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Cancelarán más de 40.000 licencias a conductores pillados ebrios
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Se ordenará la suspensión o cancelación inmediata de las 41.109 licencias, también investigará a todas las Secretarías de Tránsito. FOTO COLPRENSA
Según un informe de la Superintendencia de Puertos y Transporte, el valor de los 95.603 comparendos por embriaguez impuestos en todo el país, durante diciembre de 2013 a septiembre de este año, ascienden a 832.323 millones. Sin embargo se cree que pudieron haber caducado 11.025 comparendos (11,5 % del total nacional) lo cual equivale a aproximadamente 87.953 millones.
“No solo es importante imponer sanciones, sino también hacerlas efectivas. Este análisis nos permitió detectar que, debido a la falta de gestión administrativa oportuna por parte de la mayoría de Organismos de Tránsito del país, hasta septiembre pasado pudieron haber caducado 11.025 comparendos”, reveló Javier Jaramillo, superintendente de Puertos y Transporte.
Hasta el 30 de septiembre de 2016, apenas se habían pagado 498 comparendos, por un valor de 1494 millones; 6030 se encontraban en trámite administrativo (67.546 millones) y 78.050 estaban sancionados (675.382 millones), de los cuales 2045 fueron pagados, mientras que la cartera por cobrar llegaba a los 618.169 millones.
De los 95.603 comparendos impuestos por este concepto, se analizaron las 20 principales ciudades del país (41,5 % del total nacional de comparendos por embriaguez): Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Manizales, Pereira, Armenia, Bucaramanga, Cúcuta, Ibagué, Villavicencio, Riohacha, Valledupar, Tunja, Pasto, Florencia, Montería y San Andrés.
Los resultados ubican a Bogotá como la ciudad de mayor participación en cuanto a estas infracciones, con 11,4 % del total nacional (10.916); Medellín y Barranquilla ocupan el segundo y tercer puesto, con 5018 y 3285 comparendos, respectivamente.
Frente a las caducidades, en Bogotá –presuntamente– caducó el 54 % (5.927 comparendos); en Bucaramanga y Pasto habrían caducado el 50,5 % (764) y 42 % (905), respectivamente; lo que quiere decir que, en general, 11.025 infractores a nivel nacional siguen conduciendo por las vías del país sin haber recibido ningún tipo de reprensión por su infracción.
Asimismo, el estudio de la Supertransporte reveló que, entre diciembre de 2013 y septiembre de 2016, de los 95.603 comparendos impuestos a nivel nacional a conductores sorprendidos por las autoridades manejando en estado de embriaguez, los Organismos de Tránsito no suspendieron o cancelaron las respectivas licencias de conducción a 41.109 personas, correspondientes al 43 % de los casos.
Del total de estos comparendos, tan solo el 52 % de las licencias fueron suspendidas (49.671) y apenas 3,9 % fueron canceladas (3718) por las Secretarías de Tránsito y Movilidad, en una evidente violación a la Ley 1696 de 2013, que sanciona –mínimo– con la suspensión inmediata por un año o hasta con la cancelación de la licencia de conducción –según el grado de alcoholemia o reincidencia– a la persona que conduzca bajo los efectos del alcohol.
“Será muy difícil erradicar esta conducta si no se cumple con la suspensión o cancelación de las licencias, pues las Secretarías de Tránsito están siendo permisivas con estos conductores que siguen tras el volante atentando contra la seguridad vial de los colombianos”, aseguró Jaramillo.
Según el funcionario, además de ordenar la suspensión o cancelación inmediata de las 41.109 licencias, también investigará a todas las Secretarías de Tránsito que no están aplicando esta norma, en cuyo caso se exponen a multas hasta por 137 millones por cada licencia que dejaron de suspender o cancelar.
Otras ciudades con un alto porcentaje de comparendos por embriaguez presuntamente caducados son Tunja (20%), Florencia (20%), Cúcuta (14%), Pereira (13%), Barranquilla (11%), Armenia (11%) Santa Marta (9%), Valledupar (9%) y Cartagena (6%).
Jaramillo advirtió que con los resultados obtenidos en el anterior estudio, la Supertransporte iniciará las investigaciones a cada uno de los Organismos de Tránsito por el incumplimiento de sus obligaciones legales, y también dará traslado de los resultados de este informe a la Fiscalía, Procuraduría, Contraloría y Agencia Nacional de Seguridad Vial, para que procedan según su competencia; así como también anunció que oficiará a las Oficinas de Control Interno de cada municipio.
