya se había repetido en otros vecindarios de la comuna de Robledo en el último año.

Desde mayo de 2016 y hasta junio de 2017, otra guerra de combos generó zozobra en Córdoba, López de Mesa, Altamira y El Volador (ver la NOTA RELACIONADA: Tres protagonistas de la guerra de combos salieron del mapa).

Entre los hechos más preocupantes de los últimos meses, están un triple homicidio a bala en una barbería del barrio El Volador, el pasado 13 de junio; y una incursión sicarial el 24 de mayo, que dejó un adolescente muerto y tres heridos en un parque de Aures N°2.

NOTA RELACIONADA: Comunidad de Robledo padece por disputas entre bandas.

El Inspector.

Teniendo en cuenta el perfil de algunos de los detenidos, como “Soto”, “Reblujo” y Julio Perdomo, lo común sería que se desataran violentos reacomodos en la zona. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario: marzo fue el mes menos violento de las últimas cuatro décadas. ¿Qué está pasando en el bajo mundo, para que esto suceda?

Tras su captura, Carlos Soto Isaza, alias “Soto”, fue transportado en tanqueta por la Policía. Foto cortesía Policía.

Comencemos con el recuento de los hechos más relevantes en materia de operativos contra el crimen organizado.

Marzo 31: cayó “Alejo Cachama” con dos policías
Alejandro Álvarez Arroyave, alias “Alejo Cachama”, fue capturado en un apartamento de Bello, señalado de ser el presunto líder del combo de “Córdoba”, que delinque en el noroccidente de Medellín. Procesado por cargos de concierto para delinquir, cohecho y homicidio, los cuales reconoció en el estrado. Será llevado a la cárcel de Cómbita, en Boyacá.

En el mismo caso resultaron implicados dos patrulleros de la Policía, David Hernández Erazo y Jesús Arnulfo Charry, quienes no aceptaron los cargos por cohecho (por recibir presuntamente $5 millones para dejar libre a un delincuente que capturaron armado) y falsedad ideológica en documento público. También fue arrestado el taxista Edwin Alzate Marín (“Amarelo”), miembro de la banda, quien aceptó la culpa por el asesinato de Fernando Gallón.

NOTA RELACIONADA: Capturan a “Alejo Cachama”, líder del combo de Córdoba.

Marzo 30: contra los de “Cotranal”
Mediante 15 allanamientos en Medellín y Bello, las autoridades detuvieron a cinco presuntos miembros del combo “Cotranal”, que opera en Castilla, Doce de Octubre y el barrio Las Cabañitas, de Bello. Se trata de alias “Peo”, “Lauris”, “Chanclas”, “Chamorro” y un adolescente de 16 años. Según la Policía, este grupo venía perjudicando a los estudiantes de cinco colegios, por medio de la venta de drogas, y le rendía cuentas a la “Odín Picacho”.

Marzo 24 al 27: bofetada a la banda de “Pachelly”
En un operativo coordinado por la Dirección de Fiscalías contra el Crimen Organizado fueron capturados Carlos Andrés Chaverra Castaño (“Pomponio”) y Gabriel Jaime Rengifo Estrada (“Chiney”), presuntos coordinadores de zona de la banda “Pachelly” de Bello, para la vereda Tierradentro y el barrio Goretti, respectivamente.

Tras este resultado, horas después se entregaron voluntariamente Abel Antonio y Nelson de Jesús Henao Acevedo (“Abelito” y “Nelson”), supuestos coordinadores del barrio Villa Linda y hermanos de alias “Alber”, uno de los máximos líderes de la organización.

Y en otra acción judicial, fue allanado un inmueble en el barrio Pachelly, donde se incautó el siguiente arsenal: un fusil AK47 con dos cargadores, tres revólveres calibre 38, una pistola con proveedor, una subametralladora Mini Ingran 9 m.m. con proveedor, dos granadas IM 26, dos granadas de gas lacrimógeno, más de 150 cartuchos de diferente calibre y 20 kilos de marihuana.

Los cuatro coordinadores reseñados habían escapado de una operación efectuada el pasado 15 de diciembre, en la cual cayeron 20 militantes de “Pachelly” (ver la NOTA RELACIONADA: Las bandas de Bello habrían arreglado sus diferencias.

Marzo 23: freno a banda de La Estrella
Siete supuestos integrantes del combo “los Margaritos o “La Inmaculada 1”, que delinquen en el municipio de La Estrella, fueron detenidos por la Fiscalía y la Policía. De acuerdo con la investigación, estaban extorsionando a los finqueros de la vereda La Tablaza, en la vecina localidad de Caldas, por una cifra superior a los $80 millones, a cambio de una ficticia vigilancia de los predios.

Con cargos de concierto para delinquir y extorsión fueron procesados: el presunto cabecilla Wilson Arley Franco Álvarez (“Huele”), Cristian Gallego Blandón (“Migra”), Royer Stiven Maldonado Ferraro (“Royer”), Andrés Felipe Ramírez Cano (“Jamoneta”), Járrison de Jesús Ríos Moncada (“Jarry”), Francisco Javier Ramírez Ramírez (“Pacho”) y Jhon Jarlinton Moná Torres (“Jarlinton”). A los primeros seis les dictaron medida de aseguramiento en prisión, a este último se le concedió la detención domiciliaria por problemas de movilidad, informó la Fiscalía.

Marzo 22: golpe a “la Oficina”
La Dijín arrestó en el barrio La Colina, de Medellín, a Carlos Mauricio Soto Isaza, alias “Soto”, presunto líder de la “Odín Picacho” (Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico) y uno de los supuestos integrantes de la cúpula de la quinta generación de “la Oficina”. Procesado por concierto para delinquir, desplazamiento forzado (de una familia en 2012) y uso de documento falso, cargos que rechazó en el estrado, pero un juez le dictó medida de aseguramiento en la cárcel (ver la NOTA RELACIONADA: Terminó la persecución de “Soto”, uno de los jefes de “la Oficina”.

Marzo 15: apresaron a “la Pola”

Cuando conducía una camioneta de alta gama en el barrio Aures, la Sijín capturó a Miguel Erney Piedrahíta Piedrahíta, alias “la Pola”, supuesto cabecilla del combo “el Acopio”, que delinque en la comuna 7 de Medellín. El reporte oficial señala que “es el presunto responsable del desplazamiento de una familia del barrio Aures, ocurrido el 22 de marzo de 2016. Entre los integrantes del núcleo familiar estaba un adulto mayor y un menor de edad”. Por estos mismos hechos ya hay dos personas condenadas y 5 más aseguradas.

“La Pola” no aceptó los cargos por concierto para delinquir agravado y desplazamiento forzado agravado. El Juzgado 42 Penal Municipal de Medellín le impuso medida de aseguramiento en prisión.

Marzo 15: sorprendieron a Julio Perdomo
Las autoridades capturaron en el barrio La Palma, de Medellín, al desmovilizado de las autodefensas Julio César Perdomo González, alias “el Viejo”. Le imputaron concierto para delinquir y desplazamiento forzado, señalándolo de ser un presunto cabecilla de la “Odín Caicedo”. Perdomo fungía como delegado de “la Oficina” para adelantar las gestiones tendientes a negociar un acuerdo de sometimiento de sus miembros con el Gobierno (ver la NOTA RELACIONADA: Julio Perdomo será recluido en la cárcel de Cómbita).

Marzo 8: cayó el secretario de alias “Tom”

En una operación de la Dirección de Fiscalías contra el Crimen Organizado y la Policía, fue capturado en la frontera de los barrios Aliadas y la Loma de los Bernal, en Medellín, Braimer Darío Muñoz Rivera, alias “Reblujo”. Las autoridades lo señalan de ser el secretario personal de Carlos Mesa Vallejo (“Tom”), el máximo jefe de la banda “los Chatas”, que delinque en el norte del Valle de Aburrá.

Alias “Reblujo”, presunto cabecilla de la banda “los Chatas”. Foto cortesía de la Policía.

Según el informe oficial, estaba encargado de la logística personal de “Tom” y sus familiares, lo representaba en reuniones mafiosas y “además estaría a cargo de extorsiones y desplazamientos forzados, apropiándose de inmuebles con documentos falsos en Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa, donde mantendría pequeños laboratorios de cocaína. Actualmente estaría extendiendo su accionar delincuencial, específicamente el microtráfico, en los barrios Trinidad, Belén Aguas Frías y el corregimiento Altavista de Medellín”.

Las autoridades también explicaron que en su carrera delincuencial pasó por el combo “los Paracos de la Meseta”, en Bello (2000-2001), y realizó algunos trabajos para el narcotraficante Bayron Alfredo Jiménez Castañeda (“Gordo Pepe”), desmovilizado de las Auc. También hizo parte de la corporación Amigos de mi Barrio, “para tratar de encubrir las extorsiones a la comunidad mediante cobros por una vigilancia informal en los barrios”, indicó la Policía.

“Reblujo”, de 30 años, tenía orden de captura por concierto para delinquir y tres desplazamientos forzados. Y se investiga su presunta participación en la coordinación de los atentados contra Jairo Andrés Ardila Murillo, alias “Guayabo”, uno de los cabecillas de la banda “Pachelly”, al igual que en el asesinato de Wilmar Oswaldo Muñoz Álvarez, profesor del Inder en Bello, ocurrido el 11 de agosto de 2016 en el barrio Los Búcaros (ver la NOTA RELACIONADA: Jefe de banda “Pachelly” sobrevivió a ataque en un bus).

Marzo 7: se pasaron de la “raya”

Once presuntos integrantes de la banda “la Raya”, en especial de sus redes de microtráfico, fueron arrestados por la Sijín y el CTI. Los 10 hombres y una mujer, según la investigación, participaban en la distribución de drogas en el barrio Cristo Rey, los bajos del Puente de la 4Sur y colegios de Guayabal e Itagüí. Entre los detenidos está el presunto coordinador del grupo, apodado “Nano”, al igual que sus compinches “Yiyi”, “Pacho Bonito”, “Mario Tortuga”, “Pacho Bobo”, “Andrea”, “Robin”, “Jorge”, “Pascual”, “Chapo” y “No”.

Marzo 6: un “canario” tras las rejas

Henry Joany Cifuentes Ortiz, alias “Canario”, fue capturado en Medellín cuando le cobraba una extorsión de 100.000 pesos a un comerciante. El presunto integrante de la banda “los Chatas” cayó sorprendido por el Gaula Militar Antioquia, cuando acudió a la cita a recibir la suma en el Centro. Aunque no aceptó el cargo de extorsión agravada, “Canario” fue enviado a la cárcel por el Juzgado 40 Penal Municipal de Medellín.

Marzo 2: por una muerte brutal

Agentes del CTI y soldados de la Cuarta Brigada adscritos al Gaula Militar Antioquia, arrestaron a Daniel Stiven García Tobón, de 19 años y apodado “Churro”, presunto miembro del combo de “Curazao”, que delinque en la comuna 7 de Medellín. Según la investigación, participó en el asesinato de Jhoan Sebastián Álvarez Caicedo (“Chocha”), de 20 años, cometido el 24 de enero de 2016.

Alias “Churro”, presunto miembro del combo “Curazao”. Cortesía del Gaula.

La banda le quitó la vida en medio de una tortura con cuchillos, piedras y un garrote con clavos, en Robledo. El motivo: 20 días atrás, “Chocha” ingresó a una piscina pública sin pagar y bajo amenazas obligó a las mujeres a desnudarse. Aunque “Churro” no aceptó el cargo por homicidio agravado, el Juzgado 13 Penal Municipal le dictó medida de aseguramiento en la cárcel.

Marzo 2: homicidios no quedaron impunes

La Policía Metropolitana capturó a alias “Cuero”, de 44 años y cabecilla del combo “Betania”, que delinque en el barrio del mismo nombre, en la comuna 13 de Medellín. En su contra había orden de captura por su participación en los asesinatos de Juan Camilo Álvarez Valencia y Johny Alexánder Cano Foronda, perpetrados por sicarios en el barrio Belencito en 2009 y 2011, respectivamente.

Marzo 1: perdió “la Capilla”
El Gaula Metropolitano anunció los resultados de la Operación Alesia, en la golpearon con 16 capturas a la banda “la Capilla”, que delinque en la comuna 16 (Belén) de Medellín, bajo las órdenes de la “Odín la Unión”. El grupo es señalado de extorsionar a 60 establecimientos comerciales con vacunas mensuales de $100.000 a $600.000; y a 1.200 familias, con cobros de $5.000 a $20.000, ubicadas en los barrios Belén Rincón y los sectores El Ñeque, La Sintética, La Capilla, El Cuadradero, La Virginia y El Manzanillo.

El capturado de más alto perfil en esta acción policial fue Gustavo Joany Zuluaga Zuluaga, alias “Joa”, el principal delegado de “la Unión” para coordinar sus intereses en Belén. Estaba en el afiche de los más buscados por la Policía Metropolitana desde 2015.

UNA TENDENCIA PARA ANALIZAR

En años pasados, cuando se producía este alto número de capturas de cabecillas y coordinadores en un lapso tan breve de tiempo, en el bajo mundo se generaban violentos reacomodos en las estructuras delincuenciales. Ataques armados, desapariciones forzadas y asesinatos selectivos solían ser el pan de cada día, mientras los nuevos cabecillas ascendían y se fraguaban divisiones o alianzas en los combos.

Este marzo, sin embargo, sucedió un fenómeno opuesto. De acuerdo con la Alcaldía de Medellín, fue el mes menos violento de los últimos 38 años, al registrar apenas 23 homicidios (cifra que no se veía desde 1979). Según el alcalde Federico Gutiérrez, el resultado se debe a los esfuerzos conjuntos de las autoridades por reducir la criminalidad.

Aunque como ciudadanos debemos valorar el trabajo de la Fuerza Pública, esta no es la única explicación al fenómeno. Tal cual lo han venido informando Revelaciones del Bajo Mundo y El Colombiano, las bandas “la Oficina”, “los Urabeños” y los combos alineados con ellos están fraguando la negociación de un acuerdo de sometimiento a la justicia con el Gobierno Nacional.

Eje fundamental de dicho acuerdo será un proyecto de ley que el Congreso deberá aprobar el primer semestre del año, que reglamentará el procedimiento y los beneficios para los miembros de estructuras de crimen organizado que se acojan a la justicia, como lo ordena el Acuerdo de Paz de La Habana con las Farc. El plazo para tramitar y aprobar esa ley vence en junio, cuando expiran las facultades especiales concedidas al presidente Juan Manuel Santos para impulsar las leyes que permitan aplicar lo pactado con la guerrilla en Cuba.

Mientras este proyecto esté en camino, lo más seguro es que las bandas ilegales mantengan una postura relativamente pacífica, al menos este primer semestre, y no solo en el Valle de Aburrá. La misma reducción de muertes se observa en Cali, Buenaventura, Tumaco, el Eje Cafetero y Urabá, donde también actúan estos grupos, ya que incrementar los índices de homicidios sería políticamente incorrecto.

Otra cosa son las extorsiones y el tráfico de drogas, eso sí va a continuar, a pesar de todo.

El Inspector.

El Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc), adscrito a la Secretaría de Seguridad, clasificó los eventos, tres de los cuales ocurrieron en 2015 y cinco en lo corrido del presente año.

Esta es la reseña del fenómeno, elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Esta imagen corresponde a un homicidio del 16 de junio de 2011, cuando una despachadora de buses fue asesinada a bala en una calle de la comuna 13. Los agresores dejaron ese mensaje en un pedazo de cartón, junto a la víctima. FOTO: Carlos Taborda (Archivo).

La mayoría de víctimas son hombres, en el rango de edad de 19 a 28 años, y llama la atención que casi todos hayan sido abandonados en la zona occidental de la ciudad.

No existe un hilo conductor probado para estas muertes, aunque investigadores judiciales consultados precisan que por lo general los perpetradores pertenecen a bandas de crimen organizado.

“Aquí hay dos modalidades: una son ajustes de cuentas entre combos; la otra, son casos de ajusticiamiento, en los que una comunidad o un particular se quejan de un delincuente ante los cabecillas del barrio, y estos actúan como ‘jueces criminales’, asesinando al sospechoso”, precisó un investigador, quien solicita la reserva de identidad por tratarse de casos en proceso de indagación.

Tampoco se descarta que se trate de pistas falsas que dejan los ilegales, para tratar de desviar el rumbo de las pesquisas policiales.

La modalidad de dejar letreros junto a una víctima data de los tiempos de La Violencia (1948-58), cuando ser de un partido político adverso generaba persecución y homicidios entre fanáticos liberales y conservadores. Luego siguió en el marco del conflicto armado entre las guerrillas y los paramilitares.

En la actualidad, las denominadas “narco sábanas” de las guerra entre los carteles mexicanos de la droga son la modalidad más conocida en el mundo. En la nación azteca, los perpetradores dejan mensajes manuscritos para intimidar a los enemigos, en pedazos de tela, cartones y cartulina, o suben videos de sus sanguinarias ejecuciones a internet.

LOS CASOS
Esta es la relación de los eventos registrados en Medellín:

- Febrero 5 de 2015: en una calle de la cabecera corregimental de San Antonio de Prado hallaron el cadáver abaleado y apuñalado de un joven de 24 años, junto a un cartel que decía: “por violador”. Según las autoridades, tenía antecedentes por ataque contra servidor público y tráfico de drogas.

- Marzo 13 de 2015: en una vía del barrio Santa Cruz (comuna 2) fue perseguido y tiroteado un ciudadano que conducía un automóvil, el cual terminó estrellado contra un poste de energía. El conductor, de 41 años, falleció en el acto, y los homicidas arrojaron dentro del carro un cartel que decía “por sapo”. Tenía anotaciones por estafa, abuso de confianza y hurto.

- Julio 24 de 2015: dentro de una casa del barrio Llanaditas (comuna 8) encontraron el cuerpo sin vida de una mujer de 65 años, víctima de un fuerte golpe contundente y ahogamiento en un balde. En la pared de la habitación principal dejaron dos frases: “mensaje desde el limonar 2 era última de la familia que nos faltaba” (sic) y “con los pitufos no se juega”. La mujer había vivido antes en San Antonio de Prado (donde queda el barrio Limonar 2) y por problemas tuvo que irse.

- Abril 7 de 2016: en una calle del barrio Antonio Nariño (comuna 13) dejaron el cadáver abaleado de un muchacho de 25 años, con una hoja de block pegada en su pecho, que decía: “por rata HP”.

- Abril 27 de 2016: junto a una quebrada del barrio Juan XXIII La Quiebra (comuna 13), le dispararon en la cabeza a un joven de 25 años. Sobre su cuerpo dejaron un papel que decía “por ladrón”.

- Mayo 26 de 2016: en una vía pública del barrio Córdoba (comuna 7), un grupo delincuencial raptó a un joven de 19 años, lo asesinó a bala y le dejó un papel manuscrito que rezaba: “por rata”.

- Agosto 5 de 2016: en una calle del sector Cucaracho (comuna 7) abandonaron dos cadáveres masculinos, de 25 y 28 años, envueltos en costales. Cada uno de los finados tenía un papel manuscrito, que decían: “por robar motos y taxis” y “por robar repuestos de motos y taxis”.

HECHOS EN URABÁ
Este año también se han presentado incidentes en la subregión de Urabá, ligados al tráfico ilegal de migrantes. El pasado 9 de agosto, en una playa localizada entre Capurganá y Acandí, dejaron el cuerpo de un pescador de 39 años, y sobre su espalda una cartulina que decía “por transportador de emigrantes”.

Y el 28 de enero del presente año, en el corregimiento El Dos del municipio de Turbo, le quitaron la vida a tiros a un joven de 20 años. En el asfalto, cuñada con su frente, dejaron otra cartulina con el letrero “muerte a los chilingueros”, refiriéndose a la denominación que le dan los lugareños a los traficantes de migrantes, también apodados “coyotes”.

NOTA RELACIONADA: En Medellín van 17 macabros hallazgos este año.

El Inspector.

Según el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc), en la capital antioqueña han ocurrido 304 homicidios hasta hoy (julio 31), 34 más que los registrados en el mismo periodo del año 2015, lo que implica un incremento del 12,6% en este índice.

El alcalde Federico Gutiérrez visitó el corregimiento Altavista, luego de la asonada del 20 de julio. Cortesía de la Alcaldía de Medellín.

Las comunas con el mayor número de asesinatos son Candelaria (55 casos), Robledo (36), Castilla (34) y San Javier (24), según la estadística oficial. ¿Qué está ocurriendo en cada una de ellas?

En Candelaria, es decir, el Centro de Medellín, las causas de los homicidios son múltiples: desde pleitos de mendigos hasta riñas de borrachos, violencia sexual, intolerancia, robos que terminaron en muertes y disputas entre combos (“convivires”) por el control de territorios para el tráfico de drogas y cobros de extorsiones.

¿Qué tiene que ver con esos problemas el trabajo de las autoridades? ¿Qué resultado importante tienen la Alcaldía y la Policía para mostrar en el Centro? Hasta ahora, solo planes para una intervención integral y muchos consejos de seguridad.

En las comunas de Robledo y Castilla, la principal causa de las muertes violentas son las disputas de bandas que se disputan el territorio de influencia. Entre las que han participado en las balaceras están “los Mondongueros”, “Pájaro Azul”, “Pico Pico” y “los Machacos”.

Y hay un conflicto en particular, situado en la frontera de esas comunas, que registra la mayor cantidad de muertos: una rencilla interna en la “Odín Robledo” (Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico), generada porque un grupo de jóvenes del combo del barrio Córdoba se rehusaron a seguir las órdenes del coordinador de zona, alias “el Diablo”.

El choque ha perjudicado los barrios y sectores El Hueco de La Candelaria, La Quintana, Nuevo México, Ciudad Central, Córdoba, El Progreso, Altamira, Caribe y López de Mesa.

Esos mismos vecindarios padecen por otro conflicto entre “la Matecaña” y “Nuevo México”, que también ha contribuido a la muerte y la zozobra.

En enero de este año, debido a que durante un tiroteo una niña de 7 años fue herida por una bala perdida en esta zona, el alcalde Gutiérrez prometió una intervención integral y ataque frontal contra esos grupos, pero seis meses después no se ha cumplido esa proclama. Las bandas del sector están más activas, ninguno de sus cabecillas ha sido arrestado y los ataques persisten al igual que el cobro de “vacunas”.

Hace dos semanas, el burgomaestre volvió a repetir los mismos postulados en el corregimiento Altavista, luego de que se presentara una balacera entre la banda “los Chivos” y la Policía, cuando los uniformados pretendían retirar la carpa de un circo que no tenía permiso para funcionar. La situación se agravó porque varios residentes se sumaron a una asonada contra la Fuerza Pública. En la reyerta hubo dos patrulleros heridos, un supuesto miembro de “los Chivos” murió y la comunidad pasó la noche a oscuras porque un transformador de energía fue averiado por un balazo.

Gutiérrez le ordenó a la Policía que acabara con los combos del sector, como “los Chivos”, “Altavista”, “los Pájaros” y “Mano de Dios”. Se publicaron carteles de los más buscados y ofrecieron recompensas, que derivaron en que uno de los perseguidos, conocido con el alias de “Puto”, se entregara a la Fiscalía.

El alcalde luego visitó el área en compañía de la prensa nacional y manifestó que en Altavista la violencia se disparó porque su Administración está persiguiendo al crimen organizado sin pretender ocultar la problemática, y dio a entender que eso no se había hecho en la Alcaldía anterior.

Pese a lo dicho, en los primeros seis meses de su administración no se ha hecho ningún operativo importante en Altavista y menos contra “los Chivos”, quienes causaron el desorden. Lo más destacable había sido la captura de dos cabecillas de “los Pájaros”, conocidos como “Juan Pájaro” y “Pepito Pájaro”, aunque esta acción fue coordinada por la Dirección de Fiscalías contra el Crimen Organizado, que rinde cuentas a un mando central en Bogotá.

Otro pleito que generó varios homicidios, según el Sisc, se presentó por una confrontación entre los combos de “San Antonio” y “La Libertad”, en la comuna de Villa Hermosa. Se trata de otra disputa interna, pues ambos están adscritos a la “Odín Caicedo”.

Algo similar sucede en San Javier, donde según analistas de Inteligencia hay una división intestina en una de las bandas más poderosas de la zona: “la Agonía”. El descontrol en ese grupo ha provocado disidencias y tiroteos en los barrios Antonio Nariño, El Salado y El Socorro, entre otros.

¿QUÉ OCURRE?

La información aportada por la comunidad y fuentes policiales, sugiere que estos pleitos de combos, como se ha dicho, tienen origen en rupturas internas o choques territoriales para controlar las plazas. Y no hay evidencia directa de que esos factores sean un efecto colateral de las promocionadas intervenciones de la Alcaldía y la Policía Metropolitana.

No obstante, este fin de semana Gutiérrez atendió a varios medios de comunicación internacionales, con ocasión de la Feria de las Flores. Y señaló, según la Agencia EFE: “lo que pasa es que cuando usted las deja tranquilas (a las bandas delictivas), estas siguen apoderándose de los negocios y terminan convirtiéndose en ese yugo para la sociedad. Eso es muy peligroso porque ellos se consolidan”.

Añadió que “la estrategia de nosotros es una de seguridad integral, que yo mismo dirijo, donde al crimen organizado usted tiene que combatirlo con fuerza e inteligencia, pero a las comunidades hay que llegar con inversión social”.

Hay que decir que esta inversión, de la que tanto habla Gutiérrez, aún la esperan en Castilla, Robledo, San Javier, Villa Hermosa y Altavista. “Él nos prometió ayudas, esperemos que se cumplan”, señaló un residente de este último corregimiento durante una jornada de votación del Presupuesto Participativo (23 de julio).

En materia de resultados contra el crimen organizado y sus cabecillas, durante los siete meses que lleva esta Alcaldía se destacan estos resultados: captura de alias “Bolillo” y 12 miembros de “los Triana” (junio); arrestos de “Mario Tato” y “el Pollo”, cabecillas de “los Tatos” y “la Matecaña” (junio); detención de “Monín”, integrante de “la Oficina” (marzo); y la captura de “Carnero”, coordinador de algunos grupos de “Convivir” del Centro (mayo).

¿Estarán estas acciones directamente relacionadas con el aumento de homicidios? ¿Los golpes de las autoridades al crimen organizado, durante este año, han sido tan contundentes que desestabilizaron a los ilegales? ¿Qué opinan los lectores y comentaristas de Revelaciones del Bajo Mundo?

NOTA RELACIONADA: Cuatro conflictos afectan la vida en Medellín.

El Inspector.

Se trata de la organización criminal “Pachelly”, que dominó el bajo mundo del norte del Valle de Aburrá hasta 2012, pero lo perdió de cuenta de las sucesivas capturas de sus líderes e integrantes y la expansión del clan de “los Chatas”.

El 24 de marzo de 2015, los sicarios asesinaron al conductor y a una pasajera de un bus, en el barrio Niquía de Bello. Cortesía.

En las cuentas de la Policía Metropolitana, “Pachelly” era una de las más fuertes Organizaciones Delincuenciales Integradas al Narcotráfico (Odín), es decir, una confederación de pandillas que lideraban la criminalidad de Bello, Barbosa, Copacabana y Girardota, además de tener redes en algunas comunas de Medellín.

Las autoridades se enfocaron en desmantelarla y desde 2011 a la fecha fueron encarcelados los representantes de su línea de mando: “Guayabo”, “Alber”, “Lancha”, “Guerrero”, “Nando”, “Sólido”, “Pocho” y “Tití”, entre otros.

El vacío de poder provocó que algunas de las principales bandas de Bello, que antes trabajaban para ellos, se alejaran de esa estructura. Fue el caso de “Niquía Camacol”, “el Mesa” y “la Camila”, que terminaron aliándose con “los Chatas”, la otra “Odín” de la zona, liderada por Juan Carlos Mesa Vallejo, alias “Tom” o “Carlos Chata”.

Esta agrupación capitalizó la caída de “Pachelly” y estableció una sociedad criminal con “los Urabeños”, la banda más poderosa de Colombia.

La pérdida de influencia delincuencial y los constantes golpes a manos de rivales y de la Fuerza Pública, provocaron una división interna en “Pachelly”, de acuerdo con fuentes de Inteligencia. Un grupo se sumó a la alianza con “los Chatas”, mientras que el otro se quedó al margen, disidente, tratando de conservar los pocos territorios en los que aún controla la ilegalidad.

“El objetivo de ‘Carlos Chata’ es tomar el control total de ‘Pachelly’, es por eso que le viene inyectando grandes sumas de dinero a ese proyecto, para absorber a la totalidad del grupo, ya que muchos de ellos no han accedido al nuevo cambio”, señaló un investigador judicial.

Prueba de esta situación fue el operativo de la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) realizado el pasado 23 de marzo, en el cual fueron arrestados 13 presuntos militantes de “Pachelly” en los departamentos de Antioquia, Cauca y Valle: alias “Hummer” o “el Paisa” (mando medio), “Rubén”, “Bolívar” (encargado del microtráfico de drogas), “Ramón”, “Juanka”, “Daniel” o “Conejo”, “el Indio” o “Janer”, “Cindy”, “Gorgojo”, “Yibe”, “Blanca”, “Wilmar” y un adulto mayor sin apodo.

En las acciones policiales fue interceptada una encomienda en el aeropuerto de Rionegro, la cual contenía 1.000 millones de pesos en billetes de $50.000. Según la Dijín, esa plata era enviada desde Norte de Santander por “los Urabeños” (principales socios de ‘los Chatas’), como pago a una red de “Pachelly” por trabajos ligados al tráfico de drogas y la extorsión.

Con la supremacía criminal de “los Chatas” y sus asociados, los cuatro municipios del norte del Valle de Aburrá experimentaron esa engañosa calma, en la que las muertes se disminuyen, pero se incrementan las extorsiones, intimidaciones y corrupción.

Este fue el panorama hasta principios de 2015, cuando comenzaron a presentarse homicidios múltiples, asesinatos selectivos de jefes de combos, hallazgos de cadáveres y una creciente sensación de inseguridad. ¿Qué ocurrió en el bajo mundo, para que esa calma se terminara?

SANGRIENTA RETOMA DEL CONTROL

De acuerdo con funcionarios de la Policía y la Fiscalía, que solicitaron la reserva de sus identidades, a finales de 2014 salió de la cárcel José Domiciano Carrillo Montoya, alias “Sólido”, quien había sido condenado a seis años por concierto para delinquir (ver la NOTA RELACIONADA: Otro cabecilla de “Pachelly” cae a prisión).

Las indagaciones preliminares señalan que, presuntamente, asumió el mando de la facción disidente de “Pachelly” que se opone al dominio de “los Chatas”, y a sangre y fuego ha tratado de recuperar su antiguo poder.

José Carrillo, alias “Sólido”. Cortesía Policía.

La otra ala de “Pachelly”, que ahora trabajaba con “los Chatas”, estaría liderada por alias “Vallejo”. Este cabecilla sobrevivió al famoso atentado de la urbanización Portón de Hungría, en el barrio Castropol de Medellín (29 de junio de 2011), cuando un comando sicarial atacó a varios miembros de esa banda en un apartamento del séptimo piso, provocando que varios se arrojaran por la ventana (ver la NOTA RELACIONADA: “Así ejecutaron una masacre frustrada”). El hecho de que ahora “Vallejo” trabaje con quienes antes quisieron matarlo, refleja que no solo la política es “dinámica”, sino también la criminalidad.

En el marco de las disputas entre las dos facciones, la comunidad de Bello ha padecido una serie de asesinatos que, si , bien no todos tienen un móvil esclarecido, tienen la rúbrica del crimen organizado.

El 24 de marzo, los sicarios abordaron un bus de servicio público en el barrio Niquía. Asesinaron a la pasajera Paula Arenas Espitia, de 34 años, y al conductor Ómar Antonio Hernández.

El 27 de marzo mataron a balazos al mensajero José Jesús Torres López, de 51 años, cuando conducía una moto por el barrio Niquía.

El 28 de marzo, en el sector La Navarra, encontraron el cuerpo sin vida de Felipe Morales Sánchez, de 23 años, muerto por asfixia mecánica. Al día siguiente, abandonaron el cadáver de Johny Vásquez Granda, de 28 años, en el kilómetro 3 + 160 de la autopista Medellín-Bogotá.

El 30 de marzo, en el sector Calle Vieja, arrojaron en una acera el cadáver de un NN de 20 a 25 años de edad, al parecer asesinado mediante asfixia mecánica.

El 31 de marzo fue encontrado el cadáver del taxista Samuel de Jesús Barrantes Lenis, con heridas de arma de fuego y metido en la maleta de su taxi, abandonado frente a un colegio del barrio El Cairo. El occiso se había desmovilizado de las Autodefensas y desde el año pasado conducía un taxi.

El 11 de abril asesinaron a bala a Lorena Viera Mosquera, de 23 años y estudiante de Fotografía. Conducía una moto por el barrio Las Cabañas, cuando la atacaron. En el acto también falleció la criatura de seis meses que llevaba en su vientre.

El 12 de abril mataron a tiros en una vía pública del barrio Zamora a Duván Zapata Giraldo, de 19 años, quien estaba bajo detención domiciliaria por un proceso penal.

El mismo día, varios hombres encapuchados asaltaron una finca de la vereda Tierradentro, donde amordazaron a una pareja de esposos y a su hija. Saquearon el lugar y robaron un campero con su respectivo remolque, cuatrimotos, minimotos y una moto Yamaha Rhino 700, que su propietario alquilaba en la pista de un estadero ubicado en la vía a San Pedro de los Milagros.

El 26 de abril encontraron otro cuerpo en la autopista Medellín-Bogotá, esta vez en el kilómetro 5, un hombre NN de unos 50 años, con heridas de arma blanca; un día después, la misma vía fue testigo de otro macabro hallazgo, cuando las autoridades divisaron a Carlos Evelio Henao Mira, de 39 años, en un potrero del kilómetro 1 + 500, con varios impactos de bala.

A estos crímenes de Bello, se suman los 9 perpetrados en el vecino municipio de Copacabana en lo que va de 2015. Entre ellos, el de un occiso arrojado en la misma autopista, con las manos y los pies amarrados, envuelto en sábanas y con la cabeza embolsada, una víctima más de la asfixia mecánica.

En el municipio de Barbosa van 15 homicidios, incluyendo el de un mototaxista de 60 años, llamado Mauricio González, a quien los sicarios tirotearon el 15 de abril en el barrio El Porvenir.

“La banda de ‘Pachelly’ quiere retomar el control en este sector donde ellos delinquen. Como pasaron a ser una banda de menor poder, quieren retomarlo, entonces están generando unos enfrentamientos entre las bandas que allí delinquen”, respondió en su momento el general José Gerardo Acevedo, comandante de la Policía Metropolitana.

Los episodios reseñados demuestran una vez más que el índice de homicidios del Valle de Aburrá aumenta o disminuye por las dinámicas del crimen organizado, más allá del supuesto control de la Fuerza Pública. Los actores ilegales que hoy azotan a Bello y las localidades vecinas son conocidos de vieja data, ¿hasta cuándo las comunidades tendrán que sufrirlos?

NOTA RELACIONADA: Cayó “el último gran capo” de la banda “Pachelly”.

El Inspector.

Esta violenta acción fue cometida a las 10:30 a.m. de ayer en el barrio Manrique Oriental, al nororiente de Medellín. El perpetrador fue Félix María Méndez Santos y su instrumento, un revólver.

Todos los vecinos de la cuadra salieron a ver la tragedia, en Manrique. Foto de Esteban Vanegas.

Aquella mañana este sujeto ingresó a la casa y en la cocina le disparó a su suegra Amparo Zea Macías, de 59 años. Luego subió al tercer piso y acribilló a su hijastro, un adolescente de 17 años. Junto a él estaba la cónyuge Claudia Yaneth Montoya Zea, de 34 años, quien recibió también varios proyectiles.

Cuando llegó la Policía, Méndez los repelió a bala. Se refugió en la terraza y ahí oprimió por última vez el gatillo, segándose la vida.

Su esposa, la cual ya lo había denunciado en el pasado por violencia intrafamiliar, sobrevivió y está hospitalizada. De la matanza salió ilesa una niña de 9 años e hija de la pareja, quien estuvo presente cuando ocurrieron los hechos y escuchó los tiros y los gritos de sus seres queridos.

Esta, más allá de una desgracia familiar, es una tragedia social. Y lo peor es que no se trata de un caso aislado o infrecuente, por el contrario, parece la copia calcada de muchísimos otros en Antioquia, Colombia y el mundo.

Los familiares de las víctimas de Manrique, según las autoridades, sabían los antecedentes de violencia.

Hace pocos días les conté un hecho similar. El 15 de febrero pasado, un policía de la Dirección Antinarcóticos se encerró con su hijo en un hotel del barrio Florida Nueva, en Medellín. Aunque apenas se trataba de un bebé de 26 días de nacido, su padre lo mató de un balazo y después se autoeliminó con la misma pistola (ver NOTA RELACIONADA: BEBECITO ASESINADO por un papá deprimido).

El 21 de diciembre anterior en el municpio de Bello, barrio El Porvenir, el dueño de una tienda asesinó a bala a su esposa y a su hijo de 21 años, y después se quitó la vida también (ver NOTA RELACIONADA: UN HOMBRE ACABÓ con su propia familia).

Todavía no aprendemos a solucionar los problemas por las buenas, así vivamos diciendo que “los buenos somos más”.

Según el informe de homicidios de Medicina Legal de 2009, Antioquia fue el departamento de Colombia donde se cometieron más asesinatos: 4.455, un aumento del 85.7% con relación a las 2.399 muertes de 2008. Le sigue el Valle del Cauca (3.294 casos) y Bogotá D.C. (1.645).

Abordando el tema por ciudadades capitales, Medellín está en el tope de la lista con 2.176 homicidios perpetrados en 2009, mientras que en 2008 fueron 1.066 (aumentó el 104.1%). En segundo lugar está Cali (1.814).

De acuerdo con los investigadores, la primera causa de los asesinatos en territorio paisa son las guerras entre bandas criminales, seguida de las venganzas personales y la violencia intrafamiliar.

Pero nuestra ligadura con la muerte no termina aquí. El mismo informe de Medicina Legal advierte que Antioquia fue el departamento donde hubo más suicidios en 2009: 284 casos, seguido de Bogotá D.C. con 252.

El pasado 18 de febrero, en esta cuadra junto al estadio Atanasio Girardot, hubo una gresca entre dos barras del Independiente Medellín: dos muertos a bala.

Y por si esto no fuera suficiente, Antioquia también está al tope de las muertes accidentales (es decir, por quemaduras, ahogamientos, sumersión, caída de altura, electrocución, intoxicación y demás): 452 incidentes, seguido del Valle del Cauca con 325.

En accidentes de tránsito, Antioquia está de segunda en la lista, con 807 muertes en las vías en 2009. Primero fue Valle del Cauca, con 851 víctimas fatales.

Hago énfasis en estos datos, no con el ánimo de estigmatizar nuestra tierra, sino para demostrar una verdad dolorosa que desde hace años cargamos como una cruz: la muerte se nos está volviendo muy cotidiana, y no solo por homicidios, sino también en suicidios y hasta por mero accidente (¿será una coincidencia? No lo creo).

Ya es hora de que los antioqueños hagamos una verdadera revolución contra las muertes violentas. ¡Reaccionemos como sociedad, no esperemos a que las instituciones estatales actúen solas!

La última tragedia familiar en el barrio Manrique no fue fortuita, ya se venía anunciando desde las violentas discusiones de esa pareja, con el agravante de que el marido, por su trabajo de vigilante, estaba acostumbrado a usar armas. Este tipo de situaciones hay que combatirlas desde el origen, para no lamentarse después, en la marcha fúnebre.

El poeta alemán Friedrich Hölderlin, en la época del Romanticismo, decía (palabras más, palabras menos) que quien es capaz de lograr grandes hazañas, al mismo tiempo es capaz de producir grandes desgracias. Como nuestra cultura, hermosa cuando produce orgullo y progreso, y horrible cuando genera violencia por doquier.

¿Cuándo vamos a romper este espiral de muerte? ¿Cómo podemos lograrlo? Se escuchan (y se leen) sus ideas y comentarios.

El Inspector.

Todo indica que los grupos que antes ejercieron la hegemonía del bajo mundo, están siendo relevados por otros o en colisión con estructuras criminales de Medellín que están penetrando en esa localidad del norte del Valle de Aburrá, como ‘Los Mondongueros’. 

En este campero iban 'Pipelón' y su familia, cuando fueron atacados con fusil.

A las 00:10 a.m. del 6 de julio de 2009, un comerciante de 29 años se desplazaba con su esposa y su hija de 6 años en un campero Toyota Prado. A la altura de la carrera 64C con la calle 72 del barrio Caribe, cerca de la Terminal del Norte de Medellín, fueron alcanzados por dos taxis y dos automóviles Renault Clio y Chevrolet Aveo, desde los cuales recibieron una profusa lluvia de tiros de fusil.

El hombre, con heridas de gravedad en su cuerpo, alcanzó a conducir el vehículo hasta la bahía del búnker de la Fiscalía. Su esposa se tiró del campero y pidió auxilio al personal de seguridad. La niña quedó herida en una pierna pero, al igual que su padre, sobrevivió.

Dicen los investigadores que el objetivo de los sicarios era ese papá, también conocido como ‘Pipelón’, presunto cabecilla del combo ‘El Mirador’ de Bello.

Tres días antes, en la calle 103D con la carrera 66 del barrio Girardot de Medellín, fue ultimado con cerca de 20 disparos alias ‘Plumas’, supuesto integrante de la banda ‘Pachelly’. Al día siguiente, su novia fue abaleada en el barrio Niquía como retaliación a su muerte, pues la culpaban de haberlo “entregado”.

‘Guayabo’, presunto cabecilla de ‘Pachelly’, fue capturado el pasado 6 de julio (por tercera vez) y está con detención domiciliaria.

Y un par de meses antes ‘Vladimir’, líder de la banda de ‘Niquía Camacol’, fue también objeto de un atentado y se salvó de milagro. Casos como estos reflejan la crisis actual del crimen organizado en Bello.

Con la ausencia de ‘El Patrón’ Hugo Albeiro Quintero, muchos grupos delincuenciales quedaron ‘desprotegidos’, sin un patrocinio definido. Por eso empezaron, en sus propios términos, a ‘gaminiar’. Es decir, conseguir plata como sea, con robos a viviendas matando a los inquilinos, atracos a mano armada en la calle y establecimientos comerciales.

Comenzaron, también, a atacarse entre ellos mismos por miedo o defensa de la territorialidad, lo que explicaría los intentos de matar a los cabecillas ‘Pipelón’ y ‘Vladimir’.

LAS BANDAS

En la jurisdicción bellanita, la Policía tiene identificadas 12 estructuras delincuenciales. De ellas, las principales son: ‘París’ ó ‘La 402’, ‘Niquía Camacol’, ‘Pachelly’ y ‘Los Chatas’. Hoy por hoy, esta última agrupación sería la de mayor expansión en dicha ciudad, partiendo de Las Cabañitas, La Gran Avenida y el barrio Obrero.

Está liderada por el clan familiar de ‘Camilo Chata’, ‘Carlos Chata’ y ‘Elkin Chata’. Y recibe el beneplácito de alias ‘Sebastián’, uno de los máximos cabecillas de ‘La Oficina’ y quien está en guerra abierta contra ‘Valenciano’, el otro patrón de ‘La Oficina’ y principal financista de sus enemigos ‘Los Mondongueros’, cuya base de operaciones está en Castilla (noroccidente de Medellín).

Se presume que, para frenar el avance de los pelaos de Castilla, entre otras cosas, se estaría conformando una alianza criminal entre ‘Los Chatas’, ‘El Mesa’ y una parte del combo de ‘Pachelly’.

Esa última colectividad, al parecer, estaría cediendo terreno. Además de ‘Gancho’, interesado en mantener su bajo perfil, la lideran ‘Alver’, ‘Guayabo’ y ‘Lancha’.

Respecto al índice de homicidios, un análisis de Medicina Legal indica que entre el 1 de enero y el 31 de octubre mataron a 162 personas en Bello, y que desde mayo se vienen incrementando las cifras. El pasado octubre fue el mes más crítico, con 23 incidentes fatales.

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El Inspector.

Analizando las estadísticas judiciales del último mes, el promedio diario de asesinatos en el Valle de Aburrá es de 10 casos, mientras que el año pasado era de cuatro.

Betsy Valencia y Francisco Hernández en la escultura del pájaro, en el centro de Medellín, que rememora una época violenta anterior. Foto de Henry Agudelo.

Tanta mortalidad violenta provocó la reflexión de estos jóvenes, quienes aseguran que su propuesta es una iniciativa civil. El nombre del grupo en la red social es “23 de octubre, día sin muertes violentas en Medellín y Valle de Aburrá”, por ser este día el escogido para la ocasión.

El reto es complicado, no solo porque hasta el 30 de septiembre se habían cometido 1.490 asesinatos en Medellín, sino porque los viernes (cuando cae el próximo día 23) son jornadas de alta dosis criminal.

Los proponentes Betsy Valencia y Francisco Hernández, de 23 y 26 años, explicaron que no se trata de que este día los ciudadanos salgan a marchar en algún sitio, sino que todos tengan mentalizado que ese viernes no deber morir nadie de forma violenta.

UNA CAMPAÑA

De otro lado, en la Casa Editorial El Colombiano se está gestando una campaña por los valores y la convivencia, a favor del respeto a la vida.

Es, al igual que la idea de aquellos jóvenes, una respuesta a la oleada de homicidios y la crisis de seguridad que tanto nos perjudica en estos días.

Campaña de la Casa Editorial El Colombiano.

Como bloguero de la empresa y más que todo, como habitante de Medellín, también me uno a la campaña y los invito a ustedes a pensar un minuto en la cuestión.

Es que, en esencia, no depende solo de la Fuerza Pública que haya paz. Tampoco tiene que ver solamente con las políticas estatales. La convivencia pacífica depende principalmente de los ciudadanos, de que dejemos de ser unas víctimas de las circunstancias (desempleo, pobreza, enfermedad…) y pasemos a ser personas activas, dueñas de nuestro propio destino.

Para el día de hoy, que inicia la campaña de la Casa Editorial, propongo una reflexión sobre los valores de la tolerancia y respeto a la vida. Piénsalo, ¿cómo crees que te va en estos dos aspectos?

El Inspector.

Sin embargo, esta semana anunciaron las tres medidas que ellos consideran suficientes para frenar la creciente racha de homicidios y balaceras entre combos delincuenciales.

Hoy comenzó la intervención masiva al punto crítico del barrio Moravia. Foto de Julio César Herrera.

La primera es la suspensión del parrillero masculino en las motocicletas. La segunda es la restricción a los establecimientos públicos, pues desde ahora y hasta nueva orden la rumba solo será hasta la 1:00 a.m.

Dicha condición excluye a los rumbeaderos de las zonas más cachés, como La 70, la Zona Rosa de El Poblado con el Parque Lleras y el corredor de Las Palmas.

La tercera medida consiste en aplicar tomas masivas con policías y funcionarios de la Alcaldía a seis puntos críticos: los barrios Berlín y Moravia (comuna 4), La Sierra (comuna 8), El Salado (comuna 13), Pedregal (comuna 7) y El Raudal (en el Centro, comuna 10).

En mi opinión también deberían prestarle atención especial a Manrique, Santo Domingo Savio, Doce de Octubre, Castilla, Belén Rincón y Robledo, donde las disputas entre delincuentes han provocado varios tiroteos y homicidios en los últimos dos meses.

El alcalde Alonso Salazar junto al general Dagoberto García, comandante de la Policía Metropolitana, cuando anunciaron las medidas.

La tripleta de medidas ha generado reacciones encontradas, hay quienes están a favor y otros en contra. Entre estos últimos están las personas que utilizan las motocicletas como medio de transporte y de trabajo, así como algunos comerciantes de la vida nocturna.

Al principio de este artículo, les explicaba que las autoridades se resisten a aceptar abiertamente la preocupante situación que, por ejemplo, ha producido días de hasta 11 asesinatos en Medellín (como el pasado 24 de febrero), cosa que hace mucho tiempo no se veía.

Al parecer la razón más fuerte para ello es la próxima asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que se celebrará del 25 al 31 de marzo en la capital paisa.

Hay desespero por mostrarle al mundo una ciudad hermosa, pujante, segura y amable, que ya superó el estigma de la violencia que tenía en los años 90. Estoy de acuerdo con este propósito, pero no a costa de matizar en exceso un problema.

Tenemos la responsabilidad de presentarles una excelente imagen a los ilustres visitantes, para el bien de Colombia. Pero es más grande la obligación con los medellinenses y paisas en general, de asumir con pantalones que hay una creciente sensación de inseguridad y derramamiento de sangre.

No hay que maquillar cifras de criminalidad y eludir el debate sobre la seguridad. Bienvenidos los del BID, pero también bienvenida la sinceridad.

El Inspector.