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Alerta electoral, alcaldes en la mira de la justicia

  • En 2016 estalló en el país el escándalo por el desfalco de los escenarios de los Juegos Nacionales, entre ellos el estadio de Ibagué. FOTO Colprensa
    En 2016 estalló en el país el escándalo por el desfalco de los escenarios de los Juegos Nacionales, entre ellos el estadio de Ibagué. FOTO Colprensa
Publicado el 08 de agosto de 2019
Infografía
<p>Alerta electoral, </p><p>alcaldes en la mira de la justicia</p>
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delitos diferentes han sido imputados a alcaldes y exalcaldes este año.

en definitiva

No solo por corrupción los mandatarios municipales vienen siendo procesados por la justicia. Desde homicidio hasta terrorismo se suman a la lista de delitos por los que los investigan.

Ante la angustia, nadie supo qué hacer. Empezaba a amanecer, ya había cesado el sonido de las explosiones que por más de 12 horas habían retumbado y tampoco parecía haber rastro de los helicópteros y aviones que surcaron el cielo. Mientras unos prefirieron quedarse encerrados a la espera porque algo peor pudiera suceder, otros decidieron salir a las calles a buscar a sus seres queridos. Hubo quienes, incluso, treparon sobre los escombros de la que hasta hacía pocos minutos era la estación de Policía del pueblo, para asegurarse de que nadie estuviera atrapado allí.

Ocurrió en Oporapa, Huila, entre el 10 y el 11 de julio 2002, convirtiendo ese lugar en otro de los municipios que fueron tomados violentamente por las Farc. El saldo: dos policías y dos civiles muertos, entre ellos una vendedora ambulante. Pareciera poco ante la crudeza de la violencia que han vivido otras zonas del país. Pero este caso fue distinto y así lo quiso demostrar la Fiscalía el pasado 18 de marzo de este año, cuando capturó con fines de indagatoria a Laureano Molina, alcalde de Oporapa en 2002 y actual concejal de Pitalito.

Junto a Molina fue capturado Vidal Vargas, exalcalde de Saladoblanco, municipio limítrofe con Oporapa. Ambos, imputados por homicidio en persona protegida, homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y terrorismo. El ente acusador asegura que el material probatorio recopilado por la Dirección de Justicia Transicional y la respectiva compulsa de copias, da cuenta que para el ataque armado, perpetrado por unos 250 guerrilleros, los exalcaldes habrían brindado colaboración financiera, logística y de inteligencia a las Farc.

Poder y delito

Molina y Vidal hacen parte del grupo de 36 alcaldes y exalcaldes del país que, según el registro de prensa de la Fiscalía, fueron capturados, judicializados o su proceso ha avanzado en lo corrido del 2019 (ver gráfico). Las autoridades los señalan de incurrir en 20 diferentes delitos y aunque en su gran mayoría los casos se relacionan con corrupción administrativa y contratación irregular, los mandatarios municipales habrían incurrido en todo tipo de hechos.

Esto se convierte en un precedente delicado porque al calor de una contienda electoral como la que vive actualmente el país, suelen pasarse por alto los antecedentes de los candidatos y sus nexos con personajes cuestionados, pero de la decisión que tomen los ciudadanos dependerá que los próximos gobernantes territoriales sean idóneos o acaben de nuevo en la cárcel.

Los delitos por los que se acusa a los 35 mandatarios y exmandatarios son diversos. Por el que más se han hecho imputaciones es celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, pero otros como peculado por apropiación, prevaricato por acción, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad, tanto ideológica como material en documento público, son comunes. Tan comunes, que el tecnicismo jurídico que implica esos delitos se puede resumir en una palabra: corrupción. (ver glosario).

Otro tipo de acciones ilegales como concierto para delinquir, homicidio en persona protegida, financiamiento de bandas criminales, fabricación y porte de armas de fuego, y hasta terrorismo, aunque son menos comunes, también han sido imputados a mandatarios.

Sin embargo, aunque esa persecución del delito ha sido un propósito de la Fiscalía, la brecha entre el número de procesos que se abren y las condenas, sigue siendo amplia. En lo que va del año, los casos de 14 de los alcaldes y exalcaldes mencionados llegaron a etapa de imputación de cargos, mientras que en apenas cuatro la justicia profirió condena. Hubo ocho medidas de aseguramiento en establecimiento carcelario, dos casa por cárcel, tres capturas, tres formulaciones de acusación y una medida no privativa de la libertad.

Contra la corrupción

El 31 de diciembre de 2015, como si se tratara de un ritual de Año Nuevo, Carlos Eduardo Toro, alcalde de Santa Rosa de Cabal, tenía la maleta lista para salir de la administración. Era su último día como mandatario del municipio risaraldense y aunque no se encontraba en su despacho, habría dejado sobre su escritorio un convenio asociativo para la construcción de 8.051 viviendas de interés social con el contratista Rubén Darío Echeverry, que debía ser firmado por la secretaria de Gobierno y alcaldesa encargada, Diana Carolina Ortega.

De acuerdo con el material recopilado por la Fiscalía, ese 31 de diciembre, el secretario de Planeación del municipio, Ricardo Buitrago, expidió la licencia de urbanismo y no cobró a la empresa contratista el impuesto de delineación, lo que habría significado un detrimento patrimonial de cerca de 600 millones de pesos para las arcas del municipio. Todos los documentos que le permitían al contratista ejecutar el convenio fueron expedidos en menos de 24 horas, a pesar de que la ley prevé que, por ejemplo, la generación de licencias de urbanismo debe hacerse previo debate y aprobación del concejo.

Por los hechos, un juez dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Toro, el pasado 3 de julio, mientras que al contratista le imputó cargos. Aunque el exalcalde permanece detenido en la cárcel municipal, pidió autorización al Juzgado de Conocimiento que lleva su caso y acudió el pasado sábado 27 de julio, custodiado por las autoridades, a la Registraduría para inscribirse como candidatopor la convergencia entre la Colombia Humana y la Unión Patriótica. El motivo, al no ser condenado sino estar en medio de una investigación se debe respetar el principio de presunción de inocencia. Es inocente hasta que se demuestre lo contrario.

Otros casos similares han ocurrido este año. Por ejemplo, a Luis Hernando Rodríguez, exalcalde de Ibagué, le fueron imputados cargos como coautor del presunto diseño de pliegos a la medida en un contrato para la remodelación del estadio municipal (foto), para que el único proponente, Constructora A&C, se viera beneficiado. Este hecho, ni más ni menos, forma parte del gran robo del dinero de las obras para los escenarios de los Juegos Nacionales en la capital del Tolima.

De acuerdo con las cifras de la Fiscalía, este tipo de casos, en el que un mandatario incurre en presuntas irregularidades administrativas, es de los más comunes. Para combatirlos, el ente acusador creó desde 2016 el plan Bolsillos de Cristal, que pretende atacar focos de corrupción pública y privada. En el marco del plan, han sido judicializados desde enero de 2016 hasta la fecha 61 alcaldes y 147 exalcaldes.

Contexto de la Noticia

Sergio Andrés Correa

Tengo la maleta siempre hecha y mi brújula, que por lo general apunta al sur, me trajo al periodismo para aclarar mi voz. Busco la pluralidad y no le temo a la diferencia.

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