En la mañana del 3 de febrero, la Procuraduría General de la Nación emitió una alerta tras detectar “serias inconsistencias” en la convocatoria ‘Colombia Inteligente: infraestructura para el desarrollo de la inteligencia artificial’, un proyecto desembolsará $630.000 millones de pesos. Sin embargo, las primeras alertas se encendieron en noviembre, y no precisamente gracias a la gestión de las entidades de control.
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La denuncia inicial fue hecha por el candidato al Congreso, Daniel Briceño. Y es que, de hecho, el plazo para aplicar a la convocatoria cerró el 29 de diciembre. Para ese momento, ya había pasado un mes desde que el legislador le había dado a conocer el caso al procurador Gregorio Eljach.
Al ver que éste último guardó silencio, decidió hacer pública la situación. La alerta de la Procuraduría llegó casi cuatro meses después de la denuncia, cuando el contrato ya fue adjudicado.
Para la convocatoria de MinCiencias se presentaron tres empresas: Internexa SA, Fundación Tecnalia Colombia y Centro de Bioinformática y Biología Computacional de Colombia—BIOS.
La cantidad de requisitos requeridos para quedarse con la convocatoria fue acreditada por Internexa (no aplicaba en uno), mientras que Tecnalia no cumplió cuatro y no aplicaba para uno y BIOS no cumplió con dos y en uno no aplicaba. Por lo tanto, la primera se quedó con el “sí cumple”.
Lo curioso es que Internexa, la empresa ganadora del concurso, es manejada por Saúl Kattan, un amigo de Veronica Alcocer y cercano del presidente Gustavo Petro.
De hecho, Kattan trabajó con él cuando Petro fue alcalde de Bogotá. Durante su mandato, el ahora mandatario nombró a Kattan como presidente de la empresa de telecomunicaciones ETB. Además, durante su Gobierno actual, Kattan fue consejero presidencial de Transformación Digital hasta marzo de 2025, cuando pasó a la jefatura de Internexa.
En su momento, Daniel Briceño le aseguró a EL COLOMBIANO que “hay varias quejas formales que se interpusieron porque MinCiencias no permitió con unas medidas absolutamente restrictivas y en contra de la ley, por ejemplo, la subsanación de requisitos en la presentación de las ofertas. Obviamente terminó descalificando a los dos competidores y dejando a Internexa”.
“También hay un grave problema en la forma como se hizo la motivación y la escogencia, porque si no dejaron subsanar, si no tuvieron en cuenta los criterios, sobre todo los de garantía y financiación de otras fuentes, y otros que estaban dentro de los requisitos de la convocatoria, obviamente las iban a descalificar y terminar dándosela a Internexa”, agregó.
Ahora, según la alerta de la Procuraduría, al revisar los trámites que Briceño señaló como inconsistentes e injustos, evidenciaron riesgos en la estructuración de la convocatoria y en la evaluación de las propuestas, lo que podría comprometer la legalidad del trámite y poner en peligro el patrimonio público.
El organismo de control advirtió que el trámite presentó una velocidad poco común en la certificación del centro de innovación y detectó, además, riesgos de alto nivel en la forma como se estructuró el proceso y se evaluaron las propuestas presentadas en la convocatoria.
La Procuraduría también puso en duda que se hubiera concedido solo un mes para que los aspirantes reunieran y entregaran toda la documentación exigida, un plazo que distintos actores del sector calificaron como insuficiente frente a la complejidad técnica del proyecto.
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A esto se suma la alerta por una posible concentración excesiva de recursos, ya que el esquema planteado contemplaba elegir un solo proyecto y asignarle la totalidad del presupuesto. Es decir, los $630.000 millones de pesos.
Para Briceño, ya es demasiado tarde. Además, señaló que no hay acciones concretas para solucionar la situación. “Desde el 30 de diciembre denuncié este contrato y el Procurador guardó silencio. Hoy que el asunto ya está bien avanzado aparece a hacer “alertas” sin acciones de verdad. La Procuraduría siempre lleva tarde o no llega. Tanta plata pérdida”, dijo.
Por su parte, MinCiencias, liderado por la ministra Yesenia Olaya, aseguró mediante un comunicado que ha respondido a todos los requerimientos de la Procuraduría.
La cartera precisó que el proyecto “no ha surtido aprobación ni ha sido objeto de asignación de recursos por parte del OCAD” (Órgano Colegiado de Administración y Decisión), por lo que actualmente se encuentra en etapa de revisión y análisis por parte de los miembros de dicho órgano.
A pesar de esas declaraciones, la Procuraduría considera que el proceso no se ha adelantado de manera ideal y no descarta la apertura de un juicio disciplinario.
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