Ocho entidades del Estado estuvieron durante siete meses detrás del patrimonio del extinto Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).
En ese periodo, la Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía, el Comando General de las Fuerzas Militares, la Superintendencia de Notariado y Registro, la Agencia Nacional de Tierras, la Unidad de Restitución de Tierras, la Policía Nacional y el Fondo para la Reparación de las Víctimas identificaron lo que durante una década se convirtió en el fortín territorial de esa estructura paramilitar, en cabeza de Miguel Arroyave y Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, donde se concertó la salida de cocaína desde los Llanos Orientales, fueron planeadas masacres y los integrantes de la agrupación recibieron entrenamiento.
Lo recuperado
23.274 hectáreas, que comprenden la unión de varios predios en El Dorado, San Martín y Puerto Concordia (Meta); una vasta zona que supera en área la superficie de ciudades como Bucaramanga o Barranquilla, y desde ayer quedó en manos del Estado.
18.000 hectáreas tienen características de bienes baldíos del Estado, y habrían sido tituladas entre amigos, testaferros y familiares de los cabecillas paramilitares, fueron tecnificadas y explotadas para diferentes actividades agropecuarias. “Las otras 5.274 hectáreas fueron compradas entre 1999 y 2006, traspasadas y englobadas entre sí para dar la apariencia de un solo bien”, explicó el ente investigador en un comunicado.
La Fiscalía solicitó medidas cautelares de embargo sobre cerca de 2.000 de las hectáreas recuperadas, 3.422 más quedaron a cargo de la Unidad de Restitución de Tierras y sobre ellas hubo 10 presuntos reclamantes falsos. Las demás hectáreas están a disposición de la Agencia Nacional de Tierras.
Así fue el fraude
Ante la Fiscalía, un pequeño grupo, entre las 70 personas que aparecían como propietarios o vendedores, aceptó que actuó consciente y entregó sus predios a enviados de Miguel Arroyave y alias Don Mario, que pagaron por encima de los valores comerciales.
Por su parte, los compradores indicaron que fueron citados en sitios públicos, y allí firmaron papeles de compra venta y las escrituras de miles de hectáreas, a cambio de 10 millones de pesos. Todos los bienes aparecen registrados, las escrituras ingresaron a las oficinas de instrumentos públicos sin contratiempos y quienes figuran como titulares nunca conocieron las tierras que les pertenecían.
El Santuario o Guamerú, en San Martín (Meta), uno de los predios que ocupa la mayor parte de las 18.000 hectáreas con características de baldíos, habría sido adquirido por 200 millones de pesos, que, supuestamente, tenía guardados el comprador “bajo el colchón”. La Superintendencia de Notariado y Registro certificó que se trataría de un bien del Estado, del que empezaron a tomar posesión irregularmente desde 1993, con 15 anotaciones de compra y venta hasta 2007.
Eran tierras sin cuidadores, con apenas cuatro construcciones rústicas, un helipuerto, sistemas de riego, filtros de agua, tanques de almacenamiento, caminos que las conectan y pistas con apariencia de campos de entrenamiento armado. Aunque alias Don Mario ofreció 18.000 hectáreas para reparar a sus víctimas, esto es inviable porque son baldíos que no pueden ser apropiados ni transferidos.
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